Luego de muchos años, sin que haya un shock externo, estamos en recesión, el PBI está cayendo y sectores como la industria muestran caídas enormes de hasta el 14 por ciento. El empobrecimiento es fuerte. La apuesta de quienes realmente gobiernan, el trípode DBA – Confiep – medios de comunicación concentrados, era que con un gobierno “a quien no le tiemble la mano” (como dice Otárola) para meter bala y asesinar a decenas de ciudadanos, lograría la “confianza de los empresarios”, la inversión privada vendría a raudales y con ella el crecimiento económico. Pero aunque seis de cada diez gerentes corporativos dicen que apoyan a Dina Boluarte, cuando se trata de invertir no ponen su dinero como habla su boca; la inversión privada este año caería en 5 por ciento (según la versión optimista del BCR). En comparación, el 2021 logramos que la inversión privada alcanzara 20,4 por ciento del PBI, más que todo el periodo posterior al boom minero, y el PBI creció en 13,3 por ciento, lo que no fue “efecto rebote” pues el BCR pronosticaba a mediados de ese año 3 puntos menos de crecimiento.

Sin duda hay razones coyunturales para esta frenada en seco del 2023. La inflación ha empobrecido a los trabajadores, trayéndose abajo el consumo y con ello las ventas en el mercado interno; responsables son el gobierno y los empresarios DBA que estaban felices congelando los salarios, dejando que la remuneración mínima perdiera valor real y – como siempre – frenando cualquier intento de reclamo con despidos. El gasto público real para servicios públicos de salud y educación, pensiones y otras ayudas sociales, se ha reducido junto a la muy necesaria inversión infraestructura, agravando la caída de la demanda; sucede que la ausencia de una reforma tributaria y las exoneraciones y perdones de deudas a los grandes empresarios le han quitado fondos al estado. El alza de tasas de interés dispuesta por el BCR ha encarecido el financiamiento de la inversión privada y la frena. Dar un giro hacia una política de reactivación con un sentido social, que vuelva a levantar la demanda y la producción para generar empleo, es urgente.

No basta sin embargo con volver a prender los motores del mismo modelo económico de las décadas anteriores. Hay un diagnóstico común que indica que el crecimiento potencial, basado en los avances de productividad, se ha ralentizado; a lo que desde la izquierda sumamos la crítica a las condiciones de desigualdad, escasa creación de empleos dignos y poco dinamismo tecnológico que produjo el modelo neoliberal. Mejorar los salarios y el gasto para educación, salud y servicios básicos ayudará a hacer realidad derechos sociales y también a reanimar la demanda y la producción, pero para lograr progresos sostenibles el estado debe tener ingresos que sólo vendrán con una reforma tributaria. Enfrentar la desigualdad, brindar derechos sociales y reactivar la demanda y el empleo son objetivos que pueden lograrse simultáneamente con un paquete de reforma tributaria, inversión pública, reformas en los sectores sociales y mejor gestión.

Apuntar a un mayor crecimiento, más equitativo y sostenible, requiere otra condición, la de animar nuevos motores productivos, que vayan más allá y superen las limitaciones del modelo extractivista. Hay que poner en marcha un desarrollo productivo diversificado. No se trata de dejar de lado la minería, que debe crecer respetando el ambiente y donde la voluntad de los pueblos lo acepte; se trata de darle prioridad a la industria, los servicios y la agricultura, donde hay mucho mayor potencial de generación de empleo y las nuevas tecnologías abren amplios espacios de progreso.

Todo esto no pasa de una ilusión si no tenemos un Estado capaz, conectado con la gente y sus esfuerzos productivos, que no esté sometido a la corrupción como sucede hoy.  El Perú tiene hoy su problema mayor con el deterioro de su débil democracia y cohesión interna, que además han afectado seriamente su capacidad estatal. Somos menos Nación que hace unos años; y a la base del problema institucional que tenemos está la discriminación, el racismo y el terruqueo contra los provincianos y provincianas. La casta de políticos que hoy nos domina desde el Congreso, con sus fiestas que terminan en asesinato, mochasueldos, viajes a Rusia y otros destinos turísticos, favores a sus amigotes y su prioridad por sacarse de encima los juicios por corrupción que tienen encima, más temprano que tarde se irán. Pero eso no resolverá todos nuestros problemas, porque la nación tiene heridas profundas y no sólo por los asesinatos de Otárola y Boluarte. Hay que tener alternativas para construir nación y estado luego de su salida.

¿Es este un problema ajeno a la política económica? ¿Todo se resolvería con reformas políticas? No. A la base de las debilidades y falencias de nuestro estado hay, entre otros problemas pero como un asunto primordial, una situación grave de exclusión económica y social, cuya resolución pasa por cambios en la política económica. Hoy, en particular, es necesario darle prioridad a una política que defienda y promueva la agricultura de la sierra y la selva, fundamentalmente de pequeños productores, comunidades y cooperativas en la ceja de selva. Son varios millones de peruanos, entre quienes se concentra la pobreza, la exclusión y la discriminación, y que son terruqueados cuando protestan. Son también quienes no han cejado en sus afanes de progreso y con su propio esfuerzo han ido elevando su productividad lentamente, pero que podrían avanzar mucho más si tuvieran caminos decentes, sistemas de riego y proyectos para que mejoren su producción. Es también un sector que ha sido muy golpeado los meses pasados por el alza de precio de los fertilizantes, inundaciones y sequías, que podrían volver a presentarse los meses que vienen con un posible Fenómeno El Niño Global. Desarrollar una gran iniciativa para mejorar y mantener sus caminos y riego, y promover mejores técnicas productivas, permitiría en el corto plazo generar empleos temporales e ir recuperando cohesión social y confianza en el estado; a mediano plazo mejorarían sus ingresos y condiciones de vida y se controlarían las migraciones que han sobrepoblado las ciudades.

En resumen, hay dos grandes orientaciones, para una economía que traiga progreso y contribuya a construir la nación con justicia y cohesión social. La primera es reactivación con reducción de la desigualdad y educación y salud de calidad para todos. La segunda, promover un desarrollo productivo diversificado dando prioridad en el corto plazo a la pequeña agricultura y a las zonas rurales de sierra y selva.