¿Cómo le ha ido a los trabajadores en planilla este último año? El salario promedio es de sólo 2,688 soles, de acuerdo a la planilla electrónica de agosto registrada por la SUNAT, pero debemos advertir que lo que llega a sus manos es bastante menor ya que para las AFPs se descuenta 13 por ciento, es decir, en promedio unos 360 soles. Al trabajador le quedan entonces apenas 2,300 soles. Este es el promedio, que incluye desde la gran cantidad que gana el mínimo (apenas 1,025 soles) o poco más, y los gerentes que pueden llevarse 30, 50 o 100 mil mensual.
En este año de cogobierno Dina-Congreso el salario promedio real de quien está en planilla ha caído en 4 por ciento. ¿Qué quiere decir “real”? Que un trabajador durante el gobierno de Dina ha podido comprar, con su salario, 4 por ciento menos que el año anterior; eso para el trabajador promedio es como si le hubieran sacado 100 soles de su bolsillo. ¿Cómo así ha pasado esto? Sucede que mientras las empresas han subido sus precios en 5 por ciento, prácticamente no han dado ningún aumento a sus trabajadores.
Si este es el promedio, peor es lo sucedido con quienes ganan el salario mínimo. Ellos hoy siguen ganando los mismos 1,025 soles que en febrero 2021; desde esa fecha hasta ahora ellos ya han perdido 12 por ciento de su salario real. Los que están sufriendo con la crisis económica son sobre todo los trabajadores.
En estas condiciones de ingresos reducidos de los trabajadores ¿no es lógico que las ventas locales desde hace varios meses estén deprimidas? ¿que los restaurantes estén con menos clientes? ¿que la demanda por ropa, zapatos y muebles se haya reducido afectando a las pequeñas empresas que fabrican y comercializan esos productos? Las consecuencias de la caída de los salarios reales sobre la demanda, y por esa vía sobre la industria, la construcción y los servicios urbanos, es nítida, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay otros factores detrás de la recesión, como la caída de la inversión, las altas tasas de interés y el descrédito del gobierno, pero este achicamiento de la capacidad de compra de los trabajadores es una causa básica.
Frente a esta situación ¿no queda sino resignarse al “libre mercado”? ¿no es posible tomar medidas en defensa de los salarios? En Estados Unidos, los trabajadores de la industria automotriz, un sector importante, han sostenido una larga lucha por mejorar sus salarios afectados por la inflación y el presidente Joe Biden ha ido hasta el piquete de huelga a apoyarlos. Finalmente han logrado aumentos de salarios de 25 por ciento y también que los contratados de manera temporal pasen más rápidamente a trabajadores permanentes. En Alemania, la inflación supera el 6 por ciento este año pero los salarios no se han quedado atrás. En México se fijaron nuevos salarios mínimos a inicios de este año con un aumento de 20 por ciento; además del mínimo nacional hay montos mayores en zona de frontera y para más de 60 ocupaciones específicas. En Colombia a inicios de año se reajustó el salario mínimo en 16 por ciento y en estos días se negocia el aumento para el 2024 que estaría entre 9 y 11 por ciento. Pero no hay que irse tan lejos, en nuestro país los trabajadores de construcción civil han firmado un convenio colectivo con los empresarios del sector agrupados en CAPECO, logrando un reajuste salarial mayor al 5 por ciento y algunos beneficios adicionales, lo que les permite defenderse de la inflación sin las grandes pérdidas que han tenido los demás trabajadores. Sin embargo, fuera de este caso, en el Perú las organizaciones sindicales son pocas y débiles, estando sus dirigentes y miembros siempre amenazados por un despido fácil y ahora además por la represión brutal de este régimen que ya dejó sesenta muertos.
PRESIONES AGROEPORTADORAS POR REGRESAR A LA LEY CHLIMPER
Para empeorar las cosas, desde poderosos grupos empresariales hay ahora presiones para recortar aún más los derechos laborales, en particular en el sector agroexportador. Recordemos que hasta fines del 2020 regía la fujmorista “ley Chlimper”, por la cual a sus trabajadores no les daban gratificaciones en julio y diciembre ni les hacían depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). También les permitió pagar menos contribuciones a EsSalud que cualquier otro empleador, lo que significa que el 2019 obtuvieron 250 millones de soles gracias a este beneficio, subsidio que pagamos todos los asegurados en la forma de menos medicinas disponibles, colas de espera más largas y peor atención. Además, esta ley exoneraba a los agroexportadores de la mitad del impuesto a las ganancias empresariales (renta de tercera categoría), concepto por el cual el 2019 se ganaron con 383 millones de soles adicionales.
Esta acumulación de privilegios cambió un poco tras una potente movilización de trabajadores, que fueron brutalmente reprimidos en una acción policial que causó tres muertos en Virú (Jorge Muñoz Jiménez, Kauner Rodríguez y Reynaldo Reyes). Hoy los trabajadores siguen sin tener asegurado que recibirán gratificaciones o CTS en su momento y en la práctica carecen de derechos sindicales, pero reciben una bonificación de 300 soles y debieran tener este 2023 una participación de 5% en las utilidades de la empresa. Con algunos ajustes, las agroexportadoras siguen subsidiadas en su aporte a EsSalud que el resto y mantienen niveles de exoneración tributaria privilegiada. Las agroexportadoras que venden hasta 8 millones de soles anuales (hasta el 2028 según la ley) siguen teniendo el mismo subsidio de 3 por ciento de su aporte a EsSalud a costa de los demás asegurados y siguen exoneradas de la mitad del impuesto a las ganancias hasta el 2031; las agroexportadoras más grandes para este año y el próximo aún mantienen un subsidio en cuanto a sus aportes a EsSalud de 1% de la planilla y una exoneración de un tercio del impuesto a las ganancias.
Ocultando que mantienen esos privilegios, el gremio que agrupa a estas empresas (AGAP) ha lanzado una ofensiva mediática y política para que, como cangrejos, volvamos al pasado de la Ley Chlimper. ¿Está acaso en crisis la agroexportación? El BCR registra que en los ocho primeros meses de este año, de enero a agosto, los precios a los que venden sus productos en el exterior han subido en 0,6% y la cantidad (toneladas) exportadas ha aumentado 1,4 por ciento; en total la exportación no tradicional agropecuaria va aumentando 100 millones de dólares en un contexto de condiciones climáticas muy negativas (Yaku y El Niño costero). No les va mal, en particular si comparamos con la situación de los trabajadores. Regresar al pasado del fujimorismo económico no tiene justificación alguna.
Lo que necesitamos para acelerar el crecimiento agrario es en primer lugar agua, para lo que se necesita inversión pública y buena gestión hídrica, y apoyo a los pequeños agricultores de sierra y selva impulsando su asociatividad y articulación a empresas promotoras de nuevas tecnologías y mercados. Las relaciones laborales deben basarse en el respeto a los derechos de los trabajadores, promoviendo su organización y la negociación colectiva, como en el sector de construcción civil donde ha habido buenos resultados. Insistir en el “cholo barato” para concentrar más ganancias es, social y ambientalmente, un camino insostenible.
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