El tremendo salto de los precios de los alimentos producto de la guerra de Rusia contra Ucrania ya cumple tres meses. El trigo, el maíz y los aceites, de los cuales Rusia y Ucrania son grandes abastecedores, tuvieron un alza impresionante. El petróleo también subió fuerte, dándole otro empuje a la inflación, y los fertilizantes agravaron la situación de los agricultores. Casi cien días después las familias pobres peruanas aún esperan algún tipo de apoyo del gobierno.

A fines de abril la inflación anual alcanzó el 8 por ciento cuando la meta tope del BCR es 3 por ciento. Productos básicos que constituyen la base del consumo y la fuente energética y proteica de las familias pobres como los alimentos, combustibles y electricidad subieron 13 por ciento en promedio el último año. El pan, los fideos y los huevos han subido 25 por ciento, el pollo 20 por ciento, el aceite 52 por ciento y el azúcar 63 por ciento. No hay que ser experto ni extraordinariamente inteligente para darse cuenta del fuerte golpe de esta situación sobre la pobreza y el hambre.

RESPONSABILIDAD Y MEDIDAS

Es cierto que la responsabilidad de esta situación es de una economía mundial que, con la pandemia en buena medida controlada y con la guerra en Ucrania y las sanciones económicas a Rusia, ha multiplicado precios internacionales. Sin embargo, ante emergencias sociales como esta, es deber del estado responder con medidas que amengüen el sufrimiento de las familias populares. Esa es una de las funciones básicas de todo estado: cuidar a sus ciudadanos.

El gobierno respondió ampliando el subsidio al diesel y la gasolina (que se aplica mediante el ´Fondo de estabilización de precios de los combustibles’) y exonerándolos del impuesto selectivo al consumo. Desde inicios de este mes, también el pollo, huevos, azúcar, fideos y pan se exoneran del IGV. Los empresarios que venden esos productos hoy pagan menos impuestos. ¿Han tenido efecto estas medidas sobre las economías populares? Muy poco. Lo que sí sabemos es que le costarán al fisco más de 3 mil millones de soles este año, recursos que se pierden para la salud, la educación y la inversión pública.

Exoneraciones de impuestos como estas se quedan en buena parte en manos de los empresarios productores e intermediarios (sobre esto hay amplio consenso entre los economistas), algo que se agrava cuando hay monopolios y grupos con poder de mercado (lo que economistas neoliberales prefieren ocultar). Además, los limitados beneficios que mediante menores precios puedan llegar a los consumidores, se concentran en los sectores medios y altos que compran en centros y tiendas formales, mientras que los más pobres, que en zonas rurales se alimentan de su propia producción y que compran en mercados de barrio donde la informalidad prevalece, son los que reciben menos. Si antes esta discusión podía ser especulativa, hoy basta ir a los mercados populares y preguntarle a la gente si los precios han bajado y su situación ha mejorado: La respuesta es un rotundo NO.

SÍ SE PUEDE AYUDAR A LAS ECONOMÍAS POPULARES

Las mejores medidas para paliar los impactos sociales de shocks externos de precios como éste son las transferencias directas a las familias. Dado que no funcionaría un control de precios y que las exoneraciones de impuestos benefician sobre todo a las clases altas, el problema económico de las familias puede atenderse desde otra vía, mejorando sus ingresos antes que buscar una inviable reducción generalizada de los precios.

Promover el empleo con nuevos motores productivos diversificados e inversión pública es una política clave que siguen siendo importante en esta coyuntura, pero su implementación y efecto no logra tener la rapidez necesaria ante emergencias como ésta. Programas de empleo temporal mediante pequeñas obras y actividades pueden lograrse en pocos meses, pero hasta ahora no se les ha dado presupuesto adicional, un déficit importante en el abordaje del gobierno. Incluso medidas de rescate a las micro y pequeñas empresas de confecciones concentradas en Gamarra, como son las salvaguardas que les den aire para competir frente a los productos asiáticos y ampliar su producción y su empleo, no se han aprobado.

Como acción directa del gobierno, tenemos la experiencia del bono yanapay, que entregó a más de 13 millones de peruanos un subsidio de 350 soles, y el bono a los trabajadores formales por 210 soles a quienes tenían sueldos menores a 2 mil soles mensuales. Estas medidas son ayuda directa y también fortalecen la demanda, algo central ante la caída de ingresos reales de un amplio sector para seguir reactivando la industria y el aparato productivo nacional. Ambas transferencias lograron una amplia cobertura, excluyendo sí a los que tienen menor necesidad, identificados por tener un trabajo con un ingreso que cubra su canasta básica. La focalización tiene debilidades, desde luego, porque mucha gente oculta sus ingresos y tiene ganancias por negocios ilícitos o informales sin entregar boletas o facturas, pero dado el muy imperfecto y débil estado peruano, es lo mejor que podría y puede hacerse. A mediano plazo, una política social más eficaz requiere como base realizar un nuevo censo nacional, indispensable tras la enorme migración venezolana, la mortalidad del covid19 y los flujos migratorios de retorno hacia pueblos del interior durante la pandemia. Esta debe ser la base de un esfuerzo por reestablecer la información social y demográfica nacional y actualizar el sistema de focalización de hogares.

¿Existen fondos para una transferencia de amplia cobertura, al estilo de un segundo bono yanapay? Claro que sí. Sobradamente. Por un lado, la recaudación tributaria en estos primeros meses del año ha sido muy buena; solo en los cuatro primeros meses del año la recaudación fiscal, es decir los ingresos del estado por impuestos, regalías y contribuciones, han sido 18 mil millones de soles mayor al año pasado. Mientras tanto el gasto de gobierno, corriente y de inversión ha aumentado la décima parte de esa suma, por lo que el saldo diferencial a favor del estado es del 90 por ciento. Mirando hacia adelante en el año, la meta establecida por ley es que haya un déficit de 3,7 por ciento del PBI en todo el 2022, y va en 1 por ciento (suma de los últimos doce meses). Es además necesario y conveniente recuperar para el país una mayor parte de los ingresos extraordinarios de la minería, que ya ascienden a 21 mil millones de dólares.

ESTAMOS EN NADA

Lo que me enerva es que pasen los meses y nada. Se lanzan desde el gobierno iniciativas como la Asamblea Constituyente que, más allá de la necesaria discusión de fondo sobre un nuevo pacto social, son movidas distractivas, destinadas sólo a ganar tiempo y posicionamiento en la confrontación política. Mientras tanto, en el congreso opera un pacto entre la derecha y Cerrón para repartirse el Tribunal Constitucional con fines de impunidad y de beneficio a las grandes empresas deudoras de SUNAT, y para avanzar una agenda retrógrada en educación sexual, derechos de las mujeres y educación superior. Mientras tanto, a contrapelo de toda la verborrea seudo-revolucionaria de Vladimir Cerrón, el ministro de energía y minas que responde a sus órdenes no da un paso adelante en la masificación del gas, ni en relanzar la construcción del gasoducto del sur ni en negociar mejores condiciones en Camisea, y desatiende el conflicto de Las Bambas. En resumen: ni agenda de cambios de fondo, ni atención a la emergencia social. Por este camino no podremos evitar que aumenten los pobres en este país tan rico ni que se agraven nuestros serios problemas de gobernabilidad.