Salió una ministra de salud y entró otra. Casi nadie recuerda el nombre de la anterior. Tampoco de la nueva. La salud pública no ha sido ni es prioridad política, esa es la triste verdad.

El año pasado el gobierno central dejó de gastar 600 millones de soles que tenía presupuestados para salud. En medicinas, que a menudo faltan en los hospitales y centros de salud, se gastó 170 millones de soles menos que lo presupuestado.

Para este año 2019 la situación presupuestal de la salud pública va a ser bastante peor, ya que el Seguro Integral de Salud – SIS tuvo un presupuesto de 2,270 millones el 2018 pero para este año solo tiene 1,765 millones. Es imposible pensar que en estas circunstancias va a mejorar la atención, se van a establecer redes de atención primaria eficaces o va a haber mayor protección social.

Es verdad que la gestión de los hospitales y centros de salud es en muchos casos bastante deficiente, incluyendo el trato a los pacientes, el mantenimiento, los horarios de atención y la propia organización de los servicios. Un plan serio orientado a mejorar la gestión en salud es indispensable.

Pero aunque se necesita más recursos financieros y mejor gestión, las anteriores gestiones ministeriales no han presentado plan alguno al respecto. Si algo debiera cambiar ahora es que al menos la nueva ministra presente a la opinión pública lo que piensa hacer de manera ordenada y planificada.

Este año, además, el Ministerio de Salud tiene el reto de fiscalizar la entrada en vigencia del etiquetado de los alimentos industrializados altos en gasa, azucares y sodio (sal). Como recordarán, el año pasado para enfrentar el sobrepeso y la obesidad que son una epidemia mundial que está entrando con mucha fuerza en el Perú, Vizcarra promulgó el reglamento para el etiquetado obligatorio de la comida chatarra.  Se dio un año para que las empresas adecúen sus empaques, dándoles límites bastante altos y por encima de las recomendaciones internacionales por un par de años más, pero es un inicio y debe empezar a aplicarse obligatoriamente a mediados de este año.

El tema es político porque Keiko Fujimori se opuso frontalmente a esta medida, desde su bankada y en las reuniones secretas que tuvo con Vizcarra. ¿Por qué? Resulta que grandes grupos económicos como el grupo Romero dueño de Alicorp y el grupo Rodríguez Banda propietario de leche Gloria venden comida con mucha grasa, sal y azúcares, lo que deberán informar al público afectando sus ganancias. Esos mismos grupos pusieron cientos de miles de dólares en la bolsa de la Confiep para apoyar la campaña de Keiko, y es muy probable que sigan resistiéndose este año.

Como se ve, los retos en salud pública son importantes y es poco lo que se ha hecho. Ojalá este año que recién empieza sea uno donde la salud de los peruanos tenga la prioridad que merece.