Mucho se habla de la agroexportación y de sus 382 mil trabajadores, lo que es un gran logro, pero poco se menciona la mediana y pequeña agricultura de la que viven cerca de 8 millones de peruanos. En estos días, una de las políticas importantes para la promoción de este sector es discutida en el Congreso sin que se le preste mucha atención: la creación de un nuevo banco agropecuario que facilite un indispensable apoyo financiero para negocios y emprendimientos agrarios.

Como escribió años atrás un gran estudioso del agro peruano, Adolfo Figueroa, el crédito en el agro cumple una función muy importante, la de promover el avance tecnológico y el aumento de la productividad. Para quienes son pobres y tienen pocos recursos económicos, no hay otra forma de que aumenten su capital, mejoren su ganado y apliquen nuevas tecnologías con equipos e insumos más productivos, salvo que queramos regresar al puro “regalo” del estado que alcanza para muy pocos y trae muchos problemas de clientelismo y malos manejos. Por eso es particularmente penoso que al mismo tiempo que el Banco Agrario se mantiene en crisis, el estado mediante COFIDE haya prestado 316 millones de dólares a Odebrecht y Graña y Montero ¡qué tal injusticia! El financiamiento público debe focalizarse en quienes hoy no tienen acceso al crédito o deben pagar elevadísimas tasas de 40 por ciento o más, como son las pequeñas empresas.

Algunos señalan que como el estado lo ha hecho mal en el pasado, ya no debe sostener el crédito agrario; pero si fuera cierto que todo lo que el estado ha hecho mal debe cortarse definitivamente, pues debiéramos cerrar hospitales, acabar con la policía nacional y el sistema de justicia que, como bien sabemos, funciona muy mal. No es así. Es verdad que a veces la mejor respuesta a los fracasos es simplemente acabar definitivamente con lo que nos trajo problemas, pero en muchas otras ocasiones es mejor corregir los errores y seguir para adelante. Ese es el caso del crédito agrario, cuya ausencia frena el progreso de 8 millones de peruanos agrícolas, siendo precisamente ese un sector donde hay mucha pobreza y también potencial de desarrollo.

Por cierto, muchísimos estados en el mundo tienen bancos agropecuarios; el banco agropecuario de China es el octavo banco más grande del mundo con más de 13 trillones de yuanes en activos y más de 300 millones de clientes, mientras en Alemania existe el llamado Rentenbank que tiene 90 billones de euros entre préstamos e inversiones, por mencionar sólo dos economías muy distintas pero de notable desarrollo y que en ambos casos han logrado elevar la productividad de sus agriculturas.

A quienes la palabra “empresas públicas” les genera una alergia incontrolable, hay que recordarles que algunas de las empresas públicas exitosas del Perú son precisamente una especie de bancos, me refiero a las Cajas Municipales que han venido ampliándose con bastante solidez y sin recibir inyecciones de dinero del estado desde hace muchos años, creciendo sólo en base a reinvertir sus ganancias. Estas Cajas no son privadas sino públicas, perteneciendo a los gobiernos locales – no por gusto se llaman “municipales”. No creo que un banco agrario deba seguir el mismo esquema institucional de las Cajas, sino más bien debiera intentar canalizar fondos a distintas entidades financieras para que éstas lo presten al agro; pero el ejemplo de las Cajas muestra que sí puede haber empresas bancarias del estado funcionando eficientemente. Es cuestión de darles un buen marco legal e institucional.

EPPUR SI MUOVE

La mediana y pequeña agricultura peruana, aunque no haya merecido la atención de los medios masivos de comunicación, no ha estado parada las últimas dos décadas y media. Según ha estudiado Richard Webb, su productividad ha estado aumentando por encima del 4% anual, lo que ha permitido que la pobreza rural se reduzca de manera sustancial. Es el esfuerzo de los campesinos y agricultores, algunos con apenas una hectárea y otros con un poco más, lo que ha permitido ese logro. A la base de ese avance están la construcción de caminos rurales que permiten a los agricultores sacar sus productos con  más facilidad a los mercados, siendo éste una de los presupuestos que el gobierno debiera priorizar dentro de una política de aumento de la inversión pública que tanto se necesita en este momento para reactivar la economía nacional. Otro factor clave para el avance de la pequeña y mediana agricultura ha sido la ampliación de la educación pública al campo, que hoy ha permitido que prácticamente todos los niños y niñas rurales vayan a educación inicial (más del 90%) y primaria (casi 100%) y más del 80% a la secundaria, aunque la calidad de la misma aún tenga serias deficiencias.

La Reforma Agraria instituida por Velasco hace ya casi cuarenta años ha sido también fundamental para este logro, ya que el sistema de haciendas y servidumbre era una condena al atraso. Ha sido al tener la propiedad de la tierra que los campesinos adquirieron el incentivo para esforzarse, invertir e innovar, lo que solo despegó con los mayores niveles educativos y cuando acabó el periodo de conflicto armado interno. La Reforma Agraria quebró la base del poder oligárquico de los hacendados, produciendo una revolución política sin la cual hubiera sido imposible ampliar la educación al campo, ya que los hacendados se resistían a que hubiera colegios que educaran a los campesinos que los servían. Si siguiera el poder hacendado tampoco tendríamos municipios rurales ganados por alcaldes campesinos que hoy dan mantenimiento a los caminos rurales y apoyan a los pequeños agricultores.

Si esos han sido los factores que han permitido su avance, en lo que ha tenido muy poco de respaldo este sector pujante de la economía peruana, que viene de bien atrás y de bien abajo, es precisamente en fondos con los cuales invertir para mejorar su producción.

También ha faltado inversión en investigación e innovación tecnológica. El llamado INIA – instituto Nacional de Innovación Agraria tiene crónicamente muy bajo presupuesto. Este es un tema fundamental en el Perú dado que somos un país con una gran biodiversidad, con miles de variedades de papas y muchos productos nativos aún poco estudiados. Un grano andino como la quinua, por ejemplo, recién hace pocos años llegó al mercado internacional y hoy somos el primer exportador mundial; luego de unos años con precios que subieron hasta más de 6 dólares el kilo el precio bajó a algo más de 2 dólares el kilo a pesar de lo cual exportamos más de 100 millones de dólares provenientes de Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac y Junín. Pero todo ello no se ha debido mayormente a un esfuerzo nacional por colocar este grano andino tan valioso en la mesa mundial, sino más por casualidad, mostrando una vez más que en vez de ir nosotros mismos construyendo nuestro futuro es de afuera que vienen los impulsos que nos mueven.

No tiene por qué ser así. La cantidad de productos de nuestra sierra y selva que podrían mejorar su productividad y conquistar mercados nacionales e internacionales, en especial aprovechando condiciones de ser productos orgánicos o de tener denominaciones de origen como con el café y el cacao, es enorme. Incluso muchos productos podrían servir de base de productos más elaborados, para la belleza y el cuidado personal como ha hecho la trasnacional brasileña Natura, o con fines medicinales como la uña de gato y muchos otros. Además de investigar y ver cómo aprovechar lo que ya tenemos, también es necesario desarrollar nuevas semillas y nuevas técnicas pueden elevar muchísimo la productividad agropecuaria. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién en el mundo va a crear nuevas tecnologías para tierras encima de tres mil metros de altura, si en ningún país desarrollado hay extensiones importantes a esa altura? Lo tenemos que hacer nosotros, en esta área nuestras posibilidades de aprovechar tecnologías de otros países son limitadas (pero bien haría el gobierno en tener antenas bien paradas y encargar misiones en ese sentido).

KEIKO Y OLIVA

Está en manos del Congreso el proyecto de ley para relanzar el banco agrario, ahora con el nombre propuesto de Mi Agro. Pero el interés de la señora K no son los agricultores y campesinos sino las empresas petroleras a quienes se quiere beneficiar con regalías disminuidas, contratos extendidos a dedo por veinte años y menores regulaciones ambientales y de protección de pueblos indígenas. Por su parte, el ministerio de economía y finanzas debiera elevar el presupuesto para innovación agraria e ir poniendo los recursos para sostener una ampliación del crédito agropecuario en firme y no con un “sencillo” como parece que pretenden según las cifras trascendidas a la prensa. Estamos hablando de mejorar las economías de ocho millones de peruanos, lo que claramente debe ser una prioridad fundamental.

Mucho se habla de la agroexportación y de sus 382 mil trabajadores, lo que es un gran logro, pero poco se menciona la mediana y pequeña agricultura de la que viven cerca de 8 millones de peruanos. En estos días, una de las políticas importantes para la promoción de este sector es discutida en el Congreso sin que se le preste mucha atención: la creación de un nuevo banco agropecuario que facilite un indispensable apoyo financiero para negocios y emprendimientos agrarios.

Como escribió años atrás un gran estudioso del agro peruano, Adolfo Figueroa, el crédito en el agro cumple una función muy importante, la de promover el avance tecnológico y el aumento de la productividad. Para quienes son pobres y tienen pocos recursos económicos, no hay otra forma de que aumenten su capital, mejoren su ganado y apliquen nuevas tecnologías con equipos e insumos más productivos, salvo que queramos regresar al puro “regalo” del estado que alcanza para muy pocos y trae muchos problemas de clientelismo y malos manejos. Por eso es particularmente penoso que al mismo tiempo que el Banco Agrario se mantiene en crisis, el estado mediante COFIDE haya prestado 316 millones de dólares a Odebrecht y Graña y Montero ¡qué tal injusticia! El financiamiento público debe focalizarse en quienes hoy no tienen acceso al crédito o deben pagar elevadísimas tasas de 40 por ciento o más, como son las pequeñas empresas.

Algunos señalan que como el estado lo ha hecho mal en el pasado, ya no debe sostener el crédito agrario; pero si fuera cierto que todo lo que el estado ha hecho mal debe cortarse definitivamente, pues debiéramos cerrar hospitales, acabar con la policía nacional y el sistema de justicia que, como bien sabemos, funciona muy mal. No es así. Es verdad que a veces la mejor respuesta a los fracasos es simplemente acabar definitivamente con lo que nos trajo problemas, pero en muchas otras ocasiones es mejor corregir los errores y seguir para adelante. Ese es el caso del crédito agrario, cuya ausencia frena el progreso de 8 millones de peruanos agrícolas, siendo precisamente ese un sector donde hay mucha pobreza y también potencial de desarrollo.

Por cierto, muchísimos estados en el mundo tienen bancos agropecuarios; el banco agropecuario de China es el octavo banco más grande del mundo con más de 13 trillones de yuanes en activos y más de 300 millones de clientes, mientras en Alemania existe el llamado Rentenbank que tiene 90 billones de euros entre préstamos e inversiones, por mencionar sólo dos economías muy distintas pero de notable desarrollo y que en ambos casos han logrado elevar la productividad de sus agriculturas.

A quienes la palabra “empresas públicas” les genera una alergia incontrolable, hay que recordarles que algunas de las empresas públicas exitosas del Perú son precisamente una especie de bancos, me refiero a las Cajas Municipales que han venido ampliándose con bastante solidez y sin recibir inyecciones de dinero del estado desde hace muchos años, creciendo sólo en base a reinvertir sus ganancias. Estas Cajas no son privadas sino públicas, perteneciendo a los gobiernos locales – no por gusto se llaman “municipales”. No creo que un banco agrario deba seguir el mismo esquema institucional de las Cajas, sino más bien debiera intentar canalizar fondos a distintas entidades financieras para que éstas lo presten al agro; pero el ejemplo de las Cajas muestra que sí puede haber empresas bancarias del estado funcionando eficientemente. Es cuestión de darles un buen marco legal e institucional.

EPPUR SI MUOVE

La mediana y pequeña agricultura peruana, aunque no haya merecido la atención de los medios masivos de comunicación, no ha estado parada las últimas dos décadas y media. Según ha estudiado Richard Webb, su productividad ha estado aumentando por encima del 4% anual, lo que ha permitido que la pobreza rural se reduzca de manera sustancial. Es el esfuerzo de los campesinos y agricultores, algunos con apenas una hectárea y otros con un poco más, lo que ha permitido ese logro. A la base de ese avance están la construcción de caminos rurales que permiten a los agricultores sacar sus productos con  más facilidad a los mercados, siendo éste una de los presupuestos que el gobierno debiera priorizar dentro de una política de aumento de la inversión pública que tanto se necesita en este momento para reactivar la economía nacional. Otro factor clave para el avance de la pequeña y mediana agricultura ha sido la ampliación de la educación pública al campo, que hoy ha permitido que prácticamente todos los niños y niñas rurales vayan a educación inicial (más del 90%) y primaria (casi 100%) y más del 80% a la secundaria, aunque la calidad de la misma aún tenga serias deficiencias.

La Reforma Agraria instituida por Velasco hace ya casi cuarenta años ha sido también fundamental para este logro, ya que el sistema de haciendas y servidumbre era una condena al atraso. Ha sido al tener la propiedad de la tierra que los campesinos adquirieron el incentivo para esforzarse, invertir e innovar, lo que solo despegó con los mayores niveles educativos y cuando acabó el periodo de conflicto armado interno. La Reforma Agraria quebró la base del poder oligárquico de los hacendados, produciendo una revolución política sin la cual hubiera sido imposible ampliar la educación al campo, ya que los hacendados se resistían a que hubiera colegios que educaran a los campesinos que los servían. Si siguiera el poder hacendado tampoco tendríamos municipios rurales ganados por alcaldes campesinos que hoy dan mantenimiento a los caminos rurales y apoyan a los pequeños agricultores.

Si esos han sido los factores que han permitido su avance, en lo que ha tenido muy poco de respaldo este sector pujante de la economía peruana, que viene de bien atrás y de bien abajo, es precisamente en fondos con los cuales invertir para mejorar su producción.

También ha faltado inversión en investigación e innovación tecnológica. El llamado INIA – instituto Nacional de Innovación Agraria tiene crónicamente muy bajo presupuesto. Este es un tema fundamental en el Perú dado que somos un país con una gran biodiversidad, con miles de variedades de papas y muchos productos nativos aún poco estudiados. Un grano andino como la quinua, por ejemplo, recién hace pocos años llegó al mercado internacional y hoy somos el primer exportador mundial; luego de unos años con precios que subieron hasta más de 6 dólares el kilo el precio bajó a algo más de 2 dólares el kilo a pesar de lo cual exportamos más de 100 millones de dólares provenientes de Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac y Junín. Pero todo ello no se ha debido mayormente a un esfuerzo nacional por colocar este grano andino tan valioso en la mesa mundial, sino más por casualidad, mostrando una vez más que en vez de ir nosotros mismos construyendo nuestro futuro es de afuera que vienen los impulsos que nos mueven.

No tiene por qué ser así. La cantidad de productos de nuestra sierra y selva que podrían mejorar su productividad y conquistar mercados nacionales e internacionales, en especial aprovechando condiciones de ser productos orgánicos o de tener denominaciones de origen como con el café y el cacao, es enorme. Incluso muchos productos podrían servir de base de productos más elaborados, para la belleza y el cuidado personal como ha hecho la trasnacional brasileña Natura, o con fines medicinales como la uña de gato y muchos otros. Además de investigar y ver cómo aprovechar lo que ya tenemos, también es necesario desarrollar nuevas semillas y nuevas técnicas pueden elevar muchísimo la productividad agropecuaria. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién en el mundo va a crear nuevas tecnologías para tierras encima de tres mil metros de altura, si en ningún país desarrollado hay extensiones importantes a esa altura? Lo tenemos que hacer nosotros, en esta área nuestras posibilidades de aprovechar tecnologías de otros países son limitadas (pero bien haría el gobierno en tener antenas bien paradas y encargar misiones en ese sentido).

KEIKO Y OLIVA

Está en manos del Congreso el proyecto de ley para relanzar el banco agrario, ahora con el nombre propuesto de Mi Agro. Pero el interés de la señora K no son los agricultores y campesinos sino las empresas petroleras a quienes se quiere beneficiar con regalías disminuidas, contratos extendidos a dedo por veinte años y menores regulaciones ambientales y de protección de pueblos indígenas. Por su parte, el ministerio de economía y finanzas debiera elevar el presupuesto para innovación agraria e ir poniendo los recursos para sostener una ampliación del crédito agropecuario en firme y no con un “sencillo” como parece que pretenden según las cifras trascendidas a la prensa. Estamos hablando de mejorar las economías de ocho millones de peruanos, lo que claramente debe ser una prioridad fundamental.