La política fiscal está en punto crítico. El déficit fiscal ha estado aumentando mes a mes durante todo este año y ha llegado ya a ser 2.5% del PBI, sobrepasando el tope del límite legal establecido por ley 31541, que dice que en este año el déficit no debe ser mayor a 2.4%. Sabemos además que, todos los años, en los meses finales se acelera la inversión pública y se pagan aguinaldos navideños, de tal manera que el déficit se amplía. El gobierno insiste que todo irá mejor los próximos meses, pero la trayectoria que vienen registrando las cuentas fiscales apuntan a que el gobierno termine el 2023 violando la ley. 

Simultáneamente, la economía está en recesión. La fuerte caída en el primer semestre de la producción industrial (menos 7. 7%) y de la construcción (menos 9%) se debe a la marcada retracción de la demanda interna. Uno puede ver muy nítidamente revisando la situación de las industrias de bienes de consumo masivo; por ejemplo la producción de fideos cayó 15.6%, los aceites y grasas se redujeron en 16.7%, se produjeron menos 20.7% menos prendas de vestir. En todos estos casos la producción se redujo aún más en el segundo trimestre, es decir, no sólo hay recesión sino que la tendencia es a la baja. ¿Por qué sucede esto? Porque las ventas han disminuido, y luego de unos meses de ver que los productos se quedan en sus almacenes sin salir, las empresas reducen su producción. Es la acción lógica desde el punto de vista empresarial. Pero ¿por qué se vende menos fideos y menos aceite? la respuesta obvia es “porque los hogares populares tienen menos dinero en los bolsillos para comprar”; ante el mayor desempleo y menores salarios e ingresos, se ven obligados a sacrificar hasta su alimentación. La última encuesta Ipsos muestra que 54% de peruanos dice que en los últimos doce meses sus ingresos han disminuido y apenas 7% que han amentado; frente a las posibilidades de encontrar empleo 72% considera que está peor y sólo 4% que está mejor.

                REACTIVACIÓN Y POLÍTICA MACROECONÓMICA

Frente a una recesión, la respuesta de cualquier libro de macroeconomía es que se debe hacer una política reactivadora de la demanda. Esa fue la gran lección que el mundo sacó de la gran recesión mundial de 1930, a partir del genial análisis de John Maynard Keynes. Sólo con mayor demanda interna, sectores claves como la industria, la construcción, el comercio y los servicios, que emplean a más del 90 por ciento de los trabajadores urbanos, podrán recuperarse. La política macroeconómica tiene dos brazos para mover la demanda interna. Uno es la política monetaria del BCR, expresada en su tasa de interés de referencia; cuando suben esa tasa de interés – como ha hecho los últimos dos años – el crédito total se frena y cualquier préstamo se vuelve más caro, lo que a su vez retrae el consumo y la inversión privada; teniendo que pagar mucho más en intereses muchas inversiones privadas pasan a tener una rentabilidad nula o negativa. El que la inversión privada haya caído 8.3 % el trimestre pasado tiene causas vinculadas a la inestabilidad política pero también ha sido claramente afectada por el alza de tasas de interés del BCR de 0,25% a 7,75%. El efecto negativo de tasas de interés más altas sobre la inversión es algo ya claramente establecido por investigaciones en el Perú y en el mundo, habiendo sido el propio BCR pionero en varias de esas investigaciones. La política monetaria que el BCR aplica de manera autónoma involucra otra discusión cual es la política anti-inflacionaria, análisis que dejamos para otra ocasión, pero que el alza de tasas de interés es causa importante de la caída de la demanda interna y la recesión es una verdad que no debe seguir siendo ocultada.

Hay otro brazo importante de política macroeconómica que influye sobre la recesión y/o reactivación de la economía, cual es la política fiscal. El control de la política de ingresos y gastos fiscales la tiene el gobierno, es decir el Poder Ejecutivo Boluarte-Otárola, en cogobierno con el congreso derechista basado en la alianza de Keiko Fujimori con Vladimir Cerrón, César Acuña y Renovación Popular de Rafael López-Aliaga. ¿Cuál ha sido la política fiscal realmente aplicada por este gobierno? Entre enero y julio, los datos oficiales muestran que la inversión pública ha caído, en términos reales, es decir considerando que ha habido un el alza de precios, en 2 por ciento. Cuando la inversión pública cae, se contratan menos trabajadores de construcción civil, lo que deprime el consumo, y se compra menos cemento y fierro, afectando a las industrias que los producen. Una reducción similar, del orden del 3 por ciento real, ha tenido en estos siete primeros meses del año el llamado “gasto corriente” del gobierno, en el que se registran los sueldos, los contratos CAS, los alimentos para Qali Warma y otros programas sociales y la multiplicidad de compras del estado como medicinas y equipos médicos. Al recortar estos gastos, la consecuencia es que se deteriora la atención en salud y se obliga a más pacientes a buscarse de manera particular sus propias medicinas o exámenes médicos, y para cubrir estos gastos esas familias tendrán que comprar menos fideos, aceite y ropa. En resumen, la política fiscal efectivamente llevada a cabo, la que muestran los datos y no la de los anuncios gubernamentales hechos con bombos y platillos pero escasa efectividad, es que hay menos inversión pública y menos gasto en servicios básicos, lo que deprime el consumo y la demanda, agravando la recesión.

¿Cómo así, entonces, si el gasto se ha reducido, el déficit se ha ampliado? ¿Si los gastos se reducen, no debiera haber menos déficit? La explicación está en la política tributaria, que es la otra parte de la política fiscal aplicada por la alianza fujicerronista. La medida clave en materia de impuestos de este periodo se concentra en la decisión del Tribunal Constitucional que perdonó 12 mil millones de soles a los grandes deudores tributarios. Se trata del TC que eligió la alianza Keiko-Cerrón y que actúa de acuerdo a sus mandatos. Su decisión regaló esta enorme cantidad de dinero a un puñado de grandes empresas, pero además generó un incentivo muy claro a estos sectores, ya que ahora está muy claro que más les conviene evadir impuestos y luego hacer un larguísimo proceso de reclamación judicial antes que pagar lo que deben al fisco. El resultado ha sido que los ingresos tributarios han caído en 6,700 millones de soles entre enero y julio de este año. Es por esos menores ingresos fiscales, de una gran magnitud, que ahora tenemos un déficit fiscal creciente. Mientras tanto, las utilidades de las empresas trasnacionales en este primer semestre del 2023 han sido de 8,157 millones de dólares; solo en el segundo trimestre ganaron 569 millones adicionales a sus ya granes utilidades del 2022, siendo 230 millones ganancias adicionales del sector minero. Como sabemos, este congreso se rehusó a establecer impuestos más justos a la minería y quienes tienen gran acumulación de capital cuando se propuso una reforma tributaria a fines del 2021, luego de lo cual los gobiernos de Castillo y Boluarte han archivado totalmente la necesidad de un sistema tributario más justo.

En resumen, vivimos una fuerte recesión causada por una demanda interna que ha disminuido 1.8% el primer trimestre y 3% el segundo trimestre, una caída aún mayor cuando las protestas sociales no fueron fuertes. Sesenta muertos impunes impiden que haya confianza en el gobierno por lo que una salida política democrática con adelanto de elecciones es indispensable para que la economía se levante, pero sin cambios en la política macroeconómica es improbable que los resultados sean muy distintos.

LA RECESIÓN Y SUS SALIDAS

Estamos en recesión, aunque a varios la palabra les asuste. Esto quiere decir que la economía peruana no está creciendo, sino que la producción total se ha achicado, se ha ido para abajo, en los primeros seis meses del gobierno de Dina Boluarte. Como se sabe, la cifra es un negativo de – 0,5 por ciento según la cifra oficial del INEI. También se ha tratado de decir que eso sucedió en el pasado pero ya pasó, pero las cifras también desmienten esa afirmación la caída de la producción en el mes de junio, el último para el que hay un cálculo publicado, ha sido aún mayor, de -0,6 por ciento.  Y aunque todavía no hay datos completos de julio, los avances no son favorables, la inversión pública real cayó 13 por ciento (¡) y el sistema electrónico de transacciones registra un valor menor en 14 por ciento a mediados de mes de agosto y menos 23 por ciento en julio.

Lo más grave es que sectores productivos claves, los más importantes, en la generación de empleo e ingresos para las mayorías han tenido retrocesos muy fuertes. La manufactura, es decir el sector industrial, produjo en el primer semestre 6 por ciento menos, pero la caída se ha ido agravando y en junio produjo 14,6 por ciento menos. Hace más de tres décadas que no se veían cifras de esta magnitud en la industria. En la construcción la caída del primer semestre es de 9 por ciento; sólo en Lima el último dato de empleo muestra que hay 84 mil personas menos trabajando en este sector (entre los meses mayo a julio). Estos dos datos indican que la situación en las ciudades, y en particular en Lima, es de fuerte golpe a las economías populares. Pero en el campo, la situación es también crítica ya que en los primeros seis meses de este año la producción agrícola cayó en 4,6 por ciento, siendo la mayor parte de estos alimentos producidos por millones de pequeños agricultores.  Laos grandes agroexportadores de arándanos, uvas y mango no se han visto afectados y más bien siguen aumentando su producción (bien por eso), pero son los medianos y pequeños productores de arroz (-3 por ciento), papa (-14 por ciento) y maíz (-16 por ciento) los seriamente afectados. 

Lo primero es reconocer el problema y su gravedad; hay un problema y este es serio. Parte de la caída de la producción, en especial agrícola, se debe al Niño Costero, pero la respuesta gubernamental de apoyo y promoción ha sido mínima, y manteniéndose un cambio de clima fuerte y siendo probable que enfrentemos un Fenómeno El Niño en el próximo verano, una fuerte y efectiva política de soporte es clave y no se le ve por ningún lado. La recesión en el sector industrial y construcción, sin embargo, en particular la que se ha seguido viendo en los últimos meses de mayo, junio y julio, no tiene nada que ver ni con el Niño costero ni con las justificadas protestas sociales a las que Dina Balearte y Alberto Matárola respondieron con 60 compatriotas asesinados meses atrás. Se debe a que el mercado interno está recesado, disminuido, ajustado, con una demanda interna reducida; en la respuesta que los propios empresarios dan al BCR en la encuesta que hace mensualmente, ellos indican que su nivel de demanda respecto a lo esperado esta en negativo hace varios meses y ha caído entre mayo y julio; de todos los indicadores que recoge el BCR este es el que más se correlaciona con el PBI. ¿Debiera llamar la atención que, cuando la inflación ha reducido sustancialmente los salarios reales sin que haya ninguna medida del gobierno para favorecer a los trabajadores si no todo lo contrario, esto haya pasado? No, claro que no; si se reducen los ingresos que sustentan las economías populares, estos hogares se ven obligados a reducir su consumo y, en consecuencia, las empresas venden menos – menos ropa, menos comida, menos casas, menos muebles. Enfrentados a menos demanda, los empresarios reducen su producción. A su vez, esto afecta el empleo; debiendo producir menos, las empresas despiden gente, reduce horas extras, no renuevan contratos, postergan inversiones. El proceso mediante el cual una caída en la demanda afecta la producción no es ningún misterio y está en todos los libros de macroeconomía básica.

ALTERNATIVAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO

En el corto plazo, cualquier alternativa macroeconómica pasa por reactivar la demanda. Se ha puesto mucho énfasis en la inversión privada y está bien, es indispensable motivar y mejorar las expectativas en ese sentido, pero hay que tener claro que un empresario constructor o industrial que ve su demanda caída, que tiene decenas de departamentos sin vender o cuyos almacenes están llenos de zapatos que no logra que salgan en el mercado porque la gente está misia, no tiene incentivo alguno en ponerse a ampliar su fábrica. Elevar de manera efectiva la inversión pública, mejorar en serio la salud pública para que la necesidad de enfrentar problemas urgentes no drene los bolsillos de las familias y tener una política laboral activa que mejore los sueldos y salarios, son las medidas clave en este sentido; y los costos que esto genera al presupuesto público deben ser cubiertos con una reforma tributaria y medidas para reducir la evasión de los grandes tramposos contra el fisco. Una vez más, como también fue el caso el 2021, darle un nuevo empujón al carro de la economía nacional es indispensable, de lo contrario, todas las promesas y frases de que “ahora sí ya el futuro económico es promisorio” no se harán realidad.

Considero esencial ponerle especial atención a los pequeños y medianos agricultores de la costa, sierra y selva. En un grupo en el cual los niveles de pobreza y vulnerabilidad son más altos. Logrando una mayor producción de alimentos básicos como arroz y papa se conseguirá que la inflación ben estos rubros clave no afecta tanto a los trabajadores urbanos. Es además un grupo que, justificadamente, se ha sentido particularmente agraviado y ha respondido con más fuerza ante este cogobierno Boluarte- Congreso (o quizás más precisamente Otárola – fujicerronismo), pero cuyo malestar responde a una exclusión histórica y que requiere, lo antes posible, un estado que responda ante sus problemas. Añado a esto que el cambio climático que vemos ahora, y el probable Fenómeno El Niño que se nos viene, los va a golpear nuevamente, y lo mejor es actuar desde ahora. Si desde hace décadas requieren, y no tienen, un apoyo en créditos y seguros accesibles, en mejores sistemas de comercialización y articulación con mercados urbanos, en promoción de nuevas tecnologías y en irrigaciones de mediano y pequeño tamaño y menor costo en las alturas y laderas de los andes, hoy la urgencia es mayor. El riesgo de una seria escasez hídrica ya lo tenemos encima, y hay opciones de captura de agua, de represas y canales mejorados, de riego tecnificado, que deben ponerse en marcha ahora y no cuando se agrave su empobrecimiento y se afecte el abastecimiento de las ciudades. Otros sectores, como la industria, los servicios, el turismo y la construcción, las pequeñas y medianas empresas en general, las cooperativas y asociaciones, también requieren una política promocional fuerte. Hoy que estamos en recesión, una política que promueva el empleo y apoye a las economías populares es más urgente que nunca.

El Perú es un país altamente desigual en múltiples dimensiones. La diferencia de ingresos promedio entre hombres y mujeres es de 26% y un afroperuano gana en promedio 500 soles mensuales menos. En ingresos, el coeficiente de Gini es cercano al 0.7 en las investigaciones Seminario, Cruz-Saco y Campos (2018) y de Alarco y colaboradores (2019). Aunque cifras recientes del ‘Informe sobre la Desigualdad Global 2022’ que nos ponen en el cuarto nivel más alto de desigualdad del mundo aún están siendo debatidas, no cabe duda que tenemos una desigualdad extremadamente grade: apenas dos personas concentran el 15% de toda la riqueza que hay en el país.

El estado hace muy pocos esfuerzos para reducir esta desigualdad. Un estudio de Lustig (2017) para 16 países latinoamericanos muestra que el estado, cobrando impuestos y aplicando su gasto social, apenas reduce el Gini en Perú en 4%, el de menor redistribución en toda Sudamérica. Argentina reduce su Gini en 18% y Brasil en 12%. La razón esencial para ello: el bajo gasto social en Perú, mucho menor al de sus vecinos regionales; en Europa y Estados Unidos el esfuerzo social del estado es sustancialmente mayor.

Una de las desigualdades más fuertes en el Perú está en su dimensión regional. La tasa de mortalidad infantil en Puno es 3.6 veces más alta que la de Lima. Según la encuesta IEP-Oxfam 2020 de percepción de desigualdades, la mayoría de peruanos considera muy graves las desigualdades ricos y pobres (72%), entre ciudades y zonas rurales (61%) y entre Lima y el resto del país (56%). La pobreza rural es 40% frente a 22% en las ciudades, menos de uno de cada tres colegios rurales tiene luz, agua y desagüe y el porcentaje de hogares rurales con una computadora (5%) es la sétima parte que las ciudades. Han faltado políticas articuladas y de largo plazo para el desarrollo económico rural, así como provisión de servicios básicos e inversión pública en infraestructura. La discriminación a los pueblos y culturas originarias sigue siendo muy fuerte.

Esta enorme desigualdad y lo poco que hace el estado para reducirlo, es un factor esencial para que la ciudadanía sea muy crítica de nuestra democracia. Apenas 11% de peruanos está “muy” o “más bien” “satisfecho con la democracia” según el Latinobarómetro 2018. Más del 85% de peruanos ha opinado consistentemente, desde inicios del milenio hasta el 2020 (último dato) que “se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio”. Somos el país latinoamericano donde mayor porcentaje cree que quien tiene más poder son las grandes empresas (55%) antes que el estado. No es sólo un problema del Poder Ejecutivo; apenas 16% tiene “mucha” o “algo” de confianza en el Poder Judicial y la confianza en el Congreso es de apenas 8%, el porcentaje más bajo de los 18 países encuestados de la región.

Si la enorme mayoría de peruanos cree que el gobierno actúa para beneficio de grupos poderosos y tiene poquísima confianza en él, no debiera extrañar que existan resistencias y protestas airadas en determinados momentos, así como informalidad e ilegalidad en la economía. Adolfo Figueroa, gran estudioso de la realidad peruana, propuso una teoría al respecto.  “Usualmente se escucha decir ´en el Perú necesitamos un gobierno fuerte que ponga orden’. Pero, ¿por qué hay desorden? (…) la desigualdad marcada está a la base de ese desorden social.” (1995).

“En una crisis distributiva (…) las masas considerarían que la distribución del ingreso es injusta y se rebelarían contra el orden social. También se incrementarían las prácticas del ingreso no contractual, es decir, la corrupción. (…)”. Por eso, Figueroa concluyó que “Sociedades con un alto grado de desigualdad serán sociedades inestables y, por ello, autoritarias; sólo así se podría hacer funcionar la sociedad. La democracia será, en esos casos, muy frágil”.

Desde luego, hay consideraciones políticas, referidas a la normatividad y condiciones legales de los partidos, la representación y la participación ciudadana, así como recorridos históricos, que son de gran importancia. Pero un análisis social que mire el largo plazo de nuestra historia y las estructuras económicas y sociales, indica que para poder tener una democracia sólida necesitamos construir una república con iguales derechos civiles y políticos, económicos y sociales y culturales, que realmente sean gozados por todos y todas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.

Alarco, G., Castillo, C y Leiva,F (2019). Riqueza y desigualdad en Perú – visión panorámica. Oxfam. Lima.

Cruz Saco, M. A., Seminario, B. & Campos, C. (2018). Desigualdad (re)considerada. Journal of Economics, Finance and International Business. 2(1), 12-52.

Figueroa, A (1995). Desigualdad y democracia. En El Perú frente al siglo XXI, G. Portocarrero y M. Valcárcel editores, pp. 53 a 76, Fondo editorial PUCP. Lima

Instituto de Estudios Peruanos – Oxfam (2022). I Encuesta nacional de percepción de desigualdades 2022. Lima.

Lustig, N (2017) . El impacto del sistema tributario y el gasto social en la distribución del ingreso y la pobreza en América Latina. Una aplicación del marco metodológico del proyecto Compromiso con la Equidad (CEQ). El Trimestre Económico, vol. LXXXIV (3), núm. 335, julio-septiembre de 2017, pp. 493-568

PUBLICADO POR IDEHPUCP – https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/desigualdad-y-democracia/

Queremos Paz, Democracia y Justicia. No más violencia y muerte, represión y dictadura, orientadas a sostener tanta injusticia unas décadas más. Queremos paz pero no la de los cementerios, señora Dina Boluarte, general Williams Zapata. En lo inmediato, hay que reemplazar la represión y la muerte, por escuchar al pueblo y permitirle que tome las decisiones que le corresponden con elecciones adelantadas y nuevo gobierno el 2023. Pero lo urgente no debe hacernos olvidar los problemas de fondo.

Les escribe un economista que busca entender nuestra sociedad, siendo consciente que es absolutamente insuficiente hacerlo solamente con el lente económico. Hoy se ve muy claro que pensar al Perú solamente desde la economía, sería mantener una ceguera que nos dirige al desbarrancadero. Hay colegas que insisten en pensar al país y proponer alternativas como si la economía no influyera en el malestar social y la política. Su postura en ese sentido es: “sólo importa el crecimiento y lo que necesita la economía peruana hoy es que los políticos arreglen la política”; incluso para alguno, “que la policía y las fuerzas armadas detengan la protesta como sea para que la economía vuelva a funcionar bien como antes”. Tremendo error y tremenda lavada de manos, como si la política económica no fuera una causa principal de la enorme desigualdad que molesta al pueblo peruano. Es la misma mirada de creer que la reforma agraria de Velasco estuvo mal porque hizo daño a la economía, una visión muy sesgada de una reforma que fue sobre todo política y social, una reivindicación del “indio” y una cancelación de la republica oligárquica.

No es sólo por una seguidilla de pésimas decisiones políticas que hemos vivido la desgracia de tantas muertes las semanas pasadas y de la terrible situación actual, aunque ellas tienen su gran cuota de responsabilidad. Estudiemos nuestra historia; que la gran necesidad de atender lo inmediato no nos impida miradas profundas de los acontecimientos políticos y sociales.

EL ANTERIOR CICLO DE PROTESTAS Y VIOLENCIA

Repasemos nuestra década de 1960s. El PBI peruano había registrado un gran crecimiento económico durante la década anterior gracias a que un nuevo Código de Minería había impulsado fuertemente esta actividad y entró en funcionamiento la primera gran mina de cobre de tajo abierto: Toquepala. Desde 1959, era premier y ministro de economía Pedro Beltrán, dueño de uno de los dos principales medios de comunicación entonces existentes (“La Prensa”), un ultra-liberal defensor de la oligarquía. Viendo apenas la macroeconomía y los intereses de los “Dueños del Perú”, se podría pensar que todo iba de maravillas.

Pero el descontento social reprimido por años empezaba a salir con fuerza. Habían pasado tres décadas desde que movimientos revolucionarios de los mineros del centro en 1930, y luego de Trujillo en 1932, fueron aplastados. La dictadura odriísta entre 1948 y 1956 había reprimido ferozmente, con torturas y ejecuciones extrajudiciales. Pero en 1960 se levanta un masivo movimiento universitario reclamando reformas como la del tercio estudiantil, que finalmente consiguen. Por otro lado, se inicia una oleada de movimientos campesinos en el centro andino y dos años después también en el sur. Belaunde gana las elecciones en 1963 pero luego no hace los grandes cambios prometidos. Pequeñas guerrillas surgieron, siendo rápidamente derrotadas. El ejército, sin embargo, veía que las condiciones de conflicto interno crecían. La década de los 60 termina con el golpe de Velasco da un golpe y la reforma agraria.

En la sierra sur la reforma agraria demoró varios años y llegó el golpe de Morales Bermúdez nuevamente a reprimir y matar, creándose así las condiciones sociales para que Sendero Luminoso pueda crecer. Siguieron por eso desde1980 doce años de terror y sesenta mil muertos, con masivas violaciones de derechos humanos por parte de los partidarios del sanguinario Abimael Guzmán pero también de parte de nuestras fuerzas armadas, algo espantoso. Pero como ha dicho el historiador Antonio Zapata “sin la Reforma Agraria, Sendero Luminoso hubiese sido más fuerte”; para Hugo Neira “si Velasco no hace la Reforma Agraria, ganaba la guerra Sendero Luminoso”.

Este ciclo de violencia se repite en el Perú cada cierto tiempo. Sangrientos enfrentamientos internos han regresado una y otra vez. Luego siguen periodos de paz interna, que en ese momento pueden parecer definitivos, pero que no lo ha sido. ¿Dentro de treinta años, como veremos este 2022? ¿Se parecerá a 1962 o a 1982, o quizás a 1932 o a 1948? ¿Será que podremos romper este círculo de destrucción, que como en el mito de Sísifo nos hace volver siempre atrás?

¿PORQUÉ AHORA? TRES NARRATIVAS

Primero tenemos que entender por qué pasa lo que pasa. La semana pasada recordaba una razón básica de la fuerte protesta: la tremenda desigualdad interna, el racismo y la discriminación. Nunca debemos perder de vista esta realidad. Sin embargo, la pregunta que queda flotando y que no ha faltado un crítico que la levante, es ¿si siempre hay desigualdad, por qué es ahora que tenemos tanta violencia y muerte, y no hace uno, cinco o diez años? Acá, hurgando más allá a los análisis de coyuntura política, tres narrativas posibles de los procesos sociales.

Uno: “La gota que rebalsa el vaso”. Muchas gotas entran en el vaso, hasta que una gota, que incluso puede ser de otro color u otra consistencia, hace que el vaso se rebalse. ¿Porque los cientos de gotas anteriores no produjeron ese efecto? Todos sabemos la respuesta: porque recién se llegó al tope. En palabras de Micaela Bastidas: “Ya no tengo paciencia para aguantar todo esto”. A muchos nos ha pasado en determinadas situaciones en nuestras vidas. En la sociedad peruana las injusticias son como las gotas que llenan un vaso, que se van acumulando hasta que se desbordan en una ola de protestas.

Dos: “El túnel sin vista de salida”. Imagínense que estamos avanzando en una carretera de dos carriles, hasta que entramos en un túnel del que no se ve la salida. En ese momento todo el tránsito se para, un fastidio. Luego el carril del costado empieza a avanzar y nos esperanzamos en que pronto seguiremos nosotros. Pero pasa el tiempo y seguimos parados. ¿Por qué los demás progresan y nosotros no? Esto nos molesta, peor si muchas veces antes hemos sido dejados atrás. Eso es lo que podría estar pasando en el Perú; millones vieron a los demás mejorar mientras ellos permanecían frenados atrás. En una de las mejores canciones de Los Prisioneros: “Había tanto sol sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras”.

Tres: “La procesión va por dentro”. Luego de cada ciclo de relativa paz, viene un periodo de protestas a las que se responde con represión. Se abre un tiempo de violencia interna, hasta que finalmente la muerte y la represión frenan las protestas. Miedo, miedo y miedo son “las tres razones del oidor” en una de las tradiciones de Ricardo Palma. Pero eso no acaba con el sentimiento de injusticia, al revés. La cólera se guarda, mayor todavía porque mataron y encarcelaron a los que reclamaban a tu lado, a tus hermanos, y saldrá más adelante, de una u otra manera.

Tenemos que cortar estos círculos viciosos, históricos, de injusticia y violencia. Necesitamos un camino democrático de eliminación de desigualdades, racismo y discriminación; porque la Paz es hija de la Justicia.

Indispensable empezar por un rechazo total, ético y político, tanto al golpe como a las acciones antidemocráticas del congreso, a las demasiadas muertes producidas incluyendo ¡un niño de quince años impactado por proyectil de la policía! y a las acciones de turbas de quema de locales y grupos realizando acciones de robo y saqueo. Lo que vemos en el día a día nos impacta y conmueve, llevándonos rápidamente a posturas diversas y muchas veces enfrentadas. Eso hace urgente trabajar en una reflexión profunda para acercarnos a entender lo que está pasando e iniciar un diálogo abierto sobre el futuro del Perú. Necesitamos interpretar la realidad para poder transformarla en un sentido positivo. Aunque esta situación por la que vivimos es en muchos sentidos única, también tiene antecedentes nítidos en nuestra historia y pensadores importantes han buscado entender sus raíces profundas.

ALGO DE HISTORIA

Nadie debiera sorprenderse de estallidos de violencia rebelde en las regiones peruanas, sobre todo andinas. Túpac Amaru II es la referencia obligada, pero la historia que nos enseñaron en el colegio la coloca como la última rebelión campesina, acaecida en el periodo colonial. Pero la República no trató a los indígenas como ciudadanos y, aunque ninguna de la magnitud de la encabezada por Túpac Amaru II, hubo muchas más rebeliones. Sólo refiero algunas pocas, de las más importantes. En 1867 la rebelión de Juan Bustamante en las provincias de Puno: había sido diputado, su programa era liberal y quiso lograr mediante una constitución que los campesinos no siguieran bajo el yugo de los gamonales y estuvieran bajo la ley común. No logró cambios reales, terminó de manera no planificada encabezando una rebelión campesina que tomó la ciudad de Puno, siendo fue finalmente derrotada con cientos de muertos. En 1885 la ciudad de Huaraz fue sacudida por la rebelión de Atusparia y Pedro Cochachín o “Uchcu Pedro”. Dominaron todo el callejón de Huaylas por varios meses. Finalmente fueron derrotados por un ejército. El 1915 la rebelión de Rumi Maqui (“Mano de piedra”) en Huancané y Azángaro, Puno, termina con 300 muertos. La toma de Trujillo en 1932, en la que tiene un rol directivo el partido aprista (en ese entonces revolucionario), se produce teniendo como base fundamental a los cañeros de las haciendo Laredo junto a algunos estudiantes. Entre 1959 y 1963 hay grandes movimientos campesinos violentos en Pasco por recuperación de tierras, retratados famosamente en “Redoble por Rancas” y otras novelas de Manuel Scorza. En 1962 se da el levantamiento de La Convención, acompañado por Hugo Blanco, que pasa de una protesta sindical a formas crecientemente violentas, frente al cual se dan las primeras medidas de reforma agraria.  En 1969, la lucha de Huanta por la gratuidad de la enseñanza recordada en la canción “Flor de Retama”. En 1974, un movimiento de tomas de tierras remueve la provincia de Andahuaylas porque la reforma agraria aún no llegaba allá.

Eran otros tiempos, sociedades mucho más rurales, haciendas dominantes, exclusión política total de los indígenas por ser analfabetos, poderes locales que imponían servidumbre. Pero todavía en 1987, comunidades campesinas de Puno toman un millón de hectáreas de tierras; cuando ya el Perú estaba convulsionado por Sendero Luminoso, sus acciones terroristas y el conflicto armado interno, este movimiento frenó el avance de Sendero como retrata bien José Luis Rénique en su libro “La batalla por Puno”.

ADOLFO FIGUEROA

Habiendo muchas e importantes miradas de los porqués de la protesta social, recuerdo acá a Adolfo Figueroa, un destacado economista recientemente fallecido por quien tenía especial afecto. Nació y estudió en un colegio en los andes ancashinos pero obtuvo un doctorado en Estados Unidos y escribió libros y artículos de especial relevancia para países como el nuestro. Extraigo acá frases de un texto suyo titulado “Desigualdad y Democracia”, escrito en la forma de una teoría general, pero que sin duda fueron escritos en base a su experiencia y lectura del Perú, y que treinta y tantos años después puede servirnos para entender lo que pasa en el Perú de hoy.

Empiezo reproduciendo una frase que me parece retoma vigencia en esta coyuntura: “Usualmente se escucha decir “en el Perú necesitamos un gobierno fuerte que ponga orden”. Pero, ¿por qué hay desorden? La teoría propuesta aquí predice que la desigualdad marcada está a la base de ese desorden social. Sociedades con un alto grado de desigualdad serán sociedades inestables y, por ello, autoritarias; sólo así se podría hacer funcionar la sociedad. La democracia será, en esos casos, muy frágil”.

¿Qué teoría propuso Adolfo Figueroa? “Limite de la tolerancia y crisis distributiva (..) Los individuos tienen umbrales de tolerancia a la pauperización absoluta y relativa, pasado los cuales los individuos reaccionan, es decir, se rebelan ante la “injusticia.”

“Ante cambios cuantitativos importantes en la distribución del ingreso se producirían cambios cualitativos también importantes en el funcionamiento de la sociedad. (Cambios que no serían precisamente de progreso social). (…) ¿Qué tipo de crisis es la crisis distributiva? Una crisis distributiva implicaría que las reglas institucionales, bajo las cuales opera la economía, serían cuestionadas, en particular la del derecho de propiedad. Las masas considerarían que la distribución del ingreso es injusta y se rebelarían contra el orden social. También se incrementarían las prácticas del ingreso no contractual, es decir, la corrupción. (…) Se generaría así la violencia social. La violencia social haría que la sociedad no pudiera ser gobernada por métodos democráticos. Debido a su incapacidad para regular la distribución del ingreso, la clase política, y no la clase capitalista, sería responsabilizada de la crisis distributiva y del caos, y perdería legitimidad. El autoritarismo sustituiría a la democracia. El contrato social se debilitaría. “

“Debido al mayor grado de incertidumbre que genera la crisis distributiva, las inversiones privadas disminuirían. Según las teorías más aceptadas, la lógica del inversionista, aquél que gasta en aquellos factores que dan lugar al crecimiento de la economía (capital físico, capital humano y tecnología), es evitar riesgos que impliquen pérdidas que vayan más allá de su capacidad económica de absorberlas. Y con la inestabilidad social, aumentarían estos riesgos. El premio Nóbel de Economía de 1993 lo ha propuesto con claridad: “Institutions exist to reduce the uncertainties involved in human interaction” (North, 1990; p. 25.). Debido a la inestabilidad económica y política, las consecuencias futuras de una acción tomada hoy se hacen más inciertas. Como resultado, los agentes económicos reducirían su horizonte económico. Luego, el nivel de la inversión tendería a caer. La estructura de la inversión también cambiaría: los capitalistas locales llevarían sus capitales fuera del país, acelerando la fuga de capitales, mientras que los inversionistas extranjeros, con mayor capacidad para absorber pérdidas, estarían dispuestos a invertir, pero sólo en sectores de alta rentabilidad esperada (sectores primarios y financiero). Así, la economía perdería en términos de crecimiento económico. “

¿Estamos ya en una “crisis distributiva” similar a la teorizada por Figueroa? Esperemos que no. Pero encuentro que algunas de las causas profundas de la situación actual y de los riesgos que conlleva, están bien descritos en esos párrafos. La situación actual, sin embargo, creo que es más compleja y requiere analizarla con más elementos sobre la mesa. En un próximo artículo hablaré sobre como los cambios tecnológicos, económicos y sociales de las últimas décadas pueden también ayudarnos a entender lo que está pasando.

Nuestro rechazo frontal a acciones antidemocráticas, de violencia y muerte no debe impedirnos pensar el por qué se producen éstas. Al revés. Si queremos cambiar el mundo y el Perú para mejor, es indispensable ampliar nuestro entendimiento lo más posible. Habiendo responsabilidades individuales, hay dinámicas sociales, sistemas políticos y económicos que transformar, y para ello, necesitamos entender.

Cuando se ataca a la democracia, no debemos dudar un instante en su defensa. Hoy Pedro Castillo está detenido, como corresponde tras su intento de autogolpe. El mensaje golpista de Castillo nos hizo recordar el del 5 de abril de 1992 de Alberto Fujimori y la larga dictadura que luego sufrimos.  El golpe felizmente fue extraordinariamente torpe, ratificando que nadie hizo más por su vacancia que el mismo Castillo, y eso que compite por ese primer puesto con una derecha abiertamente golpista desde el primer momento.

Ha asumido el poder la vicepresidenta Dina Boluarte, como indica la Constitución, y es la primera mujer presidenta en la historia del Perú, avances que deben saludarse. Su respuesta rápida a la situación difícil que atraviesa el país es muy importante para nuestro futuro y para la gobernabilidad democrática, así que resumamos los retos económicos centrales que debe afrontar.

El alza de precios ha afectado duramente a los sectores populares. Si bien la inflación es responsabilidad del Banco Central de Reserva, el gobierno debe dar una respuesta de apoyo a quienes sufren necesidad, tomar medidas para sostener los salarios y ampliar los programas de empleo. El hambre se ha incrementado y para ello los programas sociales y el apoyo a las ollas comunes deben ampliarse. Del mismo modo, la atención de salud tiene que asegurarse sea realmente gratuita y de amplia cobertura. No se puede continuar con un neoliberalismo indiferente al sufrimiento popular.

El sector agrario, en especial los campesinos de la sierra, están atravesando una situación muy difícil por la sequía. Eso se suma al alza de los fertilizantes y no solo afecta a los hogares rurales, sino amenaza con nuevas alzas de precios que agraven la pobreza y hambre urbanas.

Debido a que el BCR ha subido fuertemente las tasas de interés, un sector particularmente afectado es el de las micro y pequeñas empresas, que requiere crédito abundante y barato. Otros programas, como los de compras a pymes, en especial dentro de los diversos programas sociales y públicos del estado, puede impulsarse mucho más. Además, la destrucción de nuestra industria de confecciones por las importaciones asiáticas debe detenerse de inmediato.

Este conjunto de medidas para atender problemas críticos debe enmarcarse en una política macroeconómica de reactivación de la producción y el empleo. El alza de tasas de interés del BCR, que apunta a contener la inflación, trae consigo inevitablemente el retraer la inversión y el consumo, y de esa manera frena el crecimiento. La forma para al mismo tiempo controlar la inflación y mantener el crecimiento en el Perú es con una política fiscal activa que levante la inversión pública, generando así empleos directos en la construcción y además un fuerte efecto multiplicador positivo. Pensando en la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, ese esfuerzo debe ir de la mano de una reforma tributaria para que haya ingresos fiscales suficientes.

Dentro de esta política de reactivación, no puede obviarse la urgencia de resolver los diversos conflictos sociales que afectan la producción minera y petrolera. No podemos darlos el lujo de perder fuertes montos de exportaciones y recaudación fiscal en esta coyuntura; por el contrario, hay que garantizar esas operaciones.

¿ACABÓ LA INGOBERNABILIDAD?

Castillo abandonó en pocos meses las grandes promesas de cambios profundos que hizo durante la campaña y los indicios de corrupción en su entorno cercano fueron creciendo a partir de fines de noviembre del 2021. Luego, Castillo optó por reemplazar a la premier Mirtha Vásquez y al ministro Avelino Guillén, símbolo de la lucha anticorrupción, para poner a alguien que consideraba allegado como ministro del interior. Ese cambio era una señal fuerte de que Pedro Castillo dejaba de lado una actuación transparente y colaboradora de las investigaciones, para optar por obstaculizar la justicia, como cada vez más personajes que colaboraron en ese intento hoy lo testifican. Fue entonces que decidí renunciar al ministerio de economía y finanzas, a pesar del éxito al aprobar el presupuesto por consenso, abrir la negociación colectiva en el sector público, avanzar en el pago de pensiones a quienes han aportado 10 años, pagar deudas a los maestros y poner recursos para atender a quienes sufren por la contaminación con metales pesados. Los meses siguientes fueron de un desgobierno creciente que vivimos con desasosiego y pesar.

Se abre ahora una nueva etapa. La Constitución indica que Dina Boluarte debiera gobernar hasta el 28 de julio del 2026. Pero encuestas de opinión han persistentemente señalado que menos de 5 por ciento de ciudadanos favorecía una presidencia de Boluarte y más de 85 por ciento prefería elecciones adelantadas que incluyan la presidencia y un nuevo Congreso.

La crisis es de tal magnitud que para lograr un gobierno estable resulta indispensable que la ciudadanía sea nuevamente consultada. Además, es claro que las reglas políticas y electorales favorecen un alto nivel de corrupción en la política, el gobierno y el congreso, y que el arreglo de balance de poderes establecido en la Constitución favorece la inestabilidad, así que necesitamos arreglos de mayor envergadura que un cambio de timonel, aún si este fuera electo por votación en las urnas. Ha terminado el gobierno de Castillo pero no la crisis de gobernabilidad que vive el Perú.

“Monse” es como decimos en Perú a lo tonto o estúpido. Pero tiene un tono especial, añadido, de una acción inconducente sin perspectivas de éxito. Así ha sido el anuncio del ex-presidente Pedro Castillo el día de hoy de cerrar el congreso. No obtuvo ningún respaldo, sus ministros fueron renunciando uno tras otro, su abogado también, no sabemos exactamente en qué momento lo hizo su primera ministra. No controló la televisión del estado, ni la policía ni las fuerzas armadas. Terminó intentando huir y siendo llevado por los mismos policías que dirigían su vehículo, a un centro de detención.

El anuncio de Castillo nos hizo recordar a los peruanos el autogolpe de Fujimori el 5 de abril de 1992. Seguramente por eso, entre otras razones, su aislamiento fue tan grande: a los peruanos nos costó mucho recuperar la democracia y tuvimos que esperar hasta el año 2000, luego de que Fujimori fuera re-re-reelecto, para lograrlo.

Desde el inicio de su gobierno Castillo, electo tras una plataforma de cambio cercana a las izquierdas, enfrentó una oposición frontal y antidemocrática de quienes desde la derecha perdieron las elecciones. Clamaron fraude y llamaron a vacarlo desde antes que juramentara. Lograron controlar el Congreso y desde ahí no cesaron en atacarlo sin cesar mientras ellos mismos aprobaban leyes populistas y negociaban intereses. Apenas 10 por ciento de peruanos respalda actualmente al Congreso, según las encuestas de opinión.

La oposición del Congreso, los medios de comunicación masivos y la élite empresarial blanca hicieron que la situación nunca le fuera fácil a Castillo. Pero Castillo hizo un pésimo gobierno. Con fuertes acusaciones de corrupción hacia su entorno inmediato e incluso contra él, decidió enfrentarlas buscando obstaculizar la justicia antes que actuar de manera transparente y apoyando las investigaciones abiertas, ampliando así las sospechas sobre su participación en enriquecimiento ilícito. Los indicios al respecto se fueron acumulando entre noviembre 2021 y enero 2022, y cuando Castillo optó por reemplazar a la premier Mirtha Vásquez y al ministro Avelino Guillén, símbolo de la lucha anticorrupción, yo que venía ejerciendo como ministro de economía decidí renunciar también.

Castillo, además, dejó en el camino las grandes promesas de cambios profundos que hizo durante la campaña.  La propuesta que hicimos de una reforma tributaria similar a la aprobada recientemente en Colombia, no recibió su apoyo y fue rechazada por el Congreso. La llamada “Segunda reforma agraria” naufragó en medio de una escasez y carestía de fertilizantes frente a la cual las respuestas del gobierno fracasaron reiteradamente. La masificación del gas natural que poseemos salió de la agenda del gobierno. Luego de una vacunación muy exitosa, cuando era una gran oportunidad de una reforma de salud que apuntara al acceso universal en base a atención primaria, se canjeó ese ministerio por unos cuantos votos congresales. Los conflictos sociales, la tala ilegal, la inseguridad ciudadana, no fueron enfrentados con estrategia. En la educación, tan necesitada de un relanzamiento post- pandemia, se priorizó el clientelismo con los grupos de maestros allegados al presidente.

El gobierno Castillo ha estado caracterizado por una rotación de ministros tan alta, negociando cargos por votos y con tan poca capacidad de promover eficiencia, que la gestión pública ha sido muy mala. En los últimos meses, sin embargo, había logrado que su popularidad fuera recuperándose, en base a una campaña identitaria, paseándose por las regiones y pueblos del Perú con el mensaje de que él era como ellos, los excluidos de siempre, y que por eso los que siempre habían dominado al Perú no lo dejaban gobernar. Logró aumentar su popularidad en 6 puntos, sobrepasando el 30 por ciento, que no es bajo si se compara con anteriores gobiernos tras 15 meses de gestión. 

Con estas bases, enfrentaba una nueva moción de vacancia en el Congreso. Una nueva ofensiva de denuncias de corrupción en su contra salió a luz estos últimos días, como parte de esa campaña. A pesar de eso, no había ninguna seguridad de que fuera vacado y varios analistas indicaban que el Congreso no lograría los 87 votos (dos tercios del total de congresistas) para lograrlo. Es en estas circunstancias, el mismo día que debía darse ese voto, que Castillo hace su mensaje a la nación de lo que no puede considerarse sino un intento de autogolpe monse. No de disparó a los pies, se disparó – políticamente – al pecho. Hoy está, justamente, vacado y detenido.

¿Qué viene? Ha asumido el poder la vicepresidenta Dina Boluarte, como indica la Constitución. Es la primera mujer presidenta en la historia del Perú, algo que de por si es un avance a pesar de las circunstancias. La Constitución indica que ella debiera gobernar hasta el 28 de julio del 2026. Pero la situación no es fácil; Castillo a pesar de los severos cuestionamientos en su contra contaba con 30 por ciento de respaldo ciudadano, encuestas de opinión recientes indican que ante una salida de Castillo menos de 5 por ciento de ciudadanos favorece una presidencia de Boluarte y más de 85 por ciento quieren elecciones adelantadas que incluyan también la elección de un nuevo Congreso. La crisis es de tal magnitud que para lograr un gobierno estable parece indispensable que la ciudadanía sea nuevamente consultada.

El problema es que esa opción requiere una reforma constitucional, que debe ser aprobada por el propio congreso por 87 votos en dos oportunidades, o ser aprobada por mayoría simple en el congreso y someterse a referéndum. Es dudoso que el Congreso actual quiera irse anticipadamente, y menos bajo la actual regla que impide la reelección de congresistas. Ha terminado el gobierno de Castillo pero no la crisis de gobernabilidad que vive el Perú.

Aplauso y sana envidia: Colombia ya tiene una reforma tributaria progresista. Se calcula que con ella obtendrán 1.3 por ciento del PBI anuales, que acá en el Perú equivaldrían a unos 12 mil millones de soles, para con eso mejorar salud y educación e iniciar su reforma agraria. Parte también irá a la sostenibilidad de sus cuentas fiscales, ya que su deuda y déficit público están bastante altos, muy por encima de los peruanos. Nuestros congresistas que insisten, yendo contra la Constitución, en añadir gastos al presupuesto sin ingresos de respaldo, podrían aprender bastante de la experiencia.

Parabienes para el presidente Gustavo Petro, quien logró una amplia mayoría congresal que incluyó a varios grupos de la oposición. La semana pasada, hablando con el viceministro colombiano Gonzalo Hernández, él resaltó la lógica grande de la reforma: busca reducir la extrema desigualdad, cerrar las brechas sociales y de esa manera fortalecer la democracia.

QUE PAGUEN LAS EXTRACTIVAS CON SOBREGANANCIAS

La principal medida es un impuesto a las sobreganancias de quienes explotan carbón y petróleo. Los productores de petróleo serán gravados con un 5% extra cuando el precio del crudo fluctúe entre US$67 barril y US$75 barril, con 10% adicional si este oscila entre US$75 y US$82 y llegará a 15% más cuando el precio supere los US$ 82 (como lo ha estado casi todo este año). En total, según los cálculos de Ecopetrol, “se puede pensar que nuestra tasa impositiva efectiva ronda el 33-35% [antes de la reforma]. En un entorno de precios altos… la tasa impositiva efectiva será de 48-50%”.

Se puede hacer un paralelo con nuestra propuesta de reforma tributaria, sabiendo que mientras las principales exportaciones de Colombia son carbón y petróleo, las del Perú son cobre, oro y otros metales. En ambos casos, se quiere cobrar más por la extracción de nuestra riqueza natural, de la que hoy las grandes empresas sacan ingresos extraordinarios por los altos precios internacionales. En ambos casos, aplicando tasas mayores cuando los precios son altos pero sin elevarlas cuando los precios sean bajos, para de esa manera mantener competitividad. En ambos casos, la carga contributiva total máxima se aproxima al 50 por ciento sin rebasar esa cifra.

La reforma colombiana también aplica una sobretasa a los bancos. La tasa básica de impuesto a la renta para todas las empresas en Colombia es 5 puntos mayor a la del Perú, llegando al 35 por ciento. Con a reforma el sector financiero colombiano pagará 40 por ciento, comparado con 30 por ciento en Perú. Además, han establecido varios mecanismos para reducir la evasión, problema serio tanto allá como acá, incluyendo sanciones penales y nuevas estrategias para cobrar más rápido a los grandes deudores.

DUEÑOS DE GRANDES EMPRESAS Y FORTUNAS

La reforma tributaria colombiana tiene también medidas para los dueños de grandes empresas y fortunas. Similar a lo que planteamos nosotros, han considerado que quienes reciben dividendos por ser propietarios de empresas, que para los muy ricos pueden sumar millones anuales, estaban pagando muy poco. Allá han logrado que la tasa de impuestos sobre dividendos suba de 10 por ciento a 20 por ciento. En el Perú es apenas 5 por ciento, una de las más bajas de la región, y el Congreso se negó a subirla, para felicidad de algunos millonarios.  

El impuesto a la renta de las personas, que en Colombia suma las diversas rentas de capital, ahora tiene una tasa para las personas de muy altos ingresos que subió al 39 por ciento (en Chile es 40 por ciento mientras en Perú es 30 por ciento). Los ajustes a estos impuestos se hicieron en Colombia de tal manera que nadie con ingresos menores a 2 mil dólares mensuales se vea afectada.

Una medida importante de justicia tributaria aprobada ahora en Colombia es el impuesto a las grandes fortunas, como el que a nivel mundial propugna Thomas Piketty y en la campaña pasada propusimos con Verónika Mendoza, mientras Pedro Castillo rechazó. Fortunas colombianas superiores a medio millón de dólares pagarán 0,5 por ciento, desde un millón el 1 por ciento y por encima de 2 millones de dólares pagarán 1,5 por ciento anual.  Se suman así al número creciente de países que tienen este impuesto; de nuestros vecinos Argentina y Ecuador lo tienen hace varios años y en Chile es parte de la propuesta del presidente Boric hoy en discusión en su Congreso.

COMIDA CHATARRA E IMPUESTO AL CARBONO

Debido a que promueven la obesidad con severas consecuencias sobre la salud, muchos países están buscando frenar el consumo de comida chatarra. Una forma es poniéndole impuestos. En el Perú tenemos un impuesto a las gaseosas con tasas mayores a las que tienen más azúcar, pero no hay impuestos a otros alimentos ultraprocesados altos en grasas, sodio o azúcar, como se ha propuesto reiteradamente en resguardo de la salud pública. Logramos los octógonos informativos, pero nada más. En Colombia, ahora han establecido un impuesto no sólo a las gaseosas, sino también a carnes de hamburguesa, chocolates, cereales, salsas y pastelería. Por su posible impacto en los bolsillos populares quedaron fuera de este impuesto el pan, la leche, la miel y el salchichón.

Otra medida importante que han aprobado en Colombia es el impuesto al carbono, que es clave para enfrentar el cambio climático global, algo con lo que Gustavo Petro está muy comprometido. En la práctica funciona como un impuesto al consumo de los combustibles fósiles, muy similar al ISC peruano sobre gasolina y diésel. Pero allá es de espectro más amplio y las tasas están calculadas en función de cuanto carbono emite cada combustible, y en ese sentido es técnicamente mejor. Además, se ha abierto la puerta para que aquellas empresas que por distintos medios capturen esas emisiones de gases y logren ser “carbono neutrales” se les exoneraría del impuesto, lo que establece un buen incentivo para la reforestación y otros proyectos de captura de carbono o reducción de emisiones de gases.

MIENTRAS TANTO EN EL PERÚ

Mientras en Colombia se avanza, acá han aparecido serias amenazas a un sistema tributario más justo. La congresista Yarrow ha presentado un proyecto de ley para beneficiar a los especuladores de tierras urbanas e impedir que se les cobre impuestos por esas sobreganancias que obtienen, como establece la ley de desarrollo urbano aprobada hace un par de años. Decenas de otros proyectos rebajando impuestos están ahora en el congreso, como uno propuesto por la congresista Patricia Chirinos que podría terminar beneficiando a los casinos.

Al mismo tiempo, muchos congresistas en el debate presupuestal han planteado mayores recursos para obras en sus regiones, aumentos a trabajadores públicos y diversos otros fines. Pero el Congreso está impedido por la Constitución de tener iniciativa de gasto y es indispensable mantener el equilibrio y la sostenibilidad fiscal. Hay muchas necesidades de presupuesto bien justificadas; el año pasado sacamos apoyo presupuestal para personas con discapacidad, prevención y atención a contaminados por metales pesados, maestros, trabajadores de salud y pensionistas; este año una nueva iniciativa ciudadana exige presupuesto para resguardar la vida de los defensores ambientales. Requerimos más inversión pública en salud, educación, transportes e internet, y mayor apoyo a la agricultura y las pymes. La única forma de hacerlo de manera responsable, resguardando la salud macroeconómica, es que esos gastos tengan el respaldo de mayores ingresos fiscales. Dadas las enormes necesidades que tenemos, una reforma tributaria es indispensable para ello. En Colombia ya lo hicieron.

En la Ley de Presupuesto, la Comisión del Congreso incluyó varias demandas, eliminando la reserva de contingencia y sin respetar la Constitución. ¿Cómo se ha aprobado finalmente el Presupuesto 2023 superando este impasse?

100 millones para las ollas comunes – ahora salen del presupuesto de Qali Warma (DCT 65) recortando fondos de alimentación escolar.

50 millones para fonavistas – ahora salen del presupuesto de PCM, ¿pretenden recortar Reconstrucción con Cambios, atención a conflictos o qué? (DCT 66)

100 millones para el vaso de leche – ahora salen del presupuesto MIDIS (DCT 76), ¿recortarán Pension65, Foncodes, CunaMás?

Presupuesto para cáncer, atención a metales pesados – sale del presupuesto de Salud previamente establecido. No hay recursos adicionales. Apenas 195 mil soles en MINSA para atención a afectados por metales pesados (+ otros 6,6 millones en regiones).

Resumen: Las demandas sociales se trasladan sobre el Poder Ejecutivo en especial MIDIS y PCM, que tendrán que lidiar con esos sectores, ahora empoderados por ley del congreso.

Cuestión de Fondo: Sin reforma tributaria e ingresos tributarios mínimos, no hay solución a demandas sociales.