Hay lobbies que quieren prolongar por veintidós años más un régimen privilegiado, para las grandes agroexportadoras, de exoneraciones tributarias y no pago de gratificaciones y CTS a sus trabajadores. El nuevo gobierno Vizcarra, en el pedido de facultades legislativas que hizo al Congreso, solicitó “ampliar la vigencia de los beneficios de la Ley N° 27360”, que es la ley que otorga estos privilegios. Esta posición ha venido siendo defendida por el ministro de finanzas David Tuesta. Tratando de zafarse de las críticas, el presidente Vizcarra ha dicho que «Creemos que ha ayudado mucho el régimen agrario y que debería haber una extensión, pero eso amerita el análisis propio que debe hacer el Congreso», haciendo gala de un estilo ´Poncio Pilatos´ que parece caracterizarlo.

Los defensores de este régimen de privilegios señalan que gracias a él las exportaciones no tradicionales agropecuarias han aumentado de 400  millones de dólares el año 2000 a 5,100 millones el 2017, habiendo hoy más de 270 mil  trabajadores registrados en el régimen laboral agrario, el 90 por ciento de ellos en grandes empresas (de más de 100 trabajadores). Se trata de  una minoría frente a los 900 mil asalariados agrícolas y a una población ocupada total de 4 millones en el sector agropecuario en general (incluyendo a los pequeños agricultores y campesinos). Por cierto, el empleo no ha crecido en todas las empresas;  por ejemplo en Agrokasa, la agroexportadora de José Chlimper (el secretario general de Fuerza Popular), el número trabajadores ha caído de 6,400 a 4,700 en la última década, a pesar de que tienen activos por 240 millones de dólares y utilidades anuales de 35 millones de soles.

Sin embargo, la situación de los trabajadores  no es nada buena. Ganan en promedio 1,400 soles, pero sin derecho a gratificaciones sin CTS ni mitad de vacaciones, lo que para los trabajadores implica una pérdida de 4,900 soles anuales por cada uno en favor de las empresas. En los últimos 14 años, mientras los salarios en las ciudades aumentaron 2,8 por ciento anual, en el campo solo lo hicieron en 2,3 por ciento. Adicionalmente, un estudio de la OIT sobre los riesgos se salud de estos trabajadores encontró que “A partir de estudios de casos, se sabe que la agricultura presenta riesgos de enfermedades ocupacionales debido a las condiciones del trabajo realizado, entre otras: las largas jornadas bajo el sol, la posición en la que realizan sus labores y el contacto constante con agroquímicos”.

LOS COSTOS

A pesar de todo se puede pensar que un trabajo en malas condiciones y sin derechos es, para muchos, mejor que un no-trabajo. Sin embargo hay que ver el otro lado de la medalla: los costos. Este es un asunto que el ministro Tuesta parece olvidar, aunque una lección básica de nuestra profesión es aquella que dice que “no hay lonche gratis”.

Comencemos por el costo de pagar esos problemas de salud de los trabajadores, costo que no lo asumen las grandes empresas agroexportadoras. Como parte de sus privilegios ellas solo pagan a EsSalud 4 por ciento del salario en vez del 9 por ciento que aportan todos los demás sectores, lo que hace que aporten 163 millones anuales frente a una atención a sus trabajadores que cuesta 466 millones. Eso significa que el diferencial entre aportes y gastos de 300 millones lo terminamos pagando todos los asegurados mediante desabastecimiento de medicinas, exámenes no disponibles y largas colas de espera por falta de recursos humanos e infraestructura.

Sigamos con el costo de las exoneraciones tributarias. La Ley 27360 que fue impulsada y firmada por Chlimper siendo ministro de Agricultura del régimen de Alberto Fujimori y presidente de Agrokasa les otorga cuatro privilegios especiales: la reducción del Impuesto a la Renta a la mitad, la depreciación acelerada que permite disminuir las ganancias declaradas y por tanto disminuir aún más el impuesto a la renta, la devolución acelerada del IGV y un descuento adicional de una quinta parte de sus impuestos si invierten en zonas eriazas. La SUNAT estima que en una década se perdieron 93 mil millones de soles por exoneraciones y privilegios tributarios, de los cuales el 21 por ciento,  unos 20  mil  millones de soles, beneficiaron a estas grandes empresas agrícolas.

Ahí no acaba la lista de los costos para los peruanos. Los agroexportadores de espárragos, uvas y paltas de la costa como Agrokasa de Chlimper – mas no los caficultores o cacaoteros pobres  – reciben un subsidio adicional de 4 por ciento de lo que exporten. Este subsidio, que lleva el nombre de “drawback”, suma otros 670 millones de soles anuales. Es decir, estos grandes terratenientes no solo pagan casi nada de impuestos sino que además el estado les da esta abultada cantidad de dinero. Eso no es todo. Estos grupos han recibido otro beneficio, uno mucho mayor, apropiándose de tierras y agua provenientes de irrigaciones en las que el estado ha invertido millones y que ellos compran a un precio mucho menor. Un cálculo realizado por el especialista Lorenzo Eguren estima que sólo en 7 grandes proyectos de irrigación en la costa el estado peruano ha gastado 6,300 millones de dólares pero ha entregado tierras, energía y agua a precios que no llegan a una décima parte de esa suma, de tal manera que el subsidio total asciende a 5,848 millones de dólares. Esas tierras han sido vendidas casi exclusivamente a grandes agroexportadores; por ejemplo, en el caso de Chavimochic cada lote de tierras vendido tenía por lo menos 776 hectáreas con un precio de unos 2 millones de dólares, evidentemente fuera del alcance de cualquier pequeño agricultor.

Se trata de un pequeño grupo de modernos terratenientes con poderosas conexiones políticas. Además de Chlimper de Agrokasa, el grupo Gloria fue uno de los que aportaron a la bolsa de 2 millones de dólares de la Confiep en favor de la candidatura de Keiko Fujimori, mientras el grupo Oviedo es el mejor amigo de la familia Becerril.

¿HAY ALTERNATIVAS?

Los costos son sumamente abultados, por lo que un ministro como Tuesta que se manda con un gasolinazo bajo el argumento de la necesidad de recaudar más, debería por lo menos considerarlos con mucho detenimiento. No se puede negar, sin embargo, que la agroexportación ha traído importantes beneficios. El haber logrado 5 mil  millones de dólares de exportaciones y unos 270 mil empleos no es poca cosa. De acuerdo a un balance del crecimiento económico peruano hecho unos años atrás por Ricardo Hausmann y Baily Klinger, dos economistas de Harvard, la única diversificación sustantiva en la estructura productiva peruana desde fines de los años 80s es la agroexportacion (a lo que habría que añadir el turismo).

La cuestión es que hay mejores formas de avanzar en este terreno que inyectando enormes sumas a  un pequeño grupo de ultra-ricos. Pensando en alternativas más productivas y menos costosas, hay que mirar el potencial biodiverso de nuestra sierra y selva, donde se concentra la población campesina y la pobreza más dura porque permanecen muy poco desarrolladas ante la falta de apoyo. En estos tiempos en que la biodiversidad y lo natural adquieren mayor valoración, tenemos ahí productos con muchas posibilidades económicas: quinua, maca, sacha inchi, lúcuma, aguaymanto, aji amarillo, chirimoya, guanábana, tumbo, yacón, café y cacao orgánico y/o con denominación de origen, a lo que podemos añadir el turismo en sus diversas vertientes. ¿Por qué la agroexportación tiene que concentrarse en grandes empresas costeñas y no ampliarse a pequeños productores de sierra y selva?

Esta idea puede presentarse desde otro ángulo. Digamos que en una primera etapa se ha logrado que despegue un importante sector económico: la agroexportación costeña. Pero esas empresas no deben tener apoyo estatal eternamente (y sobre todo uno tan caro).  Está muy bien dar soporte a un niño que carece de capacidades, pero veinte años después el énfasis tiene que estar en que las personas puedan ser autónomas y valerse por sí mismas. Algo similar puede pensarse para este sector económico; quizás fue necesario apoyar los negocios de espárragos o paltas por dos décadas, pero siendo grandes empresas muy consolidadas y altamente rentables, ya es tiempo de que se valgan por sí mismos. Que grandes empresas con muy buena situación financiera, técnicas productivas modernas y redes de logística y mercadeo bien establecidas sigan chupando de la teta del estado (y de los trabajadores) a los veintitantos años de edad es realmente un abuso.

Al mismo tiempo, corresponde dar apoyo a negocios agropecuarios realmente innovadores. Hay que  promover la diversificación y el avance tecnológico en este campo. Nos conviene una estrategia más inteligente, que concentre nuestro presupuesto para el desarrollo económico en nuevos productos y tecnologías. Eso requiere también de nuevas formas de apoyar la innovación, favoreciendo la investigación en universidades regionales,  fortaleciendo los CITES o centros tecnológicos y dando apoyo de crédito o capital de riesgo a  start-ups. En estos tiempos de cambios acelerados en el mundo, simplemente repetir el pasado, aunque haya funcionado no es una buena estrategia: hay que mirar al futuro.