PUBLICADO EN «PERÚ HOY 2019. UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA», DESCO

SUMILLA

La Política Nacional de Competitividad y Productividad ha sido rechazada por los trabajadores porque plantea una reducción de derechos laborales como pedía la Confiep. Es verdad que hay un problema con la economía, ya que las empresas no crean empleos. Como consecuencia del retroceso de la producción industrial, en el primer trimestre 2019 en Lima el empleo ha vuelto a caer en 19 mil puestos de trabajo, que se suman a los 69 mil puestos perdidos el año pasado y los 18 mil del anterior.

La razón de esa pérdida de empleos es que este año la manufactura nuevamente ha retrocedido en cuanto a producción, estando ahora casi 10 puntos por debajo del 2012, y que la construcción también está estancada. ¿Por qué? Por una errada política económica que ha reducido la inversión pública del 5.5 por ciento del PBI en 2012-2014 a apenas 4.3 por ciento proyectada para este año: en vez del impulso fiscal que necesitamos, hay ajuste.

Para mejorar la situación económica de las familias peruanas, es urgente una promoción de la agricultura, industria, turismo y economías regionales diversificadas, inversión pública, facilidades crediticias a las pymes y agro, innovación tecnológica y presupuesto para educación y salud pública.

Hacia fines del año pasado hubo un importante debate económico y político en relación a la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Esta fue anunciada, primero, en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y luego promulgada mediante el Decreto Supremo n° 345-EF el 31 de diciembre, mismo día en que la ciudadanía protestaba contra la disposición del entonces fiscal de la nación Pedro Chávarry de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato.

Si uno revisa el Decreto Supremo n° 345-EF encuentra un largo documento con nueve puntos, varios de los cuales tienen diagnósticos interesantes, pero con muy pocas medidas concretas, de tal manera que la relevancia de muchas de las declaraciones ahí incluidas es poca. Este documento ocasionó un gran rechazo entre los trabajadores porque incluyó una propuesta de política en la que desde hace varios meses vienen insistiendo la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y los economistas neoliberales desde las páginas del diario El Comercio: reducir derechos laborales.

En efecto, desde la derecha empresarial se viene presionando desde hace un buen tiempo por una política de «cholo más barato», expresándose esta en la «política de competitividad» que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró que Vizcarra presentara en el CADE, provocando la renuncia del entonces ministro de Trabajo, Cristian Sánchez. Alentado por este respaldo, luego del mensaje de Vizcarra en el CADE, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, insistió en plantear ajustes a las vacaciones a pesar de que el presidente había dicho que:

Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave de diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser en bene­ficio de todos, y no de unos pocos[1].

Como sabemos, estos llamados a espacios de diálogo no se respetaron, aprobándose la política de competitividad sin pasar por ellos, revelando la fuerza de la presión de la Confiep y el MEF. La respuesta popular no se hizo esperar y el 15 de enero las calles de Lima fueron testigos de la marcha sindical más grande en muchos años, lo que fue acompañado por protestas similares en más de una docena de ciudades del interior del país.

Lo que propuso el ministro Oliva como su fórmula más concreta dentro del plan de competitividad es que las vacaciones ya no sean de 30 días sino de 22 días calendario. Esta propuesta es un corte sustancial del derecho a las vacaciones, aunque uno podría pensar que en un mes de vacaciones hay necesariamente ocho días no laborables (sábados y domingos), por lo que en la práctica un mes equivaldría a tomar 22 días laborales de descanso vacacional. Pensar así es un error. Un mes de vacaciones no es igual a 22 días laborales de vacaciones por dos razones simples. La primera es que en el Perú la jornada legal de trabajo va hasta 48 horas y 6 días a la semana, régimen laboral aplicado sobre todo a obreros no calificados y que se observa en los obreros de construcción trabajando los sábados por la mañana en miles de obras por toda la ciudad. Así pues, para los obreros que están bajo ese régimen, cuando toman un mes de vacaciones en realidad están descansando 26 días laborales (se cuentan los sábados) y no solo 22. La segunda razón es que la enorme mayoría de trabajadores formales no toma un mes de vacaciones; quienes tienen un contrato a plazo fijo (que es la mayoría), terminado el contrato les pagan la proporción de vacaciones que acumularon como parte de su liquidación. Es decir, antes que tener días de descanso vacacional, reciben una suma de dinero a cambio. Por su parte, quienes trabajan con un contrato a plazo indeterminado, en su mayoría «venden» la mitad de sus vacaciones, porque dados sus bajos salarios prefieren el dinero al descanso (y solo se puede legalmente «vender» hasta la mitad de las vacaciones), de tal manera que por dos años de trabajo pueden vender un mes de vacaciones. Como hoy las vacaciones son de 30 días, se paga un sueldo mensual completo por ellas, pero si las vacaciones fueran de 22 días laborales por año, solo se pagaría ese número de días, quitándole a los trabajadores el pago de ocho días de trabajo. La idea que Oliva trataba de pasar era, claramente, reducir el pago vacacional y con eso disminuir los costos laborales.

Desde esta derecha antilaboral que domina el MEF, el pretexto para promover el recorte de derechos laborales es pretender que si se reducen los costos laborales se reduce la informalidad. Pero un trabajador peruano no cuesta ni siete mil dólares por año (equivalente a 1800 soles mensuales), mientras que un trabajador argentino cuesta 27 mil dólares al año, un chileno 15 mil y un colombiano nueve mil. En toda Latinoamérica el promedio del costo laboral total es de 9800 dólares, casi 50% más que en Perú, mientras que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) supera los 50 mil dólares al año[2].

El verdadero problema de la informalidad y el empleo

El verdadero problema de la informalidad es que, con un bajo crecimiento y un estancamiento de sectores como la industria y la construcción, las empresas no crean empleos. Los resultados al primer trimestre indican que, aunque el MEF promete un crecimiento del 4.2 por ciento para el año, el primer trimestre el crecimiento apenas alcanzó el 2 por ciento. Este año la manufactura nuevamente ha retrocedido en cuanto a producción, estando ahora casi 10 puntos por debajo del 2012. También la construcción está estancada. Como consecuencia del retroceso de la producción industrial, en Lima el empleo también ha vuelto a caer en 19 mil puestos de trabajo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sumándose a los 69 mil puestos perdidos el año pasado y a 18 mil el anterior. El problema es grave pues si a estas cifras sumamos los jóvenes que entran al mercado laboral peruano cada año con la inmigración venezolana, hay un millón más de personas buscando trabajo. Es obvio que si hay menos puestos de trabajo y hay muchos más jóvenes necesitando sustento, la resultante es que hay más gente buscando como sobrevivir en las calles.

En cuanto al argumento de que esta reducción de derechos laborales es para que se formalicen las pequeñas empresas, no es cierto ya que actualmente en ellas los trabajadores solo tienen derecho a  15 días de vacaciones e igualmente pagos recortados de gratificaciones, Compensación de Tiempo de Servicio (CTS), seguro y otros beneficios, sin que eso haya tenido impacto sobre su formalización como se había dicho.

Es una mala política económica la que ha hecho que el crecimiento en sectores fundamentales en generar empleo esté completamente detenido. Una razón central para ello es que la inversión pública se ha reducido del 5.5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2012-2014 a apenas 4.3 por ciento proyectada para este año, lo que significa más de siete mil millones de soles de recorte presupuestal. En otras palabras, en vez de haber un impulso fiscal, hay un ajuste que afecta la demanda. Así pues, el MEF mantiene atracada la inversión pública porque prefiere regalar el dinero a grandes empresarios mediante exoneraciones tributarias, y luego insistir en la privatización vía Asociaciones Público Privadas (APP), a pesar del alto grado de corrupción en ellas. Por su parte, el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene el crédito caro y difícil, frenando más la inversión privada, que en este primer trimestre del 2019 ha disminuido, con excepción del sector minero.

La competitividad olvidada de las provincias

Por otro lado, para generar empleos y mejorar la situación económica de las familias peruanas, es urgente una política de promoción de la agricultura, la industria, el turismo y las economías regionales diversificadas. Allí es donde pueden crearse cientos de miles de empleos. Hay que acelerar en serio la inversión pública en infraestructura, dar facilidades crediticias a las pequeñas y medianas empresas y al agro, apoyar la innovación tecnológica y mejorar en serio la educación y la salud pública con más presupuesto. El reducido énfasis que estos sectores y políticas tienen en el plan de competitividad del MEF es penoso.

El sector productivo en el que más gente trabaja en el Perú es, de lejos, el de los micro, pequeños y medianos empresarios. En provincias, los productores han logrado, aunque muchos no lo crean, ir aumentando su productividad; se han ido multiplicando los que sacan un producto orgánico logrando mejorar su precio con la calidad. Son todavía la minoría, pero ahí están, avanzando y luchando por seguir progresando, como los cafetaleros organizados en cooperativas y los productores de cacao que se articulan con pequeñas empresas chocolateras, dos productos en los que por gusto personal ando siempre buscando y encontrando mejores opciones nacionales. Podemos por eso decir que hoy el Perú tiene muy buen café y muy buenos chocolates, pero estas mejoras todavía no alcanzan a la mayoría de productores. Esos son solo dos ejemplos, pero las oportunidades que nos da nuestra biodiversidad y nuestra variedad ecológica son enormes, incluyendo nuevas frutas, plantas medicinales, hojas que sirven para infusiones, flores que se convierten en perfumes, jabones y otros productos de cuidado personal, y muchos más. Para ello se necesita de buen Internet para aprender de otras experiencias y conectarse a mercados amplios.

El turismo es otra enorme potencialidad que tenemos, en base a maravillas naturales de gran belleza escénica, patrimonio arqueológico y diversidad cultural y biológica. Y si bien vamos avanzando en esto, aún existe una enorme concentración de visitantes en Machu Picchu, algo entendible pero que tiene límites evidentes, tanto por la congestión, que ya se nota, como por la amenaza a la sostenibilidad de dicho patrimonio arqueológico. Así pues, es indispensable abrir muchos más lugares atractivos a los turistas internacionales. Sin embargo, sin una buena y amplia red de conexión a Internet es muy difícil avanzar. Podríamos, por ejemplo, promover lugares de alojamiento con vista a las cataratas de Gocta, maravillosas y en una localidad accesible, pero si los turistas internacionales no pueden reservar una habitación desde sus propios países, el mercado se achica enormemente. En todo el mundo la conexión directa entre el turista y el alojamiento es fundamental: la gente quiere saber de primera mano cómo son los cuartos, qué tan difíciles son las caminatas, asegurar una comida vegana o la atención a alguna discapacidad.   

Una conexión a Internet de alta velocidad y a precio accesible resulta hoy en día tan fundamental para la competitividad en provincias y pueblos como antes era tener un camino que lo conectara. Pero en nuestro país se desperdicia la Red Dorsal de Banda Ancha que nos costó 320 millones de dólares, la que favorecería que centenas de miles de pequeños y medianos empresarios de provincias puedan dar un salto en su competitividad. La Red Dorsal de Banda Ancha es como una carretera de la información moderna, de alta velocidad y gran capacidad, que conecta las distintas regiones del Perú, cuya inversión la pagó el Estado peruano, es decir, todos nosotros como contribuyentes. El gran problema es que dicha red se queda en las capitales departamentales, faltando la conexión a las provincias y distritos, con el agravante que ni siquiera se usa mucho en las capitales porque en ellas ya hay otras empresas privadas proveyendo el servicio. Esas mismas empresas privadas no quieren ir a las provincias y distritos porque dicen que ahí el mercado es muy pequeño, por lo que no les resulta rentable. Esa debiera ser responsabilidad del Estado, tal como lo es el mantener las carreteras y caminos regionales y provinciales, aunque el tráfico en ellas no alcance a autosostener su mantenimiento con un peaje.

El agro reclama con justicia  

Otro notorio olvido de la Política Nacional de Competitividad y Productividad del MEF es el sector agropecuario. El lunes 13 de mayo de este año, una amplia coalición de organizaciones de productores agropecuarios y campesinos protestó con un paro nacional agrario. Los agricultores tienen razón en protestar: no tienen ningún apoyo del Estado, mientras mediante  exoneraciones tributarias se dilapidan 16 mil millones de soles anuales y la evasión y elusión de las grandes empresas es enorme; se favorecen importaciones de alimentos por más de 2500 millones de dólares anuales de productos subsidiados, condenando así a los productores a recibir precios bajísimos; no hay crédito al agro mientras los bancos logran ganancias extraordinarias y se aprovechan de fondos públicos; entre otras disparidades.

Recordemos que cerca de un millón de familias peruanas vive de la agricultura familiar y que la población rural sufre una tasa de pobreza que sigue siendo el triple que la urbana, mientras tienen educación y salud de mala calidad, pésimos caminos y una nula o deficiente conexión de celulares e Internet. Es por ello un sector en el que es fundamental actuar para mejorar su competitividad. A pesar de eso, apenas el tres por ciento del presupuesto nacional se dedica al sector, lo que impide que se invierta en investigación e innovación agropecuaria, se promuevan nuevas tecnologías, haya un programa masivo de pequeñas irrigaciones y riego tecnificado en las laderas de los andes, se facilite la asociación de los pequeños productores en torno a productos orgánicos que pueden venderse a mayor precio, se mejore genéticamente al ganado (en especial llamas y alpacas), etc. Así pues, aunque han pasado ya cuatro años desde que se aprobó la ley n° 30355, de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, no hay avances al respecto.

Cabe recalcar, además, que mientras la pequeña agricultura debe transportar sus productos por pésimas trochas con mucho riesgo y altos costos, con la política económica del MEF se facilita la importación de trigo, leche y arroz, lo que les quita mercado a los productores nacionales y deprime sus precios. Muchas de estas importaciones vienen subsidiadas por países desarrollados que destinan enormes sumas a ese fin. Por ejemplo, Estados Unidos aprobó a finales del 2017 una ley para apoyar a sus agricultores con 867 mil millones de dólares la próxima década, de tal manera que los agricultores peruanos enfrentan una competencia desleal.  En los últimos 12 meses el Perú ha importado 149 millones de dólares de arroz; en contraste, Japón, un país de altísimos ingresos donde no le falta empleo a nadie, promueve su producción agrícola nacional estableciendo altas barreras a la importación de dicho cereal. Nuestro país también importa 181 millones de dólares de leche en polvo desgrasada que luego es recombinada en el Perú y vendida como leche, incluso Gloria S.A. hace un par de años la mezclaba con grasa vegetal e igual la vendía tramposamente como si fuera leche «Pura Vida». Esto, junto a la importación de 76 millones en carnes, arruina a los ganaderos nacionales. Otras importaciones luego se transforman en productos industrializados altos en carbohidratos y grasas trans «malas» que promueven la obesidad. Es el caso de los 486 millones anuales de importaciones de trigo y los 958 millones de soya destinada a aceite. El gran beneficiario de esas importaciones es Alicorp S.A., empresa del Grupo Romero que tiene un amplio dominio sobre este mercado controlando más del 80% en rubros como harina, aceite y galletas (algo que la «ley de control de fusiones» no afrontará). El problema de esta política para los agricultores es que ingresan millones de toneladas de trigo a precio subsidiado, que se hacen pan y fideos, quitándole mercado y deprimiendo los precios de la papa, los tubérculos, granos andinos y los productos nacionales que sostienen a miles de familias campesinas, siendo además estos últimos más nutritivos y mejores para la salud.

Otra política negada por el MEF, a pesar de sus grandes efectos sobre la competitividad y productividad, es el crédito agrario. Un sistema de crédito permite que el productor y microempresario invierta teniendo incentivos a producir más y mejor: quien trabaje duro y sea eficiente ganará más. El crédito es esencial para que los agricultores compren nuevos equipos, tecnifiquen el riesgo de sus parcelas, mejoren su ganado y apliquen nuevas tecnologías, pero la banca privada considera que prestarle al agro es muy caro y riesgoso, desconfiando de los agricultores. Por eso muchos países tienen enormes esquemas de crédito agrario: el banco agropecuario de China es el octavo banco más grande del mundo con 13 trillones de yuanes en activos y más de 300 millones de clientes, mientras el banco agrario de Alemania Rentenbank tiene 90 billones de euros entre préstamos e inversiones. Lamentablemente en el Perú el Banco Agropecuario (Agrobanco) se mantiene en crisis y el MEF no quiere dotarlo de fondos, a pesar de que un ejemplo de empresas públicas exitosas del Perú son las Cajas Municipales, lo que demuestra que el Estado peruano, con todas sus deficiencias, es capaz de manejar bien un sistema de crédito a las Pequeña y Mediana Empresas (Pymes).

Los agricultores en su plataforma del paro nacional agrario reclaman que el MEF ponga 1500 millones de soles de capital para el Agrobanco, aunque quizás sea una mejor fórmula tener un solo gran banco de fomento a cuyo interior el agro tenga un fondo separado. Esos 1500 millones pedidos pueden compararse con las ganancias de los bancos privados el año pasado, que fueron de 8219 millones de soles gracias a que tienen una muy alta rentabilidad (18.4 por ciento anual), gozando de exoneraciones tributarias de 1700 millones de soles anuales. Por otro lado, el Estado peruano tiene 100 mil millones de soles depositados en bancos u otros instrumentos financieros, de los cuales bien podría reorientar una parte a préstamos agrarios: apenas el 1.5 por ciento de esos fondos alcanzaría para cubrir lo pedido por los gremios agropecuarios y campesinos.

2019: política económica, resultados y sus efectos políticos

Más que hacia una agresiva profundización neoliberal, como podía pensarse que anunciaba la «política nacional de competitividad», la protesta popular ha frenado esos ímpetus y la política económica se viene inclinando por un continuismo zonzo. La creciente falta de empleo debiera llevar a que se aplique una fuerte política de impulso al crecimiento de la industria y la economía interna; y en vez de eso, se mantienen altas las tasas de interés, se da poco crédito al agro y las Pymes, la inversión pública sigue aguantada, la industria continúa sin apoyo y sometida a competencia desleal, y la innovación tecnológica sigue ninguneada. La falta de presupuesto para la educación, la salud pública y la infraestructura debiera ser enfrentada recortando exoneraciones y demás privilegios en impuestos que tienen las grandes riquezas, pero se mantienen estas condiciones que hacen que el Estado peruano tenga una de las recaudaciones tributarias más bajas de Latinoamérica, y lejísimos de los estándares de la OCDE. El gobierno sigue con la política económica de la Confiep, el mismo exclusivo club lobista de grandes empresarios que juntó dos millones de dólares para apoyar a Keiko Fujimori el 2011, con aporte de Odebrecht incluido. Es la política de los monopolios y grandes conglomerados que explotan nuestros recursos naturales y a nosotros como consumidores sin ninguna mirada social, ambiental o de nación.

Esta política se mantiene a pesar de que, como hemos indicado, el primer trimestre del 2019 muestra malos resultados en términos de crecimiento y empleo. El problema es mayor puesto que estos malos resultados se han dado al mismo tiempo que, a nivel internacional, los principales indicadores evolucionaban favorablemente. Todas las bolsas de valores se recuperaron fuertemente en este primer trimestre. El crecimiento de Estados Unidos se mantuvo robusto y China, que parecía en algún momento iba a ralentizar su crecimiento por los conflictos comerciales, recuperó rápidamente el ritmo. A la base del resultado en las bolsas y en Estados Unidos ha estado el cambio en la política del banco central norteamericano, el Federal Reserve Board (FED), que retrocedió completamente en sus anuncios de alzas en las tasas de interés este año. Para nuestro país, esto significó que hubiera buenas condiciones de financiamiento con capitales entrando a tasas menores y que los precios de materias primas mantuvieran un nivel recuperado (por ejemplo, el cobre estuvo cotizándose en los primeros meses del año muy cerca de los tres dólares la libra, siendo ese un buen precio).

La coyuntura internacional, sin embargo, cambió rápidamente: la guerra comercial y tecnológica de Estados Unidos contra China, en vez de detenerse, se agrava. Las negociaciones programadas se convirtieron en choque y Estados Unidos ha subido sus aranceles, es decir, los impuestos a la importación de productos chinos, de 10 por ciento a 25 por ciento, afectando 200 mil millones anuales de ventas chinas. La bolsa de Nueva York cayó cinco por ciento en dos días. El precio del cobre cayó de 2.95 a 2.78 dólares la libra. Si la apuesta era a que las buenas condiciones internacionales provocaran una fuerte inversión minera, parece por el contrario que la economía internacional seguirá volátil los próximos años: el conflicto entre Estados Unidos y China no es coyuntural ni solamente comercial o económico, es más profundo.

Resumiendo, para el 2019 podemos esperar un contexto económico internacional poco favorable, presupuesto e inversión pública ajustados por el MEF y tasas de interés del BCR elevadas. En estas condiciones, lo más probable es que en cuanto a resultados sea un año con  cifras de crecimiento del PBI bajas y empleo formal reducido, lo que sumado a una masiva inmigración, indica que los bolsillos populares seguirán misios.

La gran incógnita es cuáles serán los efectos políticos de esa situación. Durante el 2018, el enfrentamiento a la corrupción que ha venido encabezando el presidente Vizcarra, con todas sus vacilaciones y debilidades, le ha permitido ganar un alto nivel de popularidad. Los problemas de empleo e ingresos, así como el continuo déficit en salud, educación e infraestructura pública, han permanecido como factores de descontento, pero que han estado cubiertos por esa gran esperanza de librarnos de una buena vez de toda esa lacra de corruptos que sigue resistiéndose a la justicia. ¿Seguirá siendo así?  ¿Veremos el 2019 una interrelación más dinámica entre la lucha contra la corrupción, los problemas y políticas económicas y sociales, el posicionamiento y popularidad del gobierno, y los distintos actores políticos? Esa es, a mi juicio, la gran interrogante que definirá cómo llegamos al bicentenario el 2021.

Una agenda mínima: empleos, justicia fiscal y mercado limpio

Para no quedarnos en el diagnóstico y la futurología, aprovecho para presentar algunas propuestas. En el contexto actual, tanto para generar empleo y bienestar como para sostener políticamente la lucha anticorrupción, es necesario girar la política económica. Propongo tres ejes de cambio: reactivación para la creación de empleos; justicia fiscal para tener educación y salud pública de calidad; y acabar con los lobbies para asegurar un mercado limpio de corrupción.

1.       Dar prioridad a la creación de empleos dignos

Hay igual número de empleos que hace tres años mientras hay un millón más de personas buscando trabajos, entre peruanos y venezolanos. Recortar vacaciones o facilitar despidos como quiere la Confiep solo reduciría el consumo cuando por el contrario se necesita reactivar el mercado interno.

Para ello debe aumentarse la inversión pública en 10 mil millones de soles anuales y reducirse la tasa de interés (responsabilidad del BCR) para incentivar la inversión privada. Hay que apoyar el agro con crédito, generar oportunidades descentralizadas con Internet para todos los pueblos poniendo en operación la Red Dorsal de Fibra óptica, poner en marcha el gasoducto del Sur, defender el mercado interno de importaciones subvaluadas y facilitar financiamiento a innovaciones productivas.

2.       Justicia fiscal para tener educación y salud públicas de calidad

La salud pública y la educación siguen sumamente débiles, dejando a muchísima gente sin servicios o con unos de bajísima calidad. Problema clave es que se tiene un bajísimo presupuesto mientras el Estado exonera de impuestos por 16 mil millones anuales a instituciones en estos rubros.

Es demasiada injusticia. Hay que enfrentar con firmeza la elusión y eliminar los privilegios que tienen las grandes empresas, los casinos y los más ricos en materia tributaria, para con esos recursos aumentar sustantivamente el presupuesto para educación, salud, niñez y lucha contra la violencia hacia la mujer.

3.       Acabar con los lobbies y la corrupción de malos empresarios

Si bien hemos visto avances en la lucha contra la corrupción, no debemos olvidar quiénes pagaban las coimas: los socios peruanos de Odebrecht y el «club de la construcción», las petroleras contaminadoras (que gracias a lobbies han logrado ver sus multas reducidas), las agroindustriales mafiosas (como el caso de Edwin Oviedo en Tumán y Pomalca), etcétera, dejando todas estas de pagar cientos de millones a la seguridad social, las cuales deben ser enfrentadas con firmeza. De igual modo, también debe revisarse el mecanismo de APP, el cual ha sido una puerta a abierta a la corrupción, como se vio en el caso de Chinchero.

Este «capitalismo de amigotes corruptos» no puede seguir. Se necesita acabar con los lobbies, controlar los monopolios de manera efectiva y enfrentar a las mafias desde el Poder Judicial y la Fiscalía. Debemos eliminar los privilegios de las APP, poniendo por delante un plan nacional de infraestructura y fortaleciendo los controles contra la corrupción.

[1] Mensaje a la nación del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Lima: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 2018. Ver en: tiny.cc/s4ko7y

[2] Benítez, Juan Carlos et al. Impuestos sobre los salarios en América Latina y el Caribe (resumen). Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) – Centro de Desarrollo de la OCDE – Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), 2016. Ver en: bit.ly/2KUetuw