Tenemos un nuevo gabinete pero se ratifica una política económica neoliberal y pro-Confiep. Ese es un grave error. Debiera darse un giro con dos orientaciones centrales: reactivación para crear empleos, y justicia fiscal para tener educación y salud pública de calidad.

Reactivar para crear empleos

En Lima se han perdido 65 mil empleos en el último año, lo que constituye un tremendo golpe a las economías populares. En enero el crecimiento económico fue apenas 1,5 por ciento con la industria en negativo y la construcción estancada; la explicación de Oliva de que esto se debe a razones estacionales es totalmente falsa porque esa cifra compara enero de este año con enero del año pasado, los mismos meses, precisamente para evitar ese problema estadístico de factores relacionados al calendario que los economistas llamamos “estacionalidad”.

La propuesta del ministro Oliva de facilitar despidos y recortar vacaciones, como parte de su plan de “competitividad”, solo agravaría este estancamiento al reducir el consumo cuando por el contrario se necesita reactivar el mercado interno.

Crear empleos formales requiere dos medidas centrales. Por un lado, reactivar la inversión pública, en especial la reconstrucción del norte, para lo cual la clave está en ampliar el presupuesto, hoy aguantado por la baja recaudación y el fantasma del déficit fiscal.  Si creen que los gobiernos regionales y municipales no pueden gastar, agilicen los ministerios y entreguen fondos a los colegios, hospitales y redes de salud directamente para que hagan sus mejoras con participación  fiscalización ciudadana y local. Es posible aumentar rápidamente la inversión pública si realmente se quiere hacerlo.

La otra medida urgente es abaratar y facilitar el crédito, algo fundamental para que puedan prosperar los negocios. El BCR tiene en sus manos el reducir la tasa de interés como parte de su política monetaria, pero se rehúsa a hacerlo. Por otro lado, en Perú el “spread” o margen que los bancos le sacan a sus usuarios es de 14.4 por ciento, mientras el promedio del Asia es 4.9 por ciento. Si el spread o margen de ganancia de los bancos del Perú fuera el de Chile, los préstamos en vez de estar costando 20 por ciento anual promedio costarían la mitad de esa cifra, lo que promovería enormemente la inversión privada y la creación de empleos. Este es un tema en el cual se debe tomar medidas urgentes, teniendo como base que las AFPs tienen 70 mil millones de los trabajadores colocados en el exterior en vez de estar invirtiéndose en el Perú.

Esta política de crédito promocional debe orientarse en especial a las micro y pequeñas empresas, donde trabajan la mayor parte de los peruanos y peruanas. Apenas 5 por ciento de microempresas acceden al crédito, a costos elevadísimos, lo que una buena banca de fomento rescatando el banco agrario y aprovechando la amplia red del Banco de la Nación podría resolver.

Por otro lado, la oportunidad de promover negocios en turismo, agro y servicios en provincias se ve frenada por la falta de una buena conexión de internet. El Perú invirtió 320 millones en una red Dorsal para que el internet llegue a pueblos alejados, incluyendo colegios y centros de salud, proyecto que está absurdamente paralizado debido a que mediante una APP (alianza público-privada) se han puesto por delante intereses privados en vez de los intereses nacionales, lo que debiera corregirse de inmediato. Si a estas medidas añadiéramos un fuerte impulso a los fondos destinados a la innovación tecnológica, el apoyo a nuevas iniciativas de negocios de los jóvenes y a la asociatividad entre pymes, podríamos crecer más con generación de empleos.

Justicia fiscal para tener educación y salud pública de calidad

El otro tema clave es el rol social y redistribuidor del estado. La salud pública y la educación siguen sumamente débiles, dejando a muchísima gente sin servicios o con unos de bajísima calidad. Problema clave es que tienen un bajísimo presupuesto mientras el estado exonera de impuestos por 16 mil millones anuales. Otra cauda de la baja recaudación es la elusión, orma de llamar a las “trampas” seudo-legales con los que los grandes empresarios de la Confiep constituyen empresas cascarón en paraísos fiscales para no pagar impuestos. La Confiep ha hecho activamente lobby para defender esos privilegios. Pero lamentablemente, aunque el premier Del Solar ha dicho que la norma anti-elusión se aplicará, el ministro Oliva ha dicho que esperarán a lo que diga el congreso, donde el fujimorismo con Miki Torres ya ha preparado un plan de ataque para dejar las normas promulgadas sin ninguna fuerza.

Hay demasiada injusticia tributaria, donde ya sea por exoneraciones especiales aprobadas por ley, ya sea mediante trucos seudo-legales, los grandes empresarios y ultra-ricos dejan a la nación sin los recursos presupuestarios indispensables para educación, salud, niñez y lucha contra la violencia hacia la mujer e inversión pública en general. Hay que enfrentar con firmeza la elusión y eliminar los privilegios que tienen las grandes empresas, los casinos y los más ricos en materia tributaria, para con esos recursos aumentar sustantivamente el presupuesto social y de infraestructura.

El nuevo gabinete encabezado por Salvador del Solar debiera asumir estas agendas que son simplemente respuestas, dentro de una economía de mercado, para atender necesidades centrales de la gente.