Recientemente cinco centrales de trabajadores estatales firmaron un convenio colectivo con el estado. Consiguieron algunas mejoras salariales permanentes, aunque sin recuperar todo lo perdido por la inflación en los años pasados. Un buen logro es que el sueldo mínimo en el estado peruano deberá ser la remuneración mínima de 1,025 soles, por que aunque usted no lo crea – de Ripley- en el estado peruano hay varios miles de trabajadores que ganan menos que el mínimo fijado por el mismo estado. En casa de herrero, cuchillo de palo – o mejor dicho, en un país donde el estado permite empresas que explotan a sus trabajadores, el propio gobierno hace lo mismo en versión aumentada.
Esos son logros importantes de la llamada “negociación centralizada” en el estado. Otras negociaciones han seguido hasta esta semana, cuando muchos sindicatos de instituciones públicas descentralizadas están suscribiendo convenios específicos en su centro de labores. Es el tercer año que este proceso se da, desde que el 2021 reestablecimos el derecho de los trabajadores públicos a dialogar para buscar una mejora de sus condiciones de trabajo, incluyendo aspectos económicos.
Recordemos la violación de derechos del pasado. El Perú ha firmado hace décadas diversos convenios internacionales reconociendo derechos laborales, y entre ellos uno esencial es que los trabajadores puedan negociar con su empleador mejoras en sus condiciones de trabajo y salarios. Se trata de un derecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y esencial a la democracia. A pesar de ello, Alberto Fujimori persiguió a los sindicatos y prohibió las negociaciones colectivas en el sector público. En las dos décadas entre 2000 y 2020 este milenio los diversos gobiernos elegidos y ministros de economía designados mantuvieron negado ese derecho y llegaron a dar leyes que lo prohibían directamente, contraviniendo la Constitución. Había que poner fin a esos abusos y lo hicimos, cambio en el que jugó un rol primordial Gustavo Guerra-García quien como viceministro de hacienda dirigió la reglamentación de este proceso asegurando que este derecho laboral no significara ningún desequilibrio presupuestal.
CONVENIOS COLECTIVOS Y SOSTENIBILIDAD FISCAL
Cuando se inició la negociación colectiva en el sector público este año, un cálculo arrojaba que al 2024, en comparación con los años 2019 a 2021, “el Ingreso promedio mensual del sector se ha reducido a S/3,097 (una variación real de -4.80%)”. Los trabajadores públicos, igual que los del sector privado, seguían con salarios reales disminuidos. El convenio firmado les asegura un aumento; los trabajadores han conseguido arrancarle al gobierno de Dina Asesina que destine a este fin más de 800 millones de soles. Es apenas el 0,3 por ciento del presupuesto actual; a nuestra salida del MEF habíamos propuesto el doble de ese presupuesto para iniciar la negociación del 2022. Entre el 2021 y este año el Congreso– como el nuevo poder dictatorial en que se han convertido – se ha añadido 900 millones de presupuesto, de tal manera que 130 congresistas tienen como adicional más que lo asignado para compensar parcialmente a 565 mil trabajadores públicos por el aumento del costo de la canasta popular.
En comparación, las exoneraciones tributarias a agroexportadores y grandes empresarios que ha dado este gobierno suman más de 12,000 millones de soles, quince veces más que el presupuesto para aumentos a los trabadores estatales. Además, el tribunal constitucional fujimorista regaló a las grandes empresas deudoras otros 12 mil millones de soles. Mientras a 565 mil trabajadores se les otorga 800 millones, Carlos Añaños consigue gracias a Lourdes Flores que sus patas del Tribunal Constitucional le regalen más de 430 millones a él solito. Son esos regalazos a los grupos monopólicos y la renuencia a una reforma tributaria que capte para los peruanos parte de las sobreganancias mineras, la razón de la disparada del déficit fiscal a 2,8 por ciento del PBI, irresponsabilidad fiscal ya legalizada por el gobierno.
En total la planilla estatal peruana no es muy alta si la analizamos en el contexto regional. Un informe del BID sobre la gestión pública en Latinoamérica titulado “Mejores gastos para mejores vidas” nos dice que el Perú gasta en empleados estatales un 6% del PBI, mientras el promedio latinoamericano es de 8,4% del PBI y la OCDE les paga 10,6% del PBI. El FMI en su estudio sobre la economía peruana del 2022 establece que la relación entre los sueldos públicos y los salarios privados en Perú es bastante más baja que en el resto de la región. En síntesis, lo que estos organismos internacionales dicen es que tenemos pocos médicos, enfermeras, guarda parques y supervisores laborales, y que no están bien pagados, siendo esa una de las razones por la que tenemos mala salud pública, deforestación masiva e informalidad extendida.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Cuando se persigue y cierra las puertas a los sindicatos, se multiplican los abusos por parte de quienes concentran el poder, ya sean dueños de grandes empresas o funcionarios públicos aprovechándose de un cargo para beneficio particular. Ante la ausencia de sindicatos la discriminación contra personas con discapacidad, indígenas y mujeres es más osada y el acoso sexual tiende a quedar en la impunidad. Se facilita, también, el clientelismo y la corrupción en las contrataciones; los sindicatos estatales no son una vacuna contra los malos manejos, pero a menudo son quienes denuncian contrataciones irregulares. Es mejor que las decisiones de remuneraciones y contratos estén sujetas a una vigilancia social para que haya algún contrapeso frente a las colleras coimeras que abundan en nuestro estado.
Reestablecer el derecho básico de los trabajadores estatales a negociar colectivamente y darles así oportunidad para que fortalezcan sus sindicatos es algo imperativo. Lo han negado por décadas quienes teniendo el manejo gubernamental aborrecen el diálogo. Hoy nuevamente la derecha ha puesto a ministros que nos gobiernan dictatorialmente y sin ninguna apertura hacia la sociedad organizada. En la repartija de ministerios el fujimorismo tiene al ministro de energía y minas Rómulo Mucho quien fue parte del equipo técnico de Keiko la campaña pasada; su política busca imponer el proyecto Tía María por la fuerza y sin ningún diálogo con los pobladores de la zona. El ministro de salud César Vásquez es de Alianza para el Progreso, puesto ahí por César Acuña como su cuota de poder en el gabinete, y se ha dedicado a repartir cargos a sus allegados y financiadores, en una pésima gestión actuando también contra la opinión del gremio médico.
El asunto de fondo hoy no es cambiar unos ministros por otros cerrados a la población; necesitamos una reforma del estado para que el diálogo y la concertación sean la forma de gobernar. La resistencia a dar un espacio mínimo a representantes de los trabajadores ha ido de la mano con más clientelismo y corrupción. Más sindicatos democráticos y transparentes, que tengan derechos y espacio para representar bien a los trabajadores, que luchen por que en el estado hagan carrera los más capaces y sean una barrera contra la corrupción, pueden ayudar a que tengamos un mejor estado y un mejor país.