Jeff Bezos y su aún esposa tienen una riqueza de 160 billones de dólares. Son los más ricos del planeta. Ellos han anunciado que se van a divorciar y todavía no se sabe cómo se van a repartir la fortuna. Bezos ha acusado que un medio periodístico muy cercano a Donald Trump lo chantajeó con mostrar fotos de su nuevo romance, lo que obviamente afectaría las posibles negociaciones del divorcio. El chantaje se debe a que Bezos compró hace tiempo el Washington Post, legendario medio que reveló el escándalo de Watergate y que hoy es crítico de Trump.

Este artículo es sobre algo aún más escandaloso: aunque Amazon, la empresa de Bezos dedicada a la venta on-line, tuvo ganancias de más de 11 billones de dólares en Estados Unidos el 2018, no pagará ni un dólar de impuestos federales. No es el único caso en que algunas de las empresas más ricas y poderosas del planeta eluden impuestos: la Comisión Europea ha establecido que Google debe pagar 13 billones de impuestos eludidos en Irlanda.

La elusión tributaria de estas grandes empresas se suma a la creciente concentración de la riqueza en el mundo. Un reciente estudio de Oxfam internacional revela que el 2018 apenas 26 billonarios del mundo concentran tanta riqueza como 3,700 millones de personas, la mitad de la población mundial). Oxfam calcula que estos billonarios (con más de 1,000 millones de dólares) aumentaron su riqueza en 12 por ciento, mientras que la mitad más pobre perdía.

Es obsceno: si Jeff Bezos se parara en la calle con un cerro de billetes de 500 dólares y pudiera entregarlos al ritmo de un billete por segundo, no lograría entregar ni la mitad de sus ganancias aunque lo hiciera doce horas todos los días sin ningún descanso.

En la reciente reunión del Foro Económico Mundial en Davos se planteó la pregunta de qué podían hacer estos grandes potentados por el mundo. Se les dijo algo muy sencillo: paguen sus impuestos.  El asunto central es si debemos confiar en que estos billonarios sean filántropos eficientes como se presenta Bill Gates aunque no dude en aprovecharse de su poder monopólico, o si la tarea de controlar las enfermedades y cuidar el ambiente debe ser liderada por gobiernos democráticos. La respuesta parece obvia, pero es necesario reafirmarla cuando se cree que los llamados a mejorar este mundo es la buena voluntad de unos cuantos ultra-ricos cuyas fortunas provienen de nuestros bolsillos. Peor todavía, claro, cuando esos que se presentan como filántropos hacen sus fortunas abusando de consumidores desde posiciones monopólicas y consiguiendo que los Estados Unidos impongan sus intereses económicos en Tratados de Libre Comercio o en los nuevos tratados “Make America Great Again” de Trump.  Por cierto, tampoco es que tengan tanta buena voluntad: Bezos podría acabar cinco veces con el hambre en el mundo y le quedaría todavía más de 10 billones de dólares, pero no dona ni el 2 por ciento de su fortuna.

La concentración de la riqueza a niveles que ya sobrepasaron lo absurdo ha llevado tanto a propuestas académicas como a debates en medios empresariales y políticos. En el ámbito académico Thomas Piketty, economista francés especialista en estudios sobre desigualdad, se hizo famoso por su libro “El Capital en el siglo XXI”. Piketty ha demostrado, junto a otros investigadores como Emmanuel Sáenz y el premio nobel Anthony Atkinson, que la desigualdad ha aumentado fuertemente en los países desarrollados en las últimas tres décadas. También ha sustentado que esa creciente desigualdad sería una regla básica del capitalismo actual: dado que la tasa de ganancia es mayor que la tasa de crecimiento, la riqueza se acumula a una velocidad mayor que el PBI. En consecuencia, las ganancias generadas por esa riqueza van creciendo como proporción del PBI (que mide la producción e ingresos totales de una economía). La política central propuesta por Piketty para detener esa concentración de la riqueza es un impuesto a la riqueza global, que Piketty propone esté entre 5 a 10 por ciento para los billonarios.

Esta discusión ha llegado fuerte a la arena política en los países desarrollados. En Francia, los “Chalecos Amarillos”son precisamente una respuesta social a esta creciente desigualdad. En Estados Unidos, dos propuestas sobre este tema de la desigualdad han causado revuelo en semanas pasadas. La primera, de la congresista más joven de la historia norteamericana, la neoyorquina de origen latino Alexandria Ocasio-Cortez de establecer un impuesto a la renta de los muy ricos del 70 por ciento. Cuando se le ha criticado que se trata de algo muy extremo, se ha recordado que en los mismos Estados Unidos entre 1930 y 1980, incluyendo la década de los 50 bajo el gobierno del republicano (de derecha) Ike Eisenhower, la tasa de impuesto a la renta fue de hasta 81 por ciento y su economía avanzaba a todo vapor. Esto es relevante porque el cuento repetido de los neoliberales es que tasas muy altas de impuesto a la renta desincentivan el trabajo y el ahorro y afectan el crecimiento económico, pero estudios internacionales del propio FMI han mostrado que eso no sucede.

Otra propuesta es la de Elizabeth Warren, senadora norteamericana y pre-candidata demócrata a la presidencia para el 2020. Podemos ubicar a Warren en el ala izquierda del partido demócrata, frente al centro-derecha de Hilllary Clinton. Warren ha propuesto un impuesto a la riqueza del 2 por ciento para riquezas mayores a 50 millones de dólares y de 3 por ciento para los que tienen más de 1,000 millones. Las encuestas de opinión indican que esta propuesta tiene el respaldo de 61 por ciento de los electores y el rechazo de menos del 20 por ciento, apoyo que es mayor entre los demócratas pero que incluso entre los republicanos logra más del doble de apoyos que de rechazos.

Hay que recordar, por cierto, que estas propuestas nacen en países desarrollados que ya tienen impuestos a las grandes herencias. Donald Trump rebajó estos impuestos haciendo un enorme favor a los billonarios, pero no los eliminó. Nuestro país no tiene un impuesto a las herencias, que es un tipo de impuesto que hasta el FMI ha recomendado que pongamos y de ninguna manera afecta el esfuerzo personal.

EL PERÚ

El Perú tampoco tiene un impuesto a la riqueza y también tiene una enorme concentración de la misma. Un reciente estudio de Germán Alarco y colaboradores, muy recomendable, ha vuelto a analizar el tema. Los datos siguen siendo indignantes, como que apenas 6 familias billonarias tienen más que 8 millones de peruanos. El coeficiente de Gini, que es la medida de desigualdad más usada por los economistas, había sido estimado por el INEI en 0.34 y revisado por los profesores de la U del Pacífico G. Yamada y J. F. Castro a  0.50, pero resulta que en realidad supera los 0.68, es decir el doble que el dato oficial.

Más allá de los debates académicos, en estos momentos hay una razón más de peso para insistir en un impuesto a las riquezas en el Perú y es que buena parte de estas fortunas se ha acumulado gracias a que el estado ha otorgado muchos privilegios a esa nueva oligarquía. Las modalidades han sido diversas:  privatizaciones a precios muy reducidos, contratos de construcción y alianzas público-privadas con superganancias gracias al pago de coimas, exoneraciones tributarias por miles de millones de soles anuales, recursos naturales malbarateados como concesiones a mineras y petroleras a pesar de su enorme valor y que se explotan sin proteger el ambiente, leyes especiales que permiten que las AFPs expriman a afiliados que nos encontramos encadenados a ellas, monopolios y oligopolios operando permisivamente en bancos y productos de consumo masivo.

Estas grandes fortunas no responden principalmente a avances tecnológicos o esfuerzos competitivos sino a que obtuvieron grandes ventajas del estado. Hoy sabemos que muchas veces lograron esos favores luego de aportar a las campañas políticas, como en la bolsa de 2 millones de dólares que juntó la Confiep para Keiko. Ya es tiempo de que ayuden lo justo a que el Perú tenga la educación, la salud, las carreteras y el apoyo a la innovación que merecemos y necesitamos. Junto con la eliminación de las exoneraciones y privilegios tributarios, un impuesto a las riquezas es clave para lograr que todos los peruanos tengamos los derechos sociales que nos corresponden.