La licencia otorgada a Tía María, más allá del caso puntal, nos indica que la política económica seguirá siendo la de favorecer que las trasnacionales extraigan más y más materias primas aunque contaminen el ambiente y paguen pocos impuestos. Esta posición refleja un mal entendimiento de la economía por parte del presidente Vizcarrra. En especial porque, por omisión, nos dice también lo que el gobierno no hará: reactivar la inversión pública, rebajar intereses, facilitar crédito al agro, promover innovación tecnológica y diversificar la economía, ausencias que aseguran que seguiremos sin mejoras en el empleo y los ingresos populares.

Al priorizar el apoyo a la trasnacional Southern e insistir en un mal llamado “plan de competitividad” orientado a reducir aún más los derechos laborales,  Vizcarra se une a la Confiep y respalda al ministro de economía Carlos Oliva a pesar de los múltiples indicadores del fracaso de su política.

Los propios indicadores que le gustan al MEF indican que la gestión de Oliva ha fracasado. El crecimiento del PBI de mayo no llega ni al 1 por ciento; el último dato disponible que fue publicado por el INEI esta semana indica que fue de solo 0,6 por ciento. La industria sigue yendo para atrás como los cangrejos ya que en mayo retrocedió casi 7 por ciento; esta tremenda caída se registra luego de cinco años de estancamiento industrial habiendo producido menos el 2018 que el 2013. Aunque hace pocas semanas el ministro Oliva declaró que “los datos que tenemos es que el consumo sigue fuerte”, lo cierto es que en mayo la industria de bienes de consumo cayó 1,3 por ciento, manteniendo un negativo para todo el año. La construcción también mostró un retroceso en mayo, mientras que la actividad agrícola este año está estancada, sin crecimiento real. Este desastre tiene un responsable político, el ministro Oliva.

TÍA MARÍA NO ES LA SOLUCIÓN

Desde la derecha neoliberal, le han vendido a Vizcarra y Del Solar la idea de que, como la economía está mal y le está pasando factura al gobierno, había que hacer algo al respecto, y eso era aprobar Tía María. La primera proposición es correcta: gracias a la errada política económica, de corte neoliberal, dirigida por Carlos Oliva, el 65% de la gente cree que la economía va por rumbo equivocado, porcentaje que sube a 71% en la clase media. No es asunto menor, ya que frente a la pregunta de cuáles son los principales problemas de su familia, en primer lugar está la falta de empleo (26%) y en segundo lugar que “no les alcanza el dinero” (24%), según la encuesta Pulso Perú de  junio.

El error está en la segunda proposición: Tía María no va a resolver los problemas de las economías populares, en primer lugar porque aun si saliera adelante no genera muchos empleos ni jalará la industria sino que afectará negativamente el agro que es de donde más peruanos lograr su sustento. Pongamos en perspectiva la inversión de Tía María: si se hace en 3 años representará solo el 1 por ciento de la inversión prevista para 2020-2022. Además, el tremendo conflicto social que ha desatado no va a recuperar la “confianza empresarial” y mucho menos la inversión privada. La inversión minera depende sobre todo de que buenos precios internacionales les den rentabilidad y, para otros sectores, que haya un mercado en ampliación que genere más oportunidades de negocios, cosas que no se resuelven con Tía María.

PONCIO PILATOS

La caída de la actividad productiva en este año no, por cierto, sino una caída más dentro de una economía estancada que no genera empleos desde el 2015, de acuerdo a las cifras del ministerio de trabajo.

¿Por qué nuestra economía ya no crece? Un análisis de coyuntura dice que nuestra economía está en recesión porque, como era previsible que sucediera tarde o temprano, los precios de las materias primas han caído; por ejemplo, la libra de cobre  se vendía a 3 dólares 10 centavos cuando Vizcarra asumió el gobierno y hoy no llega a 2 dólares 70 centavos, una caída del 15 por ciento. Nuestra economía es altamente dependiente del exterior y que crezca o no depende sobre todo de como vayan los vientos de la economía internacional. Una mirada más de largo plazo y estructural de nuestro crecimiento económico muestra que este modelo extractivista de recursos naturales no dinamiza la industria ni el avance tecnológico que necesitamos para generar empleos.

La otra causa de la recesión es que el MEF y el BCR se rehúsan a aplicar políticas fiscales y monetarias para reactivar la economía. Una política fundamental es la inversión pública que genera empleos y mueve la demanda interna, contrarrestando así estas recesiones causadas por caídas de precios internacionales. Pero vamos muy mal en este aspecto, ya que en mayo el gasto de capital del estado fue 28 por ciento menos que el año pasado según el INEI.

Oliva y sus amigos dicen que no es culpa del MEF sino de los gobiernos regionales y locales que no gastan. Esta propaganda, que sigue el viejo guión de Poncio Pilatos, oculta dos cosas. La primera, que en lo que va del año las municipalidades han tenido mucha mejor ejecución del presupuesto de inversiones que el gobierno central. La segunda, que un estudio del propio BCR sobre la inversión pública, publicado en setiembre del año pasado, muestra que si los gobiernos regionales y locales tienen más presupuesto su inversión aumenta, pero si les ajustan el presupuesto tienen que frenar o postergar proyectos. Esto parece obvio, pero el ministro Oliva le echa toda la culpa a la baja de la inversión pública a los gobernadores regionales, alcaldes y los demás ministros, lavándose las manos de su responsabilidad. La gestión de los fondos de inversión pública sin duda no carece de problemas, pero si el MEF ajusta el presupuesto como lo viene haciendo hace años, lo único que le queda a cualquier ministro o alcalde es reducir su cartera de proyectos y avanzar más lento.

La inversión pública peruana es ahora apenas 4 por ciento del PBI, un punto menos (equivalente a 7 mil millones de soles)  que hace cinco años. Está muy por debajo de la que mantiene Bolivia (14 por ciento en 2016-2017) o tuvo el Ecuador de Rafael Correa (13 por ciento del PBI entre 2013-2016). Eso se debe principalmente a la política económica ¿o acaso podemos creer que todos los alcaldes y gobernadores regionales de Ecuador y Bolivia son tres veces más capaces que los peruanos, como se deduce si seguimos la versión propagandística del MEF?

IDEOLOGIAS

En vez de aplicar políticas de reactivación, se prioriza la licencia a Southern para Tía María. Dos malas ideas sustentan una decisión de este tipo. La primera es que los negocios de cualquier empresa son siempre positivos para la sociedad  y deben ser apoyados por el estado sin dudas ni murmuraciones. Esta es la ideología que, llevada a su extremo, resulta medular en la mente de Pedro Pablo Kuczyski, quien está convencido que haber ayudado a Odebrecht era bueno para el país y que por lo tanto considera que el haber recibido un par de millones de ellos mientras era ministro de economía no tenía nada de malo. Igual actuó PPK en relación a Southern, empresa de la que fue director y luego, siendo presidente, nombró al funcionario de Southern y director de Relaciones Institucionales del proyecto Tía María, Guillermo Fajardo Cama, como Director Nacional de Inteligencia (DINI). En ese cargo, Fajardo organizó una reunión de PPK con él y uno de los alcaldes del valle de Tambo en el propio despacho presidencial, evidentemente buscando sacar adelante Tía María para así favorecer  a la trasnacional de la que ambos habían cobrado grande.

Esta ideología que plantea que hay una total coincidencia entre los intereses de las grandes empresas y del estado se refleja bien en la famosa frase “lo que es bueno para la General Motors es buena para los Estados Unidos”. Si se trata de extraer minerales contaminando brutalmente el ambiente como en Tía María, si son nuevos monopolios mundiales explotando nuestros datos personales y privados y evadiendo impuestos como Google y Facebook, eso no importa. Lo único muy importante es mucho dinero concentrado, siempre ocultando lo más posible como esos millones van a muy pocas manos y repitiendo hasta el cansancio el discurso sobre las infinitas bondades del “libre mercado” frente al cual “no hay alternativa”.

La segunda idea es aquella que subordina la democracia a esta economía. Si la gente no quiere, no importa. Cuando hay miles de millones en juego la opinión pública es irrelevante. Quienes desde el neoliberalismo empujan medidas contra la economía popular incluso aplauden cuando se asumen “costos políticos” por incumplir promesas e ir contra la democracia. Es el caso del otorgamiento de la licencia a Southern para Tía María en el que Vizcarra cede a las presiones de la Confiep en vez de consultar al pueblo del valle de Tambo, incumpliendo sus promesas y haciendo caso omiso a sus consejeros políticos y comunicacionales. Las ganancias millonarias que espera obtener Southern de Tía María se impusieron a la voluntad popular. Vizcarra pagará un alto costo político por esta decisión, en especial en el sur del país donde la empresa Southern se ha ganado en décadas de contaminación, abuso y corrupción un rechazo masivo. Para los neoliberales, eso no tiene nada de malo; para ellos los grandes negocios son más importantes que la democracia.

VIZCARRA Y LA HISTORIA

Vizcarra mostró capacidad política al inicio de su gobierno en relación a la lucha contra la corrupción y la banda aprofujimorista, pero ahora ha mostrado su enorme limitación al no entender la necesidad de un giro reactivador y popular en la política económica. El error es de magnitud histórica. Le vendría bien enterarse de la historia de Franklin D. Roosevelt, el New Deal y la política económica reactivadora y popular que sacó a Estados Unidos de la gran depresión.