Las Dictaduras y el Neoliberalismo

PINOCHET Y EL PERU DE HOY

Esta semana se recordaron 50 años del golpe de Augusto Pinochet. Su dictadura duró 17 años, mató o hizo desaparecer a más de 3 mil personas, produjo 30 mil víctimas de tortura y otras violaciones de derechos humanos y 300 mil exiliados. Fue brutal.  El golpe tuvo el apoyo de los Estados Unidos, las grandes empresas trasnacionales y chilenas y medios de comunicación tradicionales muy cercanos a ellas como “El Mercurio”. El aplastamiento de cualquier protesta le permitió a Pinochet hacer una política económica neoliberal extrema, con la asesoría del gran gurú neoliberal Milton Friedman, eliminando derechos laborales, privatizando las pensiones con las AFPs y la seguridad social en salud, desregulando la economía y dando todas las facilidades a las trasnacionales y grandes grupos financieros.  

Hay varios parecidos en esta historia de Chile con la del Perú de ayer y hoy. Fujimori también dio un golpe que acabó con la democracia e implantó una dictadura que asesinó e hizo desaparecer cientos de personas. Gracias a su control militar pudo aplastar sindicatos y organizaciones populares, matando líderes como Pedro Huillca y Saúl Cantoral, recortar al mínimo los derechos laborales y los salarios reales, imponer su política neoliberal, eliminar el crédito agrario e, igual que Pinochet, promulgar una Constitución a su medida.

En el Perú de hoy, como en Chile, hay quienes justifican el golpe, la dictadura, los asesinatos y las violaciones de derechos humanos. Uno de sus argumentos fundamentales es que la economía estaba en crisis, iba por mal rumbo, y por eso dicen ellos que era y sigue siendo indispensable aplicar el neoliberalismo a rajatabla, así se acumulen daños ambientales, corrupción y descontento. Debido a que un gobierno matando gente se ve pésimo, algunos buscan separar las dos cosas, rechazan el golpe pero aplauden el neoliberalismo, o analizan la economía de manera aislada y se olvidan de la dictadura. Sin embargo, ambas historias muestran nítidamente que sin dictadura no habríamos tenido un neoliberalismo tan extremo y su Constitución, ni en Perú ni en Chile. En ambos países, también, aunque se ha recuperado la democracia, no se ha logrado un cambio de fondo del modelo económico ni de la Constitución; las dictaduras de Pinochert y Fujimori lograron que el neoliberalismo perdurara en el tiempo hasta mucho después que los pueblos los botaran del poder.

Los balances sobre el resultado de décadas de neoliberalismo también muestran discusiones similares en Chile y Perú. En ambos casos, el crecimiento económico fue importante pero con un alto grado de desigualdad y con derechos sociales a la educación, a la salud y a la seguridad social negados para muchos. Para algunos, el crecimiento es todo lo que importa y éste por si solo traerá todo lo bueno, solo hay que esperar con paciencia. Para otros, entre los que me cuento, la equidad y los derechos sociales, son imperativos éticos cuya atención no puede postergarse, y además su negación genera conflictos sociales crecientes y crisis de las democracias. Las protestas masivas en Chile hace pocos años y las de los peruanos contra este gobierno, tienen como base un similar rechazo a la desigualdad y la discriminación.

EL PERÚ DE HOY

Tanto en Chile como en el Perú dictaduras extremadamente autoritarias y corruptas lograron por varios años, en base al uso brutal de la fuerza, impedir toda protesta social.  A un sector de la clase empresarial, de las trasnacionales y los grandes capitalistas, eso les gustó mucho; contar con ´cholo barato´, bajos impuestos y contactos cercanos al poder para resolver cualquier traba les resultaba muy conveniente. Esto no es algo que sea ajeno al Perú de hoy, cuando matando sesenta peruanos han logrado generar miedo a protestar (¡como no tenerlo!), la represión sigue fuerte frente a cualquier movilización opositora, los derechos laborales se vuelven a recortar, los salarios reales se reducen y los privilegios de las grandes empresas se refuerzan.

Comenzando este año uno de los voceros oficiosos de la Confiep, Diego Macera, dijo “hay condiciones para que el 2023 sea un año bueno”, habiendo “una buena oportunidad para retomar indicadores de confianza”. Recordemos que para esa fecha ya el gobierno Boluarte – Otárola habían dejado varias decenas de muertos en diversas regiones del Perú, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA) tras un análisis in situ consideró que “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y calificarse como una masacre”. A este economista neoliberal le parecía que, luego que el régimen había herido y asesinado a decenas de compatriotas (varios por la espalda), la ‘confianza’ de los grandes inversionistas se recuperaría y por eso este sería un buen año para la economía. Es obvio que su pronóstico fue errado, pero vale la pena preguntarse ¿ese guión en el que tras tremendas masacres se ‘recupera la confianza empresarial’ no recuerda a unos dictadores sudamericanos cuyos apellidos empiezan con P y con F? 

Hoy Macera se ha visto obligado a reconocer que “Es muy difícil encontrar otro período en la historia económica nacional reciente en el que las expectativas hayan caído tan fuerte y tan rápido sin que medie una crisis financiera internacional, un fenómeno natural devastador o una pandemia.” Pasados estos meses, ya este sector podría empezar a darse cuenta que las masacres pueden haber generado una calma temporal pero ahondan la justa demanda histórica de nuestros pueblos oprimidos, erosionan la democracia y agravan la incertidumbre respecto a cómo será nuestro gobierno en los años venideros, afectando así la inversión y el crecimiento.  

Sin embargo, es notorio el respaldo de la derecha empresarial más dura, de la Confiep y la Sociedad de Minería, a la reciente ofensiva del fujicerronismo y la ultraderecha por controlar el Poder Judicial y los organismos electorales (JNE y ONPE) mediante la destitución de la Junta Nacional de Justicia. Su silencio total frente a este atentado a la democracia es un verdadero estruendo. El presidente de la Confiep en un artículo reciente no dice ni una palabra sobre como este Congreso repudiado está destruyendo el equilibrio de poderes al buscar destituir a la Junta Nacional de Justicia, como ya lo hizo antes al impedir la ´cuestión de confianza´ del Poder Ejecutivo ante el Congreso. Ese silencio también se puede ver diariamente en las primeras planas de sus diarios “El Comercio” y “Peru21”. La Confiep sigue dominada por los grandes exportadores de materias primas y no les importa el mercado interno, la industria nacional ni la construcción que están en profunda recesión gracias a este gobierno; solo quieren explotar nuestros recursos pagando los menores impuestos posibles.

Hasta el momento de escribir estas líneas, estos grandes empresarios apoyan una línea de ultraderecha que busca copar el poder, para así tener más políticas económicas en su favor. En este setiembre, a 50 años de que Salvador Allende ofrendara su vida en defensa de la democracia, ojalá puedan darse cuenta que apoyar violaciones masivas de derechos humanos y promover dictaduras es algo que carece de ética y que, por más balas que nos disparen, mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.