Encubiertos en propaganda defensora del “libre mercado”, poderosos grupos económico en el Perú han hecho negociazos en concesiones otorgadas a Alianzas Público- Privadas (APPs). Tremendos negociados de los que han sacado cientos de millones de Odebrecht, constructoras brasileñas y sus socias peruanas, pero también otros como LAP – la concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez. La ideología neoliberal sirve bien a la defensa de abultados negocios.

Para promover esta privatización de carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y demás infraestructuras mediante estas muy rentables y poco transparentes APPs, la derecha pro-Confiep desarrolla también otra movida política. Esta consiste en desde el MEF ahogar presupuestalmente a la inversión pública para luego sustentar que “el estado es muy ineficiente” y que “no hay más alternativa” que la privatización. Se trata en suma de lo que en terminología militar podemos llamar un “movimiento de pinzas”: mientras por un flanco se insiste en las grandes ventajas del “libre mercado”, por el otro se establecen las condiciones para desprestigiar la inversión pública y considerarla inviable.

LA OPINIÓN PÚBLICA NO IMPORTA

En este momento el desprestigio de algunas APPs es tremendo. El rechazo al aumento de los peajes en la “Línea Amarilla” y en “Rutas Nuevas de Lima”, la primera iniciada con la brasileña OAS y la segunda bajo propiedad mayoritaria de Odebrecht, es enorme. En el segundo caso, insisten en cobrar más en peajes (exceptuando el de Puente Piedra por las protestas pasadas) aunque no han hecho casi nada de inversión, como lo pueden atestiguar los miles de limeños que deben enfrentarse al caos que hay cotidianamente en varias partes de la autopista “Ramiro Prialé”. En varios de estos casos la corrupción es rampante y ha sido incluso reconocida por Odebrecht, pero increíblemente los contratos firmados con tremendas coimas no se modifican y los peajes suben igual. ¡Qué tal raza! Por cierto, no invierten todo lo que nos cobran: la empresa “Nuevas Rutas de Lima” aún parcialmente de propiedad de Odebrecht, ha reconocido que de los 971 millones de soles recaudados en los últimos cinco años, apenas ha invertido la mitad.

En el caso del aeropuerto Jorge Chávez ya en el 2002 la concesionaria  Lima Airport Partners (LAP)  se comprometió a que la segunda pista entre en operación el 2012, pero ha habido nada menos que 7 adendas al contrato, todas en favor de la trasnacional que tiene la concesión; la última de PPK posterga la pista 2 al 2024 y les otorga 10 años más de control del aeropuerto y sus ganancias, década durante la cual LAP seguirá cobrando más de 300 millones anuales aunque no haya hecho la inversión a la que estaban obligados por contrato. Mientras tanto, los peruanos somos los “paganos” que sufrimos la congestión del aeropuerto, rutas que no se abren por falta de espacio y miles de turistas que no vendrán.

A pesar del rechazo de la opinión pública, el MEF y los neoliberales siguen firmes en su defensa de las APPs y en su política de “destrabarlas” para “promover la inversión privada”, pidiéndole a gritos a Vizcarra que siga ese camino. Como si el escándalo del aeropuerto de Chinchero no estuviera salpicando a nuestro actual presidente, habiendo sido una APP con una trafa fue demasiado sinvergüenza apoyada por el mismo PPK y sus amigas íntimas. Como si Odebrecht no estuviera todavía cobrándonos en cada recibo de luz por su concesión sobrevaluada al doble (700 millones de dólares de más!) de la central hidroeléctrica Chaglla. Como si las trasnacionales no nos estuvieran cobrando 10 o 12 por ciento de intereses sin asco mientras el tesoro vende bonos al 5 por ciento anual. Con el MEF al mando, mantenemos una política neoliberal de APPs diseñada por Alan García y reforzada por PPK donde pasan proyectos por fuera de una planificación nacional mínima.

EL MANEJO PRESUPUESTAL

Dadas las condiciones de desprestigio de las APPs, la principal medida del neoliberalismo para promoverlas es mantener frenada la inversión pública. En efecto, más allá de los titulares engañosos, lo cierto es que el estado invertía entre 5.4 y 5.7 por ciento del PBI entre los años 2012-2014 y este año y el próximo solo invertirá 4.6 por ciento. Ese recorte de la inversión pública de 1 punto del PBI equivale a 7 mil millones de soles anuales de inversión, nada menos. Ojo que dedicar entre 5 y 6 por ciento de los ingresos nacionales a la inversión pública no es nada extraordinario; en los años 70s el estado invirtió 6.4 por ciento del PBI y durante el segundo belaundismo (1980 – 1985) la inversión pública alcanzó 9 por ciento del PBI, habiendo sido un gobierno al que nadie puede acusar de socialista ni nada parecido. El promedio de los países asiáticos de la ASEAN, que logran altos niveles de crecimiento económico, es de 6 por ciento del PBI de inversión pública durante este milenio.

Insisto: por ahí salen titulares de que la inversión del gobierno ha crecido mucho en octubre. Mentiras estadísticas, de esas que enmascaran la verdad: el INEI informa que en octubre el consumo de cemento apenas si creció 1 por ciento. Mientras tanto,  ni el BCR ni el INEI han publicado los datos del gasto público de octubre y las proyecciones oficiales indican una inversión pública que seguirá anémica este año y el próximo.

En unos meses seguramente nos dirán que el problema es el cambio de gobierno a nivel regional y municipal, que retrasa la inversión por la inexperiencia de los entrantes. Mientras tanto nos ocultarán que el MEF les mantendrá cerrado el caño presupuestal aunque bien podría abrírselo y de esa manera permitir que gobernadores regionales y alcaldes que tienen experiencia de gobierno, inviertan en mejorar pistas y obras que es algo que necesitamos a gritos. Decenas de gobernadores regionales y alcaldes electos, como Jorge Muñoz, tienen experiencia de gobierno previa, pero el Presupuesto 2019 presentado por el MEF de Carlos Oliva no les dará los fondos requeridos. ¿Por qué? Porque su política consiste en mantener las exoneraciones tributarias a la minería, el petróleo, la agroindustria, las universidades-negocio de medio pelo, los bancos y aseguradoras y hasta a las aceiteras y los aserraderos que deforestan nuestra selva. Sin cambiar eso el estado no tendrá más ingresos para aumentar su inversión. La otra opción, que es usar más del “chanchito fiscal” que tiene guardado (y que supera los 109 mil millones de soles) también está negada al insistir el MEF en la reducción inmediata del déficit fiscal.

En suma Carlos Oliva prefiere que los amigos y aportantes clandestinos a la campaña de Keiko que tienen grandes empresas en la agroindustria, la banca, la minería, el petróleo y las universidades-negocio mantengan los 16 mil millones de soles anuales de exoneraciones tributarias, a darle un empujón a la inversión pública. También mantienen en la SUNAT a Claudia Suárez, nombrada por el fujimorista Shiguiyama y abogada especializada en aconsejar a empresas trasnacionales sobre cómo pagar menos impuestos; habiendo siendo vicepresidenta del “comité de asuntos tributarios de la Sociedad de Minería” ella seguramente mantendrá la rapidísima devolución privilegiada de impuestos a este sector por 6 mil millones de soles anuales. Es la línea del continuismo Confiepista. En el fondo prefieren que la infraestructura pública esté en malas condiciones para así sustentar lo mala, negativa e inviable que es la intervención estatal y promover los negociazos de constructoras del “club” y financistas campeones del lobby. El que mientras tanto nos quedemos con una Carretera Central hecha trizas y una economía paralizada no les quita el sueño.

LA TERCERA PATA DE LA MESA

Así, la estrategia promotora de APPs truchas hace dos movimientos en pinzas: por un lado, la propaganda neoliberal que alaba los “mercados libres” (en realidad bajo dominio monopólico). Por otro lado, una política de ajuste fiscal que se trae abajo la infraestructura estatal y desprestigiar la inversión pública para sustentar que no hay alternativa a la privatización.

Han tenido además brazos políticos directos para promover sus negociados. Uno fue, sin duda, PPK, en sus varios puestos de gobierno. Otra ha sido Keiko, también defensora de las exoneraciones tributarias y otros privilegios multimillonarios a la agroindustria, la minería, el petróleo y las finanzas, grupos económicos de los que había recibido aportes a escondidas para su campaña. Con esa política, de paso ahoga las posibilidades de inversión pública, favoreciendo así las Alianzas Público-Privadas. Keiko también ha tenido lazos directos con Odebrecht quien le dió un millón 200 mil dólares tras haber antes recibido el voto a favor de Keko para su negociazo de la Interoceánica.

Hoy vemos de cerca estas movidas corruptas y Vizcarra ha mostrado decisión en tirarse abajo esta pata de la mesa corrupta de las APPs. Pero ojo al piojo: las políticas fundamentales que promueven estos negociados de las privatizaciones siguen en pie, así como el ajuste de la inversión pública. Eso también tiene que cambiar.