Cuando empezó el gobierno Vizcarra, puso bastante énfasis en reducir las exoneraciones tributarias. El propio Premier Villanueva se refirió varias veces al tema, el entonces ministro de Tuesta lo resaltó y en el pedido que hicieron al Congreso para que les delegaran facultades legislativas fue un asunto central. Noticia: esta política “ya fue”. Ha sido dejada de lado. El martes pasado, reflejando acuerdos tomados entre el gobierno y el fujimorismo, la mayoría del Congreso aprobó la delegación de facultados retirando lo referido a exoneraciones.

El cálculo oficial, hecho por la SUNAT y reiterado a lo largo de varios años con los ajustes del caso, es que los beneficios tributarios por exoneraciones y otros mecanismos suma 16 mil 498 millones de soles anuales. Eso, en virtud de este pacto entre el gobierno Vizcarra y el congreso bajo mayoría keikista, entre Villanueva y Galarreta, seguirá vigente. Este año y los siguientes continuaremos regalando 16 mil millones de soles a algunos privilegiados, con lo que la mala calidad de la educación, la salud y las carreteras seguirá. Solo existe la posibilidad (ojalá se concrete) de que se aplique el IGV a los casinos y juegos de azar, unos 400 millones de soles anuales, menos del 3 por ciento del total regalado.

¿Quiénes van a seguir gozando de exoneraciones, inafectaciones, devoluciones y demás privilegios con los que no contamos los ciudadanos comunes y corrientes? Empresas financieras y de seguros 1,900 millones de soles anuales, empresas agropecuarias 3,700 millones, mineras y petroleras 560 millones, universidades-negocio 1, 900 millones, empresas en la amazonia 2,400 millones. Si esta situación continua, como claramente sucederá, todo ese dinero seguirá siendo dirigido, en vez de a medicinas, colegios y pistas, a los bolsillos de unos cuantos privilegiados, año tras año.

Mención aparte merecen las llamadas devoluciones, que ahora suman anualmente 16 mil millones de soles, en relación a las cuales las grandes empresas que firman contratos con el estado tienen un sistema especial para que les den la plata rapidito y antes de un control detallado. 6 mil millones de soles de esas devoluciones van a para la minería, monto que se ha triplicado en los últimos años. Frente a este régimen de privilegio para algunos (¿o usted acaso he recibido prontamente un cheque de SUNAT por impuestos calculados en exceso?), la convergencia Vizcarra-Keiko no quiere que se controle este sistema que tanto nos cuesta sin que haya ninguna transparencia sobre los beneficiarios, sino que han aprobado ¡que se les den mayores facilidades!

LOS BENEFICIADOS Y SUS AMIGOS

Recordemos quienes pusieron plata junto con Odebrecht en la bolsa de Confiep de 2 millones para favorecer a Keiko en las elecciones 2011. Aportó el grupo Romero, con empresas financieras y de seguros, beneficiarias de exoneraciones. Se puso el grupo Gloria, dedicado a la agroexportación, también privilegiado tributariamente. Apoquinó el grupo Brescia con intereses diversos, particularmente fuerte en finanzas y minería (Humbeto Speziani, quien recolectó los fondos de los 2 millones, trabaja para ellos). Abrió su billetera Roque Benavides, conocido multimillonario de la minería. Por cierto, estos aportes en favor de Keiko salieron a luz solo después de que Jorge Barata, el mandamás de Odebrecht en Perú, confesó esos pagos, luego de lo cual esos grandazos de Confiep tuvieron que reconocerlo (aunque varios aportantes permanecen ocultos).

Recordemos que congresistas están vinculados a las universidades-negocio que no pagan impuesto a al renta. Uno es Richard Acuña, hijo de César Acuña, dueño de tres universidades-negocio (él esta vez no votó en el congreso porque se fue al mundial). Otro es Miguel Elías, hermano del dueño de la Universidad San Juan Bautista, a quien reemplazó como congresista por Ica (a este congresista Keiko lo acaba de defender en mitin en Ica mientras atacaba al actual gobernador regional elegido por su partido Fernando Cillóniz). También está Osías Ramírez, hermano de Joaquín el investigado por la DEA y sobrino del dueño de la Universidad Alas Peruanas (que formalmente opera mediante una “cooperativa de servicios múltiples” a quienes el fujimorismo ha protegido en el debate reciente sobre la supervisión de cooperativas). Ninguna de estas universidades, por cierto, está entre las 41 universidades licenciadas por Sunedu a la fecha, es decir, no tienen ninguna garantía de calidad mínima, lo que no es óbice para que sus dueños sigan sin pagar impuestos sobre las ganancias que obtienen.

¿QUÉ PASÓ?

¿Por qué el gobierno ha cambiado de política a este respecto y lo que ayer era importantísimo hoy se ha dejado de lado?  Una explicación que fácilmente se deduce de los hechos establecidos es que el fujimorismo ha salido a defender los intereses económicos de quienes apoyan financieramente a Keiko. Eso se ha visto también claramente, en el Congreso, en varios otros temas. Marquemos tres. Uno: su intento de boicot a la ley de alimentación saludable y el etiquetado firme y claro en la comida chatarra industrializada, defendiendo los intereses del grupo Romero y otros. Dos: su boicot a la ley para cuidar el ambiente reduciendo el uso de bolsas de plásticos. Tres: su intento de aprobar una prórroga del “régimen especial agrario” que quita a los trabajadores de la agroexportación 3 sueldos y medio por año (gratificaciones, CTS y mitad de vacaciones), régimen que se beneficia el grupo Gloria, las azucareras amarradas con Becerril y el secretario general de Fuerza Popular José Chlimper. Si esos son los intereses que cuida Keiko Fujimori al mantener las exoneraciones tributarias, el retroceso de Vizcarra y Villanueva se explicaría porque están en el gobierno gracias a los votos fujimoristas y han optado por la misma política de sumisión de PPK, reaccionando solo cuando los agarran a golpes como con la ley “mordaza”.

La otra explicación por la que el gobierno no i9nsiste en pelar contra esas exoneraciones tributarias de privilegio está en que ha habido un vuelco en la situación fiscal. Resulta que de dos meses acá, las perspectivas de los ingresos del fisco han mejorado tremendamente, y si cuando entró Tuesta éste veía el panorama como crítico en un corto plazo, hoy no lo ven así.  En efecto, a febrero había una caída fuerte en los ingresos tributarios que, para la mirada fiscalista y neoliberal de Tuesta, generaba un riesgo de un alto déficit fiscal. La política de Tuesta era errada porque ponía innecesariamente el control del déficit por delante de las necesidades de reactivación del empleo y de mejora de la calidad de vida de la gente, pero fue en función de esa visión ideologizada que dieron el gasolinazo (una estupidez) y se lanzaron en campaña contra las exoneraciones (algo necesario mirando el mediano y largo plazo).

El panorama de corto plazo cambió en abril cuando se registró lo que se llama la “regularización del impuesto a la renta”. Expliquemos en qué consiste esto. Un componente fuerte del impuesto a la renta es lo que pagan las empresas por sus ganancias (llamado técnicamente “impuesto a la renta de tercera categoría de personas jurídicas”). Ese pago deben irlo haciendo las empresas por partes a lo largo del año en función de lo que tuvieron de utilidades el año anterior, y posteriormente, cuando cierran sus estados financieros de pérdidas de ganancias en marzo, hacen el cálculo preciso y pagan la diferencia al fisco. El aumento de precios de los metales, en especial del cobre y el zinc, ha hecho que las ganancias de las mineras se disparen y en consecuencia este abril las empresas han pagado unos 6 mil millones de soles más por “regularización del impuesto a la renta”. Con estos fondos, ya el zapato fiscal no aprieta con la urgencia de antes.

Eso no quiere decir, por cierto, que una reforma tributaria, una reducción drástica de exoneraciones y privilegios, el cobro de deudas tributarias acumuladas y el combate a la evasión y elusión tributaria no sean necesarias. El problema de la baja recaudación fiscal y, por consiguiente, de la baja inversión pública en infraestructura, en educación y en derechos fundamentales, es crítico si se tiene una mirada de mediano y largo plazo.

Permitiendo que las exoneraciones sigan, el gobierno está siguiendo lo que dijo el nuevo ministro de economía recientemente: “En el MEF en los últimos 25 años ha habido una política institucional con una dirección muy clara, y es la que voy a mantener”. El problema es que esa política no permite que el estado tenga los recursos mínimos para cumplir funciones esenciales; la salud pública está hasta las cangallas, muchos colegios dan pena, las carreteras y pistas se llenan de huecos y la investigación e innovación siguen sin fondos. ¿Hasta cuándo? Por la decisión tomada por Keiko y Vizcarra y reflejada este martes en la votación del Congreso, hasta el 2021, ni más ni menos que el año de nuestro bicentenario como República.