La próxima semana se inaugura la COP27, la conferencia mundial sobre el cambio climático.  Este año hemos tenido el invierno más frío en seis décadas en Perú, el verano más caliente que nunca en Europa y más huracanes e inundaciones en diversas zonas del planeta, afectando en Pakistán a 33 millones de personas. La emisión de gases invernadero está generando problemas que nos explotan en la cara. Hace años, informes científicos internacionales indicaron que la meta de no sobrepasar los 1,5 grados adicionales en la temperatura planetaria era alcanzable y lo mejor para todos, pero la lenta reacción mundial ha hecho que ya sea muy difícil lograrla. Debemos sin embargo hacer todos los esfuerzos para que esta situación no se siga agravando y llegue a tener efectos realmente catastróficos sobre el planeta y en el Perú, catalogado como el tercer país del mundo con mayor riesgo por el cambio climático.

¿Es este un tema que debe tratar exclusivamente el ministerio del ambiente y los activistas ambientalistas? ¿La política económica no tiene un rol importante frente a este problema? Desde luego que la tiene. Incluso el FMI en su último informe del Panorama de la Economía Mundial dedica un capítulo especial al tema, demostrando que es muy conveniente realizar de una vez las inversiones necesarias para acelerar cambios tecnológicos, readecuar el consumo y la producción en aras de cuidar el planeta. Los países que no lo hagan tendrán cada vez mayores dificultades para colocar sus productos en los mercados internacionales e irán perdiendo competitividad.

LA IDEA MARCO

La política económica peruana tiene una definición clave en el llamado “Marco Macroeconómico Multianual” (MMM), que define las proyecciones y orientaciones de política para un horizonte de cuatro años. Debe aprobarse cada año antes de fines de agosto, así que un nuevo gobierno debe correr para incluir sus prioridades y visiones en este documento clave que lo recibe ya casi listo de la administración anterior. Eso hicimos el año pasado con el MMM 2022-2025. En palabras de la economista ecologista Kelly Alfaro en un artículo reciente, este documento “coloca expresamente la necesidad de un crecimiento ambientalmente sostenible, siendo el componente ambiental transversal para el logro de una descarbonización de las actividades económicas en nuestro país. Asimismo, menciona la necesidad de promover la inversión presupuestal orientada a metas de adaptación y mitigación ante el cambio climático en diálogo con los compromisos climáticos asumidos por el Estado…. Con ello, el MMM elaborado en el 2021 propone consolidar la acción climática y la sostenibilidad en la política macroeconómica, la planificación fiscal, el diseño del presupuesto, la gestión de la inversión pública, entre otras acciones, de manera explícita.”

Fue un empuje inicial pero importante y de transformación. La visión previa del MEF, a la que se ha regresado en el último MMM aprobado, sólo considera el cambio climático como un riesgo fiscal. Efectivamente, debido a los desastres que se multiplicarían y por sus efectos sobre la agricultura, el cambio climático puede tener un fuerte impacto en nuestras cuentas fiscales. Pero además en el empleo, la pobreza, la salud pública, los sistemas de transportes, etc. Se necesita una política multisectorial de mitigación y adaptación frente al cambio climático, dentro de la cual la política económica debe ser una herramienta fundamental.

Un área en la cual una mirada de sostenibilidad ambiental es importante es infraestructura. No podemos seguir construyendo carreteras o represas sin tener en cuenta los riesgos que el cambio climático representa en las próximas décadas, y la construcción de edificios y viviendas debe considerar diseños de mayor eficiencia energética. El diseño de los sistemas de transporte tiene también enorme impacto en la emisión de gases, siendo mucho más eficiente y superior el transporte público masivo basado en energías renovables. Un renovado Plan Nacional de Infraestructura, al igual que un nuevo Plan de Competitividad deben incluir esos elementos en al núcleo de su formulación, algo en lo cual la cooperación internacional de diversas fuentes ha manifestado gran interés en colaborar.

COALICIÓN INTERNACIONAL

Este no es un problema exclusivamente nacional y los cambios económicos para enfrentarlo tampoco deben serlo. Por esa razón, en el mundo se ha constituido una Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática, espacio de articulación que reúne hoy a más de 75 países interesados en apuntalar el combate al calentamiento global y acelerar la transición hacia economías bajas en carbono.  

Esta Coalición se guía por los “Principios de Helsinki”, que implican alinear las políticas con los compromisos del Acuerdo de París, compartir experiencia y conocimientos, impulsar medidas que resulten en un precio al carbono efectivo, considerar el cambio climático en la política macroeconómica, la planificación fiscal, el presupuesto, la gestión de la inversión pública y las prácticas de compras públicas, movilizar fuentes privadas de financiamiento climático y participar activamente en la implementación nacional de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional presentadas en el Acuerdo de París.

En setiembre del año pasado, solicitamos que se incluyera al ministerio de economía y finanzas del Perú a ese espacio y fuimos formalmente aceptados al mismo en octubre 2021. Esta Coalición ha seguido operando este año, ha estado activa en las “reuniones de primavera” del FMI y Banco Mundial del mes pasado y se prepara a hacerse presente en la COP27 en Egipto las siguientes semanas. El Perú no debe quedarse fuera, por el contrario, nuestra participación debe reforzarse.

BONOS SOSTENIBLES

A nivel internacional hay otra área con oportunidades interesantes en relación a cambo climático: el financiamiento para el desarrollo. Nuestro país sigue necesitando captar fondos del exterior para inversiones y hay un amplio interés en el mercado internacional para los llamados ´bonos verdes´ y ´bonos sostenibles´. Ya a fines del gobierno de Sagasti, en julio del 2021, se aprobó el llamado “Marco del Bono Sostenible”. En reuniones en Washington y Nueva York el año pasado, constatamos que el interés de los inversionistas financieros por este tipo de bonos era amplio; muchos inquirieron sobre el tema e insistieron en la conveniencia de que Perú haga una emisión de ´bonos sostenibles´, cuyos fondos son exclusivamente orientados a proyectos y gastos que generen impactos positivos sobre el medio ambiente y promuevan el acceso equitativo y de calidad a servicios básicos, de salud y educación.

A fines de octubre del año pasado el MEF hizo una emisión de bonos muy exitosa, US$ 4 000 millones, con vencimientos a diez, treinta y cincuenta años, obteniendo tasas de 3,0%, 3,55% y 3,60%, respectivamente, tasas muy pero muy inferiores a las que tendríamos que pagar si esos bonos se emitieran hoy. Pudimos encontrar una ventana de oportunidad muy conveniente para esta operación. Dentro de este paquete, los bonos con vencimientos a diez y cincuenta años, por US$ 2 250 millones y US$ 1 000 millones, representaron los primeros bonos sostenibles emitidos por la República del Perú. Es un camino que nos conviene proseguir.

DEBIERA SER SÓLO EL INICIO

Como dijimos al principio, la política económica no puede ser ajena al objetivo de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Hoy enfrentamos un momento difícil porque los altos precios del petróleo han empujado la inflación al alza mientras el Perú estaba particularmente vulnerable por haber descuidado políticas de eficiencia energética y promoción de energías renovables. Pero eso es también una oportunidad: estrategias audaces de transición energética hoy pueden contribuir a dos objetivos al mismo tiempo, mejorar la situación macroeconómica y avanzar en la descarbonización como ha sido nuestro compromiso con el mundo. Son objetivos prioritarios que no debemos olvidar, ni aún en medio de la crisis de gobernabilidad y los escándalos de corrupción que vive el país.