Una de las propuestas del “Plan Unidos” recientemente presentado por el gobierno Boluarte-Otárola es regalarle a las agroexportadoras entre 2024 y 2025 unos 400 millones de soles de EsSalud, institución que nos da atención de salud a los trabajadores. Sería un subsidio de los trabajadores peruanos a las grandes agroexportadoras. Porque si EsSalud pierde 400 millones de soles, eso significa que habrá 400 millones de soles en medicinas, ecografías, exámenes de laboratorio y atenciones de salud que los trabajadores no tendremos, obligándonos a comprarlos (si podemos) al sector privado de salud dominado por grandes monopolios.
Revisemos la ley actual y los cambios que este gobierno quiere hacer, según lo presentado por este gobierno y que el Congreso debe aprobar o rechazar. La ley 31110 vigente establece que las agroexportadoras con ventas superiores a 8 millones y medio de soles, así que no estamos hablando de ningún pequeño o mediano agricultor, deben contribuir a la seguridad social – EsSalud con 8 por ciento del salario durante los años 2023 y 2024, y recién en el 2025 debieran igualarse a la tasa de 9 por ciento que paga cualquier otra empresa, incluso pequeñas y microempresas, así se dediquen a rubros prioritarios como la educación, la salud o la innovación. La propuesta del gobierno es rebajarle a los grandes agroexportadores esa tasa de contribución a 6 por ciento durante los años 2024 y 2025, es decir, que paguen 2 por ciento menos el 2024 y 3 por ciento menos el 2025 de lo que está establecido en la ley. No habría ningún beneficio para los pequeños y medianos productores agropecuarios, a quienes no se propone reducirles la tasa de contribución a la seguridad social en salud; es sólo para los grandazos.
Es un subsidio de esos que los neoliberales suelen odiar y oponerse a rajatabla salvo cuando beneficia a las grandes empresas a las que se defienden. Lo peor de este subsidio es que no lo da el gobierno – nos obliga a que se los demos todos los trabajadores del país. Porque la rebaja de tasa hará que los grandes agroexportadores se guarden unos 400 millones de soles, por lo que los trabajadores vamos a recibir menos atención, medicinas y exámenes por laboratorio por ese valor. Cuando necesitemos una pastilla o jarabe para recuperar nuestra salud, con mayor probabilidad nos dirán que no hay y que tenemos que comprarlo en la farmacia privada de afuera – muy probablemente del monopolio propiedad del mayor billonario peruano Carlos Rodríguez Pastor. Cuando necesitemos un examen de laboratorio, unos rayos X o una ecografía, será más común que nos digan que los insumos se acabaron o que el equipo se malogró, y que vayamos a hacérnoslo afuera – quizás a una de las grandes cínicas del grupo Romero o del grupo Brescia. Las empresas agroexportadoras se llevan 400 millones de soles, los monopolios privados de la salud ganan porque venderán más a precios elevados y los trabajadores que ganan un salario mínimo y se llevan a su casa menos de mil soles mensuales y les falta algunos días comida en la mesa se quedarán sin atender su salud.
Ya hoy, aun sin la propuesta del gobierno Boluarte-Otárola, la situación es injusta, con los agroexportadores pagando menos a la seguridad social y obteniendo un subsidio de los trabajadores; solo que según la ley 31110 ese subsidio debe ser 1 por ciento el 2024 y terminarse el 2025, y ahora quieren que vuelva a ser 3 por ciento esos años. Vale la pena recordar el origen de esa injusticia. En el año 2020 José Chlimper era ministtro de agricultura del régimen de Alberto Fujimori cuando este fue re-re-reelecto por tercera vez de manera fraudulenta. Chlimper tenía una agroexportadora llamada Agrokasa, y sacó una ley a favor de si mismo, dando exoneraciones de impuestos y esta exoneración de contribuciones a Essalud que representa un subsidio de los trabajadores a las agroexportadoras. Chlimper luego fue candidato a vicepresidente y secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular en las elecciones de 2016 y la bancada de FP (con el respaldo de PPK) bloqueó todo intento de retirar ese subsidio de los trabajadores a los grandes agroexportadores todos esos años. Vizcarra incuso les prorrogó ese abuso antilaboral. Tras enormes protestas, recién el 30 de diciembre del 2020 el congreso presidido por Mirtha Vásquez modificó la ley y aprobó el retiro (gradual) de esos subsidios. Cuando fueron las elecciones del 2021, el apoyo de los Chlimper a la sra Fujimori continuó, en este caso aportando varios miles de dólares a la bolsa que juntaron para buscar anular las elecciones cuyo resultado no les gustó.
La medida propuesta por Boluarte-Otárola para obligarnos a los trabajadores a subsidiar más a los grandes agroexportadores es injusta y recesiva. ¿Cómo puede considerarse justa una medida para transferir 400 millones de soles de los trabajadores, la mayoría de los cuales gana apenas mil o dos mil soles mensuales, sea transferido a grandes empresas agroexportadoras con ganancias de cientos de millones de dólares? ¿Cómo puede considerarse adecuado empeorar la atención de salud a quien gana un salario mínimo que en neto apenas llega a 900 soles mensuales y a veces no puede poner comida en la mesa de su familia? Además, de esa manera, los trabajadores obligados a comprarse medicinas (importadas) que EsSalud ya no les dará, van a comprar aún menos ropa, zapatos y alimentos que ahora, agravando la recesión. Lo que se necesita para enfrentar la recesión es exactamente lo contrario, promover que los trabajadores puedan comprar más productos en el mercado, no menos.
Tras la pandemia, una de las cosas que evidentemente debían hacerse era fortalecer el sistema de salud. Hemos perdido a 300 mil peruanos debido al Covid-19, la mortalidad en el Perú por esa causa fue la mayor del mundo, nos fue muchísimo peor que a los demás países latinoamericanos cuya mortalidad fue en promedio la sexta parte que la de nuestro país. Causa principal de este desastre fue que nuestro sistema de salud pública es sumamente débil; tenemos la tercera parte de médicos por diez mil habitantes (8.2) que Ecuador (21.1), Colombia (22.2) o México (25.5), la quinta parte que Argentina (39.9) y la sexta parte que Uruguay (49.4). Tenemos 16 camas hospitalarias por cada diez mil personas, Argentina tiene 50. En esos otros países durante la pandemia no hubo durante meses gente sentada en sillas de ruedas en la calle en medio del frío y la llovizna conectadas a un balón de oxígeno que sus familias compraron en forma privada a precios exorbitantes; allá tenían a sus pacientes dentro del hospital en una UCI si lo necesitaban. Por esa deficiencia, la tasa de mortalidad fue tan mayor al promedio de la región que murieron 250 mil personas más. ¿Y apenas dos años después se propone acogotar más a un sistema de salud paupérrimo, que tiene solo 3,5% del PBI de apoyo presupuestal mientras la recomendación aprobada por todos los ministros de salud de las Américas es que sea 6%?
Nos quieren quitar atención de salud para que ese dinero se lo queden las grandes agroexportadoras. Justo cuando hay más pobreza, recesión y enfermedades. Es inaceptable.
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