La educación no universitaria es un camino escogido por más de 700 mil jóvenes en el Perú. El proyecto de ley 1215 pretende que la forma de mejorar esa educación es forzando a los estudiantes a hacer trabajo gratuito, sin pago ni seguro de salud ni derecho alguno.

La mayoría de peruanos, y en especial de los jóvenes, considera que esto sería un abuso total. Desde el punto de vista laboral, efectivamente, pretender que haya trabajo sin pago ni derecho alguno es propio del siglo XVIII, cuando predominan la esclavitud y la servidumbre. Considerando el mercado de trabajo en conjunto, imponer a miles de jóvenes un trabajo de este tipo tendría también un efecto sobre el resto de los trabajadores, deprimiendo sus salarios y favoreciendo un mayor recorte de derechos.

Pero, por otro lado, ¿es esta una buena propuesta para mejorar la educación superior no universitaria?  Los institutos superiores, incluyendo los privados, sufren en muchos casos de serias deficiencias de calidad. Pero obligar a sus alumnos a que trabajen gratis no es la solución a ese problema. Por el contrario, si los estudiantes han avanzado una buena formación y logrado mayores capacidades debieran tener posibilidades de obtener una práctica remunerada (en el estado peruano, el Programa Pro-Joven desde ya hace dos décadas subsidia programas formativos a instituciones que tienen la obligación de asegurar prácticas a los jóvenes). Si el instituto superior no puede asegurar eso, es que no da una formación de calidad. En ese sentido, el proyecto 1215 lo que hace es facilitar que haya instituciones que dan educación de baja calidad, en vez de establecer mecanismos para la mejora de la calidad.

El proyecto 1215 ha sido defendido por la congresista fujimorista Rosa María Bartra, la misma que ahora preside de manera totalmente sesgada la comisión Lava Jato, y por María Isabel León, quien fuera vocera fujimorista en temas de educación en la campaña electoral pasada y ahora nombrada por el ministro Idel Vexler en el Consejo Nacional de Educación. La señora León también preside una asociación de institutos privados de educación superior y dirige dos de ellos. Es evidente que existe una conexión política y un lobby de intereses privados tras este proyecto de ley, que permitiría que institutos como los que dirige la señora León cobren matrícula a estudiantes y luego los obliguen a hacer trabajo gratuito en las empresas escogidas por ellos.

Se ha tratado de defender el proyecto diciendo que no sería trabajo sino una “Experiencia formativa en situaciones reales de trabajo”. Pero en éstas, “el joven se obliga a cumplir las tareas asignadas”, como en cualquier trabajo dependiente, pero si pago. Por más que le quieran cambiar de nombre, si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, es un pato, en este caso de trabajo gratuito sin garantía de educación de calidad.