Regreso sobre el tema de la informalidad, esencial para nuestro futuro. Más allá de las vicisitudes del momento político y manteniendo nuestra indignación frente a la corrupción, no podemos dejar de analizar los temas de fondo. Un país sin pensamiento crítico siempre tropezará con la misma piedra.

La informalidad es un problema fundamental para la gobernabilidad, nos frena la posibilidad de tener reglas comúnmente respetadas y una institucionalidad estatal-nacional indispensable para el desarrollo.

¿Cuál es su causa primordial? La falta de puestos de trabajo, que obliga a una mayoría de peruanos a recurrir al autoempleo y las microempresas familiares para sobrevivir. Los empleos en empresas medianas y grandes, de más de 10 trabajadores, sólo alcanzan para 1 de cada 5 trabajadores urbanos. Falta crecimiento de sectores diversificados como la agricultura, el turismo, los servicios con avance tecnológico y la industria, especialmente de medianas empresas y pequeños productores articulados bajo diversas formas asociativas y cooperativas. Si hubiera más puestos de trabajo, habría menos vendedores ambulantes y jóvenes cachueleando.

EL CÍRCULO VICIOSO DE LA ECONOMIA IN-REGULABLE

La escasez de puestos de trabajo genera un círculo vicioso de ingobernabilidad económica, porque  en el autoempleo y las microempresas es muy difícil establecer regulaciones esenciales para que la economía funcione eficientemente. Veamos los ejemplos de la venta ambulatoria de comida y del transporte que son muy claros al respecto.

Una regulación básica en cualquier parte del mundo es que la venta de comida debe cumplir algunas condiciones sanitarias básicas. La difusión de bacterias debe controlarse, los platos y vasos no deben ser fuente de contagio. En todo el mundo hay autoridades sanitarias a cargo de controlar eso, y así también lo dice la ley peruana. Pero, más allá de la enorme debilidad de las instituciones estatales y su falta de presupuesto para atender este tema ¿es factible controlar las decenas de miles de puestos ambulantes y micro-establecimientos que venden sánguches, refrescos caseros, jugos, tallarines rojos, ´aeropuertos´, ceviches y un largo etcétera? Muchos son muy sabrosos, pero ¿son seguros para la salud? A mis veinte años contraje tifoidea, presumo yo que fue por tomarme un jugo de naranja en un carrito callejero del Parque Universitario, de esos que lavan los vasos en el mismo balde de agua uno tras otro. Una década después tuve cólera (la enfermedad, no un ataque de ira). Aún me gusta y consumo, a veces, la comida callejera. Pero el riesgo es obvio y la pandemia nos lo recordó. Proteger la salud pública es una de las tareas básicas de cualquier estado, pero ¿perseguir a estos vendedores callejeros en algún distrito resuelve algo? ¿Sería acaso posible tener un verdadero ejército de controladores sanitarios supervisando los vendedores ambulantes? No, desde luego que no. La necesidad de miles de subsistir, en este caso vendiendo comida, genera tal informalidad que ningún estado podría controlar.

Algo similar sucede con el transporte urbano. Predominan los taxis informales, apoyados ahora por las apps. Motos y bicis de delivery, pagados por viaje y por lo tanto con todo el incentivo a ir rápido, invaden veredas y se pasan luces rojas. Las combis son un ejemplo de formalidad falsa, pudiendo acumular decenas de multas sin que pase nada; podríamos avanzar mucho con una buena reforma que ordene el transporte público masivo con unidades de mayor tamaño, rutas bien diseñadas y sistemas metropolitanos y carriles segregados. Pero tenemos una multiplicación violenta de taxis y colectivos informales chantándose en las esquinas por doquier. ¿Es debido a la incapacidad del estado que no se regula este sector, o es que la tremenda cantidad de carros en servicio lo convierten en una incontrolable hidra de un millón de cabezas? ¿y no son acaso esos miles de taxis y colectivos la forma que tienen muchísimos peruanos para subsistir?

COMPORTAMIENTO SOCIAL INFORMAL

Como quienes ahí trabajan ya saben que no hay un control eficaz, actúa sin mayor consideración por el orden público. Así se multiplica el comportamiento informal, que no respeta ni las regulaciones básicas. “La vida es así, no la he inventado yo” dirán muchos. Esto, a su vez, atrae a más gente a estos comportamientos informales de subsistencia: la situación se agrava. Esta actitud, además, se contagia hacia otros ámbitos. Quien es vendedor callejero y sabe que el tránsito es desregulado y desastroso, puede pensar que no importa meterse entre los carros a ofrecer su producto o servicio, dificultando un poquitín más el tránsito. Y si ya vieron que no hay un control básico ¿no es lógico que en tiempos mejores piensen que se puede evadir a la SUNAT?

Por su parte, los pocos empleados públicos llamados a controlar ven que su esfuerzo logra escasos resultados. Sienten también que ese colectivero o vendedor ambulante bien podría ser un familiar al que no le queda otro camino para sobrevivir. En esas condiciones muchos se dirán ¿para qué trabajar con ahínco? ¿por qué no aprovechar cuando haya una oportunidad para sacar una ventaja personal? Nace ahí el círculo vicioso: ni se respeta el interés público, ni se busca realmente hacerlo respetar.

Hay un tema de fondo acá, en términos de entender cómo funciona nuestra sociedad. Una economía que genera pocos puestos de trabajo en empresas formales, que empuja a millones a subsistir en el autoempleo y la informalidad, genera una sociedad desafectada del estado. El ser social informal determina la conciencia social informal; y ese ser social está determinado por la estructura económica y los pocos empleos que ésta genera.

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y OPERATIVIDAD ESTATAL

En los países desarrollados, incluso en países latinoamericanos con estructuras productivas más diversificadas y organizaciones económicas más fuertes, el estado no necesita una enorme cantidad de personas y un enorme aparato para asegurar que la mayoría de trabajadores estén en planilla y se paguen sus contribuciones a la seguridad social. Basta controlar a un cierto número de empresas, cada una de las cuales es responsable por varios cientos de trabajadores. Es como funciona, pero a escala muy insuficiente en el Perú, el sistema de control de planillas por la SUNAT. La SUNAT no pone el énfasis en supervisar a los 3 millones y medio de asalariados, si no en controlar a las empresas formales que son algunos miles. Quien hace buena parte del trabajo de registro y control son las empresas, y ellas son responsables de sus trabajadores o les cae una multa o sanción. El problema en el Perú es que, como dijimos, solo 1 de cada 5 trabajadores se encuentra en un empleo de esa naturaleza. Hace falta cambiar esta realidad.

Esta transformación puede lograrse con más empresas medianas y grandes, pero creo que más democrático, igualitario y sostenible es hacerlo mediante cooperativas o asociaciones: una agrupación de pequeños cafetaleros que venden juntos su producto bien puede tener el registro de afiliados y trabajadores y asegurarlos. Una cooperativa de taxis bien puede llevar ese registro igualmente. Necesitamos que haya una política de promoción de la asociatividad, de las cooperativas y de las cadenas de valor que conecten a los pequeños y microproductores con los exportadores. Tenemos que generar esas alternativas sector por sector y región por región, porque las formas deben ser específicas y a la medida de cada realidad. La venta de comida es una cosa, el transporte otra, la producción agraria una diferente, y así podemos multiplicar los casos. Eso hace que el problema y su solución sean complejos, no podemos negarlo, pero no hay otra salida.