El ministro de economía y finanzas Carlos Oliva ha propuesto que las vacaciones ya no sean de 30 días sino de 22 días calendario.

La propuesta de Oliva es un corte sustancial del derecho de las vacaciones. No, no es igual 22 días laborales que 30 días calendario de vacaciones, aunque uno podría pensar que en un mes de vacaciones hay necesariamente 8 días que son sábados y domingos y que por lo tanto es equivalente a tomar 22 días laborales de descanso vacacional. Pensar eso sería un error.

Un mes de vacaciones no es igual a 22 días laborales de vacaciones por dos razones. La primera es que en el Perú la jornada legal de trabajo va hasta 48 horas y 6 días a la semana, régimen laboral aplicado sobre todo a obreros no calificados; vean nomás a los obreros de construcción en sus trabajos los sábados por la mañana. Para los obreros que están bajo ese régimen, cuando toman un mes de vacaciones en realidad están descansando 26 días laborales y no sólo 22.

En segundo lugar, porque la enorme mayoría de trabajadores formales no toma un mes de vacaciones. Pregunten nomás a su alrededor. A quienes tienen un contrato a plazo fijo, que son la mayoría, terminado el contrato les pagan la proporción de vacaciones que acumularon como parte de su liquidación. Es decir, antes que tener días de descanso vacacional, reciben una suma de dinero a cambio. Por su parte, quienes trabajan con un contrato a plazo indeterminado en su mayoría “venden” la mitad de sus vacaciones, porque dados sus bajos salarios prefieren el dinero al descanso (y solo se puede legalmente “vender” la mitad de las vacaciones). Es bastante claro que, como hoy las vacaciones son de 30 días se paga un sueldo mensual completo por ellas, pero si las vacaciones fueran de 22 días laborales solo se pagaría ese número de días. Es obvio que la Confiep hace esta propuesta mediante su ministro de economía con la mirada claramente puesta en aumentar sus ganancias a costa de sus trabajadores.

Por si acaso, que no nos vengan con el cuento que esta reducción de derechos laborales es para que se formalicen las pequeñas empresas, porque ya hoy en ellas hay sólo 15 días de vacaciones. Oliva habla solo para las grandes empresas, que son las únicas en su mente.

¿Consultó Carlos Oliva esta política anti-laboral con el gabinete? Todo parece que no, pero como es la voz de la Confiep puede promover recortes vacacionales sin que nadie del gobierno le llame la atención por meterse en un asunto que no le corresponde a él sino al ministerio de trabajo.

La iniciativa de recortar vacaciones es parte de una ofensiva de la Confiep que insiste en que los “sobrecostos laborales” son muy altos. Resaltan que un trabajador en Perú tiene derecho a 30 días de vacaciones mientras que en Chile sólo tiene derecho a 15 días de vacaciones (aunque otros países latinoamericanos tienen 30 y hasta 40 días de vacaciones). Pero el costo laboral debe considerarse integralmente. Como hemos informado en semanas anteriores, mientras un trabajador peruano tiene en promedio un salario de 6,267 dólares anuales, un trabajador en Chile gana 13,334 dólares anuales. Incluso si le añadimos al trabajador peruano lo que cuesta pagarle 15 días de vacaciones para que en ese aspecto se iguale al chileno, aun recibiría solo 6,520 dólares anuales, todavía menos que la mitad que el de Chile. Y esto suponiendo que el trabajador peruano realmente tiene la capacidad de reclamar su derecho legal a las vacaciones, algo que no siempre puede hacerse: ¡si hasta los meseros de restaurantes que denunciaron que los dueños les robaban las propinas terminan despedidos! Plantear que nuestra economía no es competitiva por los “altos costos laborales”, no es una media verdad sino una mentira completa.

La reforma laboral que ya sucedió

En el último año ya ha habido una fuerte reducción de los ingresos de los trabajadores, que según el reporte del INEI reciben hoy en Lima 10 soles menos que hace un año, una reducción real del 3 por ciento. La encuesta de confianza del consumidor de Apoyo revela que los estratos pobres ven su situación económica familiar de manera sumamente pesimista, habiendo bajado este índice al nivel más reducido del año. El ministro Oliva quitar vacaciones en momentos en que los trabajadores ya están viendo caer sus ingresos reales. En el colmo del cinismo, justo cuando caen incluso los salarios nominales la Confiep además dice que el mercado laboral peruano “es muy rígido”.

La caída de salarios es claramente un asunto de oferta y demanda, que en nuestro país dominan lo que sucede con el empleo debido precisamente a la tremenda flexibilidad existente y la escasa fuerza sindical. No habiendo leyes ni instituciones que los protejan, los trabajadores están sujetos al interés inmediato de las empresas.

En cuanto a la demanda de trabajo, no se han creado nuevos puestos de trabajo. Disculpen quienes ya leyeron algo parecido anteriormente, pero hay que insistir: las estadísticas del INEI más recientes referidas al trimestre setiembre-octubre-noviembre de este año indican que en Lima hay 20 mil empleos menos (en empresas de más de 10 trabajadores, consideradas formales) que hace un año. Esta es la estadística que el gobierno oculta todo lo que puede y que no verán en ningún mensaje del MEF ni de Vizcarra.

Por otro lado, la oferta de trabajo ha aumentado enormemente, porque siempre hay más jóvenes buscando trabajo al terminar sus estudios, a lo que ahora se suma una enorme inmigración venezolana. Ya pasan los 600 mil y seguirán sumándose más los próximos meses, dado que la crisis económica venezolana no cede y los Estados Unidos, que tienen riqueza enorme y bajísimo desempleo, han cerrado sus fronteras echándonos a nosotros el problema sin poner un cobre partido por la mitad de ayuda.

Hasta para El Comercio, en relación a la percepción de facilidad de conseguir un empleo “un dato alarmante es que en noviembre los sectores C, D y E vieron el empleo en su peor momento de los últimos ocho años y medio: el índice mostró una lectura de 41 puntos, el dato más bajo desde mayo del 2018”. Con mucho más oferta y la misma demanda en un mercado flexible, el resultado son salarios más bajos.

La gente se da cuenta de la gravedad de este problema como muestra una encuesta reciente hecha por el Instituto de Opinión Pública IOP de la Universidad Católica (puede verse acá: https://bit.ly/2Ln8MWh). Los resultados son contundentes. 80 por ciento considera que la inmigración aumenta el desempleo, 78 por ciento que genera conflictos sociales y 70 por ciento que aumenta la criminalidad. Solo 46 por ciento piensa que fortalece la diversidad cultural.

La opinión en esos altísimos porcentajes de que esta inmigración aumenta el desempleo es común a ciudades y zonas rurales y se ve tanto en los estratos A/B como en C, D y E, siendo mayor aún en estos últimos, lo que corresponde al hecho de que estos inmigrantes buscan empleos informales. No es de extrañar que países como Brasil y Chile hayan optado más bien por cerrar sus fronteras o ser muy cuidadosos en cuanto al flujo migratorio, en vez de seguir la pauta de PPK de permitir un ingreso libre sin control alguno haciéndole el juego a Trump.

Sucede, por cierto, que frente a este tema también tenemos en mente a los peruanos que salen al exterior. Por eso, un 60 por ciento cree que la migración ofrece a las personas de los países pobres una vida mejor. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, habiendo una gran diferencia entre quienes proviniendo de países pobres lograr a duras penas quedarse en un país desarrollado con gran riqueza y bajísimo desempleo, y la inmigración a países que ya tienen mucha pobreza y gran desempleo como el Perú.

La encuesta del IOP-PUCP también preguntó a los peruanos qué creen que debe hacerse con la inmigración. Apenas 4 por ciento cree que debe venir al Perú quien quiera: menos de uno de cada veinte. Un 14 por ciento cree que debería prohibirse totalmente el ingreso, otro 25 por ciento que solo debiera permitirse si hay puestos de trabajo disponibles (lo que claramente no es el caso) y otro 56 por ciento opina que hay que poner un límite estricto de cuántos pueden venir. Las zonas rurales y los estratos C, D y E son los más restrictivos frente a la inmigración.

En estas circunstancias, recortar vacaciones y facilitar aún más los despidos sólo ahondaría la tendencia de pérdida de empleos y reducción de salarios. Sería un error gravísimo. Como hemos visto, una amplia mayoría de la opinión pública quiere, razonablemente, defender el trabajo y la economía familiar. Con una política anti-laboral nos correríamos el riesgo de que algún Trump o Bolsonaro local capture una rabia que va creciendo frente a la desocupación y la desesperanza.  Ir por este camino solo se puede ocurrir a quienes, como la Confiep, no pueden ver más allá de su ya abultada billetera.