Los limeños estamos molestos con los peajes que fueron privatizados y entregados a OAS por Castañeda y a Odebrecht por Villarán. Dada la tremenda corrupción en esos proyectos, es evidente que nos han robado y nos siguen robando, y queremos que eso se detenga.

La respuesta de las grandes empresas no podía ser más reveladora. La AFIN – Asociación de Infraestructura Nacional, de cuya directiva participaba Jorge Barata incluso cuando Marcelo Odebrecht estaba encarcelado, ha amenazado diciendo que cortar esos contratos corruptos le costaría al municipio de Lima juicios por 10,000 millones de soles porque las empresas nos harían juicios internacionales. La presidenta de AFIN es Leonie Roca, candidata del fujimorismo a teniente alcalde de Lima en 1998, la época dura cuando Fujimori buscaba su re-re-reelección con Montesinos como su “hombre fuerte” atacando con prensa comprada a Alberto Andrade.

Hay que estar claros que estos peajes son un robo continuado. Esas concesiones han tenido millonarias coimas pagadas por OAS y Odebrecht con el fin de obtener superganancias. La Línea Amarilla (color puesto por Luis Castañeda porque coincide con el de su partido Solidaridad Nacional) cobra por peajes el doble de lo programado, alcanzando 360 millones de soles el año pasado. El que los contratos de concesión que sostienen esos robos hayan sido vendidos a otra trasnacional, como ha sucedido con la Línea Amarilla, no quiere decir que quien compró pueda seguir robándonos, sobre todo cuando al momento de la compra ya era mundialmente conocido que Leo Pinheira el dueño de OAS era un delincuente sentenciado que llevada año y medio en la cárcel. Sabían que compraban algo producto del robo, no se hagan.   

La actual presidenta de la Confiep María Isabel León repitió la misma amenaza de juicios millonarios en el extranjero, añadiendo que cortar los contratos para terminar con el robo “ahuyentaría la inversión privada”. M. I. León tuvo un rol destacado en la elaboración del plan de gobierno de Keiko Fujimori el 2016 y pocos meses después fue la principal defensora del proyecto de “Ley Pulpín 2” de Rosa María Bartra con el que se quiso favorecer a los institutos superiores privados para cuya asociación ella trabajaba. El argumento de que cortar los contratos corruptos ahuyentaría la inversión privada es francamente descarado. Como escribí en noviembre del año pasado en estas mismas páginas: “En varios de estos casos la corrupción es rampante y ha sido incluso reconocida por Odebrecht, pero increíblemente los contratos firmados con tremendas coimas no se modifican y los peajes suben igual. ¡Qué tal raza! Por cierto, no invierten todo lo que nos cobran: la empresa “Nuevas Rutas de Lima” que aún es parcialmente (25 por ciento) de propiedad de Odebrecht, ha reconocido que de los 971 millones de soles recaudados en los últimos cinco años, apenas ha invertido la mitad”, mientras la salida a la carretera central es un desastre completo. Algo similar Lo mismo que sucede con la pista 2 del aeropuerto Jorge Chávez: veinte años de contrato de concesión que obliga a esa inversión pero gracias a 17 adendas aún no hay un milímetro de avance, mientras la falta de la posta 2 genera una enorme congestión que demora vuelos perjudicando a todos los pasajeros, el turismo y el comercio. Antes que hablar de supuestos temores de los inversionistas cuando se corta con la corrupción, los grandes empresarios de la Confiep debieran preocuparse de la inversión a la que se comprometieron y que no han hecho.

Por cierto, el robo vía peajes en concesiones y APPs no es sólo en Lima. Odebrecht ya reconoció que junto a las empresas nacionales GyM – Graña y Montero, JJC – Camet e ICCGSA, coimeó decenas de millones en las Interoceánica Sur e Interoceánica Norte, donde también siguen cobrando peajes. También está el mal  llamado “club de la construcción” porque no es un club sino una mafia, una organización para delinquir, algo de lo que ya hay abundantes pruebas y testimonios, pero esas mismas empresas siguen contratando con el estado, cobrando peajes y resistiéndose a la justicia con sus dueños y gerentes libres por la calle (recién se ha pedido nuevamente prisión preventiva para un par de ellos). La revisión de los contratos de concesiones tiene que ser general y en todos los casos en que ha habido corrupción, es necesario que el gobierno (central, regional o municipal) corte con ese cáncer.

GRACIAS A LA LEY 30737

Es necesario recordar que todos estos empresarios corruptos siguen operando felices y contentos gracias a la ley 30737, aprobada a propuesta de Pedro Pablo Kuczynski y con los votos del aprofujimorismo. Esa ley, como he escrito en estas páginas, permite que estas empresas sigan contratando y cobrando del estado aunque no colaboren con los fiscales u obstruyan la justicia. La ley 30737 protege a las empresas corruptas de futuros cargos de reparación civil que podrían llevarlas a la quiebra, gracias a lo cual pueden seguir consiguiendo financiamiento bancario.

Quien empujó esta ley con entusiasta apoyo de El Comercio y los medios concentrados, fue Miki Torres, fujimorista de alta confianza de Keiko. El pretexto que dieron en ese momento es que si no se daba esa ley, la inversión en infraestructura iba a paralizarse. El resultado ha sido que estas grandes empresas siguen arrastrando los pies con sus inversiones buscando chantajear el estado para conseguir más ventajas, mientras miles de medianas y pequeñas obras no se inician porque el ministerio de economía no suelta la plata a gobiernos regionales y municipalidades.

NO OLVIDAR

La presión ciudadana sobre los peajes es muy importante porque hay todavía dos claros vacíos en esta lucha contra la corrupción, que debemos llevar hasta al final caiga quien caiga. Uno es que, así como hubo ex – presidentes y ex – alcaldes y alcadesas que recibieron coimas, hubo empresas que las pagaron para obtener ganancias mucho mayores. Estas empresas constructoras, brasileñas y nacionales, presentaban obras sobrevaluadas, negociaban adendas tramposas para cobrar más, imponían arbitrajes coimeados mediante los cuales volvían a subir sus presupuestos. El perjuicio viene incluso de antes, ya que promovían obras que eran elefantes blancos con tal de ganar. El perjuicio que le han hecho al país es mucho mayor que los millones de coimas pagados, y sin duda sus ganancias también. Deben ser castigados y pagar reparaciones por eso, en especial las que obstruyen la justicia, pero por el contrario todo el “club mafioso de la construcción”, GyM – Graña, JJC – Camet y demás, ¡siguen cobrándonos!

Lo otro que no debemos olvidar es que decenas de esos proyectos, sobre todo los más grandes y donde hay más robo, han sido hechos bajo el esquema de APPs o Alianzas Público-Privadas, es decir concesiones de privatización de carreteras, puertos y aeropuertos en los que pretenden seguir cobrándonos durante varias décadas. Esta característica de su sinvergüencería nos da un mejor espacio para luchar; es como si alguien le vende una casa sobrevaluada pero usted tiene que pagársela en cuotas mensuales por veinte años: a diferencia de un pago al contado, donde ya la plata salió de su bolsillo y recuperarla es mucho más difícil,  en estos casos parte del dinero aún no ha salido de nuestros bolsillos y lo que debemos hacer es evitar que salga con cada peaje que pagamos.

Siendo importante cortar con la corrupción en los contratos vigentes, es igualmente fundamental terminar con las leyes que favorecen que esto se repita una y otra vez. Mantiene plena validez lo que escribí en enero de este año: “sigue en pie el mismo esquema de Alianzas Públicos- Privadas que pueden salir sin evaluaciones a fondo, con adendas sucesivas, con arbitrajes preferenciales y sin competencia real”. Ojo que existe la alternativa de la inversión pública, que es como se hacen prácticamente la totalidad de obras de infraestructura en el país capitalista por excelencia, los Estados Unidos.  Pero en el Perú los neoliberales del MEF promueven las privatizaciones vía APPs en cualquier obra aunque no se haya comparado seriamente si ese mecanismo es mejor que la inversión pública (la primera ley de APPs establecía el requisito de un “comparador público vs privado” pero rápidamente lo eliminaron).

Mediante la AFIN, Odebrecht y otras empresas corruptas han hecho lobby a favor de la privatización de las obras de infraestructura mediante APPs porque les permite aumentar más sus ganancias con corrupción. Mientras una obra por inversión pública no puede subir su presupuesto más allá de un porcentaje sin participación de la Contraloría, en una APPs les es mucho más fácil incrementar y sobrevaluar presupuestos.

El sistema de arbitrajes mediante el cual las constructoras corruptas reclaman cientos de millones adicionales a sus contratos también sigue incólume, a pesar de que hay evidencias y pruebas de que a través de ellos se constituyó un bien armado esquema de dolo al estado peruano. Los arbitrajes han sido el “crimen perfecto” para la coima, ya que el funcionario público transfiere la responsabilidad a un “árbitro” que  luego es comprado por las empresas corruptas. Increíblemente, esos arbitrajes coimeados siguen pagándose, cuando los fallos claramente fueron comprados, y el sistema se sigue aplicando con nuevos arbitrajes.

Muy bien que Vizcarra insista en luchar contra la impunidad parlamentaria. Pero no debe olvidarse de quienes pagaron las coimas y nos siguen robando, ni de las leyes que favorecen toda esta podredumbre.