En las declaraciones de Jorge Barata a los fiscales peruanos la semana pasada, el ex – jefe de Odebrecht en Perú dio información adicional sobre la participación en las coimas de Graña y Montero (GyM), la mayor empresa constructora del Perú. Había información previa: varios meses atrás funcionarios de Odebrecht ratificaron que de las coimas de la Interoceánica – Tramos 2 y 3, que sumaron 45 millones de dólares, 13 millones fueron asumidas proporcionalmente por las constructoras peruanas JJC, GyM e ICCGSA. Lo que ha añadido ahora Barata es que en otras dos obras contratadas durante el gobierno de Alan García, el tramo 1 y el tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, GyM asumió 3 millones de dólares de un total de 24 millones de coimas.
Llueven pruebas sobre mojado. Si antes era muy difícil creer que la gerencia y el directorio de GyM no sabían de las coimas en dos contratos por la Interoceánica con Odebrecht, como ellos han dicho, ahora que se suman otros dos contratos coimeados junto a la brasileña corrupta ya sería totalmente estúpido creer en ese desesperado intento de José Braña y el directorio de lavarse las manos.
Pequeño Recordatorio
El Metro de Lima es lo que antes conocimos como el “Tren Eléctrico”. Estuvo parado por dos décadas hasta que en febrero del 2009 Alan García viajó al Cusco junto a Barata para inaugurar una parte de la también coimeada Interoceánica. Tras ese largo encuentro con Barata, inmediatamente de regreso en Lima convocó a un consejo de ministros de emergencia, acordó con Castañeda asumir el proyecto, sacó un decreto de urgencia y voilá. En pocos meses promulgó otros cinco decretos supremos que restaron poder a entidades fiscalizadoras como la Contraloría y Ositran y en diciembre su gobierno firmó con el Consorcio Tren Eléctrico Lima (conformado por Odebrecht y GyM) un contrato por 410 millones de dólares por el tramo 1 de Villa El Salvador hasta la avenida Grau. En este contrato la Contraloría detectó un perjuicio económico para el país de 111 millones de dólares. Según declaraciones del responsable de contratos de Odebrecht en Perú, Carlos Nostre, las coimas por este primer tramo fueron de 6 millones 900 mil dólares. Una parte eran depositadas en las cuentas de Miguel Atala en el Banco de Andorra y acarreadas por éste y por el hijo de Luis Nava hasta llegar a AG. Graña y Montero puso su parte correspondiente, asegura Barata.
Apenas tres semanas antes de dejar García el gobierno, ese mismo consorcio Odebrecht – GyM firmó el contrato por el tramo 2 que va de Grau hasta la estación Bayóvar en San Juan de Lurigancho. Este proyecto fue exceptuado del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP gracias a un decreto firmado por Alan García, Enrique Cornejo y Mercedes Araoz, entonces ministra de economía. Menos de una semana después de firmado el contrato, a pocos días de que García saliera del gobierno, Odebrecht – GyM recibieron 111 millones de dólares de adelanto. Según la Contraloría en esta obra el estado tuvo un perjuicio de más de 20 millones de dólares pero el contrato permitió que estas empresas aumentaran los costos en más de 300 millones, de 583 a 885 millones de dólares. Tremendo sobrecosto que no ha sido óbice para que esta obra haya sido la causante del aniego con aguas servidas en San Juan de Lurigancho este verano 2019. Las coimas por este segundo tramo fueron más altas que el primero: 17 millones 486 mil dólares. La suma de los 6,9 millones de coimas del tramo 1 y los 17,4 millones del tramo 2 suman 24 millones, de los cuales Barata dice que 3 millones completos pagó GyM.
La Respuesta de GyM
Tras las declaraciones de Jorge Barata, GyM lamentó que se haya “filtrado información de una audiencia reservada, y que haya sido utilizada por medios de comunicación”; no le gustó que la verdad salga a la luz. GyM también pretendió aclarar que “lo que realmente dijo Barata en Curitiba fue que solicitó el reembolso de lo que habían pagado e incrementó en US$ 3 millones lo que supuestamente le correspondía a Odebrecht”, es decir, que no era que ellos pagaron la coima directamente sino que lo que hicieron fue un reembolso, recordándonos a Karina Beteta diciendo que cuando depositaba un cheque en su cuenta no lo estaba cobrando. Finalmente aseveró que “de encontrar algún tipo de información que permita validar o descartar esta declaración, la misma será inmediatamente puesta a disposición de la justicia”, GyM ni niega ni afirma las coimas sino todo lo contrario pues cuando las cosas están chuecas pues como que se vuelven torcidas pero entonces no están tan derechas como diría Mario Moreno “Cantinflas”.
Recordatorio 2
José Graña, el principal accionista de GyM, es también la persona con más acciones en el grupo El Comercio. En esos años también era director de GyM José Chlimper, ex – secretario general de Fuerza Popular, quien en la campaña pasada quiso limpiar a Joaquín Ramírez investigado por la DEA por narcotráfico con audio trucados y hoy gracias al fujimorismo está en el directorio del BCR cobrando jugosas dietas. Hay más: Chlimper era el director responsabilizado de las auditorías en GyM, pero dice que no supo nada de los 3 millones que pasaron frente a sus narices. Peor aún: Chlimper era director de GyM en representación de los fondos de pensiones que los trabajadores tenemos en las AFPs y que son el 21,18% de acciones de GyM, de esos 3 millones por coimas a Odebrecht por el Metro de Lima a los “aefepistas” nos han robado más de 600 mil dólares, adicional a una cantidad similar por la Interoceánica.
Otro articulista preferido de El Comercio, Roberto Abusada, también era director de GyM durante todos estos latrocinios y lo sigue siendo. Es también presidente del IPE – Instituto Peruano de Economía. Abusada insiste en cortar salarios mínimos y derechos de los trabajadores, defendiendo a capa y espada el neoliberalismo de la Confiep, pero no dice ni pío sobre su responsabilidad al frente de esta empresa mega-coimera.
GyM en las APPs
Escuchado Barata, el alcalde Muñoz corrigió el despropósito de hacer otra obra vial en Lima mediante una Asociación Público-Privada APP que nos cobre peajes, la “Vía Expresa Sur” a cargo de GyM. Pero eso no quiere decir que GyM no nos siga cobrando: cada uno de los soles que pagamos en el Metro de Lima entran a la caja de GyM Ferrovías, empresa subsidiaria de la que GyM tiene el 75% de las acciones (el otro 25% son de la empresa argentina Ferrovías). Adicionalmente reciben decenas de millones del presupuesto público anualmente. Nos robaron pero siguen cobrando. Vaya coincidencia: GyM Ferrovías también firmó el contrato para administrar el Metro de Lima a fines del gobierno de García, en febrero 2011, por 30 años.
También nos sigue cobrando Odebrecht en las “Nuevas Rutas de Lima” aunque en la carretera central no han avanzado ni un poquito y el tráfico es un desastre. Los ejemplos de robos y abusos en APPs pueden sumarse unos tras otros; en general estos proyectos concesionadas mediante APPs significan que sobrevaloran las obras y nos roban durante la construcción de las mismas y luego mediante diversos trucos financieros sostienen por veinte o treinta años cobros de peajes abusivos (como en Línea Amarilla), tarifas eléctricas elevadas (caso de la central Chaglla), gas de Camisea que se exporta a precio vil en vez de servir al desarrollo nacional y los hogares peruanos a pesar de que todos pagamos el gasoducto, postergación de obras (como en el aeropuerto Jorge Chávez) mientras siguen cobrando con puntualidad y la “tarifa aeroportuaria” a través de los pasajes.
Aunque las evidencia se multiplican de las coimas detrás de estos contratos de concesiones y APPs, la lógica neoliberal se impone y los consumidores y usuarios seguimos siendo esquilmados. La estrategia de varios corruptos, como OAS con la Línea Amarilla, ha sido vender estas empresas de tal manera que reciben de una vez y se llevan rápido el valor del contrato superventajoso para ellos conseguido con coimas, mientras que una nueva empresa, compradora de lo robado, asume el rol de cobrarle a los explotados peruanos.
Las empresas constructoras coimeras junto a Odebrecht como GYM y las que forman parte del club de la construcción o de los arbitrajes amarrados, siguen cobrando del estado. Una ley especial, la ley 30737 de marzo 2018, lo facilita. La bancada fujimorista aportó 42 votos críticos a la aprobación de esta propuesta por PPK. En ese momento se dijo era indispensable para mantener el crecimiento económico, como si sólo hubiera ese puñado de constructoras corruptas y nada pudieran hacer las demás medianas empresas que nunca pudieron competir porque no pagaban coimas. Un año después estas empresas corruptas siguen obstaculizando la justicia, empezando por GyM pero siguiendo por JJC, Cosapi, ICCGSA y toda la lista. Lo hacen gracias a esta ley 30737 gracias a la cual aunque obstruyan la justicia, el estado les paga y contrata como si no hubiera pasado nada. Sigue siendo indispensable ajustar a estas coimeras cortándoles el caño del presupuesto público para forzarlas a que confiesen absolutamente todo y lograr así que los culpables vayan a la cárcel.
El gobierno de Vizcarra sigue con la misma línea y, lo que es peor, con la misma política aprobada por PPK y el fujimorismo que permite las Alianzas Público-Privadas sin controles, sin que se analice seriamente si no es mejor una inversión pública y que pueden firmar adenda tras adenda sin revisión de la Contraloría (para el aeropuerto ya se firmó la adenda número 17). Al mismo tiempo ahogan la inversión pública y siguen sin aplicar la norma anti-elusión vigente que permitiría, según el propio ministro Oliva, recaudar 4 mil millones de soles más que reforzarían el presupuesto público. Parece que los escándalos de corrupción sirven para encarcelar políticos rateros, que bien lo merecen, pero los que entregaron esas coimas para ganar cientos de millones en sus manos siguen libres y haciendo los mismos oscuros negocios de siempre.
Agregue un comentario