Odebrecht tiene la frescura de enjuiciar al Perú en tribunales internacionales a pesar de los miles de millones de ganancias indebidas que amasó en base a coimear a todos los ex – presidentes y muchos más. Su socia Graña y Montero dice que no le gusta su propio nombre y aunque pocos creen en su honestidad igual GyM se embolsica todo lo que pagamos en el Metro de Lima. Indecopi procesa a 35 empresas del “club de la construcción” por una repartija mafiosa de 112 obras por 13 mil millones de soles, pero igual todas ellas siguen postulando a licitaciones de obras públicas como si nada hubiera pasado. Algo está muy mal en la lucha contra la corrupción.

SI LA JUSTICIA ES LENTA EL EJECUTIVO DEBE ACTUAR

En el Perú, ningún dueño o gerente de empresa constructora corrupta, extranjera o nacional, está en la cárcel. Ya sabemos que nuestro país la justicia es lenta, que las investigaciones toman tiempo y luego vienen juicios que se hacen interminables. ¿No puede mientras tanto el presidente y sus ministros, o este renovado congreso, tomar medidas al respecto para que al menos no se sigan llevando nuestra plata?

Si usted pone su aviso y alquila un departamento a alguien y luego esta persona resulta acusada de robo, ¿renovaría el contrato de alquiler mientras el tipo apela una y otra vez? ¿lo contrataría para que le haga alguna obra? No, claro que no. Pero el estado sí lo hace.

Frente al escándalo de Odebrecht, el gobierno de PPK sacó el Decreto de Urgencia 003-2017, luego reemplazado por la ley 30737 aprobada con votos del fujimorismo, Apra, congresistas PPK y APP. El reglamento lo hicieron con participación de la AFIN, la “Asociación de Fomento de la infraestructura Nacional” que agrupa a las grandes constructoras y de la cual Jorge Barata de Odebrecht fue vicepresidente: como poner al gato de despensero. Pero estas normas no le dan armas de presión económica a los fiscales que persiguen la corrupción ni establecen medidas para impedir que estas empresas corruptas sigan contratando y cobrando del estado y el público. De las treinticinco empresas del “club de la construcción”, siguen funcionando como si nada, absolutamente nada, hubiera pasado. Apenas Odebrecht y sus tres socias peruanas (GyM, JJC e ICCGSA) tienen que separar una partecita de lo que nos cobran a un fondo destinado a la reparación civil y no pueden llevarse así nomás su dinero. Pero OAS, Andrade Gutiérrez, Galvao Engenharia y Camargo Correa que son las otras grandes brasileñas corruptas y las nacionales Cosapi, Aramayo, Obrainsa y demás empresas del “club de la construcción” siguen sin ninguna fiscalización especial o barrera legal. Encima, las coimas las hicieron pasar como gastos legales de tal manera de evadir IGV e impuestos a la renta, pero la SUNAT no muestra estar moviendo un dedo al respecto.

Ahora en los nuevos contratos de obras públicas se establece una cláusula anticorrupción, pero cuando el gobierno ha querido que esa cláusula se incluya en los contratos antes firmados, todas las empresas se han negado. Son campeonas para pedir renegociaciones a su favor y se llenan la boca diciendo que ahora sí son limpias y honestas, pero cuando el estado quiere que sus contratos se cancelen si se descubren actos de corrupción se niegan a firmar; su moralidad no llega hasta su billetera. Eso son ellos, pero ¿hasta cuándo seguiremos con un ministerio de economía que agacha la cabeza frente a las trasnacionales y grandes empresas en vez de ponerse firme contra la corrupción?

EL ARGUMENTO DE LOS DEFENSORES

Defendiendo la ley 30737, la entonces ministra de economía Claudia Cooper, sustentó que “necesitamos (…) darle predictibilidad a los agentes económicos para poder tomar decisiones que les permitan garantizar la cadena de pagos y sus inversiones” (sic). En otras palabras, no se trataba de detener la corrupción sino sólo de “garantizar inversiones”, aunque fueran del tipo de Odebrecht y Graña y Montero.

Para el ex – ministro Edmer Trujillo, “si las empresas del club de la construcción salen del país ¿con qué construimos?”, seguido de “Si sacas al ‘Club de la Construcción’ has acabado con todas las empresas del país. Así de simple es el tema”. Discurso muy parecido al ´roba pero hace obra´ esta vez en versión ´sólo los rateros pueden hacer obras públicas´. Trujillo salió después de decir estas frases, pero luego Vizcarra lo volvió a nombrar ministro.

Por su parte, Roberto Abusada, director de Graña y Montero que ha estado durante todos los años de corrupción y asociación con Odebrecht, lo que ha habido es un “manejo absurdo de la corrupción que destruye empresas, que son activos nacionales”. Pobre Graña y Montero, destruida (¿?) porque no nos dimos cuenta que era de toda la nación…aunque las ganancias, claro, eran para unos pocos. “El Comercio” sigue publicando a Abusada sin decirle a sus lectores el serio conflicto de interés que significa que el representante de José Graña en el directorio de GyM tenga espacio preferencial en el diario del que José Graña es el accionista número uno.

LA REPARACIÓN CIVIL Y LAS EMPRESAS

Será difícil tener las pruebas de todas y cada una de las coimas en esas 112 obras del “club de la construcción”. Estos tipos no son unos angelitos que confesarán todo sino unos rateros tratando de zafarse de la cárcel resguardando lo más posible lo robado. Pero además de robarnos han generado daños inconmesurables al país: ¿cuántos cientos de millones en elefantes blancos hemos pagado? ¿cuánta gobernabilidad hemos perdido con cinco ex – presidentes en cana o con limitaciones una su libertad? ¿cuánta desconfianza en el estado y delincuencia han provocado sus raterías? ¿cuántas empresas, gerentes y directivos se han contagiado del virus de la corrupción que han esparcido por todas partes?

Eso es lo que deben repararnos económicamente, y en mi opinión el daño es muy grande, quizás 10 o 20 veces más que el robo mismo. Lo que se ha pedido de reparación a Odebrecht no debe ser la medida; estos han sido rateros mayores pero también los primeros en cantar y dar mucha información para meter a corruptos a la cárcel y eso es muy valioso. Quienes se han resistido y se siguen resistiendo a colaborar, deben ser castigado más fuertemente, con penas mayores de cárcel pero también con mayores reparaciones económicas. Esta es una discusión crucial sobre cuánto valoramos la ética pública que la ciudadanía y el congreso debe acometer.

Siendo así, sospecho que muchas de estas empresas le deben a los peruanos bastante más que lo que es su patrimonio actual. Porque lo más seguro es que la mayor parte de los robos de José Graña y los demás señorones del “club de la construcción” está hace tiempo en alguna cuenta secreta en un paraíso fiscal.

Una reparación civil justa, que realmente empiece a compensar el enorme daño que han hecho a nuestra patria, podría llevar a que Graña y varios dueños de constructoras corruptas pierdan su propiedad, como lo hacen los accionistas de cualquier empresa que no puede pagar sus deudas. Esto no es una medida “socialista” ni nada por el estilo. En Estados Unidos la empresa Purdue de la familia Sackler sobornó a médicos para que engancharan a decenas de miles como drogadictos de Oxycontin, llevando a muchos a la muerte (hay 60 mil muertos por opioides al año en EEUU), han sido enjuiciada por 500 estados, condados y grupos sociales que buscan reparaciones. Purdue ya se declaró en bancarrota, la familia Sackler dejó el control de la compañía y han ofrecido pagar de su propia fortuna pagar 3 mil millones de dólares, suma que ha sido rechazada por insuficiente por varios de los estados demandantes. En esta meca del capitalismo a nadie se le ocurre decir que esto sería un “manejo absurdo que destruye empresas, que son activos nacionales”.

Es necesario también iniciar otras discusiones. ¿Por qué no hay una ley o decreto que realmente nos defienda de estos sinvergüenzas obligándolos a revisar arbitrajes trafeados y precios exagerados? ¿Qué tal si el que no quiere incluir la cláusula anticorrupción en los contratos anteriores tampoco puede postular a nuevas licitaciones? ¿Por qué no les ponemos como condición básica a todos estos investigados por la fiscalía y por Indecopi, que si quieren seguir postulando a licitaciones públicas deben aceptar un fiscalizador público al interior de las mismas empresas?

En todo el mundo, la idea que las empresas solo deben pensar en darle ganancias a sus accionistas está en retirada. En el propio Estados Unidos, la meca del capitalismo, el “Business Roundtable” que agrupa a 181 grandes empresas norteamericanas (similar a la Confiep) declaró a finales del año pasado que las empresas no deben solo velar por las ganancias de los accionistas sino también por el bienestar de los trabajadores, la sociedad y el ambiente. La ética ya la daban por descontada, algo que en el Perú no podemos hacer y que tiene que ser el punto de partida para un nuevo comportamiento empresarial. Pero si no empezamos por ponernos firmes y hacerles pagar caro el daño hecho, nada cambiará.