Cuando se ataca a la democracia, no debemos dudar un instante en su defensa. Hoy Pedro Castillo está detenido, como corresponde tras su intento de autogolpe. El mensaje golpista de Castillo nos hizo recordar el del 5 de abril de 1992 de Alberto Fujimori y la larga dictadura que luego sufrimos. El golpe felizmente fue extraordinariamente torpe, ratificando que nadie hizo más por su vacancia que el mismo Castillo, y eso que compite por ese primer puesto con una derecha abiertamente golpista desde el primer momento.
Ha asumido el poder la vicepresidenta Dina Boluarte, como indica la Constitución, y es la primera mujer presidenta en la historia del Perú, avances que deben saludarse. Su respuesta rápida a la situación difícil que atraviesa el país es muy importante para nuestro futuro y para la gobernabilidad democrática, así que resumamos los retos económicos centrales que debe afrontar.
El alza de precios ha afectado duramente a los sectores populares. Si bien la inflación es responsabilidad del Banco Central de Reserva, el gobierno debe dar una respuesta de apoyo a quienes sufren necesidad, tomar medidas para sostener los salarios y ampliar los programas de empleo. El hambre se ha incrementado y para ello los programas sociales y el apoyo a las ollas comunes deben ampliarse. Del mismo modo, la atención de salud tiene que asegurarse sea realmente gratuita y de amplia cobertura. No se puede continuar con un neoliberalismo indiferente al sufrimiento popular.
El sector agrario, en especial los campesinos de la sierra, están atravesando una situación muy difícil por la sequía. Eso se suma al alza de los fertilizantes y no solo afecta a los hogares rurales, sino amenaza con nuevas alzas de precios que agraven la pobreza y hambre urbanas.
Debido a que el BCR ha subido fuertemente las tasas de interés, un sector particularmente afectado es el de las micro y pequeñas empresas, que requiere crédito abundante y barato. Otros programas, como los de compras a pymes, en especial dentro de los diversos programas sociales y públicos del estado, puede impulsarse mucho más. Además, la destrucción de nuestra industria de confecciones por las importaciones asiáticas debe detenerse de inmediato.
Este conjunto de medidas para atender problemas críticos debe enmarcarse en una política macroeconómica de reactivación de la producción y el empleo. El alza de tasas de interés del BCR, que apunta a contener la inflación, trae consigo inevitablemente el retraer la inversión y el consumo, y de esa manera frena el crecimiento. La forma para al mismo tiempo controlar la inflación y mantener el crecimiento en el Perú es con una política fiscal activa que levante la inversión pública, generando así empleos directos en la construcción y además un fuerte efecto multiplicador positivo. Pensando en la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, ese esfuerzo debe ir de la mano de una reforma tributaria para que haya ingresos fiscales suficientes.
Dentro de esta política de reactivación, no puede obviarse la urgencia de resolver los diversos conflictos sociales que afectan la producción minera y petrolera. No podemos darlos el lujo de perder fuertes montos de exportaciones y recaudación fiscal en esta coyuntura; por el contrario, hay que garantizar esas operaciones.
¿ACABÓ LA INGOBERNABILIDAD?
Castillo abandonó en pocos meses las grandes promesas de cambios profundos que hizo durante la campaña y los indicios de corrupción en su entorno cercano fueron creciendo a partir de fines de noviembre del 2021. Luego, Castillo optó por reemplazar a la premier Mirtha Vásquez y al ministro Avelino Guillén, símbolo de la lucha anticorrupción, para poner a alguien que consideraba allegado como ministro del interior. Ese cambio era una señal fuerte de que Pedro Castillo dejaba de lado una actuación transparente y colaboradora de las investigaciones, para optar por obstaculizar la justicia, como cada vez más personajes que colaboraron en ese intento hoy lo testifican. Fue entonces que decidí renunciar al ministerio de economía y finanzas, a pesar del éxito al aprobar el presupuesto por consenso, abrir la negociación colectiva en el sector público, avanzar en el pago de pensiones a quienes han aportado 10 años, pagar deudas a los maestros y poner recursos para atender a quienes sufren por la contaminación con metales pesados. Los meses siguientes fueron de un desgobierno creciente que vivimos con desasosiego y pesar.
Se abre ahora una nueva etapa. La Constitución indica que Dina Boluarte debiera gobernar hasta el 28 de julio del 2026. Pero encuestas de opinión han persistentemente señalado que menos de 5 por ciento de ciudadanos favorecía una presidencia de Boluarte y más de 85 por ciento prefería elecciones adelantadas que incluyan la presidencia y un nuevo Congreso.
La crisis es de tal magnitud que para lograr un gobierno estable resulta indispensable que la ciudadanía sea nuevamente consultada. Además, es claro que las reglas políticas y electorales favorecen un alto nivel de corrupción en la política, el gobierno y el congreso, y que el arreglo de balance de poderes establecido en la Constitución favorece la inestabilidad, así que necesitamos arreglos de mayor envergadura que un cambio de timonel, aún si este fuera electo por votación en las urnas. Ha terminado el gobierno de Castillo pero no la crisis de gobernabilidad que vive el Perú.
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