Es esencial tener un Estado que responda a las necesidades de la población y que promueva eficazmente el desarrollo nacional. Lo mejor no es un “Estado mínimo” como propugna el neoliberalismo. Requerimos derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social, una buena infraestructura de transportes, comunicaciones y energía, promoción de la competencia y un sistema financiero inclusivo, desarrollo científico y tecnológico, regulaciones que cuiden el ambiente y un buen sistema de justicia.

Afrontar estos retos requiere presupuesto y para eso es necesaria una reforma tributaria. Hay neoliberales que, cuando se trata de los derechos sociales, insisten en que el Estado puede darnos servicios de calidad sin los recursos necesarios. Debemos recordarles a su gurú Milton Friedman: No hay lonche gratis; se necesita presupuesto. Claro que es igualmente necesaria una buena gestión pública para lograr “calidad del gasto”. Todo parece indicar que, a ese respecto, en este momento vamos como el cangrejo.

MERITOCRACIA Y TECNOCRACIA

El diagnóstico compartido es que el estado peruano es bastante ineficaz. Sin embargo no todo es malo. Se han logrado “islas de excelencia” en el estado y reformas importantes como en educación universitaria. Desde hace varios años se vienen dando luchas contra la corrupción con el equipo de fiscales “Lava Jato”. El año pasado nuestro sistema de salud, con todas sus deficiencias estructurales, llevó a cabo una campaña de vacunación contra al Covid con buenos resultados, evitando que la tercera ola tuviera el efecto devastador de las dos primeras. Haber logrado un crecimiento del 13,3% y 400 mil empleos formales nuevos creados en cinco meses es también un logro relevante, en el que la política económica y la gestión fiscal han jugado un rol. Sin embargo, por intereses partidistas y personales el cerronismo, el fujimorismo y sus aliados desconocen estos avances importantes que debemos mantener, bajo una supuesta crítica a los “caviares”.

En otras áreas, los déficits de gestión pesan mucho. Para hacer los cambios esperados, necesitamos en puestos de responsabilidad a personas comprometidas y calificadas. La experiencia adquirida en décadas de trabajo y en intensos meses de lucha contra el Covid no puede sustituirse fácilmente. Es un grave error “tirar al bebé junto al agua sucia de la bañera” y peor si es parte de una nefasta repartija que privilegia intereses personales y de grupo a los intereses nacionales. Esto no es un cambio, es más bien la repetición de lo peor de nuestro pasado, simplemente a cargo de otros actores.

Por el contrario, para hacer las reformas debemos recoger las capacidades acumuladas en el estado.  En mi gestión en el ministerio de economía y finanzas, por ejemplo, de las once direcciones generales sólo pedimos la renuncia a dos de ellos, los cuatro viceministros anteriores siguieron trabajando en el sector, cambiamos apenas a uno de los seis jefes de organismos adscritos y a ninguno de las empresas vinculadas. El actual ministro Oscar Graham, por ejemplo, ha sido director general varios años y continuó siéndolo durante mi gestión; en diversas políticas podemos discrepar pero trabajamos bien juntos en el área de su especialidad. Alex Contreras, a quien nombré viceministro de economía, venía de ser director de política macroeconómica del MEF en las tres gestiones anteriores. Una de las principales iniciativas que tomamos, la referida a la reforma tributaria – que el Congreso paró – la elaboramos con un director y un equipo muy capaz que tiene más de una década en el MEF, al que reforzamos con un grupo de asesores. Aprovechar la experiencia acumulada y la capacidad profesional existente es fundamental.

¿Esto impide los cambios? La propuesta de reforma tributaria que presentamos es muy sólida precisamente porque se basa en un trabajo profesional de años. Al revés, el nombramiento de personas no calificadas lleva a errores y retrocesos, como se ha visto estas semanas en el ministerio de salud y su impacto en la vacunación. Si hay personas que frenan reformas necesarias, claro que amerita cambios, pero siempre asegurando una alta calificación en los cargos directivos.

Cuando optamos por hacer cambios, buscamos profesionales altamente calificados. Un par de ejemplos: Gustavo Guerra-García, el viceministro de hacienda, había trabajado antes en el MEF, tuvo un cargo de viceministro y es un experto reconocido en finanzas públicas, reformas sectoriales y proyectos de inversión. En el BCR, junto a la ratificación de su presidente Julio Velarde, nombramos tres directores altamente calificados al directorio. De esta manera, buscamos que en la política fiscal y en la política monetaria, los dos temas esenciales de la política macroeconómica, tuviéramos la mejor gestión posible.

En el caso de las empresas públicas, el esfuerzo debe ser mejorar su gobernanza, que en toda empresa moderna pasa por un buen directorio y una gerencia independiente de éste. Este principio fue violentado en el caso de Petroperú con la designación por parte del directorio de Hugo Chávez como gerente general, lo que junto a irregularidades y la resistencia a una auditoría independiente, amerita el cambio de todo el directorio. En FONAFE, el organismo del Sector Economía encargado de supervisar las empresas públicas, mantuvimos la política que se viene aplicando hace algunos años de nombrar directores independientes, es decir no designados directamente por algún ministro, en base a una selección de los más capaces, lo que les da profesionalismo y estabilidad a los directorios.

El reemplazar funcionarios capaces por “gente de confianza” sin la formación necesaria no sólo es un retroceso en calidad de gestión; muchas veces además esos nombramientos están al servicio de redes de corrupción. Hemos visto reiteradas veces en nuestra historia como, cuando un presidente o ministro quiere robar, se apoya en incondicionales que convocan licitaciones amañadas, acomodan las normas y firman los contratos a su conveniencia. Desde luego, este riesgo es mayor cuando se nombran personas cuyo currículum está manchado; el pretexto del cambio, la lealtad política o la “confianza” no justifica nunca esas designaciones. Hay demasiada deshonestidad en el aparato público y por eso debemos atesorar a los funcionarios probos.

LOBBIES Y CAPTURA DEL PODER

También existe la captura del poder, por lobbies y cerradas redes de personas vinculadas a grandes intereses. Francisco Durand ha documentado con minuciosidad estos mecanismos. Hemos visto personas que pasan de ser directores, abogados o gerentes de empresas a dirigir los organismos que las regulan. Cabe dudar, legítimamente, de si en esa transición defenderán el interés nacional o el de sus pasados – y posiblemente futuros- empleadores. Hasta se ha comprobado que hubo decretos elaborados en estudios privados de abogados y en la empresa Coca-Cola.

Este tipo de comportamientos no se limita al Poder Ejecutivo, también está presente en el Congreso. Los legisladores que buscan traerse abajo la reforma universitaria son los dueños o contratados por esas universidades-bamba. Cuando la bancada keikista tenía mayoría en el congreso durante los años 2016-2018, trabajó arduamente para frenar leyes que afectaban a sus financistas; un caso notorio es el de Dionisio Romero: como él entregó 3 millones 700 mil dólares en maletines a Keiko, ella se fajó con su bankada para impedir que salieran los octógonos informativos que golpeaban el negocio de Alicorp, monopolio de Romero. La bancada fujimorista ha sido en estos meses pasados la mayor opositora a que los millonarios mineros paguen impuestos justos y coincidentemente han sido también quienes recibieron cientos de miles de dólares de Roque Benavides.

Frente a la corrupción y a poderosos intereses, no podemos oponer incapaces pero tampoco una tecnocracia encerrada en una torre de marfil. La democracia no son sólo elecciones sino también que las decisiones públicas respondan a los derechos humanos y a la voluntad de la población, para lo cual se necesita la participación de la ciudadanía. Cuando en el MEF recibimos directivas sindicales y alcaldes de distritos rurales, o fuimos directamente a Purús o Caballococha, había sorpresa: no se esperaba que un ministro de economía saliera de su cerrada oficina, desde la cual– dicen algunos – debía imponer “sensatez” a todos los demás ministros, congresistas y poderes del estado. Me congratulo de haber puesto un granito de arena por abrir el MEF al diálogo con diversos sectores, algo en lo que insistí tercamente. Sólo así se ha pido abrir las puertas a nuevas políticas como la negociación colectiva de los trabajadores estatales y defender junto a los alcaldes la inversión pública descentralizada.

IZQUIERDA Y BUENA GESTIÓN PÚBLICA

Hemos visto esta semana al cerronismo, que se considera la “verdadera izquierda”, defender la mala gestión y falta de transparencia en Petroperú. Han buscado encubrir su defensa de cuotas de poder personal, acusando de neoliberales a quienes criticamos una pésima gestión en Petroperú. Para quienes queremos un mejor estado defensor de los intereses nacionales, es muy negativo que supuestos izquierdistas busquen ocultar su incapacidad y corrupción bajo falsas banderas ideológicas.

Promovemos que haya un mejor Petroperú porque queremos un Estado eficiente. En materia energética el Estado tiene un rol importante que jugar, para dejar de estar a merced de Repsol y el Consorcio Camisea. Necesitamos avanzar en soberanía energética, masificar el gas peruano de tal manera que llegue a bajo precio a la mayoría de hogares del país y acelerar la producción de energías limpias. Estas políticas, hoy que tenemos un precio internacional del petróleo al alza y un cambio climático galopante, son más urgentes que nunca. Por eso mismo, no debemos cejar en la lucha por una gestión pública absolutamente honesta y de alta capacidad.