Los limeños estamos molestos con los peajes que fueron privatizados y entregados a OAS por Castañeda y a Odebrecht por Villarán. Dada la tremenda corrupción en esos proyectos, es evidente que nos han robado y nos siguen robando, y queremos que eso se detenga.

La respuesta de las grandes empresas no podía ser más reveladora. La AFIN – Asociación de Infraestructura Nacional, de cuya directiva participaba Jorge Barata incluso cuando Marcelo Odebrecht estaba encarcelado, ha amenazado diciendo que cortar esos contratos corruptos le costaría al municipio de Lima juicios por 10,000 millones de soles porque las empresas nos harían juicios internacionales. La presidenta de AFIN es Leonie Roca, candidata del fujimorismo a teniente alcalde de Lima en 1998, la época dura cuando Fujimori buscaba su re-re-reelección con Montesinos como su “hombre fuerte” atacando con prensa comprada a Alberto Andrade.

Hay que estar claros que estos peajes son un robo continuado. Esas concesiones han tenido millonarias coimas pagadas por OAS y Odebrecht con el fin de obtener superganancias. La Línea Amarilla (color puesto por Luis Castañeda porque coincide con el de su partido Solidaridad Nacional) cobra por peajes el doble de lo programado, alcanzando 360 millones de soles el año pasado. El que los contratos de concesión que sostienen esos robos hayan sido vendidos a otra trasnacional, como ha sucedido con la Línea Amarilla, no quiere decir que quien compró pueda seguir robándonos, sobre todo cuando al momento de la compra ya era mundialmente conocido que Leo Pinheira el dueño de OAS era un delincuente sentenciado que llevada año y medio en la cárcel. Sabían que compraban algo producto del robo, no se hagan.   

La actual presidenta de la Confiep María Isabel León repitió la misma amenaza de juicios millonarios en el extranjero, añadiendo que cortar los contratos para terminar con el robo “ahuyentaría la inversión privada”. M. I. León tuvo un rol destacado en la elaboración del plan de gobierno de Keiko Fujimori el 2016 y pocos meses después fue la principal defensora del proyecto de “Ley Pulpín 2” de Rosa María Bartra con el que se quiso favorecer a los institutos superiores privados para cuya asociación ella trabajaba. El argumento de que cortar los contratos corruptos ahuyentaría la inversión privada es francamente descarado. Como escribí en noviembre del año pasado en estas mismas páginas: “En varios de estos casos la corrupción es rampante y ha sido incluso reconocida por Odebrecht, pero increíblemente los contratos firmados con tremendas coimas no se modifican y los peajes suben igual. ¡Qué tal raza! Por cierto, no invierten todo lo que nos cobran: la empresa “Nuevas Rutas de Lima” que aún es parcialmente (25 por ciento) de propiedad de Odebrecht, ha reconocido que de los 971 millones de soles recaudados en los últimos cinco años, apenas ha invertido la mitad”, mientras la salida a la carretera central es un desastre completo. Algo similar Lo mismo que sucede con la pista 2 del aeropuerto Jorge Chávez: veinte años de contrato de concesión que obliga a esa inversión pero gracias a 17 adendas aún no hay un milímetro de avance, mientras la falta de la posta 2 genera una enorme congestión que demora vuelos perjudicando a todos los pasajeros, el turismo y el comercio. Antes que hablar de supuestos temores de los inversionistas cuando se corta con la corrupción, los grandes empresarios de la Confiep debieran preocuparse de la inversión a la que se comprometieron y que no han hecho.

Por cierto, el robo vía peajes en concesiones y APPs no es sólo en Lima. Odebrecht ya reconoció que junto a las empresas nacionales GyM – Graña y Montero, JJC – Camet e ICCGSA, coimeó decenas de millones en las Interoceánica Sur e Interoceánica Norte, donde también siguen cobrando peajes. También está el mal  llamado “club de la construcción” porque no es un club sino una mafia, una organización para delinquir, algo de lo que ya hay abundantes pruebas y testimonios, pero esas mismas empresas siguen contratando con el estado, cobrando peajes y resistiéndose a la justicia con sus dueños y gerentes libres por la calle (recién se ha pedido nuevamente prisión preventiva para un par de ellos). La revisión de los contratos de concesiones tiene que ser general y en todos los casos en que ha habido corrupción, es necesario que el gobierno (central, regional o municipal) corte con ese cáncer.

GRACIAS A LA LEY 30737

Es necesario recordar que todos estos empresarios corruptos siguen operando felices y contentos gracias a la ley 30737, aprobada a propuesta de Pedro Pablo Kuczynski y con los votos del aprofujimorismo. Esa ley, como he escrito en estas páginas, permite que estas empresas sigan contratando y cobrando del estado aunque no colaboren con los fiscales u obstruyan la justicia. La ley 30737 protege a las empresas corruptas de futuros cargos de reparación civil que podrían llevarlas a la quiebra, gracias a lo cual pueden seguir consiguiendo financiamiento bancario.

Quien empujó esta ley con entusiasta apoyo de El Comercio y los medios concentrados, fue Miki Torres, fujimorista de alta confianza de Keiko. El pretexto que dieron en ese momento es que si no se daba esa ley, la inversión en infraestructura iba a paralizarse. El resultado ha sido que estas grandes empresas siguen arrastrando los pies con sus inversiones buscando chantajear el estado para conseguir más ventajas, mientras miles de medianas y pequeñas obras no se inician porque el ministerio de economía no suelta la plata a gobiernos regionales y municipalidades.

NO OLVIDAR

La presión ciudadana sobre los peajes es muy importante porque hay todavía dos claros vacíos en esta lucha contra la corrupción, que debemos llevar hasta al final caiga quien caiga. Uno es que, así como hubo ex – presidentes y ex – alcaldes y alcadesas que recibieron coimas, hubo empresas que las pagaron para obtener ganancias mucho mayores. Estas empresas constructoras, brasileñas y nacionales, presentaban obras sobrevaluadas, negociaban adendas tramposas para cobrar más, imponían arbitrajes coimeados mediante los cuales volvían a subir sus presupuestos. El perjuicio viene incluso de antes, ya que promovían obras que eran elefantes blancos con tal de ganar. El perjuicio que le han hecho al país es mucho mayor que los millones de coimas pagados, y sin duda sus ganancias también. Deben ser castigados y pagar reparaciones por eso, en especial las que obstruyen la justicia, pero por el contrario todo el “club mafioso de la construcción”, GyM – Graña, JJC – Camet y demás, ¡siguen cobrándonos!

Lo otro que no debemos olvidar es que decenas de esos proyectos, sobre todo los más grandes y donde hay más robo, han sido hechos bajo el esquema de APPs o Alianzas Público-Privadas, es decir concesiones de privatización de carreteras, puertos y aeropuertos en los que pretenden seguir cobrándonos durante varias décadas. Esta característica de su sinvergüencería nos da un mejor espacio para luchar; es como si alguien le vende una casa sobrevaluada pero usted tiene que pagársela en cuotas mensuales por veinte años: a diferencia de un pago al contado, donde ya la plata salió de su bolsillo y recuperarla es mucho más difícil,  en estos casos parte del dinero aún no ha salido de nuestros bolsillos y lo que debemos hacer es evitar que salga con cada peaje que pagamos.

Siendo importante cortar con la corrupción en los contratos vigentes, es igualmente fundamental terminar con las leyes que favorecen que esto se repita una y otra vez. Mantiene plena validez lo que escribí en enero de este año: “sigue en pie el mismo esquema de Alianzas Públicos- Privadas que pueden salir sin evaluaciones a fondo, con adendas sucesivas, con arbitrajes preferenciales y sin competencia real”. Ojo que existe la alternativa de la inversión pública, que es como se hacen prácticamente la totalidad de obras de infraestructura en el país capitalista por excelencia, los Estados Unidos.  Pero en el Perú los neoliberales del MEF promueven las privatizaciones vía APPs en cualquier obra aunque no se haya comparado seriamente si ese mecanismo es mejor que la inversión pública (la primera ley de APPs establecía el requisito de un “comparador público vs privado” pero rápidamente lo eliminaron).

Mediante la AFIN, Odebrecht y otras empresas corruptas han hecho lobby a favor de la privatización de las obras de infraestructura mediante APPs porque les permite aumentar más sus ganancias con corrupción. Mientras una obra por inversión pública no puede subir su presupuesto más allá de un porcentaje sin participación de la Contraloría, en una APPs les es mucho más fácil incrementar y sobrevaluar presupuestos.

El sistema de arbitrajes mediante el cual las constructoras corruptas reclaman cientos de millones adicionales a sus contratos también sigue incólume, a pesar de que hay evidencias y pruebas de que a través de ellos se constituyó un bien armado esquema de dolo al estado peruano. Los arbitrajes han sido el “crimen perfecto” para la coima, ya que el funcionario público transfiere la responsabilidad a un “árbitro” que  luego es comprado por las empresas corruptas. Increíblemente, esos arbitrajes coimeados siguen pagándose, cuando los fallos claramente fueron comprados, y el sistema se sigue aplicando con nuevos arbitrajes.

Muy bien que Vizcarra insista en luchar contra la impunidad parlamentaria. Pero no debe olvidarse de quienes pagaron las coimas y nos siguen robando, ni de las leyes que favorecen toda esta podredumbre.

EL AGRO RECLAMA CON JUSTICIA

Para este próximo lunes 13 de mayo, una amplia coalición de organizaciones de productores agropecuarios y campesinos ha anunciado un Paro Nacional Agrario, aunque al cierre de este artículo estaban en diálogo con el gobierno quien intentaba evitar la medida de fuerza. Los agricultores tienen razón en protestar: no tienen ningún apoyo del estado mientras mediante  exoneraciones tributarias se dilapidan 16 mil millones de soles anuales y la evasión y elusión de las grandes empresas es enorme; se favorecen importaciones de alimentos por más de 2,500 millones de dólares anuales de productos subsidiados condenando a los productores a que reciban precios bajísimos; no hay crédito al agro mientras los bancos logran ganancias extraordinarias y se aprovechan de fondos públicos.

Recordemos que más de un millón de familias peruanas vive de la agricultura familiar y que la población rural sufre una tasa de pobreza que sigue triplicando a la urbana, mientras tienen educación y salud de mala calidad, pésimos caminos y una nula o deficiente conexión de celulares e internet. Apenas el 3 por ciento del presupuesto nacional se dedica al sector, lo que impide que se invierta en investigación e innovación  agropecuaria, se promuevan nuevas tecnologías, haya un programa masivo de pequeñas irrigaciones y riego tecnificado en las laderas de los andes, se facilite la asociación de los pequeños productores en torno a productos orgánicos a mayor precio, se mejore genéticamente al ganado en especial llamas y alpacas. Aunque han pasado ya cuatro años desde que se aprobó la ley 30355 de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, no hay avances al respecto.

¿Es acaso que no hay dinero? El mismo ministro de finanzas que niega apoyo al agro es el que acaba de sacar un decreto supremo que reduce los alcances de la ley anti-elusión (DL 1422) a los pedidos de la Confiep, haciendo que la responsabilidad de los directores de las empresas sea simplemente lírica, mientras la vicepresidenta Mercedes Araoz insiste en que, aunque hay una ley anti-elusión aprobada desde el 2012, todas esas trafas hechas en los últimos 7 años no deben ser fiscalizadas ni se cobrarán esos impuestos dejados de pagar. Cuando la ley afecta los bolsillos de la Confiep, se aplica el adagio virreinal de que “la ley se acata pero no se cumple”: tienen corona.

El contraste es grande entre la política para la agricultura familiar y la orientada a la gran agricultura de exportación, que ha recibido 7 mil millones en subsidios en grandes irrigaciones, puede sacar fácilmente sus productos gracias a carreteras y puertos financiados por el estado, paga la mitad del impuesto a la renta que los demás y se beneficia de 300 millones anuales en contribuciones recortadas a EsSalud lo que provoca un déficit crónico de medicinas y servicios. Estas políticas no están fuera de los círculos de la corrupción: las leyes respectivas datan de cuando José Chlimper era ministro de agricultura de Alberto Fujimori siendo él dueño de una gran agroexportadora llamada Agrokasa; luego siendo secretario general de Fuerza Popular en el periodo 2016-2018 su bankada ha defendido esos privilegios. Otro caso de corrupción es el del proyecto Olmos, por el que el propio Pedro Pablo Kuczynski cobró a Odebrecht luego de haberla favorecido como primer ministro; este proyecto costó 445 millones de dólares al estado pero la venta de tierras recuperó solo una novena parte de esa cifra beneficiando sobre todo a Gloria SA.

Importaciones y Precios en Chacra

Mientras la pequeña agricultura debe transportar sus productos por pésimas trochas con mucho riesgo y altos costos, se facilita la importación de trigo, leche y arroz que les quita mercado a los productores nacionales y deprime sus precios. Muchas de estas importaciones vienen subsidiadas por países desarrollados que destinan enormes sumas a ese fin; Estados Unidos aprobó a finales del 2017 una ley para apoyar a sus agricultores con 867 mil millones de dólares la próxima década de tal manera que los agricultores peruanos enfrentan una competencia desleal.

En los últimos doce meses el Perú ha importado 149 millones de dólares de arroz. ¿Acaso nosotros no podemos producir ese arroz?  Hasta Japón, un país de altísimos ingresos donde no le falta empleo a nadie, promueve su producción agrícola nacional estableciendo altas barreras a la importación de arroz. Nuestro país también importa 181 millones de dólares de leche en polvo desgrasada que luego es recombinada en el Perú y vendida como leche, incluso Gloria SA hace un par de años la mezclaba con grasa vegetal e igual la vendía tramposamente como si fuera leche “Pura Vida”. Esto, junto a la importación de 76 millones en carnes, arruina a los ganaderos nacionales.

Otras importaciones luego se transforman en productos industrializados altos en carbohidratos y grasas trans “malas” que promueven la obesidad. Es el caso de los 486 millones anuales de importaciones de trigo y los 958 millones de soya destinada a aceite. El gran beneficiario de esas importaciones  es Alicorp SA, empresa del grupo Romero que tiene un amplio dominio sobre este mercado controlando más del 80% en rubros como harina, aceite y galletas (algo que la “ley de control de fusiones” no afrontará). No es casualidad que este grupo haya puesto varios cientos de miles de dólares para apoyar la campaña de Keiko (en la bolsa de la Confiep junto a Odebrecht) y que luego la bankada fujimorista haya sido la principal defensora de la comida chatarra. La misma Keiko le pidió a Vizcarra que frenara la ley de alimentación saludable y el etiquetado de la comida chatarra, lo que felizmente no prosperó porque el sobrepeso y obesidad son ya un serio problema de salud pública. El problema de esta política para los agricultores es que ingresan millones de toneladas de trigo a precio subsidiado, que se hacen pan y fideos, quitándole mercado y deprimiendo los precios de la papa, los tubérculos y los productos nacionales que sostienen a miles de familias campesinas, son más nutritivos y mejores para la salud.

Crédito Agrario

El banco agropecuario de China es el octavo banco más grande del mundo con 13 trillones de yuanes en activos y más de 300 millones de clientes. El banco agrario de Alemania se llama Rentenbank y tiene 90 billones de euros entre préstamos e inversiones. Muchos otros países tienen crédito agrario de fomento. ¿Por qué? Porque el crédito es esencial para que los agricultores compren nuevos equipos, tecnifiquen el riesgo de sus parcelas, mejoren su ganado y apliquen nuevas tecnologías, pero la banca privada considera que prestarle al agro es muy caro y riesgoso y desconfía de los agricultores.

Un sistema de crédito permite que el productor y microempresario invierta teniendo incentivos a producir más y mejor: quien trabaje duro y sea eficiente ganará más. Por eso dar préstamos es mejor que un sistema de dádivas o regalos, esquema que trae consigo clientelismo y alcanza para menos familias.

Lamentablemente en el Perú el Agrobanco se mantiene en crisis y el MEF no quiere dotarlo de fondos, aunque el mismo estado mediante COFIDE le ha prestado 316 millones de dólares a Odebrecht y Graña y Montero cuando el financiamiento público debe ir a quienes hoy no tienen acceso al crédito o deben pagar elevadísimas tasas de 40 por ciento o más como son las pequeñas empresas y el agro. Por cierto, un ejemplo de empresas públicas exitosas del Perú son las Cajas Municipales, lo que demuestra que el estado peruano, con todas sus deficiencias es capaz de manejar bien un sistema de crédito a las pymes. Los agricultores en su plataforma del Paro reclaman que el MEF ponga 1,500 millones de soles de capital para el Agrobanco, aunque quizás sea una mejor fórmula tener un solo gran banco de fomento a cuyo interior el agro tenga un fondo separado. No se engañen, amigos, 1 500  millones en este caso no es mucho dinero. Las ganancias de los bancos el año pasado fueron de 8,219 millones de soles, porque tienen una muy alta rentabilidad (18.4 por ciento anual) gozando de exoneraciones tributarias de 1,700 millones de soles anuales, de tal manera que se puede quitar esas exoneraciones, el estado destinar eso a darle crédito a quienes lo necesitan y los bancos seguirían teniendo una tasa de ganancia elevada. Por otro lado, el estado peruano tiene 100 mil millones de soles depositados en bancos u otros instrumentos financieros, de los cuales bien podría reorientar una parte a préstamos agrarios: apenas el 1,5 por ciento de esos fondos alcanzaría para cubrir lo pedido por los gremios agropecuarios y campesinos.

El Señor Gobierno

Es verdad que esta situación viene de años atrás, pero también es cierto que ni PPK ni el gobierno de Vizcarra han hecho nada para cambiar esta situación. La ministra de agricultura dice que no ha tenido tiempo para atender a los agricultores y campesinos, pero no tenía ni una semana en el cargo cuando declaró que las exoneraciones tributarias y leyes de sobreexplotación laboral de los grandes agroexportadores debían continuar. El ministerio de economía no atiende a este sector de la agricultura familiar que suma millones de peruanos, pero si le tiende una alfombra roja a la Confiep, los escucha  y acomoda la norma anti-elusión a su favor. Si sólo escuchan al pueblo cuando se interrumpen carreteras, eso es lo que tendrán, porque quien siembra vientos, cosecha tempestades.

En las declaraciones de Jorge Barata a los fiscales peruanos la semana pasada, el ex – jefe de Odebrecht en Perú dio información adicional sobre la participación en las coimas de Graña y Montero (GyM), la mayor empresa constructora del Perú. Había información previa: varios meses atrás funcionarios de Odebrecht ratificaron que de las coimas de la Interoceánica – Tramos 2 y 3, que sumaron 45 millones de dólares, 13 millones fueron asumidas proporcionalmente por las constructoras peruanas JJC,  GyM e ICCGSA. Lo que ha añadido ahora Barata es que en otras dos obras contratadas durante el gobierno de Alan García, el tramo 1 y el tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, GyM asumió 3 millones de dólares de un total de 24 millones de coimas.

Llueven pruebas sobre mojado. Si antes era muy difícil creer que la gerencia y el directorio de GyM no sabían de las coimas en dos contratos por la Interoceánica con Odebrecht, como ellos han dicho, ahora que se suman otros dos contratos coimeados junto a la brasileña corrupta ya  sería totalmente estúpido creer en ese desesperado intento de José Braña y el directorio de lavarse las manos.

Pequeño Recordatorio

El Metro de Lima es lo que antes conocimos como el “Tren Eléctrico”. Estuvo parado por dos décadas hasta que en febrero del 2009 Alan García viajó al Cusco junto a Barata para inaugurar una parte de la también coimeada Interoceánica. Tras ese largo encuentro con Barata, inmediatamente de regreso en Lima convocó a un consejo de ministros de emergencia, acordó con Castañeda asumir el proyecto, sacó un decreto de urgencia y voilá.  En pocos meses promulgó otros cinco decretos supremos que restaron poder a entidades fiscalizadoras como la Contraloría y Ositran y en diciembre  su gobierno firmó con el Consorcio Tren Eléctrico Lima (conformado por Odebrecht y GyM) un contrato por 410 millones de dólares por el tramo 1 de Villa El Salvador hasta la avenida Grau. En este contrato la Contraloría detectó un perjuicio económico para el país de 111 millones de dólares. Según declaraciones del responsable de contratos de Odebrecht en Perú, Carlos Nostre, las coimas por este primer tramo fueron de 6 millones 900 mil dólares. Una parte eran depositadas en las cuentas de Miguel Atala en el Banco de Andorra y acarreadas por éste y por el hijo de Luis Nava hasta llegar a AG. Graña y Montero puso su parte correspondiente, asegura Barata.

Apenas tres semanas antes de dejar García el gobierno, ese mismo consorcio Odebrecht – GyM firmó el contrato por el tramo 2 que va de Grau hasta la estación Bayóvar en San Juan de Lurigancho. Este proyecto fue exceptuado del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP gracias a un decreto firmado por Alan García, Enrique Cornejo y Mercedes Araoz, entonces ministra de economía. Menos de una semana después de firmado el contrato, a pocos días de que García saliera del gobierno, Odebrecht – GyM recibieron 111 millones de dólares de adelanto. Según la Contraloría en esta obra el estado tuvo un perjuicio de más de 20 millones de dólares pero  el contrato permitió que estas empresas aumentaran los costos en más de 300 millones, de 583 a 885 millones de dólares. Tremendo sobrecosto que no ha sido óbice para que esta obra haya sido la causante del aniego con aguas servidas en San Juan de Lurigancho este verano 2019. Las coimas por este segundo tramo fueron más altas que el primero: 17 millones 486 mil dólares.  La suma de los 6,9 millones de coimas del tramo 1 y los 17,4 millones del tramo 2 suman 24 millones, de los cuales Barata dice que 3 millones completos pagó GyM.

La Respuesta de GyM

Tras las declaraciones de Jorge Barata, GyM lamentó que se haya “filtrado información de una audiencia reservada, y que haya sido utilizada por medios de comunicación”; no le gustó que la verdad salga a la luz. GyM también pretendió aclarar que “lo que realmente dijo Barata en Curitiba fue que solicitó el reembolso de lo que habían pagado e incrementó en US$ 3 millones lo que supuestamente le correspondía a Odebrecht”, es decir, que no era que ellos pagaron la coima directamente sino que lo que hicieron fue un reembolso, recordándonos a Karina Beteta diciendo que cuando depositaba un cheque en su cuenta no lo estaba cobrando. Finalmente aseveró que “de encontrar algún tipo de información que permita validar o descartar esta declaración, la misma será inmediatamente puesta a disposición de la justicia”, GyM ni niega ni afirma las coimas sino todo lo contrario pues cuando las cosas están chuecas pues como que se vuelven torcidas pero entonces no están tan derechas como diría Mario Moreno “Cantinflas”.

Recordatorio 2

José Graña, el principal accionista de GyM, es también la persona con más acciones en el grupo El Comercio. En esos años también era director de GyM José Chlimper, ex – secretario general de Fuerza Popular, quien en la campaña pasada quiso limpiar a Joaquín Ramírez investigado por la DEA por narcotráfico con audio trucados y hoy gracias al fujimorismo está en el directorio del BCR cobrando jugosas dietas. Hay más: Chlimper era el director responsabilizado de las auditorías en GyM, pero dice que no supo nada de los 3 millones  que pasaron frente a sus narices. Peor aún: Chlimper era director de GyM en representación de los fondos de pensiones que los trabajadores tenemos en las AFPs y que son el 21,18% de acciones de GyM, de esos 3 millones por coimas a Odebrecht por el Metro de Lima a los “aefepistas” nos han robado más de 600 mil dólares, adicional a una cantidad similar por la Interoceánica.

Otro articulista preferido de El Comercio, Roberto Abusada, también era director de GyM durante todos estos latrocinios y lo sigue siendo. Es también presidente del IPE – Instituto Peruano de Economía. Abusada insiste en cortar salarios mínimos y derechos de los trabajadores, defendiendo a capa y espada el neoliberalismo de la Confiep, pero no dice ni pío sobre su responsabilidad al frente de esta empresa mega-coimera.

GyM en las APPs

Escuchado Barata, el alcalde Muñoz corrigió el despropósito de hacer otra obra vial en Lima mediante una Asociación Público-Privada APP que nos cobre peajes, la “Vía Expresa Sur” a cargo de GyM. Pero eso no quiere decir que GyM no nos siga cobrando: cada uno de los soles que pagamos en el Metro de Lima entran a la caja de GyM Ferrovías, empresa subsidiaria de la que GyM tiene el 75% de las acciones (el otro 25% son de la empresa argentina Ferrovías). Adicionalmente reciben decenas de millones del presupuesto público anualmente. Nos robaron pero siguen cobrando. Vaya coincidencia: GyM Ferrovías también firmó el contrato para administrar el Metro de Lima a fines del gobierno de García, en febrero 2011, por 30 años.

También nos sigue cobrando Odebrecht en las “Nuevas Rutas de Lima” aunque en la carretera central no han avanzado ni un poquito y el tráfico es un desastre. Los ejemplos de robos y abusos en APPs pueden sumarse unos tras otros; en general estos proyectos concesionadas mediante APPs significan que sobrevaloran las obras y nos roban durante la construcción de las mismas y luego mediante diversos trucos financieros sostienen por veinte o treinta años cobros de peajes abusivos (como en Línea Amarilla), tarifas eléctricas elevadas (caso de la central Chaglla), gas de Camisea que se exporta a precio vil en vez de servir al desarrollo nacional y los hogares peruanos a pesar de que todos pagamos el gasoducto, postergación de obras (como en el aeropuerto Jorge Chávez) mientras siguen cobrando con puntualidad y la “tarifa aeroportuaria” a través de los pasajes.

Aunque las evidencia se multiplican de las coimas detrás de estos contratos de concesiones y APPs, la lógica neoliberal se impone y los consumidores y usuarios seguimos siendo esquilmados. La estrategia de varios corruptos, como OAS con la Línea Amarilla, ha sido vender estas empresas de tal manera que reciben de una vez y se llevan rápido el valor del contrato superventajoso para ellos conseguido con coimas, mientras que una nueva empresa, compradora de lo robado, asume el rol de cobrarle a los explotados peruanos.

Las empresas constructoras coimeras junto a Odebrecht como GYM y las que forman parte del club de la construcción o de los arbitrajes amarrados, siguen cobrando del estado. Una ley especial, la ley 30737 de marzo 2018, lo facilita. La bancada fujimorista aportó 42 votos críticos a la aprobación de esta propuesta por PPK. En ese momento se dijo era indispensable para mantener el crecimiento económico, como si sólo hubiera ese puñado de constructoras corruptas y nada pudieran hacer las demás medianas empresas que nunca pudieron competir porque no pagaban coimas. Un año después estas empresas corruptas siguen obstaculizando la justicia, empezando por GyM pero siguiendo por JJC, Cosapi, ICCGSA y toda la lista. Lo hacen gracias a esta ley 30737 gracias a la cual aunque obstruyan la justicia, el estado les paga y contrata como si no hubiera pasado nada. Sigue siendo indispensable ajustar a estas coimeras cortándoles el caño del presupuesto público para forzarlas a que confiesen absolutamente todo y lograr así que los culpables vayan a la cárcel.

El gobierno de Vizcarra sigue con la misma línea y, lo que es peor, con la misma política aprobada por PPK y el fujimorismo que permite las Alianzas Público-Privadas sin controles, sin que se analice seriamente si no es mejor una inversión pública y que pueden firmar adenda tras adenda sin revisión de la Contraloría (para el aeropuerto ya se firmó la adenda número 17). Al mismo tiempo ahogan la inversión pública y siguen sin aplicar la norma anti-elusión vigente que permitiría, según el propio ministro Oliva, recaudar 4 mil millones de soles más que reforzarían el presupuesto público. Parece que los escándalos de corrupción sirven para encarcelar políticos rateros, que bien lo merecen, pero los que entregaron esas coimas para ganar cientos de millones en sus manos siguen libres y haciendo los mismos oscuros negocios de siempre.