El gobierno todavía no empieza a entregar el Bono Universal Familiar pero los 30,000 millones de “Reactiva Perú” ya están en las bóvedas de los bancos y al toque aprobó darles otros 30,000 millones más. El Bono Universal, que según el presidente Vizcarra debe llegar a 6 millones 800 mil familias (ver para creer), costará 5 mil millones de soles. La banca recibe doce veces más.

Los 60,000 millones, legalmente un préstamo, son en realidad un gigantesco subsidio a la banca. Se dijo que era para las micro y pequeñas empresas, pero ni el 2 por ciento de “Reactiva Perú” va para ellas según los informes del BCR (quien desembolsa el dinero). Apenas una caja rural y una financiera han accedido a ese programa Reactiva Perú, y ninguna cooperativa de ahorro y crédito lo ha hecho, siendo las cooperativas rurales las únicas que destinan hasta el 40 % de sus fondos al agro.

La gran banca privada que se gana con este subsidio está concentrada en 4 bancos. Dos de ellos son de los principales conglomerados empresariales del país: el grupo Credicorp presidido por muchos años por Dionisio Romero S. y Dionisio Romero P. (papá e hijo), y el grupo Intercorp propiedad de Carlos Rodríguez Pastor, el mayor billonario peruano que controla el monopolio de las boticas y cuya acumulación es tal que apenas una décima parte de su riqueza alcanzaría para pagar los 760 soles de Bono a dos millones de familias peruanas. Estos junto a los otros dos grandes bancos, que son propiedad de las trasnacionales BBVA y Scotiabank, controlan el 80 por ciento de los depósitos y del crédito.

Estos bancos han hecho ganancias extraordinarias la última década, con rentabilidades del 20% anual, algo que los ahorristas no podríamos ni soñar que nos paguen (no dan ni 1% por nuestras cuentas de ahorros). Pero con el coronavirus y la cuarentena los bancos tenían un gran problema: muchísimos de los créditos que habían otorgado no iban a ser pagados, porque hay negocios cerrados, las ventas han caído y miles de personas sin empleo no tienen como pagar las hipotecas y tarjetas de crédito. Entonces recurrieron al expediente de siempre: hacer que ese estado, que siempre dicen es ineficiente y no debe meterse en la iniciativa privada, cargue con el bulto. Con esos 60,000 millones van a reemplazar créditos cuyo riesgo lo asumían los bancos, por otros préstamos ahora garantizados por el estado. De tal manera que todos esos malos riesgos que hasta marzo eran responsabilidad de los bancos, ahora los pagaremos todos los peruanos. Una vez más ese discurso de que los grandes capitalistas tienen grandes ganancias porque corren fuertes riesgos, se demuestra es pura propaganda ideológica, o si se quiere, fake news.

El asunto no termina ahí, porque la movida no consiste solo en salvar a los bancos de sus malas deudas. Ellos podrán seguir haciendo grandes ganancias, porque no se ha establecido ningún impuesto a las grandes fortunas ni se ha elevado la tasa del impuesto a la renta para las sobreganancias. Tanto Credicorp como Interbank, aunque en su origen son capitales peruanos, han establecido legalmente sus empresas en paraísos fiscales (Islas Bermudas y Panamá) con la única finalidad es evadir la fiscalización de la SUNAT. Por cierto, en varios países como Francia, Dinamarca y Polonia, se ha impedido que empresas basadas en paraísos fiscales obtengan apoyo del gobierno. Es que ya es el colmo: por un lado le sacan la vela al pago de impuestos, por el otro extienden la mano para pedirle subsidios al gobierno. De paso, como las cooperativas de ahorro y crédito, agrobanco, cajas y otras instituciones financieras estarán sin apoyo del gobierno, estos grandes bancos aprovecharán para aumentar su poder de mercado.

EL AGRO Y EL FUTURO

Junto a este costosísimo subsidio a bancos y grandes empresas, el gobierno anuncia su plan de “reactivación económica”, que consiste en permitir a las grandes empresas que aún no lo habían hecho, que retomen sus actividades. Según los anuncios del gobierno debieran hacerlo con medidas que aseguren la salud de sus trabajadores, pero ni el comportamiento anterior de grandes empresas mineras, comerciales e industriales, ni los decretos publicados garantizan para nada de eso.

Hay un problema mayor, sin embargo, que es la falta de una estrategia que incluya entre sus objetivos tanto el sostenimiento económico de las familias peruanas como la salud pública. Porque según el optimista anuncio de la ministra Alva, la primera fase de esta reactivación económica debiera traer consigo que opere el 70% de la economía y un millón cuatrocientos mil trabajadores regresen a trabajar. Parece mucho pero no lo es: nuestra población económicamente activa son 18 millones. Así que su propuesta es sólo para uno de cada 12 trabajadores, ni el 8 por ciento.

Esta propuesta del gobierno es como intentar volver al pasado: dejar que los grandes grupos financieros, minas y conglomerados comerciales hagan lo que quieran, marquen el rumbo y concentren las ganancias. La “pequeña” diferencia es que, además, les pasa 60,000 millones de subsidios.

Pero esta estrategia de liberalización extrema, que deja todas las decisiones a “la mano invisible del mercado” actuando cada empresario y cada trabajador-consumidor por su cuenta, ya no es posible: por ese camino lo que vendría es una explosión de epidemia, enfermedad y muerte.

Desde la derecha extrema y los propagandistas de la Confiep, acusan que la izquierda, los “rojos”, queremos meter una agenda reguladora y estatista por la ventana. No señor, queremos meterla por la puerta grande, porque hoy resulta evidente que un país dominado por grandes empresas que no se preocupan por sus trabajadores ni por el bien público, con millones de informales buscando como subsistir al costado, saldría de esta epidemia con decenas de miles de muertos. No es ya un asunto de ideología, es de realismo.

La fórmula de los neoliberales ante esa situación es mantener un estado pro-Confiep en lo económico pero intervencionista en la salud pública: que hayan millones de pruebas para luego dar seguimiento a miles de enfermos y decenas de miles de contactos. Algunos países asiáticos exitosos en la lucha contra esta epidemia así lo han hecho, pero eso es gracias a que tienen estados grandes, con fuerte sustento económico y con industrias potentes. China ahora se prepara a enfrentar una docena de nuevos casos en Wuhan con la aplicación de 11 millones de pruebas para toda la población de esa ciudad, lo que suena razonable si se tiene un estado y una industria con grandes capacidades; en nuestro país tres décadas de políticas orientadas a traerse abajo el estado, la industria y la salud pública nos impiden hacer algo así en el corto plazo.

Los países asiáticos pueden intentar regresar a su economía del pasado, con industrias exportadoras fuertes que generan empleo masivo y con una infraestructura envidiable fruto de años de fuerte inversión pública. Lo hacen con empresas y estado aplicando medidas sanitarias estrictas de cumplimiento generalizado. Nosotros ni tenemos esa industria ni tenemos esa capacidad estatal. ¿Cómo podríamos nosotros, con el coronavirus circulando, regresar a ese pasado nuestro de miles de ambulantes vendiendo en las calles, mercados abarrotados, empresas irresponsables, micros a reventar, hospitales en la miseria? 

Nuestra estrategia tiene que ser otra. Tenemos que empezar a construir una economía diferente en el corto plazo. El problema principal es que no podemos mantener todos esos 7 millones de informales circulando en las ciudades ni es posible generar en pocos meses esa cantidad de empleos formales en industrias bien organizadas y salubres. En esas circunstancias, los cientos de miles de peruanos que han decidido regresar a sus pueblos y comunidades tienen más visión estratégica que el todopoderoso ministerio de economía. Porque es en el campo donde pueden ubicarse con bajo riesgo, ya que hay más distancia física y la altura reduce de manera importante el contagio del coronavirus, y al mismo tiempo establecer una nueva base productiva. Deben, eso sí, trasladarse de manera responsable, con pruebas y cuarentena, lo que se ha venido logrando con el control de comunidades y rondas, alcaldes y gobiernos regionales. Muchos olvidan que, además, están haciendo un favor a la salud pública de las ciudades, ayudado a descongestionar mercados y combis.

Esta nueva estrategia económica implica dos cambios importantes. Por un lado, priorizar lo que conviene para el sostenimiento económico de las mayorías y para la salud pública: la agricultura, la salud y la educación. No es sólo cuestión de “dejar hacer” a los millonarios y poderosos, hay que dar oportunidades económicas masivamente. Para ello se requiere un estado que asuma otros roles y facilita, financie y promueve el crecimiento y desarrollo tecnológico de esos sectores que hoy deben pasar a ser prioritarios.

Un estado promotor del desarrollo económico ha sido importantísimo en el crecimiento de China en las últimas décadas, como antes lo fue de Corea del Sur, y antes, de Japón. La diferencia es que, en esas experiencias, en otro tiempo, la prioridad fue la industria, apoyada con créditos, tecnologías, políticas comerciales, infraestructura y servicios públicos. Hoy por hoy, desde nuestra economía realmente existente, y en el corto plazo que tenemos para empezar a dar oportunidades de sobrevivencia a millones, el estado debe promover con urgencia aquellos sectores donde puede haber mucho espacio para producir y vivir manteniendo las distancias físicas necesarias: el campo.