Maricarmen Alva metió la pata hasta el fondo una vez más; jugó a decidir la política económica como si fuera presidenta de la república y ministra de economía y finanzas e hizo aprobar un proyecto de ley que generaba un forado fiscal enorme, de más de 3 mil millones solo este año. Tuvo que dar marcha atrás.

En la crítica al congreso se ha resaltado que su proyecto de ley pretendía exonerar de impuestos a diversos alimentos que no son de primera necesidad si no más bien consumidos por la clase alta. Siendo eso correcto, hay que insistir en que quienes pagan directamente a la SUNAT impuestos como el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) son las empresas. Existe la posibilidad de que las empresas, ante la rebaja del impuesto que deben pagar, reduzcan los precios a los consumidores, pero eso no es para nada seguro: en la medida que puedan quedarse con ese dinero (que para ellos suma millones) en sus bolsillos lo harán.

Los economistas neoliberales consideran que predomina una “competencia perfecta” que hará que los precios bajen rápidamente. Pero en muchos casos eso no es verdad. En el Perú, monopolios y oligopolios dominan el mercado de leche, de aceites, de harina de trigo y de pollo, favorecidos por la rebaja de impuestos. No hay decenas de empresas vendedoras de gas para los balones que usamos en casa, apenas tres o cuatro mayoristas, y cuando se ha otorgado subsidios al gas apenas la mitad de lo que pone el estado ha llegado al consumidor final.

Hacer frente a esos abusos de empresas que tienen poder en el mercado es responsabilidad de una Indecopi, el “instituto de defensa de la competencia” que ha estado por décadas dominado por neoliberales que dejaron que los monopolios dominaran sin control, y que hoy bajo un presidente de Perú Libre es igual de ineficaz. Otra posibilidad sería que el ministro de energía establezca una concertación con las empresas para asegurar que bajen los precios del gas, pero el señor nombrado por Cerrón en ese cargo no ha hecho nada al respecto. Los cerronistas son campeones en tuits supuestamente revolucionarios pero incapaces en la acción práctica en favor de las economías populares.

¿La propuesta de prohibir los monopolios y oligopolios mediante una reforma constitucional asegurará que esta exoneración de impuestos logre una rebaja de precios? Enfrentar a los monopolios con firmeza es un tema largamente postergado. Sin duda hace falta una mejor defensa del interés público en mercados donde hay poder de dominio. Pero una reforma constitucional requiere ser aprobada por el congreso en dos legislaturas ordinarias, lo que en ningún caso puede hacerse antes de agosto, luego habría que aprobar una ley “de desarrollo constitucional” para establecer que se haría con los monopolios ya existentes y posterior a eso habría que crear capacidad estatal para aplicarla. El plazo para poner eso en marcha es largo. Mientras tanto, ahí está Indecopi, cuya labor es la defensa de la competencia y del consumidor, sin hacer nada.

AYUDA SOCIAL Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO NO SE CONTRAPONEN

La mejor respuesta posible del estado para ayudar las economías populares frente al alza de precios es mejorar los ingresos de las familias. Una combinación de transferencias directas de dinero o ´bonos´, junto a políticas que promuevan un aumento de salarios y pensiones y con programas de inversión pública descentralizada y empleo temporal, es la mejor opción. Controlar precios no funciona, dar apoyo a las familias sí.

El problema de falta de puestos de trabajo que tiene el Perú es histórico y estructural, y debemos enfrentarlo al mismo tiempo que atendemos la emergencia actual. Hoy nuestra economía es como una persona con problemas crónicos, debilitada por el Covid y que además acaba de sufrir un accidente. Debe atenderse en emergencia su trauma teniendo en cuenta sus problemas crónicos. Es clave para la creación de empleos la dinamización de la demanda interna, junto a políticas de promoción con crédito, asistencia técnica, organización de cadenas de valor, asociatividad de pequeños productores, mejor acceso a mercados e infraestructura. Pero si en el corto plazo el mercado interno no crece, las posibilidades de que mejoren las ventas y los negocios prosperen y generen nuevos empleos son bajas. Precisamente las medidas de emergencia propuestas, como un ´bono´, inversiones públicas, empleo temporal y aumento del salario mínimo, generan un crecimiento de la demanda y el mercado interno al poner dinero en los bolsillos de la clase trabajadora, creando de esa manera oportunidades económicas a los microempresarios.

LA FOCALIZACIÓN Y SUS PROBLEMAS

Economistas neoliberales han propuesto que cualquier ayuda sea estrictamente focalizada. El problema es que programas como Juntos y Pensión 65, que son los que tienen esa lógica, sólo llegan a 1 millón 300 mil personas mientras hay muchísimos más afectados por la crisis. Además, los mecanismos del estado peruano para focalizar y determinar quiénes deben recibir la ayuda pública es bastante deficiente. El problema parte desde las leyes, que excluyen a quienes no están en extrema pobreza, siendo que por definición estas familias son aquellas que aun dedicando todos sus ingresos a alimentos, no derivando ni un sol a un pasaje urbano, a un balón de gas o a una frazada de invierno, aun así no pueden comprar suficientes comida para tener las calorías necesarias para sus cuerpos. Realmente es un criterio propio para hambrunas africanas. Tampoco es buena la forma como opera el sistema de focalización de hogares, mediante municipalidades que tienen incentivos perversos y con datos desactualizados cuando el empobrecimiento ha sido particularmente masivo durante la pandemia. A ello se añade que el sistema de clasificación de hogares obvia que la pandemia y el alza de precios ha llevado a la pobreza a mucha gente de clase media o aspirante. Una reforma en la que es necesario insistir en la política de protección social, incluyendo los sistemas de información y focalización de hogares y los roles de los diversos niveles de gobierno. Necesitamos una red amplia de protección social, no una frazadita de 50 centímetros por lado que de ninguna manera puede cubrir lo indispensable para cuidarse del frío.

Mientras tanto, hay que echar mano a lo que se tiene: la información de la RENIEC, de la SUNAT y otras entidades referida a las planillas, pagos de impuestos, propiedades y créditos que sirven para identificar a quienes tienen un buen nivel económico y no necesitan ayuda del estado. En un país con alta informalidad e ilegalidad las limitaciones de esos datos son obvias, pero ese es el estado de baja capacidad que tenemos y con el que hay que operar.

LA LEY DEL EMBUDO

La defensa que nuestra derecha neoliberal hace de la focalización es totalmente sesgada. Desean que la ayuda social que brinde el estado sea mínima, pensando que así evitan mayor gasto público que luego pueda devenir en presiones para un mayor cobro de impuestos a las grandes fortunas.

Los voceros de la derecha se preocupan muchísimo de que no se otorgue un sol a alguien que no esté en la más extrema de las privaciones, pero defienden a rajatabla que mientras tanto a las trasnacionales mineras, que tienen ahora ganancias extraordinarias de miles de millones de dólares, no se les cobre una colaboración adicional en esta coyuntura. Insisten en que la ayuda social de nuestro estado sea de una tacañería que bate récords mundiales, mientras los grandes propietarios de empresas siguen pagando una tasa de apenas el 5 por ciento sobre los dividendos que reciben, tasa que resulta bajísima en comparación internacional.

Es decir, cuando se trata de ajustar a los necesitados, que tienen muchos rostros y múltiples dificultades, la derecha neoliberal busca todos los pretextos para escatimar un apoyo que mitigue su hambre; pero cuando se trata de la minería y los monopolios abusivos, quieren que se les de todos los subsidios financieros y ventajas tributarias aunque el estado pierda por eso millones. En ese caso la focalización ni se menciona, que un puñado de millonarios reciba del gobierno más que lo que se otorga a miles de peruanos necesitados no les mueve una ceja. Aplican la ley del embudo, ancho para los poderosos, angosto para el pueblo.