NO TE DEJES CONFUNDIR, BUSCA EL FONDO Y SU RAZÓN

La lucha contra la corrupción remueve al país entero. El suicidio de Alan García ha querido ser aprovechado políticamente por los congresistas apristas, a pesar de que los cargos en su contra estaban fundamentados en los 5 millones de dinero sucio entregados por Odebrecht a su secretario Luis Nava y a las pruebas de que los 100 mil dólares que recibió García por una conferencia en Sao Paulo provenían de la “Caja 2” de Odebrecht y fueron gestionados directamente con Jorge Barata.

La prisión preventiva de PPK también ha tenido sus críticos, incluyendo a Vizcarra. Pero Kuczynski favoreció a Odebrecht en la mega-corrupción de la Interoceánica y luego le cobró más de un millón de dólares por un supuesto servicio de asesoría del que no se ha visto una sola línea. Están claros también sus intentos de obstruir la justicia; Ernesto de la Jara nos ha recordado que “está probado que mintió cuando explicó con qué fondos pagó los casi 700,000 dólares con los que adquirió su casa de Choquehuanca (…) su solicitud para salir del país a hacerse un tratamiento del corazón está llena de irregularidades. Ha hecho transferencias a su chofer (más de 600, 000 dólares) y a su secretaria que se niega a explicar. Ha mentido en relación a cómo ubicar a quien fue su contadora durante los años investigados. No ha hecho nada por tener un mínimo de arraigo en el país”. Como en el caso de Alberto Fujimori, la avanzada edad de quienes han hecho un gigantesco daño a nuestro país no debe ser un criterio para que no respondan a la justicia cumpliendo las penas que les corresponden.

INDIGNANTE DESIGUALDAD

Estamos en un momento crítico de la lucha anti-corrupción y mantenemos las esperanzas de que tras las declaraciones de Jorge Barata tengamos juicios rápidos y cárcel efectiva a todos los corruptos que la tienen bien merecida.

Pero si miramos un poco más veremos otro tema importante en la agenda pública, el de la desigualdad económica y social hacia los campesinos y pobladores rurales, puesto en evidencia tanto en el conflicto Las Bambas como en los recientes datos del INEI sobre la pobreza monetaria. El conflicto de Las Bambas ha mostrado como el estado peruano actúa de manera discriminatoria al permitir que pasen cientos de enormes camiones diariamente por los terrenos de la comunidad de Fuerabamba violando su derecho a la propiedad, a un medio ambiente saludable y a su sostenimiento económico familiar basado en la ganadería, algo que no sucedería en ningún distrito de clase media alta limeña. El contraste es grande frente al caso del aeropuerto Jorge Chávez, donde la construcción de la segunda pista está paralizada, afectando seriamente el transporte y el turismo porque la multimillonaria familia Valle Skinner recurre a argucias judiciales, sin que a ellos o a su abogado Enrique Ghersi se los meta a la cárcel acusándolos de chantaje. El problema de fondo es que “hay gente que sigue considerando que los serranos, los indígenas somos ciudadanos de segunda categoría”, como ha dicho Verónika Mendoza.  

Las cifras de pobreza del INEI resaltan esa desigualdad. Una familia limeña logra en promedio 1 300 soles mensuales pero en la sierra rural solo llega a 480 soles, con el grupo más pobre viviendo con apenas 100 soles mensuales. Las distancias son mucho mayores en relación al exclusivísimo club de los billonarios peruanos, que en la minería y las finanzas han amasado fortunas superiores a los 8,000´000,000 de soles, con solo dos familias teniendo más riqueza de lo que ganan los 7 millones 400 mil pobladores rurales peruanos en un año.

Se suma a esto una terrible injusticia fiscal, con gravísimas deficiencias de la educación, la salud pública y los caminos rurales causadas porque el presupuesto para esos rubros es mínimo, mientras las exoneraciones tributarias 15,000 millones anuales y la evasión y elusión de las grandes empresas son todavía mayores. La llamada “norma anti-elusión” según el propio ministro de finanzas permitiría 4 mil millones de soles adicionales de presupuesto público, pero a pesar de ya ser ley (el DL 1422 la aprueba por segunda vez, como si no hubiera bastado una) el gobierno Vizcarra no la aplica esperando que el congreso fujimorista apruebe las demandas de la Confiep para “ablandarla” a su medida.

Hay además un serio problema de empleo urbano, en especial en Lima, donde este verano se ha perdido 19 mil empleos, adicionales a los 69 mil perdidos el año anterior en empresas (de más de 10 trabajadores). No por gusto las encuestas indican que la ciudadanía es fuertemente crítica a la política económica. A los 300 mil jóvenes que entran cada año a la fuerza laboral se han sumado 700 mil venezolanos, mayor oferta que se ha traído abajo los ingresos de los informales, como me contó recientemente un taxista que antes podía hacerse 200 soles diarios y ahora no llega a 150. La Confiep y sus medios concentrados, claro, sonríen felices cuando pueden reducir salarios.

RIQUEZA CONCENTRADA GRACIAS A LA CORRUPCIÓN

Aunque el tema de la corrupción pareciera distinto al de la desigualdad, no es así. Los grandes empresarios del “club de la construcción”, embarradazos en coimas y compra de arbitrajes, son los mismos que defienden la política neoliberal y hacen lobby en favor de las Alianzas Público-Privadas sin controles que les permitieron robar tanto. La bolsa oculta de 2 millones de la Confiep a favor de la campaña de Keiko, con aporte de Odebrecht incluido, tuvo como contraprestación la defensa fujimorista de exoneraciones tributarias, paquetazos anti-ambientales y desinformación de la industria de comida chatarra, políticas que les permiten abultadas ganancias.

En resumen, la causa profunda de la  enorme concentración de la riqueza, bajo presupuesto social y pobreza rural es que los grandes empresarios de la Confiep han capturado el estado peruano por décadas. Recordemos que Jorge Camet, presidente de Confiep, fue ministro de economía de Alberto Fujimori por varios años, y que su empresa JJC es una de las socias peruanas de Odebrecht con coimas de por medio. El que ahora los medios concentrados vinculados a la Confiep se empeñen en criticar la prisión preventiva cuando esta afecta a PPK o a Alan García tras haber mantenido un sonado silencio cuando otros eran los afectados, no es pura coincidencia: defienden a los suyos.

Siendo la lucha contra la corrupción esencial para un futuro democrático, redefinir la relación entre el estado peruano y las empresas también es indispensable para el desarrollo económico. El estado tiene que defender el interés nacional frente a estos grandes conglomerados, pero al mismo tiempo se necesita información e inteligencia para promover innovaciones, financiar nuevos negocios y apoyar el despliegue productivo diversificado, algo que requiere de la colaboración del sector privado. El desarrollo requiere una relación fructífera entre estado y empresas, pero esto no puede darse si no se pone un pare a la corrupción.

RESISTENCIA MANIPULADORA

En estos meses hemos recuperado la esperanza de que en el marco de la lucha anti-corrupción logremos romper con esta captura del estado por parte de los grandes poderes económicos. Pero éstos no están indefensos y ya se han planteado una nueva estrategia política. La Confiep ha nombrado a una fujimorista como su presidenta en la misma semana que Fuerza Popular se “relanzó” buscando conectar con el pueblo conservador. Lo hacen respondiendo a otras buenas noticias recientes: la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, otro enorme cambio social y político en proceso, dio un paso adelante cuando la corte suprema rechazó que el enfoque de género sea retirado del currículum. Paralelamente otro fallo judicial obliga al reconocimiento del matrimonio de Susel Paredes y Gracia Aljovín, dando respaldo a que quienes aman a personas del mismo sexo tengan también este derecho, dando fin a una discriminación inaceptable.

Lamentablemente, hay todavía sectores ciudadanos que quieren conservar tradiciones discriminatorias. Les da mucho miedo el cambio en su entorno inmediato y no pueden enfrentar los vericuetos de su propia sexualidad. Los sectores ultra-conservadores buscaron retomar la iniciativa con el pretexto de que en una página escondida de un link señalado en un libro escolar se explica el sexo anal, como si no fuera necesario que los adolescentes y jóvenes tuvieran una educación sexual integral y no estuvieran ya aprendiendo por su cuenta de peor manera con internet.

El fujimorismo busca encubrir su defensa de los lobbies de la Confiep, la contaminación de las mineras, las sobreganancias de bancos y AFPs, las exoneraciones tributarias para  agroexportadores y universidades-negocio, la comida chatarra y su propia corrupción. ¿Cómo? Encubriéndola con un mensaje reaccionario, de vuelta al pasado y defensa del machismo desembozado. Supuestamente defienden la familia tradicional pero están llenos de hipocresía sexual, como el congresista Ushiñahua que defiende “con mis hijos no te metas” pero le encanta ver pornografía. Creen poder seguir el camino Trump y Bolsonaro, que combinan machismo, racismo y autoritarismo para encubrir una política de privatizaciones, reducción del estado social y reformas anti-laborales que agravan la desigualdad económica y social. 

Lo que busca el fujimorismo con sus mensajes contra la equidad de género y la educación sexual es esconder su corrupta defensa de los abultados bolsillos empresariales, de donde han salido millones para sus campañas. Es tiempo de recordar a Rubén Blades: “oye latino, oye hermano, oye amigo, no te dejes confundir, busca el fondo y su razón, recuerda se ven las caras pero nunca el corazón, y el plástico se derrite cuando le da de lleno el sol”.