

El país está en crisis. Vamos por el octavo gobierno desde que Keiko logró mayoría en el congreso el 2016.. La corrupción y el crimen organizado crecen, beneficiados por leyes de este congreso que han dificultado investigaciones, detenciones y juicios. La economía puede ir bien para unos pocos, pero se mantiene alta la pobreza. La educación y la salud, que ya eran muy deficientes, han ido marcha atrás, mientras millonarias exoneraciones tributarias a favor de las grandes empresas han hecho un forado en las cuentas fiscales.
Una alternativa simplona es la “mano dura y gatillo fácil”, que insiste en que basta salir a matar delincuentes para que las cosas mejoren. Pero la policía es ineficiente y con mucha corrupción, así que esas balas podrían caerle a cualquiera e incluso ser parte de una guerra de bandas. Además, mientras no haya oportunidades para la juventud, el espejismo del enriquecimiento rápido en un grupo criminal o economía ilegal seguirá atrayendo a muchos. Esa experiencia ya la vivimos, cuando Alberto Fujimori impuso la “mano dura” asesinó en Barrios Altos a un niño y terminamos en un lodazal de corrupción, desigualdad extrema y falta de empleos, sin despegue industrial ni tecnológico.
Para la economía, desde la derecha se insiste en darles todas las ventajas a las grandes empresas, lo que es presentado como el “libre mercado” donde sólo el esfuerzo personal vale y lo social es irrelevante. Políticas muy distintas a esa son las que han llevado a China, como antes a Japón o Corea, al desarrollo, y hoy ni Estados Unidos la practica o la pregona. Pero acá Keiko sigue diciéndonos que el estado no debe preocuparse por industrializar el país y más bien le ha regalado 20 mil millones de soles en exoneraciones tributarias a las grandes agroexportadoras, dinero que bien podría significar una gran diferencia para la educación, las becas y las universidades públicas.
Frente a estas visiones, la propuesta de izquierda enfatiza tres elementos esenciales. Una política económica que tenga como objetivo la generación de empleos dignos, mediante la industrialización, diversificación productiva y progreso tecnológico y el despegue de las micro y pequeñas empresas, y que logre un estado con dinero suficiente para que tengamos educación, salud y pensiones dignas para todos, financiado con impuestos sobre quienes acumulan la riqueza y explotan nuestros minerales. Una lucha contra todas las desigualdades e injusticias; las que agravian a quienes no son blancos o son de provincias, las que discriminan a las mujeres, las que benefician a los millonarios y golpean a los vulnerables, las que afectan a niños y niñas, a adolescentes, a adultos mayores y a quienes tienen diversas orientaciones sexuales; todas ellas. Una democratización del país, transformando el sistema político para que la voz de los ciudadanos establezca el rumbo del país y en la gestión pública predomine la capacidad profesional y no los clubes de corrupción. Para eso necesitamos una nueva Constitución en reemplazo del mamarracho oligárquico que nos ha impuesto este pacto corrupto, un nuevo pacto social aprobado de manera democrática tras amplia deliberación ciudadana.
Hoy la discusión se limita a por qué candidato marcamos el próximo domingo en medio de una desconfianza enorme. En los años anteriores nos han impuesto que estas elecciones sean la trampa perfecta, con varios candidatos injustamente encarcelados y una cédula electoral inmanejable. Para manipularnos, estamos bombardeados de microvideos en redes sociales donde domina lo que tuvo mayor pago, sirviendo así para que quienes concentran la riqueza respaldan a quienes defenderán sus abusos, corruptelas y tropelías. Pero también, a lo largo de meses y años de este tipo de información, se ha ido reduciendo la capacidad de reflexión, de debate alturado, de intercambio democrático de ideas, de tal manera que tras una deliberación social lleguemos a nuestro mejor pensamiento. Llegamos al voto sin haber tenido siquiera un debate aceptable que nos ayude a decidir. Iremos a las urnas, pero sólo eso no hace una democracia.
Hay muy buenas personas que creen que este domingo debemos emitir un “voto estratégico” escogiendo entre “los que pueden ganar”. Es cierto que una o un autoritario de derecha será un retroceso mayor, pero una opción que no enfrente las profundas desigualdades y mantenga este sistema electoral y político oligárquico no solucionará nuestros problemas. Aunque veo candidatos decentes en el centro político y conozco a algunos que me inspiran confianza, considero insuficientes sus propuestas. ¿Vale la pena a estas alturas, una vez más, no enfrentar problemas de fondo? Ni hablar, desde luego, de varios improvisados, cuya única ventaja es tener experiencia televisiva pero sin propuestas políticas claras ni equipo u organización de respaldo.
El otro gran problema del “voto estratégico” es que es imposible saber quienes serán los verdaderamente “posibles” esa mañana del domingo, ni si ese enfoque tiene suficiente tracción como para modificar de alguna manera significativa los resultados electorales. Si la idea del “voto estratégico” es su “eficacia”, hoy es muy probable que de esa manera terminemos emitiendo otro “voto perdido” y además traicionando nuestros verdaderos valores e ideas. Por último, para elegir el mal menor, si hay alguno que entre en esa definición, siempre habrá la segunda vuelta.
Mi voto es por la izquierda, como siempre. Lo hago mirando más allá de las elecciones, porque me reafirmo en que la única salida real está en la conciencia y organización ciudadana. Mi voto militante es parte de ese camino. Voto por quien más ha avanzado en organización y bases la última década, tiene las mejores propuestas y cuenta con un equipo de plan de gobierno de primera. Mi voto es por Venceremos, los primeros en la parte de arriba de la cédula y cuyo símbolo es el kintu de las tres hojitas de coca.
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