Uno de los grandes errores de PPK es el haber olvidado que es necesario tener políticas sociales. Todos los estados deben asegurar que los niños tengan buena alimentación y haya educación de calidad para todos considerando las distintas culturas y lenguas, prevenir los riesgos de enfermedades infecciosas y crónicas y prestar atención de salud, combatir la discriminación y la exclusión que hoy predominan en la sociedad y la política, y prestar atención a los más vulnerables y a quienes ya no pueden sustentarse económicamente de manera autónoma. PPK, así como no entiende la necesaria separación entre lo público y lo privado ni que la lucha contra la corrupción requiere del ejemplo y no de la impunidad, parece no entender este componente básico de la política pública.

Tomemos como ejemplo lo que sucede en salud, alimentación e inclusión social. Durante este gobierno, en salud la total falta de rumbo fue de la mano con un recorte del gasto público, en especial en relación al Seguro Integral de Salud. No ha sido un sector ajeno a las crisis, desde que salió a luz pública que el consejero presidencial Carlos Moreno se dedicaba a ver como lucrar con el SIS mediante negociados con empresas amigas. Pero luego se vio que esto no era más que un detalle, y que la ministra Patricia García no tenía ninguna política clara, más allá de revelar en TV los males de una atención de salud que el pueblo sufre cada día y conoce de sobra, confundiendo su rol con el de una supervisora mediática. Ninguna idea de reforma, de cómo reorganizar el sector, lanzar un nuevo empuje de inversiones o avanzar en la prevención de las enfermedades crónicas hoy predominantes. Mientras tanto, fue una comisión del ministerio de economía y finanzas, llamada de “protección social”, la que saca un informe con una propuesta de gran reforma que unifique al MINSA con EsSalud, propuesta a la que el ministerio de salud es ajeno. Un desastre.

El necesario cambio ministerial llegó a mediados del 2016 pero para nombrar a un ex – marino totalmente ajeno al sector. Hemos visto en las semanas pasadas como D´Alessio en vez de gobernar el sector se dedicaba a cocinar un informe médico pro-indulto que no tiene soporte científico sino que ha sido digitado con el único objetivo de liberar a Alberto Fujimori en el contexto de un canje de votos. Mientras eso pasa, el desgobierno y los problemas de mala atención en los hospitales y centros de salud se fueron agravando.

El tema de salud pública que más discusión política trajo fue el de la alimentación saludable. El sobrepeso y obesidad ha venido aumentando aceleradamente, pasando de 47 por ciento el año 2 000 a 58 por ciento el 2 015; entre pobres más de la mitad lo sufren, entre los escolares de secundaria es de un 20%. Se trata de una epidemia cuyos costos se estiman en 2 mil 200 millones de dólares. Sufrimos al mismo tiempo obesidad, anemia y desnutrición crónica infantil: en uno de cada cinco hogares peruanos conviven un niño anémico y una mujer con sobrepeso. Apenas 11% de adultos consumen cinco porciones de frutas y/o verduras al día, que es lo recomendable, mientras más de la mitad de escolares toman bebidas gaseosas una o más veces al día y 11% tuvieron “comida rápida” tres días o más durante la semana, gracias a que “en el horario infantil el 66% de la publicidad es de comida chatarra (6 minutos por hora), calculándose que un niño está expuesto a los avisos hasta 22 minutos diarios de publicidad”.

Pero el gobierno PPK aún no hace cumplir la ley de alimentación saludable. Es ley pero, como en el virreinato, “la ley se acata pero no se cumple” en esta tan pero tan imperfecta democracia que vivimos. Mientras tanto el fujimorismo, para beneficiar a los monopolios de la comida chatarra industrializada quiere tirarse abajo la ley de alimentación saludable con un proyecto de ley presentado por Daniel Salaverry y aprobado por una comisión irónicamente llamada de defensa del consumidor.

El gobierno PPK no quiere enfrentar la comida chatarra de los monopolios industriales pero pretende, desde el MIDIS, atacar la anemia. El ministerio de inclusión social fue primero entregado a la vicepresidenta de Confiep, Cayetana Aljovin, que no sabía nada ni tenía ninguna experiencia en el tema y que no pasó de salir en unas fotos con niñitos muy sonriente. Ahora el MIDIS ha sido encargado a una nueva ministra Fiorella Molinelli, por si no la recuerdan (es fácil olvidarla porque no hace nada) vinculada a lobbies empresariales y sin experiencia en el tema, además cuestionada por el escándalo del aeropuerto de Chinchero. Es totalmente necesario enfrentar la anemia, pero la campaña del gobierno se concentra en que las familias lleven a sus niños a los centros de salud, donde hay que hacer enormes colas y hay un total desabastecimiento de medicinas y equipos, mientras se deja de lado la necesidad de advertencias publicitarias firmes para la comida chatarra y no se obliga a una fortificación de alimentos de consumo masivo que sería lo recomendable para enfrentar la anemia según los estudios del Consenso de Copenhague.
Las políticas sociales son fundamentales por otro principio que PPK no asume: derechos humanos. Los derechos humanos no se limitan a la justicia y la democracia sino que incluyen la salud, la educación y la seguridad social. PPK ha mostrado que carece de las condiciones básicas para gobernar y lo mejor para el país será que renuncie lo antes posible.

(publicado en Diario Uno el 9 de enero de 2018)