La situación de las economías familiares ha empeorado y las perspectivas para el resto del año son difíciles. El Poder Ejecutivo y el Congreso debieran estar muy preocupados por esta situación, causa principal de que su popularidad sea tan baja y siga reduciéndose mes tras mes: el 78% de los peruanos siente que hoy tiene menos poder adquisitivo que en octubre del año pasado.

En este tiempo hemos tenido meses muy movidos en el frente económico. El segundo semestre del 2021 estábamos recién saliendo de la segunda ola de pandemia y teníamos aun el temor de que una tercera ola fuera mortal, por lo que la prioridad estuvo puesta en la vacunación, el apoyo a las economías populares con el bono Yanapay y la reactivación del empleo. A inicios de este año la economía peruana estaba en franca recuperación: se habían recuperado 400 mil empleos y seguíamos avanzando en este indicador clave, el PBI había crecido 13,3 por ciento con un fuerte repunte de la inversión privada (+37%), la industria (+25%) y las exportaciones no tradicionales (+28%) y se había logrado cobrar deudas tributarias por más de 6 mil millones de soles a grandes empresas mineras. El Congreso rechazó la reforma tributaria para cobrar más impuestos a los mineros y grandes empresas, pero estábamos listos para insistir porque es necesario reforzar el presupuesto para dar un salto de mejora en salud primaria, educación pública y apoyo al agro.

En febrero de este año la economía sufrió un shock debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. Subieron los precios mundiales del petróleo y los alimentos generando una inflación que afecta duramente los bolsillos populares, y se encarecieron los fertilizantes golpeando a muchos pequeños y medianos productores agropecuarios. Para el Perú también hubo buenas noticias: los precios del cobre, el oro y otros metales que exportamos subieron fuertemente. 37 por ciento de la riqueza minera deviene al fisco, lo que significó un ingreso mayor a las arcas fiscales, y pudo haber un adicional importante si se hubiera aprobado que ese 37 se subiera a 42 por ciento, porcentaje al cual el FMI analizó que no perdíamos competitividad frente a ninguno de los otros países mineros. Lamentablemente se ha dejado de lado la agenda de la reforma tributaria, esencial para que el gasto en salud y educación alcancen el 6% del PBI y tengamos un sistema de protección social mínimamente merecedor de ese nombre. Peor, se ha elegido, con apoyo del cerronismo, un Tribunal Constitucional muy favorable a que las grandes empresas elusoras sigan sacándole la vuelta al fisco. Asuntos de gran necesidad para las familias peruanas de hoy, como tener una buena atención de salud con exámenes y medicinas gratuitas, ampliar y mejorar el apoyo alimentario a estudiantes y familias, y dar un apoyo monetario directo a los pobres y vulnerables de manera amplia, no han tenido la atención debida.

El gobierno prefirió agitar durante un corto tiempo la bandera de la asamblea constituyente, lo que como era previsible terminó siendo simplemente otro bandazo de Castillo y Cerrón, mientras temas medulares como la lucha contra la corrupción y la eficacia en la gestión siguieron cuesta abajo. Por su parte, el Congreso se dedicaba a aprobar medidas populistas de reparto de dinero, traspasando claramente los límites constitucionales que le prohíben tener iniciativa de gasto, pero sin dar medidas que realmente ayuden en este contexto de inflación y frenada del crecimiento.

SITUACION DIFÍCIL PERO NO IMPOSIBLE

La coyuntura económica internacional ha cambiado para peor la semana pasada. Los indicadores de inflación internacional recrudecieron y frente a ello la Reserva Federal norteamericana (su banco central) ha subido aceleradamente sus tasas de interés. Este encarecimiento del crédito frena la inversión, porque hay proyectos que ya no son rentables ante esos mayores costos, y frena también el consumo porque comprar una casa con hipoteca o un carro a plazos saldrá ahora más caro; son efectos ya estudiados que se presentan también en el Perú. Esta caída previsible de la demanda lleva a un frenazo al crecimiento de la economía de los EEUU, y dada la importancia de este país, de todo el planeta. Además, las perspectivas de crecimiento de la economía china se han visto afectadas por las restricciones de movilidad impuestas en ese país para enfrentar una ola grande de Covid ante las variantes más contagiosas que se han presentado.

Este cambio mundial trae dos efectos negativos sobre nuestra economía, que se suman al alza inflacionaria. Por un lado, caen los precios de los metales que exportamos; el cobre, nuestro principal producto de exportación, que estaba en 4 dólares 60 centavos la libra hace pocos meses, bajó a menos de 3 dólares 75 centavos la libra. Dado que el promedio de ese precio en los diez años que van de 2011 a 2020 no superó los 3 dólares éste sigue siendo un buen precio, pero su nivel no es extraordinario como el que tuvo en meses previos. Por otro lado, el alza de intereses en Estados Unidos lleva a que los grandes financistas del mundo estén más inclinados a colocar su dinero allá y menos en los países en desarrollo. Esta menor venida de capitales a nuestro país tiende a reducir y encarecer el financiamiento empresarial y presiona al dólar al alza, aunque ambas situaciones el BCR está en condiciones de controlar dado el elevadísimo nivel de reservas internacionales que tiene guardadas y que suman más de 75 mil millones de dólares.

En resumen, si la situación económica de las familias peruanas ha empeorado a partir del shock de febrero, ahora se avecinan peores nubes de tormenta sobre la economía nacional.  The Economist pronostica que este año se dupliquen las protestas en el mundo y añade que, mientras más se permita que la cólera se acumule, más probable es que explote. Es indispensable dar un giro y responder rápida y eficazmente frente a estos nuevos peligros; de lo contrario, el frenazo del crecimiento y el empleo y la pérdida de bienestar serán mayúsculos, y la crisis de gobernabilidad se agravará.

En salud, hay que dar seguridad en el cuidado y quitar esta carga económica a las familias con una reforma de impulso a la atención primaria; ya en el presupuesto de este año se separaron miles de millones de soles para ese sector. La educación pública básica y superior requiere apoyo y buena gestión en este año de retorno a la presencialidad, haciendo realidad la gratuidad.

La alimentación popular debe ser una prioridad real, apoyando las ollas comunes y los desayunos y almuerzos escolares.
Transferencias directas («bonos») deben alcanzar a esa enorme mayoría afectada por la inflación en montos suficientes.

Las necesarias inversiones descentralizadas públicas en carreteras, agua y desagüe, internet y vivienda deben acelerarse; la proyección actual del BCR es que la inversión pública solo crezca 2,1 por ciento real.

La diversificación productiva, impulsando sectores como la industria y el agro, las pymes y el turismo, insistiendo en las mesas ejecutivas de diálogo público-privado, apoyando la inversión privada y adoptando medidas promocionales y crédito, debe ser retomada con urgencia. Sí hay alternativas. El “piloto automático” y simplemente esperar que las cosas pasen, no es buena opción. Frente a las mayores dificultades económicas que se vienen, necesitamos respuestas rápidas, inteligentes y eficaces.