Hace unos años se discutía sobre si la Constitución de 1993 era buena o mala y sobre esa base se diferenciaban las posiciones a favor o en contra de cambiarla. Sobre la economía, en particular, había posturas muy polarizadas al respecto; me encuentro entre los críticos haciendo frente a la defensa cerrada de los neoliberales. En la campaña pasada, Keiko también hizo de esta defensa uno de los temas centrales de su campaña, alineada con la Confiep. Pero ahora la situación es muy distinta, aunque parece que no hay mayor consciencia de ello. Tenemos, de facto, una nueva Constitución, que podemos llamar la Constitución de 2023, bastante peor que la anterior. Salvo los cuatro partidos mafiosos que controlan el congreso – APP, Fuerza popular, Perú Libre y Avanza País – con una política de ultra-derecha, el rechazo a los cambios constitucionales son totales.

El equilibrio de poder entre Ejecutivo y Congreso ha sido roto y se ha establecido de facto que quien manda es el congreso. ¿Cómo? Primero hicieron trizas la disposición constitucional que permitía al Ejecutivo disolver el congreso y convocar de inmediato a elecciones cuando este rechazaba dos cuestiones de confianza. Lo hicieron aprobando una ley dice que el congreso es quien debe decir si realmente hubo o no ese “rechazo”, y es obvio que quien corre el riesgo de ser disuelto jamás decidirá que lo que hizo permite tal disolución. Nadie le entrega una pistola cargada a quien podría dispararle con ella. De esta manera se ha impuesto un cambio constitucional profundo, pero este congreso repudiado por la ciudadanía lo ha aprobado simplemente como una ley, lo cual viola lo que dice a propia Constitución. El Tribunal Constitucional (TC) que esa misma coalición mafiosa de fujimoristas, acuñistas, ultraderechistas y cerronistas eligieron, la convalidó sin ningún criterio jurídico. Quienes se decían defensores de la Constitución de 1993 y rechazaba cualquier cambio, son los que la han violado sin ningún reparo para modificarla.

El segundo gran cambio se dio cuando el TC estableció que el congreso puede vacar al presidente cuando quiera, sin procesos ni requisitos establecidos, sólo porque considera por sí y ante sí que tiene “incapacidad moral”. No requiere ningún proceso ni prueba, sólo la votación del congreso. Con estas dos medidas el presidente está permanentemente con la soga al cuello, mientras el congreso nadie lo puede tocar. Si hoy por hoy este congreso aún no ha vacado a Boluarte y puesto a uno de ellos de presidente (como se hizo en 2020 con Manuel Merino) es solo por su propia conveniencia: Dina asesina hace todo lo que ellos quieren, y mientras tanto la coalición mafiosa se abre paso a controlar el Jurado Nacional de Elecciones para que el 2026 tengan asegurado un resultado favorable más allá de la voluntad ciudadana.

Añadamos a esto el cambio constitucional de establecer un Senado. El 90 por ciento de la ciudadanía, más de 13 millones de peruanos, dijeron que No a esta reforma en el referéndum de 2018. Aún peor es la forma como han decidido conformar el Senado: al tener su mayoría elegida por distrito electoral único va a estar claramente dominado por los grandes medios de comunicación y poderes económicos que son los únicos capaces de sostener campañas a nivel nacional más allá de las presidenciales. Va a sr también muy centralista, dominado por Lima, como ya se vio en la experiencia previa 1980-1992, siendo que en Lima la ciudadana ha venido votando mucho más a la derecha que el resto del país. Este senado capturado, centralista y sesgado a la derecha va a tener la voz cantante en las leyes, ya que tendrá la facultad exclusiva de aprobar las versiones finales de todos los proyectos, y será también quien podrá destituir presidentes, jueces y fiscales, contralores y superintendentes. Como para que no quede duda del tenor antidemocrático de estos cambios, también se ha impedido que el Ejecutivo insista en torno a consultar a la ciudadanía mediante referéndum haciendo cuestión de confianza en ello, como hizo Vizcarra para el referéndum del 2018. Todo esto es la obra de un trabajo en pared entre el actual congreso y su tribunal constitucional, controlados por el pacto de los partidos mafiosos.

LA CONSTITUCIÓN DEL 2023 Y EL MANEJO ECONÓMICO

Sobre el tema fiscal, la Constitución de 1993 en su artículo 79 dice muy claramente que “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos” y así lo defendieron quienes conformaban el TC durante treinta años. Era una buena disposición. Pero ahora este Tribunal Constitucional ha establecido exactamente lo contrario y dice que los congresistas sí pueden hacer lo que la Constitución prohíbe sin ambages. Lo han hecho ya multitud de veces y lo acaban de hacer recién al aprobar la reforma de pensiones del fujimorismo que hace exactamente eso, mandata una serie de gastos públicos favoreciendo a las AFPs. Junto con esto el TC ha perdonado deudas tributarias de las grandes empresas por 12 mil millones de soles y los congresistas han aprobado una docena de exoneraciones tributarias y regalado a las grandes agroexportadoras 500 millones de soles anuales en las contribuciones que deben hacer a EsSalud. El resultado es una caída de la presión tributaria de más de 2.7% del PBI, o 2,700 millones de soles anuales, y un déficit fiscal que supera los 4 mil millones de soles anuales que se está tirando los ahorros públicos y endeuda al país por muchos años.

En política económica está muy claro quien decide ahora: ya no es el ministerio de economía, es este congreso. Hay varios grandes problemas en este cambio. El primero es que no hay una persona responsable del manejo económico nacional, hay ciento treinta (y desde el 2026 serán ciento noventa). Todos sabemos que una institución, empresa u organización no funciona con decenas de jefes, necesita que haya sólo uno dirigiendo. El segundo problema es que se trata de un congreso fragmentado sin que hayan partidos reales detrás, de tal manera que resulta imposible pensar en un gobierno parlamentario basado en un pacto programático al estilo de las democracias europeas. Lo que tenemos acá son varios grupos mafiosos, inestables, que pactan entre sí intercambiando favores –de poder político, de normas para su protección ante la justicia y económicos. El grupo A vota para darle ventajas al grupo B a cambio de lo cual B votará regalando otros millones para A, e igual actúan con C y D. En cada grupo, además, muchos congresistas se concentran sólo en su propio interés. No es probable que nada de eso cambie el 2026. En todo el milenio no ha pasado ni una sola vez que un solo grupo gane la presidencia y la mayoría del congreso. La única vez que un solo partido tuvo la mayoría del congreso, el fujimorismo el 2016, se dividió y dejó de tener esa mayoría dos años después: a pesar del férreo control de Keiko sobre la bancada, varios congresistas prefirieron buscar otras formas de sacar ventaja. En ese entonces, sin embargo, la vigencia del artículo 79 de la Constitución les ponía un límite fuerte y defendía el equilibrio fiscal. Ese límite ya no existe.

Hace tiempo sabemos que estamos bien fregados. Lamento traer malas noticias, pero la dificultad va más allá de este gobierno. Se han traído abajo la democracia Y las posibilidades de tener un gobierno mínimamente razonable. Recuperar ambas va ser una tarea hercúlea.