Los países latinoamericanos deben reformar sus políticas fiscales para garantizar los derechos humanos

Esta sombría realidad subraya la relevancia de la reciente audiencia temática organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión), que se centró en el papel de la política fiscal en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en América Latina. La 168˚ sesión de la Comisión, que se realizó del 3 al 11 de mayo, fue solicitada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CESR) y una coalición de 12 organizaciones de la sociedad civil de la región (enumeradas a continuación).

En el último día de la sesión, representantes de CESR, OXFAM, INESC, CELS, Dejusticia, ACIJ, APRODEH, ForoSalud y el Ministerio de Defensa Pública de Buenos Aires presentaron argumentos y evidencia de los impactos de las políticas fiscales regresivas y discriminatorias sobre los derechos humanos. Los miembros de la coalición presentaron a la Comisión evidencia del impacto de las medidas de austeridad sin precedentes en Brasil, la insuficiente movilización de recursos para garantizar reformas de política social en el contexto del proceso de paz en Colombia, las políticas fiscales regresivas y desiguales que perpetúan el acceso desigual a la educación y la salud en Perú, los recortes de presupuesto a los programas sociales en Argentina y el potencial para un sistema de imposición de la propiedad más justo en la ciudad de Buenos Aires. A medida que la región se desliza hacia un período de estancamiento, los solicitantes de la coalición pidieron un escrutinio más intenso de los impactos en los derechos humanos de las decisiones actuales de política económica y social, y presentaron alternativas para generar recursos, que estos estados no están implementando debido a la falta de voluntad política.

Margaret Macaulay, presidenta de la Comisión, agradeció a la coalición por la sólida y detallada evidencia presentada, destacando su importancia para el trabajo de este organismo que promueve los derechos económicos y sociales. Los argumentos y pruebas que subyacen a estos casos están contenidos en un informe elaborado por la coalición.

Los datos y casos citados ante la Comisión durante la sesión proporcionaron  evidencia consistente de cómo las políticas fiscales injustas pueden violar las obligaciones y los principios de derechos humanos establecidos por los tratados internacionales en una región que sigue siendo la más desigual del mundo. Desde 2015, la reducción de la desigualdad en la región se ha desacelerado, y en 2017 la cantidad de personas pobres en América Latina aumentó por segundo año consecutivo, alcanzando los 187 millones. Al analizar estos hallazgos, la comisionada Flávia Piovesan afirmó que “la tributación es clave para garantizar derechos pero también puede ser una fuente de violaciones de derechos”, mientras que el comisionado Joel Hernández afirmó que se debe “procurar sobre la base de las necesidades de desarrollo sostenible de las personas”.

Durante la audiencia, Gaby Oré Aguilar, Directora Ejecutiva Adjunta de CESR, enfatizó la necesidad urgente de abordar la política fiscal como un tema de derechos humanos. “La política fiscal es una política pública y, como tal, está sujeta a la rendición de cuentas ante los organismos de derechos humanos. Estas normas y principios pueden fortalecer las funciones esenciales de la política fiscal y la tributación a través de la movilización de recursos, la redistribución de la riqueza y la rendición de cuentas entre el estado y sus ciudadanos. Las normas y principios de derechos humanos tienen el potencial de cambiar la forma en que se diseñan, implementan y evalúan estas políticas”, dijo.

Desde la primera audiencia de la CIDH sobre política fiscal y derechos humanos promovida por esta coalición en 2015, el tema ha pasado de los márgenes al centro de la agenda del Sistema Interamericano. Un hito importante en esta progresión fue el informe de la CIDH del año 2017 sobre Pobreza y Derechos Humanos en las Americas, en el cual la Comisión advirtió que la pobreza y la pobreza extrema no pueden ser confrontadas sin un amplio marco de políticas redistributivas para reducir los niveles extremos de desigualdad socioeconómica que afectan a la región (ver el párrafo 494). En la última sesión, las organizaciones peticionarias hicieron invocaciones concretas a la Comisión para ampliar aún más el alcance de la protección contra las violaciones de derechos humanos causadas por políticas fiscales regresivas e injustas. Pidieron a la Comisión que elabore un informe temático sobre el tema y alentaron a las instituciones nacionales de derechos humanos a fortalecer su papel de supervisión en las políticas fiscales de los Estados.

Esta iniciativa fue organizada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CESR), el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), Conectas Derechos Humanos, la Plataforma de Derechos Humanos (DHESCA Brasil), Justiça Global, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Foro Salud, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y OXFAM.