Vivimos el derrumbe del escaso apoyo que el estado peruano daba a los más vulnerables. Los gusanos y bacterias que proliferan en la alimentación escolar nos avientan a la cara la podredumbre del gobierno actual. Semana tras semana sale un nuevo escándalo de niños y niñas intoxicados por la comida de Wasi Mikuna, programa bautizado así por Dina Boularte en un vano esfuerzo de cirugía estética para cambiarle el rostro. Esa operación tampoco funcionó.

No es, por cierto, un programa de menor envergadura. El presupuesto aprobado para este año es de 2 mil 600 millones de soles, el mayor de todos los programas sociales, duplicando a Juntos y a CunaMás. Lo que debiera ser para los escolares terminó siendo un bocado apetitoso para las mafias que atraviesan el gobierno.

La podredumbre se reproduce en el ministerio que Dina mejor conoce, el cual dirigió por año y medio antes de su traición al voto por el cambio del 2021. Los directos responsables del desastre son los ministros más cercanos a Dina. Primero estuvo Julio Demartini, que había sido viceministro del MIDIS cuando Boluarte era ministra de esa cartera, que tiene bajo su mando la alimentación escolar. Cuando ya el escándalo llegó a su límite, Boluarte le dio un jugoso contrato de asesor y lo cambió por otra de sus engreídas, la anterior ministra de cultura Leslie Urteaga, a saber pareja de Morgan Quero el ministro de educación.

Que en este sector la corrupción se haya multiplicado tanto es signo del gobierno actual. Recordemos que Qali Warma con ese nombre funciona desde 2012 pero programas de alimentación escolar han existido por décadas y los hay en más de un centenar de países en el mundo. No han estado exentos de problemas; hubo también denuncias por alimentos malogrados durante el gobierno de Fujimori en el departamento de Ancash y ha habido otros casos de niños afectados este milenio. Pero nunca al nivel de hoy. Con este gobierno la podredumbre llega al tope en la alimentación escolar como parte de una corrupción generalizada que rompe toda barrera moral. Porque si robarle al estado significa que se afecta a todos los peruanos, el que se haga a costa de enfermar y hasta causar muerte a niños y niñas es particularmente abominable.  Es el extremo al que hemos llegado en estos tiempos vemos sicarios y bandas ametrallando buses con niños, policías que roban oro y luego de un tiempo regresan al servicio policial activo y vuelven a robar, y al gobernador regional de Ayacucho recibiendo millones más gracias a que le regaló un Rolex a la presidenta.

EL PROBLEMA ES MAYOR

Pero el problema es mayor porque la acción social del estado en su conjunto, que siempre fue insuficiente a la sombra de la tacañería neoliberal, hoy es absolutamente enclenque y carente de norte. En el primer año del co-gobierno de Dina Boluarte con el Congreso, aumentó el número de personas en pobreza en 596 mil, cifras oficiales del INEI que intentaron ocultar. En Lima la pobreza entre 2019 y 2023 aumentó de 14 por ciento a 29 por ciento, así que en nuestra capital tenemos un millón y medio de pobres más que el 2019. En el resto de nuestras ciudades la pobreza es 10 puntos porcentuales más que el 2019, tanto en costa, sierra y selva. Vivimos un empobrecimiento urbano masivo.

Durante la pandemia, con retrasos y carencias serias, se hicieron llegaron ayudas económicas que el segundo semestre del 2021 con el bono Yanapay llegaron al 81 por ciento de hogares pobres y 77 por ciento de vulnerables. Pero luego, todo se congeló. A pesar de que la pobreza se mantuvo alta el 2022, y volvió a aumentar el 2023, no hubo iniciativas sociales del gobierno.

Es un serio problema porque la pobreza no se debe a falta de voluntad de trabajar, sino a la inexistencia de oportunidades, en especial para los jóvenes. La pobreza, pérdida de esperanza de conseguir un buen empleo y un gobierno podrido, son causas sociales fundamentales de esta explosión de bandas criminales, sicariato y extorsión. Jóvenes y no tan jóvenes, prácticamente cerradas las vías de progreso económico, sin guía moral y con los gobernantes dando persistentemente el mal ejemplo de aprovecharse de su poder para beneficio personal, terminan atraídos por el camino del crimen y la violencia salvaje. Desde luego que la inoperancia de la policía y el sistema judicial, atravesados también por la corrupción, son buena parte del problema, y las leyes pro-criminalidad de este congreso y su gobierno han agravado la situación de inseguridad. Eso hay que cambiarlo, pero también hay que darle aire, esperanza y oportunidades a la juventud y a los peruanos empobrecidos. 

El Perú hoy necesita una nueva política económica orientada a crear empleos masivamente y programas potentes de lucha contra la pobreza urbana, que abran opciones para los vulnerables y ayuden a reconstruir el tejido social en cada barrio. Tienen que basarse en nuevo enfoque, que en vez de desconfiar y pasar por encima de las organizaciones sociales en los barrios, fortalezca ese tejido social para que se convierta en el primer nivel de defensa frente al hambre y la delincuencia. Deben trabajan en coordinación estrecha con un buen esfuerzo de inteligencia policial y de acción decidida contra las bandas criminales, para resolver la inseguridad ciudadana que nos agobia.

El reto es grande. No solo hay que sacar a toda la gusanería de la alimentación escolar y los programas sociales. Hay que tener mejor estrategia y ponerle más fondos a una acción social orientada a darle oportunidades a la juventud y a las poblaciones vulnerables que sea un pilar clave de una política de seguridad ciudadana mucho más eficaz.