«Remuneración mínima, seguros y demás beneficios no defienden los ‘derechos de los trabajadores’. Solo resguardan los privilegios de una élite, menor al 30% de trabajadores, que sí accede a estos beneficios. Y condenan a la exclusión al 70% restante que no consigue un trabajo formal porque es demasiado riesgoso y caro contratarlos” dice una sesuda reflexión extraída la página de opinión de “El Comercio”.

Como si ganar novecientos treinta soles mensuales (el salario mínimo) fuera un privilegio. Como si ganando 1,770 soles mensuales (el promedio de todos los trabajadores formales no capacitados) sobrara la plata. Ah, perdón, pero el trabajador ni siquiera recibe esa suma, hay que descontarle el 13 por ciento para la AFP, por lo que alguien con salario mínimo recibe un cheque mensual que no llega ni a 810 soles.

Como el trabajador formal que recibe 810 soles mensuales tiene por ley derecho a un seguro de salud que lo cubra en caso de enfermedad ¿es eso un “privilegio”? No, claro que no. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar (…); tiene asimismo derecho a los seguros en caso de enfermedad”. No es un privilegio: es un DERECHO.

¿Saben qué es un privilegio?  Que haya quienes en el Perú tienen fortunas de 2 o 3 mil millones de dólares, con lo que solo poniéndolas en un banco y cruzándose de brazos pueden sacar intereses por 270 mil dólares DIARIOS. Es decir, cada día se pueden comprar una casota, y seguir comprándose tremendas propiedades todos y cada uno de los días del año durante toda su vida sin reducir su cuenta bancaria. Para ponerlo de otra manera: sin mover un dedo estos privilegiados ganan lo que consiguen 20 mil obreros peruanos, incluyendo por si acaso sus vacaciones, gratificaciones y CTS para que no pongan pretextos. Eso es lo que puede llamarse un privilegio, conseguido mayoritariamente explotando los recursos naturales que le pertenecen a la nación peruana.

Privilegio es también que quienes ganan intereses bancarios por millones sin mover un dedo no paguen ni un sol de impuestos, mientras el ingreso ganado con el sudor de nuestra frente sí debe hacerlo. Privilegio es que haya exoneraciones tributarias a grandes empresas por 16 mil millones de soles y que las mineras reciban devoluciones de impuestos por 6 mil millones de soles mientras una microempresa no tiene esos beneficios. Privilegio es que Jaime Yoshiyama pueda atender su salud en Estados Unidos por un problema que fácilmente puede resolverse acá, escapándose de la justicia con ese pretexto, mientras cientos de miles de asegurados no consiguen las medicinas para su tratamiento. Privilegio es que las AFPs y sus dueños nos cobren a los trabajadores comisiones por más de 1,200 millones de soles al año (más otro tanto por seguros) y sigan cobrando igual sin importar que nuestros fondos estén perdiendo plata en vez de ganar rentabilidad. Esos son más que privilegios, son ventajas injustas, beneficios indebidos, sinvergüencerías conseguidas por lobbys que han capturado nuestro estado.

“DEMASIADO CARO CONTRATAR”

“Y condenan a la exclusión al 70% restante que no consigue un trabajo formal porque es demasiado riesgoso y caro contratarlos”. ¿Demasiado caro pagarle a un trabajador mil o mil quinientos soles mensuales? En Perú el costo laboral total anual de un trabajador es en promedio de 6,771 dólares, en Chile son 13,949 dólares, en Ecuador 8,893, en Colombia 9,915 dólares y en México 9,438 dólares. Por lo que cuesta en Chile un trabajador, acá se contratan dos y todavía sobra plata. Está publicado en la Tabla 1.1 del estudio “Impuestos sobre los salarios en América Latina y el Caribe” del BID-OCDE-CIAT del 2016, para quien quiera revisarlo.

Más allá de los datos, la frase citada pretende que si los trabajadores no costaran tanto y fueran más baratos, habría más trabajos. ¿Es así? Bueno, en el último año han entrado al Perú un montón (600 mil) de trabajadores más baratos: los venezolanos. ¿Ha aumentado el empleo? No y no es de sorprender; las empresas no necesitan aumentar su producción porque no tienen a quien venderle, así que ¿para qué contratarían más trabajadores? Al no aumentar las obras de construcción, como muestran las estadísticas del PBI, no se contratan más trabajadores de construcción civil, aunque estos sean más baratos, y eso es efectivamente lo que muestran las estadísticas de este año.

La historia de que es “demasiado caro” contratar respalda una vieja política: la del “cholo barato”. Tenemos ya caso doscientos años de “cholo barato” y, bajo una política que opta por la extracción de minerales y materias primas mientras niega nuestra industrialización, seguimos tan carentes de empleos como hace medio siglo.

CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

¿Crecemos menos por causa de los “altos costos laborales no salariales” y la “rigidez laboral”, como pretende el “Plan de Competitividad” del MEF?

Una síntesis de lo que sabemos los economistas al respecto del efecto de las leyes e instituciones  laborales sobre el crecimiento puede encontrarse en el “Handbook of Development Economics”, (traducción: Manual de Economía del Desarrollo) en un trabajo escrito por Richard Freeman, un profesor de Harvard y reputado experto en el tema. Esta son sus frases traducidas:

“Algunos beneficios legales aumentan los costos laborales y reducen ligeramente el empleo, mientras que el costo de otros son mayoritariamente trasladados a los trabajadores y por lo tanto presumiblemente no impactan en el empleo.

Los sindicatos se asocian a mayores salarios y compensaciones no salariales mayores, y a menor rotación y menor dispersión del pago. 

Los análisis estadísticos comparando países arrojan resultados inconcluyentes sobre el impacto de las regulaciones laborales en el empleo”.

“En síntesis, no se puede sostener la idea de que las instituciones laborales afectan el crecimiento positiva o negativamente”.

Incluso el Banco Mundial en su último Informe del Desarrollo 2019 sobre “La Naturaleza Cambiante del Trabajo” no recomienda recortar vacaciones o gratificaciones ni insiste en facilitar los despidos. Por el contrario, el Banco Mundial, que 25 años atrás era al abanderado de la flexibilización laboral, hoy habla de “mejorar las regulaciones del mercado laboral”.

La recomendación principal del Banco Mundial, considerando el acelerado cambio tecnológico que vivimos, es “Invertir en capital humano, especialmente en educación en la primera infancia, con el fin de desarrollar habilidades cognitivas de orden superior y socioconductuales, además de las habilidades fundacionales. Mejorar la protección social (..) con una sólida protección social mínima garantizada y una seguridad social reforzada”. Algo muy distante, opuesto, a considerar que un seguro de salud es un privilegio que agrava la exclusión.

El Banco Mundial anota también la necesidad de “Generar espacio fiscal para financiar el desarrollo del capital humano y la protección social con recursos públicos. Los impuestos sobre la propiedad en las grandes ciudades, los impuestos selectivos sobre el azúcar o el tabaco, y los impuestos a las emisiones de carbono son algunas formas de incrementar los ingresos públicos. Otra medida es eliminar las técnicas de elusión fiscal que muchas empresas emplean para aumentar sus utilidades”. Precisamente ese es uno de los principales cambios requeridos en nuestro país donde la Confiep se resiste a las nuevas medidas contra la elusión tributaria recibiendo el apoyo de la entusiasta pepekausa Meche Araoz, mientras las grandes empresas mantienen deudas tributarias por no menos de 20 mil millones de soles, la educación intercultural bilingüe está acogotada por falta de recursos y el presupuesto del Seguro Integral de Salud se reduce para el próximo año.

INTERESES

Si en el mundo se discute en otra dirección, ¿por qué en el Perú se insiste tanto en quitarles beneficios a trabajadores mal pagados y reducir derechos laborales donde estos son casi inexistentes?

Hagamos un calculito. El señor Chlimper en su empresa Agrokasa tiene 4,700 trabajadores y supongamos que ganan en promedio 1,500 soles mensuales. Bueno, darles sólo la mitad de vacaciones le ahorra 3 millones y medio de soles al año. ¡Eso es exactamente lo que ha conseguido con la ley especial que tramitó cuando era ministro de Fujimori y lo que Keiko quiere prorrogarle diez años más! No es de extrañar que similar trato quieran las empresas mineras, los bancos, las grandes cadenas comerciales y demás grupos económicos de la Confiep: tienen millones de razones (en sus bolsillos) para pensar así. Pero esas son razones válidas para los dueños de esas billeteras, no para la gran mayoría de peruanos.