Nuestra democracia atraviesa una severa crisis. Los videos de la compra de congresistas son la cereza del pastel pero la torta tiene mucho más material podrido adentro: las relaciones infectas entre quienes ostentan el poder político y los grandes monopolios y familias que concentran la riqueza.

La coyuntura ha sido rica en probar lo que intuíamos no solo con los KenjiVideos. Hay pruebas abundantes de que entre los años 2001 y 2006, mientras Kuczynski era ministro de economía y premier, por un lado cobraba más de 3 millones de Odebrecht por supuestas asesorías y por el otro sacaba decretos y normas para favorecer a sus empresas. Lo mismo hizo con la empresa Engie (ex – Suez). La defensa de PPK de que él no sabía nada de lo que hacía la empresa First Capital de su socio Sepúlveda es indefendible, hoy que sabemos que los pagos que hizo Odebecht a First Capital luego fueron transferidos a la empresa Westfield de PPK y de ésta a sus cuentas personales y a fondos para su campaña que no declaró a la ONPE. El caso de Engie- Suez es aún más claro, pues en ese caso los pagos son directamente a la empresa de PPK en el mismo periodo en el que era ministro y sacaba normas en favor de la trasnacional. Con todo eso PPK ya debiera estar con prisión preventiva.

Durante su gobierno PPK siguió embarrado en corrupción. Su defensa personal de la empresa Kuntur Wasi y su propuesta trafaza para el aeropuerto de Chinchero, donde vimos al propio presidente de la república, experto en finanzas, engañar al país diciendo que el hecho de que la plata no la ponía la empresa sino el estado no cambiaba la condición económica del contrato, fue reveladora. Peor aun cuando uno sabe que varias asesoras muy cercanas a PPK cobraban por defender a Kuntur Wasi.

Luego PPK ha mantenido una defensa cerrada para que Odebrecht, Graña y Montero y las constructoras corruptas deben seguir recibiendo puntualmente el dinero del estado y de los peajes por los contratos conseguidos con coima, obteniendo finalmente una ley para ello con el apoyo del fujimorismo.

NUESTRO SISTEMA POLÍTICO- ECONÓMICO

Entre el 2001 y el 2016, más allá de quejas y reclamos, para el gran monopolio de los medios de comunicación y la Confiep las cosas iban bastante bien. La democracia les daba sus sustos a la Confiep de vez en cuando, pero tras el mayor sobresalto que fue el de Humala – para derrotar a quien juntaron para la segunda vuelta 2 millones de dólares en favor de Keiko – lograron hacer que la pareja Ollanta-Nadine traicionara a sus electores y continuara la misma política económica: ventajas para las grandes empresas con mucho poder de lobby, confianza en el “chorreo”, reparto de migajas con algunos programas sociales. Palmas de la Confiep, el gobierno estadounidense (como mostró este semanario la semana pasada en relación a PPK) y “El Comercio” porque se mantenía el modelo económico neoliberal.

Lo cierto es que el ídolo neoliberal con pies de barro. No es verdad, en absoluto, que lo predominante en la economía peruana sea la libre competencia que nos llevaría al progreso nacional; la “política de la libre empresa” ha dado lugar a la mayor concentración monopólica y a lobbies más grandes, más fuertes y más voraces. Gracias a ello, a este particular ordenamiento político-económico, lo que tenemos, desde hace tres décadas son gobiernos que actúan beneficiando a las grandes empresas antes que al interés público y monopolios que abusan de nosotros. Lo mismo pasa hoy en Estados Unidos y varios otros países, pero mal de muchos, consuelo de tontos.

Esto es verdad no sólo en relación a las constructoras de obras públicas y a la gran estafa de esas “Alianzas Público-Privadas” donde a los ciudadanos nos roban en los peajes y en el presupuesto público gracias a licitaciones amañadas, “adendas” a los contratos, “arbitrajes” arreglados y demás fórmulas de rapiña. Ojo que estos mecanismos siguen vigentes hasta hoy, porque ni el gobierno PPK ni el congreso Fuji han querido revisar este esquema legal sino, por el contrario, “destrabar la inversión privada en las APPs” y empoderar a su organismo promotor “Pro-Inversión”. Todo, por supuesto, facilitado por presidentes, ministros y funcionarios corruptos, y también por gerentes y directores de empresas ladrones.

¿Cómo este esquema ha podido mantenerse en pie durante tanto tiempo? Una primera mirada muestra las “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht y las demás empresas, el “club de la construcción” y la primera trama de corrupción, que ha pasado piola frente a la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial todos estos años. Pero hay todo una estructura política que le da soporte a ese esquema.

A nivel masivo está un montón de propaganda ideológica diciéndonos que las empresas privadas son siempre lo mejor porque todo lo estatal es malo, que es lo mismo ser un ambulante “emprendedor” que dueño de un banco porque son igualmente “sector privado” y que por eso las Alianzas Público-Privadas son lo máximo. Existen, por cierto, entidades especialmente destinadas a esta propaganda, como la AFIN – Asociación para el Fomento de la infraestructura, en cuyo consejo directivo la empresa Odebrecht (en cabeza de Jorge Barata) tuvo un lugar destacado durante muchos años e inclusive después de que en Brasil ya habían sido condenados metidos a la cárcel por corruptos.

Pero junto a la ideología está el lubricante más específico. El dinero se entrega primero generosamente durante las campañas electorales, lo que tenía como objeto, como ha dicho Jorge Barata, asegurar que serían bien recibidos en Palacio de Gobierno. Las decenas de viajes de Barata y M. Odebrecht con varios presidentes atestiguan el éxito de la estrategia. En esos viajecitos se precisaban los “detalles” del “negocio”; por ejemplo,  el 19 de febrero de 2009 Alan García hizo uno de sus 23 viajes con Jorge Barata y esa misma noche convocó a una reunión de urgencia del consejo de ministros en la cual se aprobó que el “Metro de Lima” lo haría el gobierno central y no la municipalidad, luego de lo cual no resulta ninguna sorpresa saber que quien ganó la licitación de esa obra fue, precisamente, Odebrecht (con su socio Graña). La obra terminó costando 410 millones de dólares extras al erario nacional.

La revelación de que la Confiep juntó una bolsa de 2 millones de dólares para una campaña anti-Humala pro-Keiko el 2011 ha mostrado que este modus operandi, de poner plata en las campañas y luego conseguir favores no se limita a constructoras corruptas ni deja de lado al fujimorismo.  A la bolsa de 2 millones pro-Keiko aportaron Odebrecht y también los grupos Romero y Gloria, recientemente favorecidos por leyes aprobadas por la mayoría fujimorista en el congreso para que sigan abusando de los consumidores con comida chatarra y leche falsa. Ambos gozan además de cuantiosas exoneraciones tributarias, que desde luego son mantenidas y prorrogadas por el MEF y el Congreso, mientras simultáneamente recortan el gasto en salud y educación. El grupo Gloria además se ha beneficiado con la mayor parte de las tierras del proyecto Olmos, hecho por Odebrecht con asesoría financiera de PPK y donde Gloria ha comprado 25 mil hectáreas a precio huevo, mientras el estado ha perdido en ese proyecto 328 millones de dólares. Otros aportantes a la bolsa de Keiko fueron el grupo Telefónica que le debe al estado 7 mil millones de soles en una deuda que tiene vente años, el grupo Repsol dueño de la refinería La Pampilla que sigue vendiéndonos gasolina contaminada con azufre a pesar que una ley del 2006 estableció que no podría hacerlo después del 2010 y el grupo Breca que se beneficia de exoneraciones tributarias en la minería y paga miserias de canon por las millones de toneladas de anchoveta que convierte en harina. Solo esta revisión muestra que los aportes a campañas a cambio de beneficios millonarios no se limita a los constructores.

¿Esos grupos solo ponían plata a la campaña de Keiko? Ricardo Briceño, el presidente de la Confiep que llamó a esos grupos monopólicos para la “bolsa” pro-Keiko de los 2 millones de dólares ha declarado que él apoyó a PPK, mientras que Dionisio Romero ya declaró alguna vez que él apoyaba a varias. Como se ve, la estrategia Odebrecht de financiar a todos los candidatos de derecha, no era exclusiva sino, más bien, figurita repetida.

Esto es algo que habría que cambiar de inmediato; no podemos seguir teniendo elecciones donde quien tiene mucho dinero puede inundarnos de propaganda mientras quien quiere ser honesto carece de medios para competir en condiciones equitativas. Un cambio es urgente y éste no debe sólo mirar hacia atrás. En el pasado, buena parte de estas bolsas millonarias iban a los gastos fuertes de la campaña: el avisaje de televisión y radio. Recientes sucesos mundiales muestran que hay ahora una nueva forma como los millones pueden conseguir votos y esa es Facebook y otras redes sociales, que también deben ser reguladas.  En caso contrario, cualquier alternativa de elecciones adelantadas luego de “que se vayan todos” llevará muy probablemente a que cambiemos de rostros pero no de realidad y sigamos teniendo presidentes y congresistas que entran al cargo buscando “rentabilizar su inversión”.

 

(publicado en Hildebrandt en sus Trece el 23 de marzo de 2018)