Odebrecht ha tenido la sinvergüencería de enjuiciar al estado peruano en un tribunal internacional. Parece que no tiene posibilidades de ganar. Hay que ser conscientes, sin embargo, que Odebrecht se está aprovechando de leyes y tratados vigentes que favorecen a muchas trasnacionales hasta el absurdo. Más allá de la coyuntura hay varias características colonialistas que tiene este arbitraje internacional que es indispensable cambiar.

LUXEMBURGO

Un primer asunto resaltante es que la filial de Odebrecht que firmó el contrato por el Gasoducto del Sur es una compañía establecida en Luxemburgo y ahora invoca el tratado que el Perú firmó con ese país. ¿Cómo? ¿Acaso Odebrecht no es una empresa brasileña y tanto el papá Emilio como el hijo Marcelo nacieron en Brasil y tienen esa ciudadanía?

Luxemburgo tiene menos habitantes que San Lurigancho, Ate-Vitarte o San Martín de Porras pero es rico porque es un paraíso fiscal usado por trasnacionales de todo el mundo para evadir impuestos. Un reciente estudio del FMI: “What is Real and What is Not in the Global FDI Network?”, muestra cómo los supuestos inversionistas de ese país no son realmente de ahí sino que sólo se registran en Luxemburgo para pagar menos tributos y ocultar sus negociados. Hay que anotar que Odebrecht no es la primera empresa corrupta operando con filiales en Luxemburgo. La empresa argentina Techint, a través de su subsidiaria Teneris domiciliada en Luxemburgo, ya fue acusada de sobornos. El Tax Justice Network coloca a Luxemburgo en el puesto 6 de los países que mayor secreto guardan cuando se trata de proteger evasores fiscales. No por gusto allí es donde Vladimiro Montesinos tenía 15 millones de dólares escondidos y Eliane Karp una cuenta oculta.

Adivinen de qué país pretendían evadir impuestos Odebrecht en este caso: ¡del Perú, obviamente!  Gracias a un convenio llamado “convenio de doble tributación”, pueden legalmente dejar de pagarnos impuestos al Perú si pagan allá. Fina cortesía del neoliberalismo y sus años de mantener la cerviz doblada para “atraer inversiones extranjeras” como dice en su hoja web.

Luxemburgo es realmente un paraíso fiscal, como revelaron los llamados #LuxLeaks el 2014 y establece un informe de Oxfam, pero como ese país es parte de la OCDE y su ex – primer ministro Jean-Claude Juncker fue presidente de la Comisión Europea, han conseguido que el Perú no trata legalmente a Luxemburgo como el paraíso fiscal que es. Otra clara señal de nuestra subordinación a los imperios económicos de occidente. Porque ni ellos hacen lo que nosotros hacemos: hace unos años un tribunal europeo encontró que Amazon estaba escudándose en ese paraíso fiscal de Luxemburgo para evadir impuestos y obligó a que pagara 250 millones de euros. ¡Aún así el Perú otorga beneficios especiales a las empresas que se registran en Luxemburgo!

¿Y QUIÉNES SON LOS JUECES?

Hay otro elemento importante en esta historia, algo que todos sabemos tiene una importancia decisiva en el resultado de cualquier juicio: quiénes son los jueces. ¿Acaso estos han sido designados por un cuerpo elegido democráticamente luego de un proceso transparente? ¿Corresponden a un cuerpo multinacional como las Naciones Unidas donde todos los países tienen igual voz y voto? ¿De alguna manera su designación recoge nuestros intereses nacionales? La respuesta es no, no y no.

Odebrecht ha interpuesto su demanda ante el CIADI, un organismo del Banco Mundial. El presidente del Banco Mundial y del CIADI designa a los árbitros que deciden los reclamos de las trasnacionales. En sus 70 años de existencia el Banco Mundial sólo ha tenido presidentes de una nacionalidad: los Estados Unidos. Todos ellos han sido hombres, ninguno afrodescendiente, latino o nativo originario.

La decisión de quién será presidente del Banco Mundial y del CIADI ni siquiera pasa por el Congreso de los Estados Unidos sino que es puesto a dedo por el presidente de esa potencia imperial. El actual presidente del Banco Mundial y del CIADI fue impuesto por Donald Trump; es David Malpass, miembro del Partido Republicano y antes funcionario de segundo nivel del gobierno Trump. Malpass años atrás había sido economista jefe del banco Bear Sterns hasta que éste colapsó en el 2008 con pérdidas billonarias que terminaron siendo cubiertas por el estado.

En resumen, ¿de quién depende a final de cuentas el resultado del juicio iniciado traicioneramente por Odebrecht? De un hombre de confianza de Trump. El gobierno de la potencia hegemónica más imperialista de décadas es quien decide. Esas son las condiciones que el Perú ha aceptado en un tratado firmado con Luxemburgo, y que se aplicarían a cualquier otra empresa trasnacional (o nacional) sinvergüenza que vaya a registrar su empresa allá. A similares condiciones estamos sometidos frente a inversionistas registrados en decenas de otros países.

Puede ser que en este caso, el juicio termine siendo ganado por el Perú. Pero ¿por qué en relación a un contrato del estado peruano con un privado, quien decide es un tipo designado por Donald Trump? El que ni siquiera sea un inversionista norteamericano termina siendo la cereza del pastel que celebra la total sumisión a esa potencia imperial. La otra cereza es que quien firmó el contrato con Odebrecht que permite esto haya sido el “nacionalista” Ollanta Humala, llevado de la (bien aceitada) mano de Nadine Heredia.

SOBERANÍA

Un tema más de fondo es el tema de soberanía y de derechos ciudadanos. ¿Por qué una empresa trasnacional tiene más derechos que un peruano y se le permite abrir juicios económicos contra el estado peruano fuera de la justicia nacional? Tome nota amigo lector que si usted o yo tuviéramos alguna controversia de dinero con el estado peruano, digamos que la SUNAT sostiene que debemos impuestos o que hay un contrato en disputa, podemos recurrir a los tribunales pero solamente al sistema de justicia peruano. Tenemos derecho a recurrir a un juez y luego seguir toda la cadena hasta la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, como ha sucedido varias veces, pero no podemos ir a un tribunal internacional. ¿Por qué entonces alguien que registra su empresa en algún paraíso fiscal para evadir impuestos sí puede hacerlo? 

El estado peruano tiene ya casi una veintena de juicios por parte de inversionistas en tribunales internacionales; tantos que se ha tenido que establecer un área especial del ministerio de economía y finanzas para defendernos pagando abogados que nos cuestan millones de dólares. Una investigación de Hiperactiva Comunicaciones encontró información que mostraba que el costo de las defensas de sólo 4 juicios era de más de 50 millones de soles.

Estos tribunales de arbitraje internacional se deben a cláusulas de Tratados de Libre Comercio o lo que se conoce como “Tratados bilaterales de inversiones”. Pero aunque en el papel implican un trato con ventajas hacia ambas partes ¿cuántos juicios hay de inversionistas peruanos en Luxemburgo, en Estados Unidos o en cualquier otra parte, con este mecanismo? Ninguno.

Se sostiene que estos tribunales y estas medidas deben aplicarse para dar confianza a los inversionistas. ¿Acaso cuando Estados Unidos, los países europeos, Japón o Corea del Sur estaban desarrollándose, aplicaron estas políticas? No. Acaso China que tanto ha crecido económicamente los últimos años tiene estas políticas? No, y tienen más de 2 trillones de dólares de inversión extranjera. Creer además que un tratado con el pequeñísimo Luxemburgo va a atraer inversiones de ahí, es ridículo. Pensar que una empresa registrada en un paraíso fiscal, donde las leyes están diseñadas para atraer sinvergüenzas, deba tener ventajas especiales basadas en un tratado para “atraerlas dándoles confianza”, es un despropósito completo. Eso solo se le pasa por la cabeza a quienes creen que toda empresa trasnacional es buena, limpia y positiva, como la Confiep y el MEF, pero vamos, la evidencia ya es demasiado contundente como para seguir sosteniendo esa idiotez colonialista.

Terminemos sacando algunas lecciones de política. La primera es que el estado peruano no debiera firmar contrato alguno ni permitir el ingreso de una empresa domiciliada en Luxemburgo o cualquier otro paraíso fiscal, ya que ninguna de esas empresas realmente opera físicamente en esos países, es solo una treta para pagar menos a la SUNAT y mantenerse operando sin la transparencia debida. Todos los contratos suscritos de esa manera deben ser revisados y modificados, antes que tengamos otra fea sorpresa como esta que nos ha propinado Odebrecht. La segunda conclusión es que el Perú no debía tener ningún convenio de “doble tributación” o de “protección de inversiones” con países que son paraísos fiscales; denunciar esos tratados sería un buen inicio del nuevo Congreso.