La ley 31541 establece que el déficit fiscal este año no debe sobrepasar el 2,4 por ciento del PBI. Es evidente desde hace varios meses que esa ley será violada este año. El déficit ha crecido persistentemente desde que este gobierno entró al poder, llegando estos últimos meses a 2,8 por ciento del PBI. Eso significa 4 mil millones de soles adicionales de déficit, que no es poca cosa. La consecuencia directa es que como el gobierno gasta más que lo que recauda como ingresos, habrá 4 mil millones extra de aumento de la deuda pública o de vaciamiento de los ahorros estatales guardados para situaciones de emergencia.

¿Por qué el mayor déficit? Este 2023 el gasto real del gobierno se ha reducido, en especial en un tema clave como la salud pública donde se ha recortado el gasto del 2022 en 2 mil millones de soles. El aumento del déficit se debe a que se está cobrando 7 mil millones de soles menos de impuestos a las grandes empresas que el año pasado, mientras que otros 3 mil millones más se pierden porque la reforma tributaria que propusimos fue desechada por el congreso el 2021 por defender a las grandes mineras y dueños de fortunas.

Como Boluarte y Otárola repiten como loros en su discurso que todos los problemas económicos son responsabilidad del anterior gobierno, aclaremos esto. En el 2021 redujimos el déficit fiscal en 6,4 por ciento de PBI, la mayor cifra de la Alianza del Pacífico; el año pasado el déficit fiscal se siguió reduciendo y bajó a 1,7 por ciento de PBI. El Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas que aprobó este gobierno en abril decía que el déficit sería este año de 2,1 por ciento del PBI, es decir, unos 7 mil millones menos de lo que es ahora. También dijeron que el PBI crecería 2,5 por ciento y ya sabemos que el 2023 cerraremos la producción nacional en negativo. Esas proyecciones las hicieron a cinco meses de gobierno, cuando ya había pasado la oleada de protestas de diciembre-enero, el Yaku y el Niño Costero. ¿Si este mayor déficit de varios miles de millones de soles, al igual que la recesión, fueran culpa del anterior gobierno y los desastres climáticos, como se explica que en abril dijeron que creceríamos 2,5 por ciento y el déficit sería 7 mil millones de soles de lo que es? ¿Acaso todo lo que pasó el 2002, las protestas y los desastres climáticos no eran conocidos en abril? Si los resultados son mucho peores de lo que ellos mismos proyectaron en abril y de lo que mantuvieron al presentar el presupuesto 2022 a fines de agosto, no tiene lógica culpar a lo que sucedió varios meses antes de esas fechas. La responsabilidad es de este gobierno.

CONGRESO PERFORADOR E IRRESPONSABLE

La ley fiscal 31541 fue aprobada por este Congreso hace poco más de un año, con el respaldo completo de la alianza derechista que hoy sigue dominando ese poder. La ley dice claramente que el tope de déficit es 2,4 por ciento del PBI para el 2023. Pero es este mismo congreso el que ha aprobado exoneraciones tributarias y presupuestos adicionales que aseguran que se violará la ley e incumplirá la meta este año.

La principal razón del déficit no es un exceso de inversión pública o gasto corriente, los que se han reducido en términos reales. La causa del mayor déficit es la caída fuerte de los ingresos tributarios. Se han desplomado. Este congreso con los votos de la alianza entre la ultraderecha (Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Alejandra Tudela y Maricarmen Alva) y los seguidores de Vladimir Cerrón (incluido su hermano Waldemar) nombró al Tribunal Constitucional que perdonó 12 mil millones de soles de deudas tributarias a las más grandes empresas – y que luego liberó a Fujimori. El mismo Congreso aprobó leyes dando exoneraciones tributarias a los grandes hoteles y restaurantes, sin aliviar la carga de los pequeños dueños de alojamientos y puestos de comida. Han seguido aprobando nuevas leyes de exoneraciones tributarias y facilitando la evasión, promulgados con la complicidad de Boluarte-Otárola, regalando hasta 8 mil millones de soles que se necesitan para que los pueblos puedan tener carreteras y caminos, obras de agua y desagüe, salud y educación. No les importa mientras se transfiera millones a los alcaldes consentidas de Nicanor Boluarte, el que puede hacer “lo que le da la gana” a decir de su hermana dictadora.

La irresponsabilidad del Congreso no ha parado ahí. Hace poco aprobaron el presupuesto 2024, con una repartija en la cual añadieron 200 millones al presupuesto del Congreso (es decir, para ellos mismos, sus viajes y allegados) y añadieron mil millones a la lista de sus proyectos preferidos. Este presupuesto es excesivamente optimista en cuanto a los ingresos dada la recesión y la tendencia de la recaudación tributaria. Pero no ha comenzado a ejecutarse y ya empezaron a perforar sus ingresos. El Congreso acaba de aprobar una nueva ley exonerando de varios impuestos a un sector de empresas, junto a lo cual está regalando cientos de millones de soles de la seguridad social (EsSalud) a los agroexportadores que provocarán aún peores atenciones de salud y menos medicinas a todos los trabajadores en planilla y sus familias. Anteriormente calculé este regalo era de unos 400 millones de soles en base a la propuesta del “Plan Unidos” del gobierno de dar este subsidio por dos años, pero ahora el congreso lo ha aprobado por cinco años. Uno de los beneficiarios del regalito es José Chlimper, quien fuera secretario general de Fuerza Popular y candidato a la vicepresidencia con Keiko Fujimori, junto a su hermano que puso 200 mil dólares a la campaña keikista por traerse abajo los resultados de las elecciones del 2021. Vaya, vaya, qué coincidencia.

En estos días, ha salido a luz una polémica entre el MEF y el Presidente del Consejo Fiscal. Curiosamente, en esta discusión no se dice nada de la brutal caída de los ingresos tributarios ni de los regalazos del congreso a los grandes empresarios, que generan un desfinanciamiento enorme de las inversiones sociales que necesita con urgencia el Perú. ¿Queremos o no mejor educación, mejor salud pública, agua para todos, caminos y carreteras llegando hasta los pueblos más alejados? ¿Eso acaso no requiere de presupuesto, que en un país tan desigual como el nuestro debiera ser financiado con aportes de quienes concentran la riqueza y obtienen ganancias extraordinarias? ¿Hay posibilidades de crecimiento económico y construcción de nación sin cubrir los déficits básicos de infraestructura, capital humano y justicia social? Eso es lo que este gobierno congresal está sacrificando, y con ello, nuestro futuro.

Una de las propuestas del “Plan Unidos” recientemente presentado por el gobierno Boluarte-Otárola es regalarle a las agroexportadoras entre 2024 y 2025 unos 400 millones de soles de EsSalud, institución que nos da atención de salud a los trabajadores. Sería un subsidio de los trabajadores peruanos a las grandes agroexportadoras. Porque si EsSalud pierde 400 millones de soles, eso significa que habrá 400 millones de soles en medicinas, ecografías, exámenes de laboratorio y atenciones de salud que los trabajadores no tendremos, obligándonos a comprarlos (si podemos) al sector privado de salud dominado por grandes monopolios.

Revisemos la ley actual y los cambios que este gobierno quiere hacer, según lo presentado por este gobierno y que el Congreso debe aprobar o rechazar. La ley 31110 vigente establece que las agroexportadoras con ventas superiores a 8 millones y medio de soles, así que no estamos hablando de ningún pequeño o mediano agricultor, deben contribuir a la seguridad social – EsSalud con 8 por ciento del salario durante los años 2023 y 2024, y recién en el 2025 debieran igualarse a la tasa de 9 por ciento que paga cualquier otra empresa, incluso pequeñas y microempresas, así se dediquen a rubros prioritarios como la educación, la salud o la innovación. La propuesta del gobierno es rebajarle a los grandes agroexportadores esa tasa de contribución a 6 por ciento durante los años 2024 y 2025, es decir, que paguen 2 por ciento menos el 2024 y 3 por ciento menos el 2025 de lo que está establecido en la ley. No habría ningún beneficio para los pequeños y medianos productores agropecuarios, a quienes no se propone reducirles la tasa de contribución a la seguridad social en salud; es sólo para los grandazos.

Es un subsidio de esos que los neoliberales suelen odiar y oponerse a rajatabla salvo cuando beneficia a las grandes empresas a las que se defienden. Lo peor de este subsidio es que no lo da el gobierno – nos obliga a que se los demos todos los trabajadores del país. Porque la rebaja de tasa hará que los grandes agroexportadores se guarden unos 400 millones de soles, por lo que los trabajadores vamos a recibir menos atención, medicinas y exámenes por laboratorio por ese valor. Cuando necesitemos una pastilla o jarabe para recuperar nuestra salud, con mayor probabilidad nos dirán que no hay y que tenemos que comprarlo en la farmacia privada de afuera – muy probablemente del monopolio propiedad del mayor billonario peruano Carlos Rodríguez Pastor. Cuando necesitemos un examen de laboratorio, unos rayos X o una ecografía, será más común que nos digan que los insumos se acabaron o que el equipo se malogró, y que vayamos a hacérnoslo afuera – quizás a una de las grandes cínicas del grupo Romero o del grupo Brescia. Las empresas agroexportadoras se llevan 400 millones de soles, los monopolios privados de la salud ganan porque venderán más a precios elevados y los trabajadores que ganan un salario mínimo y se llevan a su casa menos de mil soles mensuales y les falta algunos días comida en la mesa se quedarán sin atender su salud.

Ya hoy, aun sin la propuesta del gobierno Boluarte-Otárola, la situación es injusta, con los agroexportadores pagando menos a la seguridad social y obteniendo un subsidio de los trabajadores; solo que según la ley 31110 ese subsidio debe ser 1 por ciento el 2024 y terminarse el 2025, y ahora quieren que vuelva a ser 3 por ciento esos años. Vale la pena recordar el origen de esa injusticia. En el año 2020 José Chlimper era ministtro de agricultura del régimen de Alberto Fujimori cuando este fue re-re-reelecto por tercera vez de manera fraudulenta. Chlimper tenía una agroexportadora llamada Agrokasa, y sacó una ley a favor de si mismo, dando exoneraciones de impuestos y esta exoneración de contribuciones a Essalud que representa un subsidio de los trabajadores a las agroexportadoras. Chlimper luego fue candidato a vicepresidente y secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular en las elecciones de 2016 y la bancada de FP (con el respaldo de PPK) bloqueó todo intento de retirar ese subsidio de los trabajadores a los grandes agroexportadores todos esos años. Vizcarra incuso les prorrogó ese abuso antilaboral. Tras enormes protestas, recién el 30 de diciembre del 2020 el congreso presidido por Mirtha Vásquez modificó la ley y aprobó el retiro (gradual) de esos subsidios. Cuando fueron las elecciones del 2021, el apoyo de los Chlimper a la sra Fujimori continuó, en este caso aportando varios miles de dólares a la bolsa que juntaron para buscar anular las elecciones cuyo resultado no les gustó.

La medida propuesta por Boluarte-Otárola para obligarnos a los trabajadores a subsidiar más a los grandes agroexportadores es injusta y recesiva. ¿Cómo puede considerarse justa una medida para transferir 400 millones de soles de los trabajadores, la mayoría de los cuales gana apenas mil o dos mil soles mensuales, sea transferido a grandes empresas agroexportadoras con ganancias de cientos de millones de dólares? ¿Cómo puede considerarse adecuado empeorar la atención de salud a quien gana un salario mínimo que en neto apenas llega a 900 soles mensuales y a veces no puede poner comida en la mesa de su familia? Además, de esa manera, los trabajadores obligados a comprarse medicinas (importadas) que EsSalud ya no les dará, van a comprar aún menos ropa, zapatos y alimentos que ahora, agravando la recesión. Lo que se necesita para enfrentar la recesión es exactamente lo contrario, promover que los trabajadores puedan comprar más productos en el mercado, no menos.

Tras la pandemia, una de las cosas que evidentemente debían hacerse era fortalecer el sistema de salud. Hemos perdido a 300 mil peruanos debido al Covid-19, la mortalidad en el Perú por esa causa fue la mayor del mundo, nos fue muchísimo peor que a los demás países latinoamericanos cuya mortalidad fue en promedio la sexta parte que la de nuestro país. Causa principal de este desastre fue que nuestro sistema de salud pública es sumamente débil; tenemos la tercera parte de médicos por diez mil habitantes (8.2) que Ecuador (21.1), Colombia (22.2) o México (25.5), la quinta parte que Argentina (39.9) y la sexta parte que Uruguay (49.4). Tenemos 16 camas hospitalarias por cada diez mil personas, Argentina tiene 50. En esos otros países durante la pandemia no hubo durante meses gente sentada en sillas de ruedas en la calle en medio del frío y la llovizna conectadas a un balón de oxígeno que sus familias compraron en forma privada a precios exorbitantes; allá tenían a sus pacientes dentro del hospital en una UCI si lo necesitaban. Por esa deficiencia, la tasa de mortalidad fue tan mayor al promedio de la región que murieron 250 mil personas más. ¿Y apenas dos años después se propone acogotar más a un sistema de salud paupérrimo, que tiene solo 3,5% del PBI de apoyo presupuestal mientras la recomendación aprobada por todos los ministros de salud de las Américas es que sea 6%? 

Nos quieren quitar atención de salud para que ese dinero se lo queden las grandes agroexportadoras. Justo cuando hay más pobreza, recesión y enfermedades. Es inaceptable.

Noticia de la semana ha sido la mentira de pata de Dina Boluarte tratando de convencernos de que si tuvo una reunión bilateral con Joe Biden cuando apenas caminó unos pasos con él. Pero ha pasado casi sin comentarios los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos por salvarle la cara a Boluarte y las razones de ello, que son ¡vaya sorpresa! referidas a posicionamientos estratégicos de perfil económico.

El intento de lavada de cara vino luego que se hizo evidente que no había habido ninguna reunión entre Boluarte y Biden, momento en el cual Brian Nichols subsecretario de estado para América (equivalente a viceministro de relaciones exteriores para esta área) sacó un tuit diciendo que ambos presidentes sí habían conversado. Nichols no pudo decir que hubo reunión bilateral, porque no la hubo, pero es obvio que estaba respondiendo a pedidos desesperados al gobierno de Boluarte que enfrentó una crítica interna fuerte y bien merecida. Nichols, antes de tener el actual cargo, ha sido embajador de los Estados Unidos en el Perú entre 2014 y 2017, entre los últimos años de Humala y el (breve) periodo de PPK, así que conoce bien el ambiente político local. ¿Y por qué la lavada de cara? Porque Estados Unidos está preocupado, y ya lo manifestó previamente de manera formal, por lo que ellos consideran una excesiva presencia China en Perú y en particular por las implicancias de que el nuevo megapuerto de Chancay está en manos de una empresa china como accionista mayoritario. En esas circunstancias, a los EEUU le conviene llevarse bien con el gobierno de turno, aún cuando su récord de derechos humanos sea espantoso.

Vale la pena detenerse en el incidente porque revela el profundo cambio que se viene produciendo a nivel mundial debido a nuevos conflictos entre las grandes potencias, y que se hace patente ahora en el Perú. Los neoliberales peruanos han insistido por décadas que el concepto de sectores económicos de importancia estratégica no tiene sentido, que los puertos, la industria, las telecomunicaciones y la energía no tienen un valor importante para la seguridad y el desarrollo nacional, argumentando así que no debe ninguna empresa pública o acción estatal bajo esa premisa. Hoy está muy claro que los países orientan sus políticas comerciales y de inversiones bajo la premia opuesta, que si hay sectores estratégicos. Si alguien lo duda, discútaselo al gobierno de los Estados Unidos, el mayor y más importante del mundo, que nos lo acaba de enrostrar en la cara. En realidad no es algo nuevo, ya hace casi una década eso se pudo ver en nuestro país cuando, debido a una fusión internacional entre trasnacionales mineras (Glencore compró Xstrata), el estado chino para aprobar esa operación obligó a Glencore a vender la gran mina de cobra Las Bamba, la más grande del Perú, a una empresa minera estatal china  ¿Acaso era un capricho, o sólo negocios? No, era parte de una estrategia china, ya en ese momento, de asegurarse el abastecimiento de cobre para su crecimiento industrial.  Pero en ese entonces, todavía el enfrentamiento de Estados Unidos contra China era de bajo nivel; ahora tanto republicanos (Trump) como demócratas (Biden) tienen una política de contención con enfrentamiento hacia China, que ha ido escalando. En estas semanas, Biden insiste ante su congreso en pedir fondos adicionales para dar ayuda militar a Ucrania, Israel y Taiwan. ¿Y por qué incluye Taiwan, si no hay en ese espacio ningún conflicto activo? Porque el país que claramente se ha ido perfilando como el que puede socavar su rol de potencia dominante mundial es China, y Estados Unidos quiere ponerle “el pare” en todos los espacios.

Lo que estamos viendo es un cambio profundo. En cuanto a política internacional, el que Estados Unidos haya perdido su lugar de hegemón indiscutido y tenga que estar defendiendo su posición, lo ha llevado a relativizar aún más en su política internacional principios como los derechos humanos y la democracia. Vamos, que los Estados Unidos nunca le hizo asco a dictaduras retrógradas como Arabia Saudita y tampoco jamás ha aceptado someterse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, pero a veces parecía que en América Latina podía tener alguna simpatía por la democracia y los derechos humanos. Luego de verlos apoyar sin reservas el genocidio que está llevando adelante Netanyahu en Gaza, ¿cómo pensar que los sesenta muertos de Boluarte les iban a parecer importantes?

En la economía, durante tres décadas Estados Unidos y Europa impusieron acuerdos mundiales que establecían reglas comunes a todos y hasta China fue admitida a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se redujeron barreras al comercio y permitieron el despegue industrial de China y otros países del Asia, al mismo tiempo que reforzaban los monopolios basados en la propiedad intelectual de las grandes trasnacionales. Esas reglas permitieron al mismo tiempo que exportemos frutas con más facilidad y que nos cobren precios exorbitantes por las medicinas. Hoy las “reglas” de comercio de la OMC y los TLCs han sido tiradas al tacho por los propios Estados Unidos desde la época de Trump. Su nueva política es ir alineando el comercio y las inversiones internacionales con su bloque geoestratégico; y para eso los Estados Unidos aplican sanciones comerciales por doquier, incluso apropiándose (podríamos decir robando) fondos financieros de otros países – algo que no pasaba antes. Dentro de esa política de alineamiento, es que los EEUU directa y abiertamente le reclaman al Perú que hay muchas inversiones chinas acá y que en particular el megapuerto de Chancay les preocupa, porque saben que a partir de esa salida al mar es que se puede mover (o bloquear) muchos productos y no quieren que China tenga esa arma.

Esa es la realidad vigente en el mundo y que ya nos alcanzó. ¿Y el Perú? Como si nada hubiera pasado. Seguimos entregando nuestro cobre a quien se lo quiera llevar pagando bajos impuestos, como si no fuera de valor estratégico para los nuevos carros eléctricos y la transición energética; y desde luego las empresas chinas se lo llevan a China. A diferencia nuestro, el presidente de Chile Gabriel Boric con aprobación de su congreso ya subió los impuestos a la minería y firmó con China un pacto para industrializar su litio.  ¿Adónde va el gas peruano?  A donde la trasnacional lo decida, y ya varias veces de esa forma nos ha hecho trampa con lo que nos deben pagar, como si no fuera peruano. Podríamos hacer fertilizantes con él, como hace Bolivia, pero se entrega nomás y no se industrializa ¿El poco petróleo que tenemos, que no alcanza ni siquiera para abastecernos plenamente? Que lo saque cualquier trasnacional y se lo lleve donde quiera, hasta cuando lo dejan acá debemos pagarlo como si fuera importado.

Las acciones de Estados Unidos hacia el Perú nos indican que hay intereses y sectores estratégicos y que ellos actúan en consecuencia. Haríamos bien en recordarlo, pero en función de una estrategia nacional mirando al futuro, no para Boluarte refuerce su fallido intento de lavarse la cara y se olvide a la semana.                                                                                          

En las elecciones del 2016, los integrantes del equipo económico que desde el Frente Amplio acompañamos la candidatura de Verónika Mendoza precisamos nuestra propuesta de gobierno con medidas en tres ejes, que eran Reactivación, Redistribución y Diversificación productiva. Los objetivos eran atender los problemas de falta de empleo y desigualdad y cambiar el modelo extractivista que además genera poca dinámica tecnológica y serios daños socioambientales. Esos tres ejes siguieron siendo válidos el 2021 y se mantienen ahora, pero la coyuntura obliga a marcar prioridades adecuadas al momento. 

https://www.comunesrevista.com/un-programa-econmico-para-el-momento-actual/blog-post-title-one-n86lz?fbclid=IwAR0lMcrmjAeW7A6K6MkD6hLJKzRwapnN_QGAVbiN7yMlfJwkqONtSdLMdCg

Recordemos la lógica, importancia y articulación de los tres ejes. La reactivación tiene como objetivo que toda la capacidad productiva de sectores fundamentales como los servicios, la agricultura, la industria y la construcción funcionen a plena capacidad para generar empleos; y ello requiere una dinamización del mercado interno, con políticas macroeconómicas – monetarias y fiscales – expansivas, protección frente a importaciones dumping e inversión pública en infraestructura económica, comunicaciones, telecomunicaciones e irrigaciones. La redistribución apunta a reducir las enormes inequidades económicas existentes; y las medidas claves para lograrlo son una reforma tributaria que establezca impuestos justos a las sobreganancias de la minería y las grandes fortunas y una acción firme contra la evasión y elusión, usando luego esos recursos para asegurar el derecho a la salud, la educación y la protección social a todos y todas.  La diversificación productiva se orienta a enfrentar un extractivismo que genera enclaves, poco empleo, daño ambiental y social y excesiva concentración de la riqueza; y para ello se deben promover sectores como el turismo, la agricultura, la industria nacional y los servicios, en especial pequeña y mediana empresas, que son más intensivos en empleo y donde debe empujarse un avance tecnológico vinculado a la riqueza de nuestra diversidad ecológica y cultural, para lo cual fomentar cooperativas y asociatividad es fundamental.

La propuesta de tres ejes implica un ordenamiento lógico, pero hay medidas claves que sirven a varios objetivos al mismo tiempo; por ejemplo, políticas para mejorar los salarios mediante una actualización de la RMV y facilitar la sindicalización y negociación colectiva, sirven a los tres ejes, ya que elevan la demanda interna y favorecen así la reactivación, mejoran la distribución del ingreso e incentivan que la industria y otros sectores procuren mejores tecnologías. Otro ejemplo es la inversión en infraestructura para la masificación del gas natural, que reduce los costos empresariales de manera descentralizada favoreciendo su reactivación, sustenta una diversificación hacia nuevos rubros como la petroquímica y a la vez reduce los costos de energía de los hogares populares; y similar sentido tiene una necesaria política para aprovechar nuestras potencialidades en energías limpias como la solar, la eólica y la geotérmica. 

En las elecciones del 2021, la propuesta que hicimos para la candidatura de Verónika mantuvo estas mismas líneas matrices, pero se adecuó a las condiciones de la coyuntura que, recordemos, estaban marcadas por una pandemia que se llevó a más de 200,000 compatriotas mostrando la fragilidad extrema de nuestro sistema de salud pública y estado, y generó una enorme pérdida de empleos, aguda recesión y empobrecimiento masivo, agravados por la negativa a dar un apoyo oportuno y suficiente a los hogares populares como el ´bono´ universal de mil soles que en su momento propusimos desde el Nuevo Perú y la izquierda democrática. En ese momento, los primeros meses del 2021, las principales medidas inmediatas consistían en reforzar muy fuertemente el sistema de salud y poner todo el empuje necesario en lograr una vacunación universal lo más pronto posible, junto con otorgar un bono de amplia cobertura, dirigido a los ciudadanos superando los limitados bonos familiares anteriores. La propuesta apuntaba a reactivar la economía atendiendo tanto los problemas de oferta – afectada por la pandemia y las medidas de distanciamiento físico – como los de demanda, con una inyección rápida de dinero a las economías populares. Habiendo quedado fuera en la primera vuelta, aplicamos esas medidas en los primeros meses del gobierno de Castillo teniendo como compañero firme al entonces ministro de salud Dr. Hernando Cevallos. Logramos en corto tiempo una vacunación amplia que hizo que la tercera ola del Covid19 tuviera un nivel de hospitalizaciones y mortalidad muchísimo menor y que logremos acelerar el crecimiento económico, cuya proyección para el 2021 había sido establecida por el gobierno anterior en 10,0 por ciento y que alcanzó el 13,3 por ciento, con plena recuperación del empleo formal. 

La propuesta era, sin embargo, empalmar ese esfuerzo de corto plazo en el marco de una emergencia nacional, con una propuesta de mediano plazo, para lo cual se plantearon hacia el cuarto trimestre del 2021, ya asegurados los objetivos anteriores, dos iniciativas fundamentales, la Reforma Tributaria para que la minería y el gran capital paguen algo justo y se facilite el aporte de las pymes, y la Segunda Reforma Agraria, que consistía en una política de fuerte promoción a la pequeña agricultura familiar, que es la que alberga más pobreza, genera más empleos y se orienta principalmente a abastecer el mercado interno. El entonces presidente Pedro Castillo no asumió a cabalidad ninguna de las iniciativas, y apenas iniciado el 2022 les dio totalmente la espalda, optando por una política de componendas con grupos de diverso pelaje ante acusaciones de corrupción referidas a personajes cercanos a él y con indicios de su propio involucramiento. 

¿Qué ha cambiado hasta hoy, avanzado el 2023, pensando en una propuesta de programa económico? Empecemos por lo más obvio. Tenemos un gobierno, basado en un pacto Ejecutivo-Congreso-Poder Económico, ilegítimo y repudiado por la enorme mayoría de peruanos. Pero, aunque la enorme mayoría de gerentes de grandes empresas apoya el gobierno y su retorno a una política neoliberal anti-trabajadores, los datos muestran que no invierten en las condiciones actuales de alta ingobernabilidad e inestabilidad política. Hoy, el primer punto de cualquier propuesta económica es político, siendo indispensable retornar a un nivel de gobernabilidad democrática que sólo puede ser conseguido mediante nuevas elecciones generales, mientras antes mejor. 

La segunda característica de la coyuntura es que, nuevamente, estamos en recesión. Logramos salir el 2021 pero ya volvimos a caer. El PBI se ha ido para abajo desde fines del 2021; en los primeros ocho meses de este año ha caído en – 0,6 por ciento según la cifra oficial del INEI.  Entre enero y agosto la industria no primaria produjo 9 por ciento menos, la construcción 9 por ciento menos y la agricultura 4 por ciento menos, siendo muy seriamente afectados los medianos y pequeños productores de arroz (-5 por ciento), papa (-12 por ciento) y maíz (-10 por ciento).  

La recesión en el sector industrial y construcción se debe a una demanda interna reducida, debido a que los salarios no han subido el último año mientras la inflación de 5% se ha comido su capacidad de compra. Enfrentados a menor demanda, los empresarios reducen su producción. A su vez, esto afecta el empleo; debiendo producir menos, las empresas reducen horas extras, no renuevan contratos y postergan inversiones. Por eso -junto con lograr un gobierno y un congreso legítimos- una alternativa económica nuevamente tiene que poner un énfasis importante en la reactivación; que en el corto pasa por elevar la demanda. Elevar de manera efectiva la inversión pública, mejorar en serio la educación y salud pública para que la necesidad de enfrentar problemas urgentes no drene los bolsillos de las familias y tener una política laboral activa que mejore los sueldos y salarios, son las medidas clave en este sentido. El costo del crédito debe reducirse, con un giro acelerado en la política monetaria y nuevos mecanismos financieros masivos (y no a cuentagotas e ineficaces) para las pymes y el agro.

Siendo estas medidas reactivadoras, deben engancharse con la propuesta redistributiva. Las propuestas señaladas generan costos al presupuesto público, lo que resalta la necesidad de una reforma tributaria (como logró Gustavo Petro en Colombia). De esta manera, además, se tiene que lograr la sostenibilidad fiscal de las políticas necesarias para que el derecho a la educación, la salud y la protección social estén efectivamente garantizados, y también para la promoción de sectores económicos que diversifiquen nuestra producción. 

En las políticas de diversificación productiva, resulta esencial darle prioridad a los pequeños y medianos agricultores de la costa, sierra y selva. Es un grupo en el cual los niveles de pobreza y vulnerabilidad son más altos. Es además un grupo que sufre exclusión histórica y que por ello tiene un enorme descontento respecto a lo (poco) que queda de la democracia peruana, por lo que requiere, lo antes posible, un estado que responda ante sus problemas. Añadamos a esto el cambio climático que vemos ahora, y el probable Fenómeno El Niño que se nos viene, los va a golpear nuevamente, y lo mejor es actuar desde ahora. Logrando una mayor producción de alimentos básicos como arroz y papa se ayudará a controlar la inflación en estos rubros clave que afectan mucho a los trabajadores urbanos. Hay además potencialidades por nuestra diversidad ecológica y cultural. Otorgarles créditos y seguros accesibles, mejores sistemas de comercialización y articulación con mercados urbanos, promoción de nuevas tecnologías, caminos rurales e irrigaciones de mediano y pequeño tamaño, tienen una urgencia mayor ahora. El riesgo de una seria escasez hídrica ya lo tenemos encima, y hay opciones de captura de agua, de represas y canales mejorados, de riego tecnificado, que deben ponerse en marcha ahora y no cuando se agrave su empobrecimiento y afecte el abastecimiento de las ciudades. 

Otros sectores, como la industria, los servicios, el turismo y la construcción, también requieren una política promocional. Sólo con más crecimiento en sectores urbanos intensivos en empleo y con nuevas políticas hacia las pequeñas y medianas empresas en general, las cooperativas y asociaciones, podremos avanzar en reducir la informalidad. Hay varias medidas necesarias en ese sentido que hemos sustentado en el pasado y que aún no se han aplicado ampliamente, como crédito facilitado por un banco de desarrollo, mejor infraestructura y adecuar las normas tributarias y regulatorias, a lo que hoy debe añadirse la promoción y regulación de nuevas herramientas de Inteligencia Artificial en la innovación tecnológica. También será necesario un giro en nuestra política comercial en concordancia con la nueva realidad internacional, marcada por el fin del “libre comercio basado en normas de la OMC” y la transición hacia un mundo basado en bloques, frente a lo cual el reforzamiento de las relaciones en la región adquiere la mayor importancia. En ese marco, una minería cuidadosa del ambiente y respetuosa de los pueblos y sus decisiones puede servir para una reubicación del Perú en el mundo, como ha hecho Gabriel Boric en Chile aprobando una estrategia nacional del litio y firmando acuerdos con China para su industrialización.

Termino recordando que el Perú se encuentra en un momento particularmente difícil, aún más que por la economía, por la política. Enfrentamos un gobierno ilegítimo, con clara responsabilidad en decenas de asesinatos de peruanos que protestaban en ejercicio de sus derechos, amarrado a un congreso totalmente repudiado y donde predominan intereses particulares. Este gobierno, que combina la defensa de los grandes monopolios con beneficios especiales a sus allegados, sólo agrava los problemas del país, sumando recesión, desempleo y empobrecimiento a su socavamiento de la democracia, y por eso el repudio que provoca sólo irá creciendo. La supuestamente “verdadera izquierda” de Cerrón ha mostrado un total oportunismo, aliándose al fujimorismo y la ultra-derecha por unas cuantas migajas de poder que ese personaje cree le ayudarán a librarse de las sentencias de corrupción que acumula. Ante esta situación, se necesita una estrategia de defensa y recuperación de la democracia, la que debe ir acompañada de propuestas orientadas a ampliar oportunidades económicas para las mayorías, atender sus necesidades básicas y reducir las desigualdades. Sólo así se logrará la convocatoria popular indispensable; y es en esa línea que desde una posición de izquierda democrática aportamos con estas ideas para abrir un diálogo sobre alternativas concretas para la economía nacional.   

¿Cómo le ha ido a los trabajadores en planilla este último año? El salario promedio es de sólo 2,688 soles, de acuerdo a la planilla electrónica de agosto registrada por la SUNAT, pero debemos advertir que lo que llega a sus manos es bastante menor ya que para las AFPs se descuenta 13 por ciento, es decir, en promedio unos 360 soles. Al trabajador le quedan entonces apenas 2,300 soles. Este es el promedio, que incluye desde la gran cantidad que gana el mínimo (apenas 1,025 soles) o poco más, y los gerentes que pueden llevarse 30, 50 o 100 mil mensual.

En este año de cogobierno Dina-Congreso el salario promedio real de quien está en planilla ha caído en 4 por ciento. ¿Qué quiere decir “real”? Que un trabajador durante el gobierno de Dina ha podido comprar, con su salario, 4 por ciento menos que el año anterior; eso para el trabajador promedio es como si le hubieran sacado 100 soles de su bolsillo. ¿Cómo así ha pasado esto? Sucede que mientras las empresas han subido sus precios en 5 por ciento, prácticamente no han dado ningún aumento a sus trabajadores.

Si este es el promedio, peor es lo sucedido con quienes ganan el salario mínimo. Ellos hoy siguen ganando los mismos 1,025 soles que en febrero 2021; desde esa fecha hasta ahora ellos ya han perdido 12 por ciento de su salario real. Los que están sufriendo con la crisis económica son sobre todo los trabajadores.

En estas condiciones de ingresos reducidos de los trabajadores ¿no es lógico que las ventas locales desde hace varios meses estén deprimidas? ¿que los restaurantes estén con menos clientes? ¿que la demanda por ropa, zapatos y muebles se haya reducido afectando a las pequeñas empresas que fabrican y comercializan esos productos? Las consecuencias de la caída de los salarios reales sobre la demanda, y por esa vía sobre la industria, la construcción y los servicios urbanos, es nítida, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay otros factores detrás de la recesión, como la caída de la inversión, las altas tasas de interés y el descrédito del gobierno, pero este achicamiento de la capacidad de compra de los trabajadores es una causa básica.

Frente a esta situación ¿no queda sino resignarse al “libre mercado”? ¿no es posible tomar medidas en defensa de los salarios? En Estados Unidos, los trabajadores de la industria automotriz, un sector importante, han sostenido una larga lucha por mejorar sus salarios afectados por la inflación y el presidente Joe Biden ha ido hasta el piquete de huelga a apoyarlos. Finalmente han logrado aumentos de salarios de 25 por ciento y también que los contratados de manera temporal pasen más rápidamente a trabajadores permanentes. En Alemania, la inflación supera el 6 por ciento este año pero los salarios no se han quedado atrás. En México se fijaron nuevos salarios mínimos a inicios de este año con un aumento de 20 por ciento; además del mínimo nacional hay montos mayores en zona de frontera y para más de 60 ocupaciones específicas. En Colombia a inicios de año se reajustó el salario mínimo en 16 por ciento y en estos días se negocia el aumento para el 2024 que estaría entre 9 y 11 por ciento. Pero no hay que irse tan lejos, en nuestro país los trabajadores de construcción civil han firmado un convenio colectivo con los empresarios del sector agrupados en CAPECO, logrando un reajuste salarial mayor al 5 por ciento y algunos beneficios adicionales, lo que les permite defenderse de la inflación sin las grandes pérdidas que han tenido los demás trabajadores. Sin embargo, fuera de este caso, en el Perú las organizaciones sindicales son pocas y débiles, estando sus dirigentes y miembros siempre amenazados por un despido fácil y ahora además por la represión brutal de este régimen que ya dejó sesenta muertos.

PRESIONES AGROEPORTADORAS POR REGRESAR A LA LEY CHLIMPER

Para empeorar las cosas, desde poderosos grupos empresariales hay ahora presiones para recortar aún más los derechos laborales, en particular en el sector agroexportador. Recordemos que hasta fines del 2020 regía la fujmorista “ley Chlimper”, por la cual a sus trabajadores no les daban gratificaciones en julio y diciembre ni les hacían depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). También les permitió pagar menos contribuciones a EsSalud que cualquier otro empleador, lo que significa que el 2019 obtuvieron 250 millones de soles gracias a este beneficio, subsidio que pagamos todos los asegurados en la forma de menos medicinas disponibles, colas de espera más largas y peor atención. Además, esta ley exoneraba a los agroexportadores de la mitad del impuesto a las ganancias empresariales (renta de tercera categoría), concepto por el cual el 2019 se ganaron con 383 millones de soles adicionales.

Esta acumulación de privilegios cambió un poco tras una potente movilización de trabajadores, que fueron brutalmente reprimidos en una acción policial que causó tres muertos en Virú (Jorge Muñoz Jiménez, Kauner Rodríguez y Reynaldo Reyes). Hoy los trabajadores siguen sin tener asegurado que recibirán gratificaciones o CTS en su momento y en la práctica carecen de derechos sindicales, pero reciben una bonificación de 300 soles y debieran tener este 2023 una participación de 5% en las utilidades de la empresa. Con algunos ajustes, las agroexportadoras siguen subsidiadas en su aporte a EsSalud que el resto y mantienen niveles de exoneración tributaria privilegiada. Las agroexportadoras que venden hasta 8 millones de soles anuales (hasta el 2028 según la ley) siguen teniendo el mismo subsidio de 3 por ciento de su aporte a EsSalud a costa de los demás asegurados y siguen exoneradas de la mitad del impuesto a las ganancias hasta el 2031; las agroexportadoras más grandes para este año y el próximo aún mantienen un subsidio en cuanto a sus aportes a EsSalud de 1% de la planilla y una exoneración de un tercio del impuesto a las ganancias.

Ocultando que mantienen esos privilegios, el gremio que agrupa a estas empresas (AGAP) ha lanzado una ofensiva mediática y política para que, como cangrejos, volvamos al pasado de la Ley Chlimper. ¿Está acaso en crisis la agroexportación? El BCR registra que en los ocho primeros meses de este año, de enero a agosto, los precios a los que venden sus productos en el exterior han subido en 0,6% y la cantidad (toneladas) exportadas ha aumentado 1,4 por ciento; en total la exportación no tradicional agropecuaria va aumentando 100 millones de dólares en un contexto de condiciones climáticas muy negativas (Yaku y El Niño costero). No les va mal, en particular si comparamos con la situación de los trabajadores. Regresar al pasado del fujimorismo económico no tiene justificación alguna.

Lo que necesitamos para acelerar el crecimiento agrario es en primer lugar agua, para lo que se necesita inversión pública y buena gestión hídrica, y apoyo a los pequeños agricultores de sierra y selva impulsando su asociatividad y articulación a empresas promotoras de nuevas tecnologías y mercados. Las relaciones laborales deben basarse en el respeto a los derechos de los trabajadores, promoviendo su organización y la negociación colectiva, como en el sector de construcción civil donde ha habido buenos resultados. Insistir en el “cholo barato” para concentrar más ganancias es, social y ambientalmente, un camino insostenible.

https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2023/11/LAA231101.pdf

Acá una versión en castellano – La industria y la construcción muestran caídas pronunciadas del 9% (a setiembre) y la agricultura de 4%, mientras la minería ha crecido por la nueva mina Quellaveco haciendo que la recesión peruana medida por el PBI sea ligera (-0,65%). Estos datos señalan claramente que la causa inmediata de la recesión es la fuerte caída de la demanda interna, en especial del consumo privado, debido a que los salarios nominales en el último año no han subido nada mientras la inflación ha sido de 5%. También la inversión privada ha caído por el alza de tasas de interés del banco central y la inestabilidad política generada por un régimen que está socavando la democracia y ha provocado 60 muertos violando derechos humanos. Mientras tanto, la inversión y gasto público han venido cayendo, agravando la recesión, al tiempo que el déficit fiscal ha subido hasta 2,8% del PBI debido a una fuerte caída de los ingresos tributarios causada por nuevas exoneraciones e incentivos a la evasión. Frente a esta recesión, el Congreso ha aprobado un presupuesto adicional pedido por el Ejecutivo de 0,5% del PBI sin medidas para recuperar los ingresos tributarios, aunque la ley actual fija un tope de déficit de 2,4% y no se ha modificado. Retomar el crecimiento requiere una política fiscal y monetaria reactivadora acelerando la inversión pública fuertemente y rebajando las tasas de interés, aprobar una reforma tributaria progresiva y anti-elusión y establecer una política industrial para promover nuevos sectores productivos aprovechando nuestra biodiversidad.