El ministro Oliva dijo la semana pasada que no se podía subir la pensión mínima a los 930 soles que es el salario mínimo porque eso costaría 2,060 millones de soles. Le parece mucho, pero no dice nada de los 10 mil millones de soles, cinco veces más, de impuestos que se “devuelven” a la minería cada año, o de un monto similar a esos 2 mil millones si se rebajaran las regalías petroleras como pretende el proyecto PPK- Keiko. Claro, para ellos se ha creado ahora una “Mesa Ejecutiva minero-energética” con la que tendrán acceso especial para hacer lobby en el MEF y mantener sus privilegios tributarios.

Por cierto, no solo los jubilados deben tener una pensión mínima; también amerita una ampliación de cobertura y un reajuste lo que se otorga en el programa Pensión65 que está congelado en apenas 125 soles mensuales desde hace 7 años,  a pesar de que en este tiempo el costo de vida ya ha subido más de 20 por ciento. Muchos países de Latinoamérica han avanzado más en este terreno y el establecer una buena base de pensiones universales no contributivas es recomendación de organismos internacionales como el Banco Mundial o la OIT desde hace más de una década, y es algo en lo que países con menor economía como Bolivia han logrado a partir de recuperar la soberanía y la renta de los recursos naturales.

Al mismo tiempo que el ministro de economía y finanzas se muestra con el puño cerrado frente a los pensionistas y adultos mayores, sin embargo, es otro el cambio legal que se mueve. El lobby de las AFPs está actuando intensamente para que se revierta la ley que nos permite a los afiliados desempleados optar por la jubilación anticipada desde los 55 años, opción que por ley vence a fin de año.

Hay quienes dicen que estos cambios desdicen del objetivo de los sistemas de jubilación de otorgar sustento económico a los adultos mayores. Pero su argumento es totalmente hipócrita, porque los mismos que defienden a capa y espada que las AFPs puedan tener mayor control de nuestro dinero por más tiempo con este argumento, no les mueve una ceja que haya pensiones de 400 soles en la ONP, que este sistema nacional tenga pensiones máximas que no llegan a los 900 soles y que Pensión65 pague míseros 125 soles: ¿con qué cara pueden hablar estos economistas de la derecha que defienden un sistema de pensiones dignas?

Desde que se instauró el sistema de AFPs mediante Decreto Ley dado por la dictadura de Fujimori y su ministro ratero Carlos Boloña, los trabajadores peruanos estamos atrapados por un sistema que nos cobra unas comisiones altísimas: ¡nos cobran cerca de mil millones de soles anuales!. Además, en vez de invertir nuestro dinero en el desarrollo nacional tiene 72 mil millones de soles nuestros en el exterior en fondos mutuos internacionales a los que les pagan más comisiones. No es por gusto que los trabajadores no les tenemos ningún cariño a las AFPs y que, si nos dan la opción, sacamos nuestro dinero al toque.

El sistema de pensiones amerita una reforma, pero de ninguna manera esa pasa por darle más poder a las AFPs. Por el contrario, se necesita una base de pensiones universales más amplias, un sistema nacional redistributivo de complemento bien gestionado y que sistemas de ahorro (como las AFPs) sean estrictamente regulados, realmente competitivos y otorgando liquidez a los afiliados.