Cae el techo del Real Plaza Trujillo; colapsa el puente Chancay; Telefónica en semi-quiebra; congreso a punto de regalar 20 mil millones a los agroexportadores. Estos cuatro casos tienen una base común. Revisemos.
Una desgracia reciente en Trujillo con ocho fallecidos y decenas de heridos. Su propietario es Carlos Rodríguez- Pastor (”CRP”), el mayor billonario del Perú. También es dueño de Interbank, multada tras haber cargado a 260 mil clientes unos consumos de manera duplicada sin darles ninguna explicación. La multa es ínfima, no pequemos de optimistas. En el caso del Real Plaza Trujillo tras una fiscalización de la municipalidad provincial el congreso fujimorista aprobó una ley frenando esas acciones. Como se le escapó en una entrevista para este semanario a Carlos Neuhaus, el presidente del PPC, esa ley fue resultado de un lobby de los grandes empresarios que él dirigió. Luego de eso, la congresista Alejandra Tudela de la ultraderecha “libertaria” intentó que estos grandes centros comerciales solo fueran fiscalizados cada diez años. Terminemos esta revisión recordando que para apoyar la campaña de Keiko el 2011 CRP entregó 200 mil dólares. ¿Acciones aisladas o lobby continuado?
Poco antes se cayó un puente en Chancay causando tres muertos y muchos heridos. Responsables son las empresas Aenza (antes Graña y Montero GyM) y JJC (antes llamada JyJ Camet). Graña y Montero fue socia privilegiada de Odebrecht en varias de sus megaestafas en Perú y tras el escándalo cambió de nombre para camuflarse. Siguió en eso los pasos de JyJ Camet, ellos retiraron ese apellido de la razón social empresarial porque el fundador Jorge Camet fue ministro de Fujimori entre 1993 y 1997, tiempo en el cual multiplicó por cien sus contratos con el estado y regaló impuestos por cientos de millones a trasnacionales. Pero no pararon la corrupción. JJC está acusada por la fiscalía de ser parte del “club de la construcción”, un cartel de corruptos que se repartía las obras del estado entre 2011 y 2014, GyM ya reconoció que pagó coimazas en ese caso. Ambas forman una “alianza público-privada” que cobra millones de peajes en la única vía que va de Ancón a Huacho, Barranca y Pativilca pero, está a la vista, no hacen el mantenimiento mínimo necesario. Este gobierno no les ha dicho nada ni considera ponerles una multa o cortarles el contrato luego de tres muertos. Pensando en los antecedentes de estas empresas ¿sería locura imaginar que ha habido de lobby y corrupción?
Telefónica ha planteado un “proceso concursal”, extraño término que significa simplemente que no pagará sus deudas. En lenguaje popular: perromuerto. Salimos perdiendo los trabajadores que tenemos (obligados) dinero en las AFPs, que apoyadas por el fujimorismo retienen nuestros ahorros forzosos. Hay la friolera de 1,100 millones de soles de nosotros los trabajadores prestados a Telefónica, la mayor parte corresponde por la AFP Prima del grupo Romero, los mismos que le dieron 3 millones 700 mil dólares a Keiko en maletines llenos de billetes verdes. Telefónica ha sido bastante abusiva con el Perú: durante los años 1990s Fujimori le otorgó un monopolio y puso trabas a cualquier competencia, permitiéndole altas tarifas y enormes ganancias. Encima de eso Telefónica decidió no pagar los impuestos que le correspondían y cuando la SUNAT la pescó, optó por hacer juicios y alargarlos todo lo posible. Aún debe miles de millones al fisco. Al mismo tiempo, misma colonia, todos estos años se ha llevado plata nuestra a España. Fueron 122 millones el año pasado con dos argucias. Un pretexto es que pagaban por la gran atracción de su marca, cuando acá todos odiábamos sus abusos. El otro cuento es que los españoles daban excelente apoyo a la gestión empresarial, pero estando ahora casi e quiebra, es obvio que era un pretexto burdo. Mientras, gobierno y congreso calladitos.
Finalmente, los grandes agroexportadores, cuyo negocio va viento en popa, presionan para que este congreso les regale 1,900 millones anuales por una década. Mientras cualquier pequeño negocio paga 30% de impuesto a la renta ellos han pagado la mitad de eso por veinte años y quieren seguir así. Es la llamada Ley Chlimper, firmada por este multimillonario agroexportador cuando fue ministro de Fujimori favoreciéndose a él mismo. Años después José Chlimper estaría ayudando a elegir a Keiko con oscuras maniobras y moviendo maletines llenos de dinero. El actual ministro de agricultura, otro fujimorista, apoya esta ley que regalaría varios millones a su esposa que es terrateniente. Para empujar esa ley, el lobby agroexportador ha visitado a más de una treintena de congresistas. ¿Será que fueron con las manos vacías? El diario La República dice que el actual ministro de finanzas favorece esta ley, aunque un informe oficial del MEF firmado por su viceministro de hacienda indica que los beneficios se concentrarán en el 0,02% de grandes terratenientes que se llevarían el 92% del dinero. ¿Lo necesitan para prosperar? En absoluto: los megaterratenientes con ventas de más de 4 mil millones de soles anuales aumentaron el último año sus utilidades en 79%, acumulando 3,400 millones de ganancias el 2023, dice ese mismo informe del MEF. De aprobarse ese regalazo tributario se generaría un fuerte hueco fiscal adicional, mientras el ministro promete cumplir una fuerte reducción del déficit fiscal sin haber siquiera sugerido alguna medida con ese fin.
¿Qué tienen en común los cuatro casos? Está a la vista: que los grandes grupos empresariales son muy buenos y nada corruptos, en el Perú el mercantilismo no existe, lo mejor sería olvidarnos de cualquier regulación y privatizar todas las carreteras, hospitales y colegios, porque los conglomerados monopólicos son muy eficientes y responsables y el único problema de la economía peruana es que el estado es muy grande por lo que hay que reducirlo.
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