La nueva ley de presupuesto 2023 debe aprobarse antes de fin de mes. Me hace recordar cuando hace un año estaba en ese mismo trajín. Era un tema crucial, puesto que había que asegurar recursos para la salud en momentos en que se anunciaba una cuarta ola, y aunque la vacunación avanzaba rapidísimo, todavía tenía un tramo por recorrer. También había que asegurar presupuesto para otras prioridades como educación, agricultura, protección social e inversión pública.

El reto fue grande. La Constitución establece que el proyecto de ley de presupuesto debe presentarlo el Poder Ejecutivo al Congreso antes de que termine agosto. Es decir, apenas un mes desde que asumí el cargo, así que tuvimos poquísimo tiempo. El equipo liderado en Hacienda por Gustavo Guerra-García y junto al entonces director de política macroeconómica (hoy viceministro de economía) Alex Contreras, trabajó a todo dar. Mantuvimos un tono conservador en las proyecciones de ingresos y reestablecimos una meta de déficit fiscal, porque aunque seguía la pandemia era ya necesario reestablecer reglas mínimas de sostenibilidad fiscal. Dentro del plazo, presentamos el proyecto de ley de presupuesto 2022.

MEDIDAS INCLUIDAS QUE DEBIERAN SEGUIR

En las concertaciones posteriores con el congreso incluimos varias medidas que ojalá se mantengan. La ley vigente establece que los gobiernos regionales y municipalidades han debido dedicar al menos 1 por ciento de su presupuesto para apoyar a las personas con discapacidad y hacer obras que faciliten su acceso y movilidad. Otorgamos 50 millones adicionales para enfrentar la contaminación por metales pesados mediante acciones de prevención y atención a las personas afectadas. También aprobamos el presupuesto necesario para la subvención a los niños y niñas huérfanos del Covid.

La ley incluyó fondos adicionales para ejecución rápida de algunas medidas en el mismo mes de diciembre del 2021. Uno fue para el pago de 1,000 millones de soles de deudas a los maestros, que han ganado centenares de juicios por preparación de horas de clase no pagadas. Otros pagos hechos ese mismo mes fueron para poner al Perú al día con sus cuotas en organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y varias otras con las que estábamos debiendo años de obligaciones.

También se aprobaron 203 millones para otorgar un bono de fin de año de 350 soles a 580 mil pensionistas de la ONP que reciben pensiones sumamente bajas. En justicia pensionaria ya habíamos iniciado la entrega de pensiones a quienes tenían 10 y 15 años de aportes, esto era algo nuevo ya que antes quienes habían contribuido hasta 19 años y 11 meses no recibían nada; ahora ya hay 20 mil adultos mayores beneficiados con este mecanismo.  La ley de presupuesto 2022 también estableció que, en vez de dejar a los jubilados en el aire mientras esperan que se apruebe su derecho a una pensión, se les otorgue una pensión provisional; con esta medida se han beneficiado más de 33 mil personas. Siendo avances, en este tema se requiere una reforma integral del sistema; ya Gabriel Boric en Chile ha presentado su propuesta al Congreso para acabar con las AFPs y elevar las pensiones básicas de cobertura universal, algo hacia donde nosotros también debiéramos apuntar.

LA CONCERTACIÓN ES POSIBLE

Logramos que la ley de Presupuesto 2022 se aprobara en el Congreso con 107 votos a favor y apenas 2 en contra, con todas las bancadas respaldándola, lo que parece increíble hoy que entre Ejecutivo y Congreso parecen jugar a matarse el uno al otro en medio de acusaciones de corrupción. Ese amplio consenso se logró concertando con la comisión de presupuesto del Congreso. Con el entonces presidente de la comisión Héctor Acuña dialogamos a lo largo de varias semanas, en las que fuimos conociéndonos hasta ir construyendo confianza y yo diría cierto grado de amistad. Felizmente, su principal pedido era algo en lo que nosotros también creíamos: una mayor descentralización del presupuesto, adelantando la entrega de 2 puntos del IGV a los gobiernos regionales mediante el llamado FONCOR – Fondo de Compensación Regional. Esa medida ha significado 1,600 millones de soles adicionales para obras de los gobiernos regionales este año, medida que ha ayudado a compensar la lentitud en la ejecución de las inversiones del gobierno central.

El trabajo de aprobación del presupuesto se aceleró la última semana con jornadas hasta altas horas de la noche. Había decenas de propuestas de congresistas que evaluar y discutir, contando con el respaldo de los capaces profesionales del MEF y la Comisión de Presupuesto del Congreso. Aprendí ahí que para asegurar el principio de que el congreso no tiene iniciativa de gasto, cada artículo adicional del proyecto de ley de presupuesto aprobado por la comisión del congreso debe estar respaldado por la firma del ministro de economía; en mi caso yo firmaba sólo luego del visto bueno de la directora de presupuesto público y del viceministro de hacienda, manteniendo el principio de que la línea técnica debe ser respetada.

GESTIÓN Y PRESUPUESTO

La aprobación de la ley de presupuesto, sin embargo, es sólo el primer paso en la maquinaria del gasto público. Luego cada institución gubernamental tiene que decidir qué proyectos priorizar, hacer su plan de compras, proceder a las licitaciones, supervisar la obras y entrega de materiales, para recién luego proceder al gasto que el presupuesto habilitó. El caso de la compra de fertilizantes, analizado en esta revista la semana pasada, muestra como la asignación de presupuesto debe ir acompañado de un mínimo de gestión para que pueda ejecutarse oportunamente. Muchos proyectos han sufrido un destino similar a los fertilizantes, con postergación tras postergación, restando eficacia al presupuesto aprobado.

Un análisis del conjunto de la inversión pública muestra que una medida que ha ayudado este 2022 ha sido la aprobación de un presupuesto más descentralizado hacia instancias regionales y municipales. Estando en su último año de gestión, gobiernos regionales y municipales han acelerado su ejecución de obras, algo hecho posible por el mayor presupuesto que se les facilitó.  Gracias a eso este año la inversión pública en su conjunto, sumando todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local) ha mantenido su ritmo, lo que ha sostenido el crecimiento económico. Mirando al futuro próximo preocupa que con el cambio de gobernadores regionales y alcaldes, el año que vienen las obras a su cargo irán más lento, lo que ha sucedido siempre que hay nuevas autoridades. El manejo presupuestal del 2023 debiera responder a esa realidad abriendo nuevos canales y mejores procesos para la inversión pública.

Al mismo tiempo, las trafas hechas para robar los dineros públicos direccionando obras a empresarios inescrupulosos, resaltan la necesidad de un control estricto en la ejecución del gasto. Dimos un paso adelante en ese sentido al habilitar los mecanismos presupuestales para que la Contraloría pueda hacer control concurrente, es decir, en tiempo real y no una vez que la leche ya está derramada.  La corrupción es un mal que sólo podremos derrotar uniendo fuerzas, con vigilancia ciudadana y cerrando el paso a la impunidad.

En estos días que se está aprobando un nuevo presupuesto, vale la pena recordar que se trata de una herramienta importante para mantener unas cuentas fiscales sanas e implementar estrategias de desarrollo. Pero por sí sola, no resuelve los problemas. Si se carece de políticas y planes de mediano y largo plazo basados en mínimos de consenso y de una gestión eficaz y honesta, su utilidad se ve limitada.