El nuevo ministro de economía dijo que se observaría un proyecto de ley aprobado por este Congreso y promovido abiertamente por el ministro anterior, José Salardi, y se ha observado. Los congresistas proponentes del proyecto son Eduardo Salhuana, el acuñista presidente del congreso, y Rosangela Barbarán del fujimorismo. Las llamadas ´Alianzas Público-Privadas´ o APPs son un mecanismo de privatización de obras públicas. Los cambios propuestos facilitarían la corrupción y socavarían la ya debilitada sostenibilidad fiscal, van contra la opinión del Consejo Fiscal y las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, el BID, el Banco Mundial y el FMI. Pero tienen el respaldo entusiasta de la Confiep y los grandes grupos económicos que no logran ocultar su mercantilismo, con fuerte apetito por los 70 mil millones de dólares que suma la actual lista de APPs en cartera.

Estas APPs (que no son las apps que usted tiene en su celular) son grandes contratos, por cientos y miles de millones de soles, que el estado firma con trasnacionales y grandes monopolios. Bajo este esquema de privatización de obras públicas, grandes empresas reciben pagos del estado durante varias décadas, acumulando sumas enormes. Por la carretera Interocecánica Sur las empresas concesionarias han recibido 20 mil millones de soles en los últimos veinte años, aunque solo invirtieron 8 mil millones, menos de la mitad, según un informe técnico reciente del Consejo Fiscal. Entre quienes se han adueñado de esta tremenda suma de dinero destaca Odebrecht, que sobornó a Alejandro Toledo por 20 millones de dólares y a Pedro Pablo Kuczynski le dio otros 500 mil dólares.

Hay otras modalidades de APP en las que se constituyen monopolios que cobran al público montos abusivos, ganando sumas exorbitantes. El caso más sonado de este tipo es el de los peajes de Lima; también está el nuevo aeropuerto de Lima frente al que han salido a luz reclamos similares ahora que inicia operaciones. Pero hay gran cantidad de casos similares. Uno es el de la carretera Lima-Huacho cuya concesionaria Norvial no hizo nada para evitar que se cayera el puente de Huaral causando dos muertos. Norvial pertenece a dos empresas constructores corruptas. Una es Graña y Montero, ahora rebautizada Aenza por el roche en todos sus contratos amañados con Odebrecht). Otra es JJC, de los herederos de Jorge Camet, quien fuera ministro de economía de Fujimori, involucrado en casos de corrupción en los años 1990. JJC es reincidente: también se asoció a la corrupción de Odebrecht y al “club de la construcción”. Ellos siguen recibiendo los pagos del estado, a pesar de la corrupción y los muertos.

Además de la corrupción, las APPs significan una carga financiera importante para el estado y la sociedad por muchos años, razón por la cual debe estudiarse bien si esos proyectos de inversión deben ser hechos de esta manera o bajo otra modalidad, ya sea “Gobierno a Gobierno” o como contrato de obra, y debe evaluarse cuidadosamente el diseño del proyecto, porque de lo contrario resultan extremadamente costosas. Pero la propuesta aprobada por el Congreso fujicerronista “excluye a los proyectos de APP de evaluación por el Sistema Nacional de Inversiones, sin garantías de una evaluación rigurosa de los proyectos”, según el informe técnico del Consejo Fiscal. No sólo eso: con la propuesta del Congreso ya el MEF ni siquiera tendría que opinar sobre la disponibilidad presupuestal y su impacto sobre el tesoro público; al diablo los intentos de resguardar un equilibrio fiscal de largo plazo. Se facilita además que se les añadan pagos adicionales mediante “renegociaciones”; que según un estudio se han realizado en el 80% de casos con cada contrato de APP habiendo sido renegociado en promedio 2,4 veces.

De acuerdo al proyecto aprobado por el Congreso, para estos contratos todo el poder se concentraría en el presidente de Pro-Inversión, el cargo que antes tuvo el exministro Salardi, quitándole peso al consejo directivo de Pro-Inversión compuesto por ministros, organismo colectivo de mayor responsabilidad política. De esta manera, cuando todo depende de una sola persona que suele estar bastante lejos de los reflectores ciudadanos, la corrupción se hace más fácil. En la lista de Pro-Inversión hay ahora “adendas priorizadas” para “adicionales”, que con esta ley se aprobarían casi a sola firma del funcionario señalado, por la enorme suma de 9 mil 587 millones de dólares.

Esta propuesta no se ha discutido mucho porque la estrategia de la mafia dominante ha sido precisamente hacerlo rápido y “solapa nomás”. El congreso dominado por Fujimori y Acuña decidió aprobarlo de manera exprés: lo exoneró de que se vea en comisiones, lo discutió al toque e inmediatamente lo exoneró de segunda votación. Aunque López-Aliaga suele gritar contra los corruptos de los peajes, su bancada también votó a favor de este esquema que facilita que nuevos contratos con peajes abusivos se repitan y multipliquen. Tampoco sorprende, a estas alturas, que Cerrón y sus congresistas fieles hayan votado a favor de este esquema privatizador, ya han mostrado que su “marxismo-leninismo” es totalmente falso y ahora nuevamente apoyan a la Confiep y el “club de la construcción” en el momento de las decisiones. La aprobación en el Congreso la hicieron tan aceleradamente y de manera tan torpe, que la redacción tenía errores y tuvieron que rectificarla. Los grandes beneficiados iban a ser los principales bancos y grupos monopólicos y constructoras que controlan la Confiep y tienen gran influencia sobre los medios de comunicación, así que sabiendo que la gente rechazaría esta nueva ola de privatizaciones corruptas, su estrategia fue no divulgar la noticia hasta que ya sea ley y tengan la batalla ganada. Todavía no logran ese resultado, pero las presiones continúan.

PD: actualicé el artículo incluyendo la noticia de hoy de que la observación al proyecto de ley analizado en este artículo ya ha sido hecha