Dos grandes tareas tiene el nuevo gabinete Del Solar: avanzar en la lucha anti-corrupción y reactivar la generación de empleo y el progreso social. Para ambos objetivos, la actual política económica no ayuda en nada sino que más bien obstaculiza. La mayoría de analistas, sin embargo, se olvidan de la economía en sus análisis del nuevo gabinete. Es un error grande ya que el continuismo neoliberal en la política económica tendrá altos costos sociales y políticos.

POLITICA ECONÓMICA Y LUCHA ANTI-CORRUPCIÓN

Empecemos discutiendo el tema de la lucha anti-corrupción, bandera con la cual Martín Vizcarra ha obtenido grandes réditos políticos y que por eso mismo es crucial para el futuro del gobierno. La detención de Keiko, el resultado del referéndum y la salida de Chávarry de la Fiscalía de la Nación han sido los puntos más altos en esta lucha protagonizada por la ciudadanía. Pero a pesar de los esfuerzos del equipo de fiscales encabezados por Rafael Vela y José Domingo Pérez, estamos en una espera que desespera. Un ciudadano con quien me puse a conversar en una sala de espera me manifestaba que no entendía por qué no se avanzaba más y dudaba si quizás el propio gobierno Vizcarra estaba embarrado.

No comparto ese punto de vista, pero sí creo que el avance anti-corrupción es muy lento. Una causa fundamental de esa baja velocidad es la política de seguir favoreciendo a las grandes empresas constructoras coimeras con miles de millones de dinero público aunque éstas se resisten a la justicia.

Pruebas de las coimas y robos hay de sobra. Los funcionarios de Odebrecht han reiterado que Graña y Montero, JJC – Camet e ICCGSA compartieron las coimas en la Interoceánica. Hay múltiples testimonios y pruebas de transferencias bancarias con las que el “club de la construcción” coimeó para manipular licitaciones y ganar “arbitrajes” robando así miles de millones al estado peruano. A pesar de todo esto, las constructoras involucradas siguen obstruyendo la justicia mientras reciben dinero público a raudales. A diferencia de Odebrecht que por lo menos “canta” y acepta pagar una reparación civil, estos raterazos siguen resistiéndose a los fiscales y al mismo tiempo cobran todos los meses como si nada.

¿Cómo así? Los ampara la ley 30737 que propuso PPK, que este gobierno perfeccionó con su reglamento y que el ministerio de economía generosamente aplica en su favor. Bajo el pretexto de “no paralizar las inversiones”, esta ley 30737 aprobada por pepecausas y aprofujimoristas le resta poder a los fiscales al impedirles que puedan cortarles los fondos a estos sinvergüenzas si no reconocen sus delitos y “cantan”. Obviamente, si los rateros pueden seguir ganando mientras se resisten a la justicia, optan por ese camino. ¿Para qué aceptarían sus delitos si pueden seguir libres llenando sus billeteras?

El aprofujimorismo ha criticado el acuerdo con Odebrecht arguyendo que establece montos de reparación civil demasiado bajos, obviando el enorme valor de sus confesiones. Pero no dicen nada acerca de cómo las demás grandes empresas brasileñas y peruanas que no confiesan ni colaboran con la fiscalía, hasta ahora no aceptan pagar ni un sol de reparación civil y siguen pasando por la caja del estado donde se les paga puntualmente aunque sabemos que las obras están sobrevaluadas varias veces. “¡Gracias por su voto, señores Mulder, Del Castillo, Rosa Bartra, Carlos Tubino y Karina Beteta!” exclaman felices desde el club mafioso de la construcción.

La lucha anti-corrupción avanza lento porque depende de lo que canten los funcionarios de Odebrecht. Pareciera que hoy todo está en función de lo que diga Jorge Barata. Las investigaciones avanzarían mucho más rápido si los fiscales tuvieran poder para presionar a las demás empresas en su órgano más sensible: su billetera. Pero la política del MEF deja a los fiscales sin esta arma fundamental. A estas grandes empresas corruptas no se les aprieta económicamente; por el contrario, les pagamos millones con los que pueden seguir ocultando pruebas, sobornando jueces y fugándose al exterior si perciben mucho peligro. La política económica no ayuda en la lucha contra la corrupción, la sabotea.

Hoy ciframos nuestras esperanzas en que los fiscales Vela y Pérez puedan seguir avanzando para que, en algún futuro aún distante, el Poder Judicial mande a los culpables a la cárcel. Ojalá. Pero es una lucha dura y el tiempo juega en favor de los corruptos. Debemos poner todas nuestras cartas en esta batalla y no dar ventaja a los empresarios sinvergüenzas como hace esta política económica.

NO HAY TRABAJO NI MEDICINAS

65 mil empleos menos en Lima en el último año mientras que la población en edad de trabajar aumentó en más de 100 mil personas, según las cifras oficiales del INEI a enero 2019. 35 mil personas menos con seguridad social. Más de un millón de trabajadores en Lima desempleado total o parcialmente (subempleado por horas).

A nivel nacional la población en edad de trabajar ha aumentado el 2018 en 371 mil personas y los empleos creados apenas llegan a la décima parte de esa cantidad. Lo que ha aumentado es la gente en la calle vendiendo alguna cosilla para subsistir. NO es de extrañar que en esas condiciones en el último año los ingresos promedio en Lima han caído 1,7 por ciento, algo que no sucedía hace muchos años, a lo que hay que sumar otro 2 por ciento de inflación. Peor les ha ido a las mujeres y a quienes solo tienen educación primaria, grupos cuyos ingresos han caído 3 por ciento.

La ciudadanía siente el golpe económico. Según el índice de confianza del consumidor de Apoyo Consultoría, en términos de facilidad para conseguir empleo estamos en el punto más bajo en 8 años. Una encuesta muestra que en enero y febrero un 34 por ciento de peruanos piensa que la economía del país ha empeorado frente a solo 5 por ciento que cree que está mejor. La responsabilidad de esas terribles cifras, detrás de las cuales hay cientos de miles de historias familiares de pobreza, crisis y sufrimiento, es de la política económica, responsable de una inversión pública que avanza lentísimo por falta de presupuesto y por eso falta trabajo de construcción civil, de un crédito escaso y caro que frena las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas y los innovadores, de un mercado interno deprimido y de una industria que produce menos que hace cinco años.

El otro efecto fuerte de esta política económica es el ajuste de la inversión social. Comienzan las clases con 12 mil colegios sin agua potable y eso se debe a que falta presupuesto, ya que mientras se estima que la brecha de infraestructura educativa es de 100 mil millones de soles solo hay 1,500 millones destinado a ese fin; a este ritmo tendremos buenos colegios dentro de 70 años. El seguro de salud que debiera ser gratuito no lo es ya que el 42 por ciento de quienes hacen una consulta de salud en el SIS tiene que hacer pagos por medicinas o exámenes, porque falta presupuesto para comprar equipos y remedios. Quien necesita una operación o cirugía debe esperar meses porque faltan camas y médicos, lo que también se debe a que falta presupuesto.  Los jubilados reciben una miseria de pensión que lleva congelada 15 años y la ONP sigue enjuiciándolos para negarles su derecho a pesar de las promesas de Vizcarra porque el MEF no les quiere dar presupuesto. Mientras tanto las exoneraciones tributarias a mineras, bancos, aseguradoras, petroleras, universidades-negocio y otras empresas se lleva más de 16 mil millones de soles al año.

Pero la mayoría de analistas se olvidan de esto. Hablan como si la plata no importara. Como si una excelente ministra de educación pudiera multiplicar los panes y los peces para que con 1,500 millones de soles se construyan 20 mil colegios. Como si una ministra de salud iluminada por una gestión de excelencia pudiera lograr que un Seguro Integral de Salud con 450 millones de soles menos que el año pasado pudiera comprar el doble de medicamentos cuando éstos suben de precio gracias al monopolio de las boticas y los lobbys farmacéuticos. No, no se puede. Los chanchos no vuelan. El dinero importa. La política y los derechos sociales en el Perú están muy mal en parte por problemas de gestión, pero en buena parte porque el presupuesto social en el Perú es bajísimo. Por cada estudiante invertimos la quinta parte que los países de la OCDE y si Brasil y México gastan 70 por ciento del PBI per cápita por estudiante nosotros solo gastamos la mitad de eso.

HABRÁ CONSECUENCIAS

Como la mayoría de peruanos, quisiera mucho que este gobierno y este gabinete tengan éxito en luchar contra la corrupción y mejorar nuestras condiciones de vida.  Considero que el nuevo gabinete acierta en ser paritario y asumir la lucha por la equidad de género. Me parece difícil saber si los nuevos ministros serán mucho mejores gestores que los anteriores y estarán mejor coordinados, por lo que creo que todo juicio al respecto es apresurado.

Lo que sí tengo claro es que la política económica no ayuda a ninguno de estos dos grandes objetivos y que ese no es un asunto menor. Las consecuencias sociales y políticas de favorecer a los grandes de la Confiep olvidando sus delitos y regalándoles miles de millones de soles son enormes. Quienquiera que lo ignore comete un serio error.