El balón de gas subió a sesenta soles. El azúcar también ha subido más de un sol el kilo. El pollo, aún más. El pan ha subido 15 por ciento promedio, aunque los precios suben continuamente y cualquier cifra se desactualiza con rapidez. El alza es generalizada en gran parte de la canasta popular y las familias se han visto afectadas fuertemente. Hay también un impacto indirecto: al reducir la capacidad de compra de las familias populares, se reduce la demanda interna y eso frena las posibilidades que los micronegocios mejoren y el empleo aumente. La situación es difícil; la economía en abril se presenta muy distinta a enero.

¿Frente a esta situación que golpea fuertemente a las economías populares, el gobierno debe quedarse cruzado de brazos y dejar que opere el “libre mercado”? Esta propuesta es impopular pero, sin decirlo, algunos sectores interesados la defienden por tres razones. La primera es que las grandes empresas, digamos Repsol en combustibles o Alicorp en alimentos, no van a reducir sus márgenes de ganancia. En el caso de las mineras, incluso, con un cobre y un oro a mayor precio, tienen sobreganancias. La segunda razón es ideológica: los neoliberales quieren un estado mínimo y que el “libre mercado” domine a nivel global (aunque la guerra ha puesto esta ideología, que deja todo a merced del mercado mundial, muy debilitada).

Hay una tercera y muy importante, de corte político: en estas condiciones económicas, de inflación y frenazo económico, el desgaste del gobierno de Pedro Castillo va a acelerarse. Ya perdió 4 puntos de popularidad en marzo. Para quienes promueven una vacancia express y Maricarmen Alva de presidenta, esto es una oportunidad dorada.

HAY RESPUESTAS POSIBLES

Las razones del alza de precios son fundamentalmente internacionales: la guerra de Rusia contra Ucrania ha afectado los mercados mundiales, ya que esos dos países producen bastante petróleo, trigo y aceite de girasol. También han subido los precios de los metales como el cobre, el oro y el zinc, que se producen en el Perú. Estos recursos, que según la Constitución le pertenecen a la Nación, son explotados principalmente por grandes trasnacionales y una docena de grandes grupos económicos. 

Si el precio mundial del trigo sube, y ese es el principal insumo del pan y los fideos, ¿funcionaría un control de precios? Si se obliga a un precio más bajo del pan, simplemente nadie lo produciría ni vendería porque no cubriría sus costos, y nadie trabaja a pérdida. Siendo cierto que en el Perú hay abusos de monopolios nacionales, y que durante la pandemia hubo alzas especulativas francamente horrendas por su efecto sobre la vida de personas y el sufrimiento de muchas familias, el alza actual de precios se debe a lo que sucede en el mercado internacional. Hay que saber diferenciar problemas y tener un buen diagnóstico, para lo poder tener buenas recetas. Un control de precios no es la solución frente a este problema.

Otra posibilidad es que el estado, usando su presupuesto, aplique un subsidio generalizado. Eso es lo que se ha decidido esta semana con el llamado FEPC, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, a un costo que no se ha revelado pero que sin duda será de varios cientos de millones. El problema es que las grandes intermediarias del gas GLP actúan privilegiando sus propias ganancias y no aplicando esos descuentos para la gente. Además, cuando se aplica un subsidio generalizado a un producto como la gasolina de 90 octanos, ese dinero va a beneficiar en alta proporción a quienes tienen carros de alto costo, camionetas SUV o 4×4 (que tienen motores más grandes que consumen más gasolina), cuando al mismo tiempo el presupuesto público no cubre los medicamentos, las inversiones o el internet que necesitan nuestros niños para estudiar.

Estas medidas parciales, además, tienen poco efecto en el alza general de precios, la inflación. En primer lugar, porque buena parte del alza viene directamente por los alimentos internacionales: el trigo, el maíz, los aceites. En segundo lugar, por el alza de fletes a nivel mundial, que no podemos controlar ni subsidiar. En tercer lugar, porque a nivel mundial ese aumento de precios, junto a problemas en las cadenas de logística, se ha ido trasladando a toda la gama de productos. Hay una discusión internacional sobre el actual fenómeno inflacionario, pero es un asunto macroeconómico, no de un sector o producto específico, asunto frente al actual hay que responder siempre defendiendo el empleo y estando alerta a reducir la desigualdad.

En algunos mercados hay problemas estructurales que han generado precios altos desde tiempo atrás. Hay casos, como el de la leche, en la cual un monopolio abusivo como el de leche Gloria debiera ser regulado. En el caso de la electricidad, las fórmulas de cálculo de las tarifas otorgan grandes márgenes de ganancia a las empresas del sector. También en el caso de varios combustibles, operan fórmulas basadas en la paridad de precios de importación, que llevan a precios más altos, como si el Perú no fuera productor.

MEJORAR LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS

El problema de fondo son los presupuestos familiares. En un caso como el actual, esencialmente de causa internacional y transitorio, la política económica debe defender la capacidad de compra de las familias, en especial las más vulnerables. Es un tema de Protección Social. Lo importante es que los ingresos de los hogares, que vienen de sus salarios, de los servicios que prestan, de las ventas de sus microempresas y de las transferencias que reciben (pensiones, remeses de familiares, “bonos”), suban más rápido que los precios para que así pueden seguir comprando su canasta básica. Si el pan y los pasajes suben de precio, pero lo que el trabajador recibe mensualmente aumenta cubriendo esa alza, el asunto de fondo, que es que las familias puedan mantener o mejorar su consumo, se soluciona.  Por ese lado es que se pueden buscar mejores soluciones.

¿Cómo lograr que las familias tengan más dinero? En primer lugar, generando buenos empleos, lo que requiere profundizar una política de reactivación económica y prender nuevos motores productivos, con más inversión pública, crédito promocional y medidas sectoriales orientadas a la creación de puestos de trabajo. Hay que mantener y ampliar los programas de empleo temporal, que llegan a los más necesitados y tienen la venta de ser auto-focalizados al mismo tiempo que producen pequeñas obras y actividades en bien de la comunidad. En tercer lugar, promoviendo un alza de salarios: ahora que la pandemia está controlada gracias a la vacunación lograda y hay una apertura amplia de la economía, es el momento que el sueldo mínimo se recupere.  La remuneración mínima vital lleva ya cuatro años sin aumentarse mientras la inflación ha erosionado su valor real y la productividad del trabajo ha crecido. No debe esperarse más. Mejores salarios, además, ayudarán a la demanda interna, demanda que fue uno de los factores importantes por los cuales el año pasado crecieron fuerte la industria y la construcción y que amplía oportunidades a esa gran parte de la población que sobrevive con su propia iniciativa, los llamados independientes y dueños de micronegocios.

Para esos millones de familias pobres, incluyendo para los adultos mayores y personas con discapacidad que no pueden trabajar, así como para poder sustentar a los niños y niñas, el estado puede apoyar con una transferencia directa de dinero. Nuestro sistema de protección social tiene urgentemente que ser mejorado, y en eso coinciden el Banco Mundial, la OCDE y el FMI. Tenemos, por ejemplo, Pensión 65, que sigue dando 125 soles por mes como hace una década; ya es tiempo que tenga un aumento. La política de otorgar bonos, que parecía ya no sería necesaria este año tras el fin de la pandemia, es algo que debemos nuevamente considerar ante este golpe inflacionario y ahora se podría hacer de forma mejor orientada; si hay algo seguro es que ese mecanismo es mucho más focalizado en los pobres que un subsidio generalizado a la gasolina de 90 octanos.

Sin embargo, la mejor forma de ayudar a las economías familiares es reduciendo sus costos de servicios esenciales. Hoy, el sistema de salud es tan deficiente que la atención es demorada, las medicinas a menudo no están y las radiografías o tomografías las programan para dentro de dos meses, forzando a los hogares a pagar suman fuertes de dinero por esos servicios. Las deficiencias de la educación pública generan efectos similares. Un salto de mejora en educación y salud, que haga de esos derechos sociales realidad a partir de una gratuidad efectiva del conjunto del servicio, tendría un gran efecto.

¿CÓMO FINANCIAR ESE PRESUPUESTO PÚBLICO?

Para lograr tener los recursos para estas medidas básicas en salud, educación y protección social, el estado tiene que mejorar sus ingresos. Como dice el FMI en un reciente informe sobre el Perú: “La recaudación es comparativamente baja en relación a otros países en la región (…) Esto limita la expansión de la infraestructura y de programas de desarrollo social (…) Aumentar la recaudación mejorando la progresividad parece ser la orientación correcta”.

Una clave para hacerlo es la minería, que hoy obtiene ganancias muy grandes porque los precios del cobre y el oro, que ya eran altos, han dado un nuevo salto hacia arriba producto de la guerra. Les han llovido ganancias del cielo, sin mover un dedo de inversiones o mejora de la productividad. No perderíamos competitividad por esto, nuevamente el FMI nos dice que el “Perú es un país atractivo a la inversión extranjera en minería” y que “El régimen permite un espacio (moderado) para aumentar la carga tributaria sobre el sector sin perder competitividad internacional”. Ellos hicieron sus cálculos para un precio del cobre 3,50 la libra y del oro de 1,550 la onza, precios superados ya en más de un 20 por ciento. Nota necesaria: este informe lo elaboró el FMI cuando estábamos a cargo del MEF y algunos críticos pusieron en duda su existencia; como lo anunciamos y pedimos, ya es público.

Hay otros ajustes tributarios necesarias, en especial a los ingresos y ganancias de capital, también respaldadas por el FMI. En Estados Unidos Joe Biden propone un impuesto a los billonarios, en Colombia el gobernó derechista de Iván Duque elevó las tasas a los altos ingresos, en Chile se prepara una reforma tributaria progresista fuerte. Estamos en un tiempo en que los gobiernos de distintas latitudes le ponen más prioridad a la educación, la salud y la protección social, y para poder dotarles del presupuesto necesario buscan formas para que, quienes concentran la riqueza, aporten más. El golpe del alza de precios sobre los bolsillos populares hace aún más urgente esta discusión en nuestro país.