El retroceso en la salud pública salta a la vista en el informe sobre pobreza del INEI, ese que trataron de acallar con tanta torpeza que la maniobra no les duró ni un día. Las cifras publicadas indican que casi un tercio de la población que necesitó atención médica no la pudo conseguir. En las ciudades, el número de personas que han visto negado este derecho básico a la salud aumentó en 330 mil este primer año de gobierno de Dina. Esas son las consecuencias de un presupuesto recortado mientras se regalaban 12 mil millones de deudas tributarias a las grandes empresas, y de haber entregado el ministerio de salud a la derecha que hoy gobierna desde el congreso.

Esta negación de una atención básica ha hecho que las personas con problemas de salud crónicos aumenten en 360 mil durante el año pasado, subiendo tanto en las ciudades como en el campo. La cifra es enorme, hoy cuatro de cada diez peruanos tienen problemas crónicos de salud. En el Perú a la falta de cuidado médico se suman la contaminación en las ciudades que está al tope por un transporte pésimo y que provocan enfermedades respiratorias y cáncer, la afectación con metales pesados en zonas mineras, la generalización de trabajos insalubres y estresantes y una mala alimentación promovida por las grandes industrias chatarra, frente a los cuales no hay respuesta de salud pública.

La anemia aumentó de 39 a 40 por ciento en las ciudades, siendo mayor en las zonas rurales donde uno de cada dos niños la padece (aunque un estudio de investigadores de la Universidad Cayetano Heredia ha puesto seriamente en cuestión la forma como se calcula los niveles de anemia en zonas encima de 4 mil metros de altura como Puno).  ¿Alguien recuerda que este gobierno haya tenido alguna iniciativa contra la anemia? Por el contrario, la congresista Sigrid Bazán ha denunciado que alimentación de Qali Warma para los escolares no cumple con estándares básicos y el presupuesto para las ollas comunes se sigue recortando. La miseria de los programas sociales deja a millones sin apoyo alguno en tiempos difíciles y agrava los problemas nutricionales de nuestros niños y niñas.

Otros problemas de salud también se han acumulado este año, como el dengue que ha afectado a 200 mil personas y causado doscientas muertes; felizmente con la llegada del invierno el mosquito que trasmite esta enfermedad, cuyo nombre científico es Aedes Aegypti, ya se reproduce mucho menos pues el frío no le favorece. Salvados hasta el próximo verano por el frío invierno, no por la acción del gobierno. Porque también en las estrategias para enfrentar las epidemias el ministerio de salud ha sido altamente ineficiente. Obvio, si en menos de año y medio meses han cambiado siete veces al jefe de Cenares, la entidad del ministerio de salud encargada de todas las compras estratégicas, incluyendo medicinas, vacunas y otros insumos a nivel nacional.  El ministro representa a César Acuña en el gabinete, fue perdedor de las pasadas elecciones regionales en Cajamarca y asumió el ministerio de salud como parte del canje de votos con APP para que Dina se mantenga.  Pero la salud pública no es importante ni para el ministro ni para el gobierno.

RECORDEMOS EL COVID

La baja inversión y la mala organización de la salud pública peruana fueron causas centrales del desastre que significó el Covid19 en el Perú. Un estudio internacional reciente (publicado en abril) ha reestimado de manera más precisa las cifras de mortalidad por el Covid, ratificando que el Perú es uno de los países con mayor mortalidad por millón de habitantes en el mundo. Tuvimos la mayor mortalidad en toda América, el cuádruple del promedio mundial y el doble que el latinoamericano. Tuvimos más de 300 mil fallecidos por el Covid19; si hubiéramos estado como el promedio mundial habría habido en nuestro país 230 mil muertos menos. Una barbaridad. Sólo la primera ola, que nos azotó entre marco y agosto del 2020 batió records mundiales.  Recuerden amigos lectores esos meses aciagos, no se conseguía oxígeno y las camas UCI estaban totalmente copadas, consecuencia directa de una política neoliberal que acogotó presupuestalmente al sector salud durante décadas. Sin dinero, que debe provenir una justicia tributaria, la salud pública no puede construir los hospitales, comprar los equipos, formar los especialistas ni contratar los médicos necesarios.

Esa mirada que ponía las ganancias de las grandes empresas por delante de la vida humana no acabó ahí. Terminada la primera ola del Covid, se dijo enfáticamente que ya todos habíamos tenido el virus por lo que estábamos inmunizados y como no podría haber una segunda ola se debía que poner todas las balas en reiniciar los motores empresariales. Bajo esa política estábamos cuando llegó una segunda ola, que terminó por ser aún más mortal aún que la primera. La epidemia recién pudo conjurarse cuando el estado, porque no fueron las empresas privadas, logró una vacunación masiva.  Las vacunas llegaron tarde; a fines de julio del 2021 el Perú tenía 24 por ciento de vacunados frente a 57 por ciento en Argentina, 70 por ciento en Chile y 43 por ciento del promedio latinoamericano. En los siguientes seis meses se vacunó adicionalmente al 53 por ciento de la población, más del doble que el promedio regional. Así se logró que la tercera ola del Covid, que efectivamente nos alcanzó a fines del 2021, tuviera una mortalidad muy inferior a las dos anteriores, un gran logro conseguido porque se dio todo el presupuesto necesario desde el MEF y tuvimos la destacada gestión de Hernando Cevallos en el ministerio de salud.

Hoy parece haberse olvidado que, así como no hay “cuerdas separadas” entre política y economía, tampoco hay cuerdas separadas entre economía y salud. Dejar abandonada la salud pública tiene graves consecuencias en términos de vidas perdidas, desigualdad y descontento con la democracia, pero además es muy malo para a economía – por más que algunos se empeñen en creer que todo va bien hasta que la parca se nos viene encina.  Luego de que logramos frenar el Covid se ha echado por la borda lo avanzado en salud. Las plantas de oxigeno que se lograron tardíamente poner en marcha y que se necesitan para otras atenciones, están en su mayoría sin funcionar, como tantos otros equipos médicos. Las clínicas y empresas privadas de salud, que en esos momentos duros cobraron cifras estratosféricas especulando con el oxígeno y las camas UCI, siguen sin una regulación mínima. El sistema público de salud, que había tenido un refuerzo importante en recursos, se le ha quitado recursos al extremo que a los agroexportadores se les subsidia rebajando sus contribuciones a EsSalud.

Este gobierno de derecha, apoyado por Fujimori, López-Aliaga, Acuña y los grandes empresarios, es un regreso a una salud pública acogotada presupuestalmente. La misma política que nos llevó al desastre del Covid. El sistema de salud sigue siendo tan mortal mientras las trasnacionales mineras se llevan nuestra riqueza con un tratamiento tributario extremadamente favorable.