La ley del presupuesto 2025 tenía que aprobarse por el Congreso esta semana, ya que la Constitución establece que el plazo es el 30 de noviembre. Este proceso siempre ha tenido cierta dificultad para asegurar el equilibrio entre ingresos y gastos, lo que requería manejar con cuidado la relación entre poder ejecutivo y congreso, pero se hacía. Este año, como en tantos otros aspectos, ha sido el descalabro. El problema de base es que ya no hay equilibrio de poderes, ahora quien manda es el Congreso y el Ejecutivo es su esclavo, de tal manera que cada uno de los 130 congresistas puja por dinero para su propio interés. Resultado: desarreglo absoluto que termina en un arroz con mango de tamaño descomunal.

Ya este año 2024 hemos visto claramente un descontrol presupuestal. A fines del año pasado se aprobó el presupuesto 2024 estableciendo que el déficit público no podía pasar de 2 por ciento del PBI, unos 20 mil millones de soles, pero ese déficit está siendo el doble, más de 40 mil millones. Como se ve, no es una “pequeña violación de la ley”: son 20 mil millones de soles de déficit en exceso al indicado, más de todo lo que se destina a todos los cientos de inversiones en educación, salud y saneamiento. ¿Cómo es esto posible habiendo una ley expresa que establecía ese tope de 2 por ciento? Fácil: al que ha hecho la ley, el congreso, no le importa que se viole su ley, dado que eso es producto de que se cumplen sus mandados. Para suavizar este problema el congreso hacia mediados de año le permitió al Poder Ejecutivo que fijara el tope de déficit que quisiera; se autofijaron un máximo de 2,8 por ciento y no lo van a cumplir. Igual no pasa nada; nadie pedirá que rindan cuentas ni habrá ninguna investigación ni reclamo. Recordemos que el actual ministro cumplió funciones y fue varias veces subordinado al vocero económico de Keiko Fuijimori durante la campaña 2021, Luis Carranza. En esas condiciones, como en el virreinato, la ley se acata pero no se cumple.

El nuevo presupuesto del 2025 se preparó por el MEF bajo la obligación, establecida en una ley previa llamada “de responsabilidad fiscal”, de que el déficit público para el próximo año no debe pasar de 2.2% del PBI. Antes de que entrara este cogobierno Congreso-Boluarte ese tope legal era de 1,5%, pero como un primer mecanismo para legalizar su irresponsabilidad fiscal lo subieron hace unos meses a 2.2%, unos 7 mil millones de soles adicionales que, como se sabe, significan mayor endeudamiento público, mayor carga sobre las espaldas de futuros gobiernos y de, finalmente, los ciudadanos en años venideros. Pero aún con este tope más alto, si este año 2024 está violando la meta por más del doble, ¿qué posibilidades hay de que el 2025 se cumpla la ley? Desde que se instaló este cogobierno Dina-Keiko-Acuña han aumentado el déficit anual en 26 mil millones de soles. Es increíble pensar que de repente en un año pre-electoral van a recortar el gasto público en 15 mil millones o se van a dedicar a cobrar todos los impuestos que han regalado.  Así, es seguro que el 2025 se volverá a incumplir la meta fiscal, a pesar de que los precios del cobre y el oro están por los cielos y eso significa que esas mineras aumentarán sus pagos de impuestos, aunque siempre muy por debajo de lo que sería justo.

El asunto es tan grave que el propio ministro de economía ha dicho que en esta ley de presupuesto 2025 se están aprobando obligaciones de gasto por 20 mil millones de soles, que están en diversos artículos de la ley pero sin que se haya incluido esos montos de gasto en el rubro correspondiente. El congreso aprueba un presupuesto que dice es de 251 mil millones, incluyendo menores porcentajes para la salud pública que es un asunto esencial, pero al mismo tiempo en su dictamen incluye una serie de dispositivos que obligan a gastar más. Se trata de bonificaciones de diversos rubros de la planilla para los amigos de uno u otro congresista y proyectos extra que le caen como anillo al dedo a algún contratista amigo. Para los gobiernos regionales y municipalidades les ha dado un presupuesto adicional mediante un pretexto que malogra todo el sistema presupuestal, el uso de los llamados “saldos de balance”, de tal manera que ahora el presupuesto del 2025 no está separado del 2024 sino que se traslapan ambos, generando un desorden administrativo.

En estas circunstancias, el presupuesto 2025 recién aprobado es como papel mojado. Con toda seguridad el congreso aprobará muchos adicionales de gasto, lo que en el Perú se conoce como ’créditos suplementarios’, el próximo año. Van a controlar eso de cerca. Es de esa forma como los actuales congresistas le dan legalidad y viabilidad a la farra fiscal en la que están empeñados, cada uno jalando agua para su molino. Para agravar las cosas, las presiones aumentan para aprobar nuevas exoneraciones tributarias, lo que trae como consecuencia ineludible reducir ingresos y ampliar más el déficit. La comisión de agricultura del congreso está discutiendo la propuesta del fujimorista ministro del sector para regalar 1,800 millones de soles anuales a los agroexportadores, adicionales a los 400 millones anuales que ya se vienen llevando y que nos sacan a los asegurados de EsSalud, ya que es a ese fondo al que no contribuyen como corresponde. En la comisión de economía del congreso presidida por el fujimorismo también quieren ampliar la exoneración de impuestos a los grandes hoteles que nos cuesta más de 700 millones al año. Tras la inauguración del puerto de Chancay, los empresarios piden que les exoneren del impuesto a la renta, quieren llevarse todas sus ganancias sin dejar nada para el Perú, y tienen eco: hay algunas discrepancias entre ministros, pero el debate es si les dan todo lo que piden o casi todo. Nadie en este gobierno defiende el interés nacional.

Exonerar el impuesto a la renta a las empresas es una medida fiscal muy injusta: como lo que se paga es proporcional a las ganancias, quienes ganan con esa medida más son los que más utilidades tienen. Mientras más millonario y grande eres, más beneficios sacas con una medida de este tipo. Las micro y pequeñas empresas, de hecho, no sacan ninguna ventaja de ese tipo de exoneraciones, porque ya tienen un régimen tributario especial. Para las grandes empresas, ya de acuerdo al régimen tributario actual para el cálculo de este impuesto descuentan lo que se llama la “depreciación del capital”, es decir, la recuperación directa del monto invertido. Todo lo que sea llevarse lo que pusieron de inversión, no paga impuesto. Y si en algún año tienen pérdidas porque recién están empezando, todo eso en los años siguientes se les descuenta de cualquier monto de impuesto que les correspondería pagar.  A pesar de todas esas condiciones, grandes agroexportadores, hoteleros y otros no quieren pagar impuestos como sí lo hacemos todos los trabajadores formales cada vez que cobramos un sueldo mensual.

La ley de presupuesto 2025 aprobada es un desarreglo descomunal, con déficit descontrolado y desorden administrativo. Pero en las próximas semanas nuestro futuro fiscal puede ponerse bastante peor con más exoneraciones tributarias que terminen de desfondar nuestro maltrecho estado.