Mientras nos indignamos contra Keiko, nos desesperanzamos con Vizcarra y asistimos al Mundial, varias tragedias nacionales siguen acumulando cadáveres. Una de ellas es la de los jubilados. Este lunes me tocó asistir a un foro organizado por la bancada del Nuevo Perú y escuchar lo que ya sabemos hace años pero no deja de generarnos un agudo dolor de corazón cada vez que lo oímos: la pensión promedio pagada por la ONP es de poco más de 500 soles y la pensión máxima está debajo del sueldo mínimo. Es evidente que con 500 soles no vive nadie, tanto así que de acuerdo al propio INEI una pareja con ese ingreso es considerada pobres, pero el estado no les aumenta esa misérrima pensión.

Para completar la figura, saliendo del foro tomo un taxi y resulta que quien lo dirigía era un antiguo conocido que había trabajado conmigo en Foncodes años atrás. A los 65 años, a falta de una jubilación digna en la AFP, había sacado su plata para comprarse un taxi y trabajarlo como forma de ganarse la vida.

El maltrato a los jubilados ha generado la paradoja de que, mientras en diversas partes del mundo los trabajadores pelean porque no les aumenten la edad de jubilación, en el Perú los docentes de las universidades públicas estuvieron luchando para que los dejen trabajar hasta después de los 75 años. La paradoja se explica por el temor de los docentes universitarios a ver su calidad de vida severamente golpeada cuando su sueldo de 3 mil y pico de soles se transforme abruptamente en una pensión de 800. Así, mientras la Organización Internacional del Trabajo – OIT establece que un trabajador al jubilarse debe recibir una pensión de al menos 70 por ciento de su sueldo para poder mantener condiciones razonables de vida, en nuestra patria a menudo no se otorga de pensión ni la quinta parte del sueldo del trabajador activo.

PRESUPUESTO: SI SE PUEDE

Los jubilados son uno de los grupos que tras una década de crecimiento económico pregonado como muy exitoso, sigue recibiendo pensiones de miseria. Lamentablemente, una serie de falaces teorías se han ido instalando para sustentar tremenda inequidad.

La primera gran excusa es que no hay presupuesto. “Estamos haciendo un gran esfuerzo” nos dijeron el lunes los funcionarios del MEF. Pero cuando uno compara los 4 mil millones de soles del presupuesto destinados al sistema de pensiones con los 16 mil millones que se van en exoneraciones tributarias a bancos, mineras y universidades-negocio, o con los 6 mil millones de impuestos devueltos a las mineras, o con los 12 mil millones de soles de evasión del impuesto a las ganancias empresariales, o con los 22 mil millones de evasión del IGV, sale a luz que se trata de una mala excusa. Los cálculos son simples: si solo un tercio de las exoneraciones se dedicara a mejorar las pensiones, estas podrían duplicarse.

Tampoco es que en Perú el presupuesto destinado a este rubro sea muy grande. La CEPAL de las Naciones Unidas compara los presupuestos destinados a protección social, que incluye pensiones y ayudas a los más vulnerables, y encuentra que mientras en nuestro país se gasta 2,6% del PBI en este rubro, en Colombia 3,4%, Bolivia 4,4%, Paraguay 5,0%, en Chile 6,3%, Uruguay 6,8% y Argentina 10,8%. Así tanto países que están en una situación económica mejor que la nuestra, como Colombia, Chile y Argentina, como aquellos con menor nivel macroeconómico como Bolivia o Paraguay, tratan a sus jubilados y vulnerables mejor que el Perú. Los países desarrollados, por cierto, están mucho más lejos aún,  porque hasta sociedades capitalistas y altamente individualistas como los Estados Unidos tienen sistemas de seguridad social potentes que otorgan un sólido sustento a sus jubilados.

El otro argumento, si se le puede llamar así, sostiene que lo que se necesita es una profunda reforma previsional que sea sostenible por décadas. Esa reforma es necesaria, porque lo que tenemos es un mal remedo de sistema de pensiones, deja muchísima gente al descubierto y que no tiene la mínima coherencia. Una reforma del sistema previsional darnos mejores fórmulas a quienes hoy trabajamos para sustentar nuestra vejez, pero lo que de ninguna manera puede hacer es resolver el problema de los actuales jubilados, para quienes solo hay una solución posible y solo una: que el estado reconozca la deuda que tiene con ellos y les pague pensiones justas.

No hay que olvidar, por cierto, que la enorme mayoría de jubilados de hoy aportaron durante años a un sistema de pensiones normado por la ley 19990 que establecía que el financiamiento del sistema de seguridad social debía ser tripartito. Sucedió en el Perú que la hiperinflación de Alan García licuó las pensiones, las reservas financieras desaparecieron y Alberto Fujimori desconoció los compromisos del estado, algo posible sólo bajo un régimen dictatorial sin garantías constitucionales. Hoy que la derecha neoliberal tanto habla de lo sacrosantos que son los contratos del estado con empresas privadas, lo mínimo que por coherencia debe hacerse es reconocer los compromisos que décadas atrás el estado asumió con los jubilados.

EL DESEQUILIBRIO TIENE CAUSAS Y RESPONSABLES

Finalmente, hay que desmentir el mito de que el sistema nacional de pensiones está totalmente desfinanciado porque quienes hoy están jubilados no han aportado lo suficiente al mismo. Los propagadores de esta falacia dicen que quienes hoy reclaman un aumento de sus pensiones por encima de los misérrimos quinientos soles que les dan, están pidiendo algo a lo que no se sustenta financieramente en sus aportes.

La cifra que se repite es que la mayor parte de las pensiones de la ONP salen del presupuesto público. Pero lo que se oculta es que en Estados Unidos, Japón o Alemania, donde operan esquemas iguales a nuestro sistema público de pensiones, los trabajadores activos sostienen financieramente a los jubilados bajo el compromiso de que recibirán el mismo apoyo cuando a su turno les toque jubilarse. Este esquema, que funciona cual tornillo sin fin empujando hacia adelante, fue roto en el Perú cuando Fujimori creó las AFPs, quebrando así el sostén financiero de las pensiones públicas. Lo que sucede es que con las AFPs, los trabajadores activos en vez de mantener a los jubilados entregamos nuestras contribuciones a estas administradoras financieras.

Se puede hacer un cálculo simple: si mantuviéramos un sistema como el original de la Ley 19990, igual al de Estados Unidos, Japón o Alemania donde un aporte a una administradora de fondos privadas no reemplaza a la seguridad social, ¿aun tendría la ONP que pedirle fondos al tesoro para pagar las pensiones? La respuesta es un rotundo No: mientras al presupuesto aporta hoy casi 4 mil millones anuales para pensiones de la ONP, las AFPs reciben 10 mil millones de soles anuales de aportes de los trabajadores a sus cuentas para ser administrados. Un sistema público único de pensiones en Perú hoy estaría pudiendo pagar pensiones casi del doble sin pedirle un sol al erario nacional.

A eso hay que sumar los 1,200 millones de soles anuales que se llevan las AFPs en comisiones, es decir, dinero que sale de nuestros sueldos directamente a esas empresas financieras, la mitad para pagar el ejército de vendedores, los altos sueldos de los gerentes y la propaganda de las AFPs. La otra mitad, 600 millones de soles anuales, es la ganancia de los accionistas dueños de esas empresas, mayoritariamente trasnacionales bancarias.

En otras palabras, lo que estableció Fujimori es un gigantesco cambalache, una estafa que consistió en quitarle el sostén financiero al Sistema público de Pensiones para entregarle un negociazo a grandes empresas financieras, y luego decir que como la ONP estaba desfinanciada había que reducir las pensiones al mínimo. Mientras tanto,  el dinero de los trabajadores es manejado por AFPs que lo ponen en Graña y Montero, donde nombran a José Chlimper como representante nuestro en su directorio mientras le reembolsan a Odebrecht por las millonarias coimas entregadas.

¿Cómo no molestarse entonces cuando dicen que el estado hace un gran esfuerzo por pagar 500 soles mensuales a los jubilados?