El Agro reclama con Justicia

EL AGRO RECLAMA CON JUSTICIA

Para este próximo lunes 13 de mayo, una amplia coalición de organizaciones de productores agropecuarios y campesinos ha anunciado un Paro Nacional Agrario, aunque al cierre de este artículo estaban en diálogo con el gobierno quien intentaba evitar la medida de fuerza. Los agricultores tienen razón en protestar: no tienen ningún apoyo del estado mientras mediante  exoneraciones tributarias se dilapidan 16 mil millones de soles anuales y la evasión y elusión de las grandes empresas es enorme; se favorecen importaciones de alimentos por más de 2,500 millones de dólares anuales de productos subsidiados condenando a los productores a que reciban precios bajísimos; no hay crédito al agro mientras los bancos logran ganancias extraordinarias y se aprovechan de fondos públicos.

Recordemos que más de un millón de familias peruanas vive de la agricultura familiar y que la población rural sufre una tasa de pobreza que sigue triplicando a la urbana, mientras tienen educación y salud de mala calidad, pésimos caminos y una nula o deficiente conexión de celulares e internet. Apenas el 3 por ciento del presupuesto nacional se dedica al sector, lo que impide que se invierta en investigación e innovación  agropecuaria, se promuevan nuevas tecnologías, haya un programa masivo de pequeñas irrigaciones y riego tecnificado en las laderas de los andes, se facilite la asociación de los pequeños productores en torno a productos orgánicos a mayor precio, se mejore genéticamente al ganado en especial llamas y alpacas. Aunque han pasado ya cuatro años desde que se aprobó la ley 30355 de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, no hay avances al respecto.

¿Es acaso que no hay dinero? El mismo ministro de finanzas que niega apoyo al agro es el que acaba de sacar un decreto supremo que reduce los alcances de la ley anti-elusión (DL 1422) a los pedidos de la Confiep, haciendo que la responsabilidad de los directores de las empresas sea simplemente lírica, mientras la vicepresidenta Mercedes Araoz insiste en que, aunque hay una ley anti-elusión aprobada desde el 2012, todas esas trafas hechas en los últimos 7 años no deben ser fiscalizadas ni se cobrarán esos impuestos dejados de pagar. Cuando la ley afecta los bolsillos de la Confiep, se aplica el adagio virreinal de que “la ley se acata pero no se cumple”: tienen corona.

El contraste es grande entre la política para la agricultura familiar y la orientada a la gran agricultura de exportación, que ha recibido 7 mil millones en subsidios en grandes irrigaciones, puede sacar fácilmente sus productos gracias a carreteras y puertos financiados por el estado, paga la mitad del impuesto a la renta que los demás y se beneficia de 300 millones anuales en contribuciones recortadas a EsSalud lo que provoca un déficit crónico de medicinas y servicios. Estas políticas no están fuera de los círculos de la corrupción: las leyes respectivas datan de cuando José Chlimper era ministro de agricultura de Alberto Fujimori siendo él dueño de una gran agroexportadora llamada Agrokasa; luego siendo secretario general de Fuerza Popular en el periodo 2016-2018 su bankada ha defendido esos privilegios. Otro caso de corrupción es el del proyecto Olmos, por el que el propio Pedro Pablo Kuczynski cobró a Odebrecht luego de haberla favorecido como primer ministro; este proyecto costó 445 millones de dólares al estado pero la venta de tierras recuperó solo una novena parte de esa cifra beneficiando sobre todo a Gloria SA.

Importaciones y Precios en Chacra

Mientras la pequeña agricultura debe transportar sus productos por pésimas trochas con mucho riesgo y altos costos, se facilita la importación de trigo, leche y arroz que les quita mercado a los productores nacionales y deprime sus precios. Muchas de estas importaciones vienen subsidiadas por países desarrollados que destinan enormes sumas a ese fin; Estados Unidos aprobó a finales del 2017 una ley para apoyar a sus agricultores con 867 mil millones de dólares la próxima década de tal manera que los agricultores peruanos enfrentan una competencia desleal.

En los últimos doce meses el Perú ha importado 149 millones de dólares de arroz. ¿Acaso nosotros no podemos producir ese arroz?  Hasta Japón, un país de altísimos ingresos donde no le falta empleo a nadie, promueve su producción agrícola nacional estableciendo altas barreras a la importación de arroz. Nuestro país también importa 181 millones de dólares de leche en polvo desgrasada que luego es recombinada en el Perú y vendida como leche, incluso Gloria SA hace un par de años la mezclaba con grasa vegetal e igual la vendía tramposamente como si fuera leche “Pura Vida”. Esto, junto a la importación de 76 millones en carnes, arruina a los ganaderos nacionales.

Otras importaciones luego se transforman en productos industrializados altos en carbohidratos y grasas trans “malas” que promueven la obesidad. Es el caso de los 486 millones anuales de importaciones de trigo y los 958 millones de soya destinada a aceite. El gran beneficiario de esas importaciones  es Alicorp SA, empresa del grupo Romero que tiene un amplio dominio sobre este mercado controlando más del 80% en rubros como harina, aceite y galletas (algo que la “ley de control de fusiones” no afrontará). No es casualidad que este grupo haya puesto varios cientos de miles de dólares para apoyar la campaña de Keiko (en la bolsa de la Confiep junto a Odebrecht) y que luego la bankada fujimorista haya sido la principal defensora de la comida chatarra. La misma Keiko le pidió a Vizcarra que frenara la ley de alimentación saludable y el etiquetado de la comida chatarra, lo que felizmente no prosperó porque el sobrepeso y obesidad son ya un serio problema de salud pública. El problema de esta política para los agricultores es que ingresan millones de toneladas de trigo a precio subsidiado, que se hacen pan y fideos, quitándole mercado y deprimiendo los precios de la papa, los tubérculos y los productos nacionales que sostienen a miles de familias campesinas, son más nutritivos y mejores para la salud.

Crédito Agrario

El banco agropecuario de China es el octavo banco más grande del mundo con 13 trillones de yuanes en activos y más de 300 millones de clientes. El banco agrario de Alemania se llama Rentenbank y tiene 90 billones de euros entre préstamos e inversiones. Muchos otros países tienen crédito agrario de fomento. ¿Por qué? Porque el crédito es esencial para que los agricultores compren nuevos equipos, tecnifiquen el riesgo de sus parcelas, mejoren su ganado y apliquen nuevas tecnologías, pero la banca privada considera que prestarle al agro es muy caro y riesgoso y desconfía de los agricultores.

Un sistema de crédito permite que el productor y microempresario invierta teniendo incentivos a producir más y mejor: quien trabaje duro y sea eficiente ganará más. Por eso dar préstamos es mejor que un sistema de dádivas o regalos, esquema que trae consigo clientelismo y alcanza para menos familias.

Lamentablemente en el Perú el Agrobanco se mantiene en crisis y el MEF no quiere dotarlo de fondos, aunque el mismo estado mediante COFIDE le ha prestado 316 millones de dólares a Odebrecht y Graña y Montero cuando el financiamiento público debe ir a quienes hoy no tienen acceso al crédito o deben pagar elevadísimas tasas de 40 por ciento o más como son las pequeñas empresas y el agro. Por cierto, un ejemplo de empresas públicas exitosas del Perú son las Cajas Municipales, lo que demuestra que el estado peruano, con todas sus deficiencias es capaz de manejar bien un sistema de crédito a las pymes. Los agricultores en su plataforma del Paro reclaman que el MEF ponga 1,500 millones de soles de capital para el Agrobanco, aunque quizás sea una mejor fórmula tener un solo gran banco de fomento a cuyo interior el agro tenga un fondo separado. No se engañen, amigos, 1 500  millones en este caso no es mucho dinero. Las ganancias de los bancos el año pasado fueron de 8,219 millones de soles, porque tienen una muy alta rentabilidad (18.4 por ciento anual) gozando de exoneraciones tributarias de 1,700 millones de soles anuales, de tal manera que se puede quitar esas exoneraciones, el estado destinar eso a darle crédito a quienes lo necesitan y los bancos seguirían teniendo una tasa de ganancia elevada. Por otro lado, el estado peruano tiene 100 mil millones de soles depositados en bancos u otros instrumentos financieros, de los cuales bien podría reorientar una parte a préstamos agrarios: apenas el 1,5 por ciento de esos fondos alcanzaría para cubrir lo pedido por los gremios agropecuarios y campesinos.

El Señor Gobierno

Es verdad que esta situación viene de años atrás, pero también es cierto que ni PPK ni el gobierno de Vizcarra han hecho nada para cambiar esta situación. La ministra de agricultura dice que no ha tenido tiempo para atender a los agricultores y campesinos, pero no tenía ni una semana en el cargo cuando declaró que las exoneraciones tributarias y leyes de sobreexplotación laboral de los grandes agroexportadores debían continuar. El ministerio de economía no atiende a este sector de la agricultura familiar que suma millones de peruanos, pero si le tiende una alfombra roja a la Confiep, los escucha  y acomoda la norma anti-elusión a su favor. Si sólo escuchan al pueblo cuando se interrumpen carreteras, eso es lo que tendrán, porque quien siembra vientos, cosecha tempestades.