La empresa Galaga es la responsable directa del problema que hubo el pasado domingo en algunos locales de votación en Lima Sur. Contratada por la ONPE por más de seis millones de soles para distribuir el material electoral, no tenía ni los camiones ni los choferes necesarios, se pudieron a buscarlos a último momento e incluso dos días antes de la elección todavía estaba contratando choferes. Una irresponsabilidad total con claros indicios delictivos.

Los problemas causados por Galaga no significan que haya habido un fraude, pero si son un nuevo golpe a la democracia. Uno más que se añade a la corrupción, la inequidad y la inseguridad prevalecientes, a las sucesivas vacancias presidenciales por parte de congresos repudiados, y a las presiones, violencias y leguleyadas de Keiko y la ultraderecha para que se le diera por ganadora el 2021 cuando habían perdido la votación. Estos últimos años además se nos impuso un senado que habíamos rechazado más del 90 por ciento de la población, fueron encarcelados líderes políticos como Vizcarra, Castillo y Bermejo tras procesos irregulares o sin pruebas mientras a Keiko Fujimori y a PPK con contundentes evidencias de su corrupción se les dejó libres, y a Delia Espinoza y Víctor Zamora se les impidió votar. Tras el serio problema causado por la empresa Galaga, el Jurado Nacional de Elecciones cediendo a las presiones de López-Aliaga y sin presentar el sustento legal debido, abrió una nueva votación el lunes, algo que no se había dado en ninguna elección en el Perú. Se hizo aunque ya se habían difundido resultados, algo prohibido legalmente porque afecta la votación. A pesar de tener la cancha totalmente inclinada a favor de la ultraderecha, López-Aliaga quiere anular las elecciones, haciendo gala de una piconería muy violenta.

Quiero aportar analizando el problema suscitado mirando más allá de la coyuntura. La organización de las elecciones tiene valor estratégico para el país, pero al mismo tiempo es un proceso complejo que implica producir y trasladar material electoral hasta ochenta mil mesas en todo el país y hasta lugares distantes, en tiempos críticos. Como de costumbre, se contrató múltiples empresas privadas sin que se asegurara un respaldo que asegurara la logística, dejando abiertos muchos flancos a riesgos para la operación, sólo que ahora el riesgo se hizo realidad. Pero ojo, esa es también la forma como ha venido funcionando el estado peruano en todo su accionar las últimas tres décadas, desde las privatizaciones salvajes y el neoliberalismo impuestos por Fujimori.  Se ha dejado de lado la necesidad de que el estado peruano mantenga operativo un soporte logístico propio, indispensable porque cuando hay un desastre climático o un sismo, debemos hacer llegar abastecimientos y materiales críticos con urgencia. En el caso que hoy se ve muy lejano pero que nunca debe descartarse de una agresión externa, es básico tener medios propios de movilización. Pero en el transporte y la logística, como en otros sectores, las empresas privadas solo ven su propio negocio y no se preparan para enfrentar riesgos sistémicos ni poder responder de emergencia ante problemas urgentes. No es una falta de la empresa privada, simplemente no es su rol.

El mercado funciona para muchas cosas pero no es un buen organizador en el caso de urgencias ni considera completamente el valor en juego en los riesgos sistémicos. Por eso es necesario una visión estratégica más amplia desde el estado. Además, aunque la especialización es buena, mantener un sistema de transportes y logística operativo requiere hacerlo funcionar y no solo tenerlo en el papel; como cualquier vehículo que requiere ser prendido y circularlo cada cierto tiempo, un sistema logístico que no se usa regularmente es muy probable que falle cuando se le necesite. Nuestro estado debe tener sistemas logísticos propios y usarlos con cierta regularidad, como en el caso de las elecciones, pero también para muchos otros traslados que se requieren: vacunas, alimentación escolar, emergencias médicas, transporte a zonas alejadas y críticas, etcétera.

Eso no quiere decir que toda la logística de las funciones públicas ni de las elecciones deba ser provista por instituciones u empresas públicas. Pero si quiere decir, que al igual que con el gas cuyo abastecimiento se cortó hace unas semanas, hay que pensar estratégicamente en el riesgo de fallas, sean por errores humanos o ataques.  Atender esos riesgos demanda dos cosas. Una es que el estado debe tener su propia reserva de logística. Paradójicamente, aunque las fuerzas armadas, la policía y muchos organismos públicos tienen carros, camiones y choferes, hace años que no se considera que estos puedan hacer parte del transporte y ser una reserva crítica frente a un evento especial como son las elecciones. Otra es que deben avanzarse hacia contrataciones con empresas privadas de mediano y largo plazo, generando una relación más compleja pero que a su vez tiende a seleccionar empresas más serias y lograr mejoras continuas en el tiempo. Sin embargo, en el Perú, bajo una idea simplona de que “en el mercado todo funciona mejor”, se prefiere contratos a corto plazo, en los que hay mayor riesgo de falla y también más espacio para la corrupción. Mariana Mazzucatto, una economista de renombre que insiste en reorientar la economía con una mirada estratégica de valor social, hace poco ha propuesto nuevas estrategias para las compras públicas.

Avanzar hacia un estado más soberano, que reduzca riesgos y sostenga las actividades críticas para el país hoy es un consenso mundial. El nuevo escenario internacional lo resalta. En el Perú, insistir en privatizar todo en contratos cortoplacistas sin calidad, ha sido un problema en cuestiones tan básicas y simples como los desayunos escolares, que han ido de escándalo en escándalo de comida malograda y corrupción. Ya es tiempo de cambiar ese sentido común neoliberal que nos ha heredado el fujimorismo.